viernes, 28 de diciembre de 2007

Colom atenta contra derechos laborales

Guatemala, 27 de Diciembre del 2007

Quien siembra vientos, recoge tempestades

Como despedida del año 2007, el Presidente Electo nos ha deparado, a toda la clase trabajadora del país, una triste y preocupante noticia. En entrevista formal dada al matutino Siglo Veintiuno, informa que, durante su administración, buscará definir una nueva política salarial, basada en lo que él mismo define como “salario diferencial”. Es decir, salarios diferentes, cuyos montos serán definidos, según explica el próximo gobernante, por cada uno de los 331 Municipios del país.

Como esta medida resulta, a todas luces, flagrantemente violatoria de lo que, en materia de salarios, establece la legislatura vigente, Don Álvaro complementa la idea indicando que “esto tendría que pasar por una reforma legal al Código de Trabajo”, y agrega que “un grupo de expertos legales ya estudia la propuesta, a la cual le ven buen futuro”. Es decir, de sus declaraciones se desprende la conclusión de que se trata de una idea sobre la cual ya vienen trabajando sus especialistas desde hace rato.

Incluso los ejemplos que el próximo Primer Mandatario expresa en la entrevista resultan grotescos y hasta ofensivos para la dignidad de la clase trabajadora. Afirma Don Álvaro que: “si San Mateo Ixtatán, ahora que le llegará la carretera asfaltada, decide poner un salario mínimo de Q30, se le llenará de maquiladores, pero si yo pago Q30 en la capital, nadie me va a trabajar”. Debe saber Don Álvaro que, para el ejemplo que puso, la Alcaldía de San Mateo Ixtatán la ganó URNG y que, por ende, es presumible que no actuará en contra de los intereses de su pueblo. Como detalle, en sus declaraciones Colom emplea la frase “si yo pago”. Esta expresión siembra una duda: ¿Está hablando como Primer Mandatario o como maquilador?

Hacen bien los autores del artículo, Carlos Ajanel y Otto N. Ángel, en recordarle, de inmediato, que en la actualidad el salario mínimo para las actividades del campo se encuentra en Q44.58 y Q45.82 diarios para otras actividades. El Señor Colom, que sin duda lo sabe, por lo tanto lo que abiertamente propone es que las Municipalidades bajen los actuales salarios mínimos establecidos, los cuales, por lo demás, son de por sí insuficientes. Es del todo irresponsable que, con toda impunidad, se plantee semejante rebaja al salario mínimo.

En cualquier caso, es evidente que su propuesta no responde a los intereses de trabajadores y trabajadoras del campo ni de la ciudad, sino, de manera exclusiva, a los del sector empresarial. Convendría preguntarle a los estudiosos de las ciencias políticas cómo puede encajarse esta atrocidad en los esquemas de la social-democracia, que Don Álvaro esgrime como guía para su accionar como Jefe de Estado.

El futuro Presidente de la República informa que ya creó una comisión de expertos que está trabajando en esta propuesta. Sin embargo, su próximo Ministro de Trabajo, en el mismo artículo periodístico, dice que no ha conversado con Colom sobre el tema. ¿Se le podrá creer al futuro Ministro? En todo caso, si un tema absolutamente vital, como lo es el del salario mínimo, tiene ya un grupo de trabajo definiendo una propuesta perversa, ¿cómo explicarse que esto se haya hecho a espaldas de quien fungirá como Ministro del ramo? Un mínimo de dignidad debería llevar al Señor Rodríguez a no aceptar un cargo público para el cual se establece el precedente de que no se le consulta y, peor aun, que ni siquiera se le informa.

La propuesta del “salario diferenciado” ya se está trabajando, y no es sino gracias a la acuciosidad de un par de periodistas que, como pueblo, nos enteramos de ello. ¿Dónde quedan, entonces, los famosos diálogos sociales cuya convocatoria se ha cacareado tanto? A juzgar por los hechos, no pasarán entonces de ser más que otra dosis de atol con el dedo.

Óscar Berger, como claro y abierto defensor de los intereses del sector empresarial, durante su gobierno congeló el salario mínimo cada vez que pudo y, cuando la realidad y la presión social lo obligaron a dar marcha atrás, no aceptó subirlo sino en cifras insuficientes para compensar el alza en el costo de la vida. Pero eso era lo que podía esperarse de un gobierno colocado claramente al servicio de los empresarios. Este nuevo gobierno que está pronto a asumir, sin embargo, no llega al ejercicio del poder con esa misma imagen. Sin embargo, sus propuestas son todavía peores. Más antipopulares aún que las que adoptó Berger. ¿De lado de quién está Colom? Esta propuesta salarial obliga a recordar que fue su partido el que propuso que el TLC fuera aprobado de urgencia nacional.

