Sobre las tarifas del Transporte Público

Guatemala, 6 de Febrero del 2009

Empresarios voraces no quieren ceder ni un centavo de sus ganancias

Hoy, desde tempranas horas de la mañana, los empresarios privados que operan rutas cortas de transporte extraurbano optaron por paralizar sus actividades, en rechazo a la nueva tarifa definida por el Ministerio de Comunicaciones.

Debe aclararse que esta tarifa emana como producto de la lucha emprendida meses atrás, básicamente por las organizaciones populares que forman parte de la Plataforma Urbana y del Frente Nacional de Lucha, FNL. No se trata, pues, de una generosa concesión dada desde el Gobierno, sino que es el resultado de meses de lucha, negociaciones y debates dados en el seno de una Comisión Multipartita, dentro de la cual la voz de las dos instancias mencionadas siempre supo plantear, con firmeza y como prioritarios, los derechos e intereses de la población.

En síntesis, en el 2008, cuando a nivel mundial se presentó la escalada en los precios del petróleo, los transportistas privados, ni lerdos ni perezosos, acudieron a este argumento para elevar las tarifas en todas las rutas que atienden y en todas las unidades que las cubren. Pero, una vez que los precios de los combustibles volvieron a su nivel normal, estos mismos empresarios se han negado tercamente a rebajar ni un centavo en las tarifas que cobran.

Debido a ello, los vecinos de Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Villa Nueva, Fraijanes, Amatitlán y otras localidades cercanas a la Ciudad Capital, con toda razón se fueron a las calles en demanda de sus derechos ciudadanos. Exigían, simple y sencillamente, que la tarifa del transporte se ajustara a los costos reales y no que fuera impuesta por la codicia sin límite propia de los empresarios privados del transporte. Estas acciones condujeron a la creación de la mesa de negociación multipartita a la que nos hemos referido, en la cual Plataforma Urbana y el FNL representaron los intereses de los sectores populares.

En consecuencia, la nueva tarifa definida debe considerarse como una importante conquista del pueblo, la cual, por lo tanto, debe defenderse. Por lo menos 500 mil personas hacen uso cotidiano de estos servicios. Son las familias de los sectores populares las que cargan, sobre sus hombros y presupuestos, con los costos del transporte. Son sus derechos los que deben de defenderse.

Los voraces empresarios, sin embargo, se niegan a aceptar la nueva tarifa, a pesar de que los estudios técnicos explican con claridad cómo se conforma, y se van al paro de sus unidades.

Cuando las organizaciones populares se van a las calles en lucha por cualquiera de sus derechos, esos mismos empresarios se suman al coro de voces que, desde las filas de todas las derechas, acusan a los pobladores de violar todo lo que se les ocurra. Lanzan en contra de la población que lucha los cargos de que son bochincheros, de que están manipulados por fuerzas oscuras, de que atentan contra la libre circulación, de que no saben de lo que están hablando, de que son una pila de haraganes que no quieren trabajar, en fin, han construido una sarta de epítetos a los que acuden invariablemente cada vez que el pueblo lucha. Además, rápido están de acuerdo con que intervengan las fuerzas de seguridad y aplauden la represión cuando es el pueblo el que lucha

Habrá que ver cómo se aplican estos criterios a sí mismos ahora que estos empresarios han optado por suspender la prestación de sus servicios.

Hoy, el debate sobre el tema del transporte enfrenta dos posiciones antagónicas: por un lado los derechos del pueblo y, por otro, la codicia desmedida de los empresarios privados. En todo caso, el problema de fondo va más allá de una mera cuestión tarifaria. Por ende, no encontrará solución mientras no se eliminen las causas generadoras del actual conflicto.

Es un hecho que en Guatemala, salvo contadas excepciones, no se puede hablar del servicio de transporte público, por cuanto su prestación es privada. Al ser privada, opera con fines de lucro. Toda iniciativa empresarial privada existe en función de generar ganancias para sus propietarios. Nadie crea una empresa privada con el fin de perder. Y las ganancias saldrán, siempre, desde los bolsillos de los usuarios o consumidores, es decir, desde los clientes.

En cualquier sociedad moderna el transporte público de personas debe concebirse, sin lugar a dudas, como un servicio básico, esencial para la población y para el desarrollo, (como también deben serlo la salud, la educación, la seguridad y la vivienda, para mencionar algunos ejemplos). El problema en Guatemala es que ese servicio, que debería ser público, prestado por el Estado y sin fines de lucro, se ejerce de manera privada por parte de empresarios voraces y con claros fines de lucro desmedido.

La verdadera solución a este problema no reside, por ende, en subir o bajar las tarifas cada vez que se llegue a una situación de conflicto, sino en proceder a la inmediata nacionalización del transporte, a la creación de empresas municipales que presten el servicio (que no sean propiedad de los alcaldes o sus familiares- aló Arzú) y a la generación de mecanismos que permitan el ejercicio de la incidencia política y de la auditoría social desde el seno de la población y de sus legítimas organizaciones, a efectos de ser parte en la definición de las políticas que se apliquen en este campo y en la fiscalización de la calidad y del manejo financiero. Así, nadie podrá meter la pata ni, mucho menos, la mano. Deben, pues, crearse empresas municipales que aseguren para el pueblo un servicio de calidad y a bajo costo.

