miércoles, 20 de febrero de 2013

Energía eléctrica: Un conflicto que debe solucionarse

Guatemala, 20 de Febrero del 2013

El tema de la energía eléctrica se ha convertido en uno de los problemas más agudos del país. No pasa un día sin que alguna comunidad, localizada en cualquier parte, exprese su malestar por un sinfín de situaciones que la afectan, todas vinculadas con la energía eléctrica.

Es un tema que se tornó álgido desde el período de Álvaro Arzú, en cuyo mandato, el 16 de Octubre de 1996, se aprobó la Ley General de Electricidad, mamotreto jurídico que permite a las autoridades, entre otras cosas, conceder la distribución y generación de energía a empresas privadas. Empezó, desde ese entonces, un peligroso proceso bajo el cual dos grandes transnacionales han buscado, igual que los vampiros, cómo sangrar las venas de las familias guatemaltecas, para beneficio propio. Se crearon, pues, condiciones objetivas para el desarrollo de un conflicto social de alta envergadura, que lo pagarían, como siempre, los sectores populares de toda Guatemala.

Vino, pues, Unión Fenosa. Ésta empresa, desvinculada de capital nacional así como ajena a intereses nacionales, se dedicó a la obtención de jugosos dividendos, por vías lícitas e ilícitas. Decimos “lícitas” por cuanto, amparadas por la ley, se dedicaron incluso al uso de la seguridad pública con tal de cobrar sus facturas. No pararon mientes, aún ante la muerte. Víctor Gálvez, Evelina Ramírez, Pedro García, Octavio Roblero, Carlos Noel Maldonado, Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar y Santiago Gamboa Paz son los ilustres nombres de guatemaltecos empeñados en la nacionalización de la energía eléctrica, asesinados en tiempos de paz, cuyo ejemplo, digno, debería de servirnos a todos. Ellos dieron su sangre, sus vidas, por todos nosotros.

Y decimos “ilícitas” porque, aparte del acto de pillaje en el que nos vimos envueltos con la compra de los derechos de distribución de energía, nos encontramos con robos cotidianos expresados en multas, cobros de servicios nunca prestados, millares de reclamos lícitos pero jamás pagados, contadores alterados, cobros municipales, el pago del VAD (Valor Agregado de Distribución), impunidad ante el monto que aparece reflejado en las facturas, la reducción de la Tarifa Social, los cobros al Estado por “no dejarla ganar lo que pretenden”, etc.

Tan amplia fue la difusión y el cobro de éstas políticas, que el pueblo terminó por resistir. Aparecieron, de repente, comunidades enteras que adoptaron una actitud de protesta ante ellas. San Marcos se colocó a la cabeza. Fueron, así, más de 60 mil usuarios quienes, decididamente, adoptaron una huelga de pago. Y luego fue Coatepeque, con lo que la cifra de pobladores en resistencia llegó a 100.000 usuarios. Después, se sumaron Retalhuleu y Suchitepéquez, alcanzándose, así, la suma de 250.000. Luego fueron, más recientemente, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Cobán, Chiquimula, en fin, fue un país el que se sumó a la huelga.

Hace un par de años, en el 2010, Unión Fenosa fue derrotada. Decidió irse por cuenta propia, pero primero vendió su parte a otra empresa extranjera, sin que los guatemaltecos fuéramos jamás consultados. En teatros internacionales se jugaron la opción de venta, absolutamente ajenos ante la realidad nacional.

Entonces vino Actis, británica. La cosa siguió como si nunca se hubieran dado problemas alrededor del tema. La nueva empresa continuó con las prácticas ilegales que su predecesora había establecido. Es decir, siguió robando. El pueblo, que sabe ser tranquilo, dio su tiempo para que esta empresa se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero hoy, dos años después, ha dicho ¡basta! La paciencia llegó al límite.