Don Álvaro no se ha sentado todavía en la silla en la cual el voto popular lo instaló, y ya la emprende contra los derechos laborales de la población. Debe recordar que, como lo afirma el refranero popular: “Cada cual cosecha lo que siembra”. Si desde ya la emprende contra el pueblo, ¿cómo irá a ser una vez que se siente en su trono?

La medida que anuncia es, al final, una forma de dejar la definición de los salarios a manos de las leyes del mercado, en un país en donde estas son simplemente sustituidas por la mera especulación. Es claro que el salario es el valor de la mercancía llamada trabajo y que esa es una de las pocas mercancías que no se han revalorado. Ahora, se pretende obligar a las Municipalidades a bajarlo para ser “competitivas”, como en el mismo artículo lo expresa el Presidente del CACIF.

El colmo es que el futuro Presidente de la República, en sus propias declaraciones, la emprende contra las áreas rurales del país, puesto que anuncia que allí habrá que trabajar poco menos que de gratis, con miras a atraer la inversión a sus localidades. Se le olvida, de golpe y porrazo, que fueron los pobladores de esas áreas rurales quienes le otorgaron mayoritariamente sus votos, su confianza y sus esperanzas. Los compensa ahora con una propuesta para que trabajen de regalado, devengando salarios determinados no por el costo de la vida, sino por los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. ¿Dónde queda, entonces, su discurso de que gobernará “con rostro indígena”?

Se trata, también, de una propuesta en la que se refleja una actitud digna de Poncio Pilatos. Don Álvaro Colom, con esta propuesta, quizás busque la forma de lavarse las manos ante la obligación de adoptar posición como gobierno ante el tema del salario mínimo. Pretende dejar en manos de otros actores esa responsabilidad que le compete y que puede convertírsele en un tema controversial. La definición del salario mínimo obliga a adoptar una posición al lado de los intereses del pueblo o al lado de la codicia de los empresarios, y quizás no quiere evidenciar su verdadero rostro. Ya hace unos días habló de que debía incrementarse el salario mínimo en un 7%, cifra que evidentemente no compensa el alza en el costo de la vida. Sin embargo, es presumible que el CACIF lo llamara a cuentas por esas declaraciones anteriores, y, como político habilidoso que es, busca entonces la manera de salirse de ese clavo y poner la papa caliente en manos de otros.

Esta nueva política que propone el próximo Presidente se convierte, en sí misma, en una alarmante voz de alerta para todo el movimiento sindical, incluidas aquellas organizaciones gremiales y populares que le han dado un complaciente compás de espera y, sobre todo, para aquellos dirigentes que le trabajaron su campaña y que hoy andan a su sombra, tratando de capturar algunas migajas que caen desde la mesa que ocupan los poderosos. Con esta propuesta, la nueva administración mata muchas esperanzas.

¿Debe permitirse que el salario mínimo sea definido por las leyes del mercado? ¿Serán las Municipalidades la instancia adecuada para que defina “salarios diferenciados”? La respuesta a estas interrogantes debe ser un NO rotundo. Es responsabilidad de todas las organizaciones sindicales el manifestar, de manera firme, su rechazo a esta pretensión de violentar las conquistas expresadas en el Código de Trabajo y en la legislación laboral vigente. Casos como el que se está dando en estos momentos en El Rodeo, San Marcos, en donde se violan abrupta y salvajemente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía, (hecho que fuera denunciado días atrás por este mismo medio), muestran claramente cuál puede ser el papel de las Municipalidades respecto al salario.

Cada sindicato del país debe poner las barbas en remojo y asumir las posiciones que de ellos se esperan ante semejante propuesta. Cierto que se trata todavía de una propuesta, pero tras la misma se dibujan, con claridad, el tipo de políticas públicas que pueden esperarse de la próxima administración.

Desde el Frente Nacional de Lucha condenamos enfáticamente esta iniciativa hecha pública por el propio Señor Colom. El voto popular que le otorgó la Presidencia no es patente de corso que lo faculte para pasar por encima de cuanto le venga en gana. El voto popular lo puso ahí para servir al pueblo y no para exprimirlo todavía más de lo que ya lo han hecho.

Llamamos, además, a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres, de la tercera edad, juveniles, comunitarias, en fin, a las auténticas representantes del pueblo, a que, con toda energía, expresen su repudio ante semejantes pretensiones.