Debe saberse que los actuales empresarios a favor de quienes se han concesionado las rutas han generado, además, un sistema de trabajo profundamente lesivo en perjuicio de quienes manejan las unidades o ayudan en cada una de las mismas. Los choferes en realidad alquilan a cuota fija cada camioneta, y deben trabajar a todo gas, jornadas de 12 o más horas para poder cubrir la cuota diaria y que les quede algo para sus familias. En la mayoría de los casos son los choferes quienes cubren, desde lo que van cobrando a cada usuario, el costo de los combustibles. No los ampara la legislación laboral vigente, por lo cual no disfrutan de derecho a vacaciones, a bono 14, a aguinaldo, de acceso al IGSS, a pensión ni a ninguna otra prestación laboral vigente por ley. Es decir, que los empresarios concesionarios de las líneas han diseñado un sistema que les permite operar sin asumir las responsabilidades a las que obliga la ley. Son, pues, violadores de la ley en materia laboral.

Tampoco invierten ni un centavo en procesos de capacitación al personal. A los empresarios no les interesa la calidad del servicio, sino que buscan solamente el incremento de sus ganancias. ¿Para qué, entonces, van a invertir en cursos que formen a conductores y a ayudantes?

Y no gastan, tampoco, más allá del mínimo indispensable en el mantenimiento de sus unidades. Por ello, tras cada accidente en el que se ven involucradas, se determina que la causa fueron los frenos mal atendidos u otras fallas mecánicas previsibles. La gran mayoría de las decenas de muertes que han ocurrido en las carreteras deben atribuirse, entonces, a una clara e intencionada negligencia empresarial, alimentada por la codicia.

En declaraciones hechas públicas por Prensa Libre en su edición de hoy, como argumento para justificar el paro empresarial y la no aceptación de la nueva tarifa, el vocero de los transportistas expresa lo siguiente:

“Carlos Díaz, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), indicó que prestan un servicio en el que arriesgan la vida de pilotos y ayudantes, además de pagar extorsiones”

Esas declaraciones son el colmo del descaro. Este señor Díaz sabe perfectamente que a ellos, los empresarios, jamás les han importado los derechos de pilotos y ayudantes, y que, a pesar de que vienen cobrando a cada cliente una tarifa ilegal desde hace meses, nunca han invertido siquiera un centavo en materia de seguridad para choferes y ayudantes. Ni son ellos, tampoco, quienes pagan las extorsiones, cargo que absorben precisamente los pilotos y ayudantes con el dinero que paga el usuario. Ni seguridad ni extorsiones han representado, para los empresarios, costo alguno. En todo caso, eso no justifica, en absoluto, que se sostenga una tarifa por encima de lo que sea razonable. No son los usuarios los que deban correr con los costos que implicaría enfrentar la violencia.

Como análisis adicional, el transporte es uno de los factores que encarece los costos a los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela. De poco sirve cacarear desde el Estado la “gratuidad” en relación con cobros escolares, si los niños y niñas ni siquiera tienen los recursos para llegar ni a la esquina del establecimiento educativo.

La única solución real reside, pues, en la nacionalización del transporte privado, para que realmente pase a ser transporte público.

La decisión de rebajar la tarifa del transporte extraurbano de rutas cortas debe ser respaldada y sostenida desde las organizaciones populares.

La voracidad y prepotencia de los empresarios privados no puede imponerse sobre los derechos e intereses del pueblo.

¡Por la nacionalización del transporte!
¡La Lucha Sigue!

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Prensa Libre, 6 de Febrero del 2009
Nacional
Empresarios de rutas cortas amenazan con paro de buses


Los transportistas afirman que no acatarán lo dispuesto por el Ministerio de Comunicaciones.

Por sandra valdez periodismo comunitario

Empresarios del transporte extraurbano de rutas cortas del departamento de Guatemala informaron que a partir de hoy paralizarán ese servicio, en rechazo a la imposición de una rebaja de tarifas por parte del Ministerio de Comunicaciones.
Carlos Díaz, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), indicó que prestan un servicio en el que arriesgan la vida de pilotos y ayudantes, además de pagar extorsiones.

También argumentó que el alza de precios de los repuestos, lubricantes y llantas incrementa el costo de sus operaciones y disminuye sus ganancias.

Díaz, en representación de los propietarios de las mil 750 unidades que circulan en el departamento de Guatemala, afirmó que si aceptan las tarifas contenidas en el acuerdo 16-2009, lo harán con pérdidas, y eso es inaceptable.

Tarifa técnica
Augusto Marroquín, director general de Transportes (DGT), reiteró que se trata de una tarifa técnica, que depende de un estudio apegado al costo de operación y ocupación.

Advirtió que si la Gretrucex suspende el servicio, tiene contemplado agilizar permisos temporales para que buses urbanos cubran el servicio de las rutas cortas.

Sin embargo, Luis Gómez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, indicó que no tienen conocimiento al respecto, pues nunca han estado en conversaciones con la DGT.

Explicó que no descartan esa posibilidad, y aseguró que tienen la capacidad para hacerlo, pero carecen de la jurisdicción de esas rutas.

Policía vigilará
Marlene Blanco, directora de la Policía Nacional Civil, aseguró que no permitirá disturbios por parte de los autobuseros de rutas cortas.

“No vamos a permitir que a los usuarios se les vede el derecho del transporte”, expresó. Agregó que destacará agentes para evitar que les obstaculicen las vías a las empresas que sí van a prestar el servicio.

Gamaliel Chin, presidente de la Gretrucex, afirmó que podrían interponer recursos legales contra el citado acuerdo, incluso en la Corte de Constitucionalidad.

Otto Rivas, también empresario de buses extraurbanos, calificó a Marroquín de irresponsable e incapaz en su trabajo, por lo que solicitó su suspensión del cargo.
Marroquín dirigió ayer operativos en las rutas a El Salvador, Pacífico y Atlántico, donde advirtió a los pilotos que deben bajar las tarifas.