La solución está en re-nacionalizar lo nuestro. Ponerle a la energía eléctrica un sello de “hecho en Guatemala” significa reconocer, 15 años después, que esa energía es nacional y que son nacionales todas las partes involucradas en ella. La energía no es una mercancía, es un servicio público.

La Lucha Sigue

martes, 5 de febrero de 2013

Los Obispos católicos rechazan el modelo

Ha circulado recientemente una magnífica carta de la Conferencia Episcopal, en la cual los Obispos de Guatemala claman por un nuevo modelo económico diferente, e indican, brevemente, por qué se hace necesario. Se trata de un documento tan acertado que deberíamos leerlo todos, con independencia de nuestro credo religioso.

En este documento los Obispos reconocen que su misión consiste en …la creación de un nuevo modelo de desarrollo y una nueva visión de la economía…”, para cuya forja deben comprometerse. La nada sencilla tarea “…de ser constructores de la paz…” les “…exige promover el respeto y la defensa de la vida en todos sus aspectos…”, razón por la cual se sienten en la obligación de pronunciarse.

En su texto, los Obispos exponen que se necesita que el gobierno debe “…tener una visión de estadista y ofrecer al país un proyecto de nación a corto, mediano y largo plazo, sentando las bases de un futuro de bienestar y calidad de vida para los guatemaltecos, especialmente jóvenes y los niños y niñas…”, con lo cual reconocen que está ausente esa visión de estadista. Es decir, hace falta que elijamos, y pronto, a un auténtico estadista, pero el problema está en que éste no está entre los candidatos, sobre todo porque la derecha no permite que tal persona se aparezca.

Desde el Estado se debería ofrecer a las comunidades “…un nuevo modelo económico diferente al que ha prevalecido en los últimos decenios…”, y caracteriza a ese modelo al afirmar “…que postulaba la maximización del provecho y del consumo, en una óptica individualista y egoísta, dirigida a valorar a las personas sólo por su capacidad de responder a las exigencias de la competitividad…”, visión no compartida por los Obispos ni por prácticamente nadie que pueda llamarse humano.

Señalan que, para lograr el buen vivir, “…se hace necesario reformar las leyes que regulan la inversión para la explotación de los bienes naturales no renovables del país…”, con lo cual tocan, brevemente, uno de los grandes problemas que afectan al país: la presencia de las egoístas transnacionales, que basándose en las leyes, explotan al país.

Mencionan, como de urgente aplicación en Guatemala, lo sostenido por el Papa Benedicto XVI el 1º de Enero del 2013, cuando dijo que “…se necesitan, especialmente, por parte de los estados, políticas de desarrollo industrial y agrícola que se preocupen del progreso social y la universalización de un estado de derecho y democrático…”

Rechazan, por lo tanto, “…la negativa a la discusión y eventual aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural largamente trabajada y consensuada con diversos sectores representativos de los intereses campesinos…” y señalan que lo anterior “…muestra que el organismo legislativo debe tomar con seriedad y responsabilidad su auténtica misión de ser representantes del pueblo…”

Indican, con énfasis, que “…en Guatemala el progreso social debiera reflejarse en mejoras de vida de toda la población y no sólo beneficiando a pequeñas minorías…”

Señalan que en el país es preciso que sepamos elegir entre personas probas “…y no la satisfacción de intereses particulares que buscan alcanzar el poder para tener dinero…”

Por último, “…alentamos al Estado de Guatemala y a las organizaciones de migrantes a apoyar todas aquellas iniciativas que favorezcan la reforma migratoria integral y humana delante del gobierno de Estados Unidos…”

Hemos querido trasladarle a nuestros lectores los principales enunciados de la Carta de la Conferencia Episcopal de Guatemala, con los cuales coincidimos. Invitamos a todos a que la busquen y la lean, porque un documento así amerita lectura.

Llamarse cristiano es mucho más que asistir a una iglesia, como lo demuestra lo expresado por los Obispos. Es asumir una posición y luchar en defensa de los derechos de las grandes mayorías por un mundo digno, justo y humano.

La Lucha Sigue