Instamos a las Municipalidades, en particular a los Concejos recién electos, a que rechacen esta iniciativa, por cuanto les lanza sobre sus hombros una carga que no les corresponde llevar y que, en sí misma, es generadora de conflictividad y de antagonismos. No sigan un juego en el cual Ustedes, como Alcaldes, Consejales y Síndicos, junto con su pueblo serán sin duda los grandes perdedores.

Invitamos al pueblo, a cada ciudadano y ciudadana, a mantenerse alerta ante estas y otras ideas parecidas que puedan surgir, porque defender los derechos superiores del pueblo será una tarea que convocará a todos y a todas, porque, querámoslo o no, nos involucra a todos y a todas.

Y, por último, sugerimos a la comunidad internacional y a las organizaciones hermanas a que se mantengan atentas ante los despropósitos de esta nueva administración, puesto que, hasta la fecha, ha procurado andar por el mundo vestida con ropa ajena, que le queda grande, que no le luce y que enloda con sus actos.

¡La Lucha Sigue!

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Agregamos la siguiente caricatura, por cuanto estimamos refleja muy bien el espíritu que se oculta tras la propuesta hecha pública por el próximo gobernante.


viernes, 21 de diciembre de 2007

DENUNCIA

Guatemala 20 de Diciembre de 2007

AMARGA NAVIDAD PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS

DENUNCIAMOS…

La mala administración, y la falta de transparencia en el manejo de los fondos municipales han hecho que se carezca de los fondos en la municipalidad de San José El Rodeo San Marcos para pagar a sus trabajadores salarios atrasados desde Septiembre de este año.

Hasta la fecha la Municipalidad adeuda a los trabajadores municipales:

• Sueldos mensuales atrasados a empleados municipales desde septiembre a diciembre del 2007.
• Bonificaciones mensuales de 250.00 quetzales de junio del 2006 a diciembre de 2007.
• Bono catorce del mes de julio de los años 2006 y 2007.
• Aguinaldo correspondiente al año 2007.

Esto hace un monto aproximado de 12,000.00 a cada empleado municipal. Los empleados han tenido que sobrevivir de préstamos, apoyos familiares y solidaridad, en la espera que el Alcalde Axel Mahler Pérez cumpla con sus obligaciones como responsable de la entidad empleadora. Sin embargo, la situación se torna ya insoportable y la paciencia ha llegado a su límite.

Es importante señalar además que desde que él y su corporación municipal perdieron las elecciones el pasado 9 de Septiembre, ya no se presentaron a la Municipalidad, tratando de evadir así, cobros, reclamos y posibles auditorías antes de entregar el poder.

Al presentarse los trabajadores a la Inspección de Trabajo de la localidad, el inspector les ha dicho tranquilamente que “esperen a que asuman las nuevas autoridades en enero”. ¡¡Cómo si los estómagos de sus hijos y sus familias pudieran esperar hasta enero para comer!!

Demandamos tanto de las autoridades Municipales como de la Inspección de Trabajo que asuman sus obligaciones.

¡¡LA LUCHA SIGUE!!

miércoles, 19 de diciembre de 2007

Violento viraje a la derecha

Guatemala, 17 de Diciembre del 2007

Suele afirmarse que Costa Rica es un país diferente, que ha logrado construir una sociedad en la que la justicia tiende a prevalecer, en el cual el pueblo tiene mayor acceso al ejercicio de sus derechos, que no tiene ejército, en fin, que es distinto. Incluso hay quienes, con un dejo de orgullo, llaman a Costa Rica “la Suiza Centroamericana”. Sin embargo, los hechos políticos recientes acaecidos en aquel país muestran una clara tendencia hacia su “centroamericanización”.

No nos referimos al amañado proceso electoral que condujo a la victoria de Oscar Arias, ni al cuestionable referéndum sobre el TLC, ni al desprestigio que sufren sus instituciones públicas, sino a una inaceptable decisión reciente adoptada por el Estado: procedieron a iniciar un proceso de despido en contra de tres dirigentes de una de las organizaciones sindicales más beligerantes, claras y comprometidas con los intereses del pueblo: ASDEICE.

En Costa Rica las derechas no han podido privatizar la telefonía, en buena medida porque ASDEICE ha dado siempre las voces de alarma cuando tal pretensión amenaza al pueblo costarricense. En Costa Rica las derechas no han podido privatizar la energía eléctrica, también porque ASDEICE ha estado atenta a cualquier señal de voluntad privatizadora en esa dirección y ha trabajado tesoneramente para evitarlo. ASDEICE fue, además, una de las principales organizaciones en la lucha por el rechazo al nefasto Tratado de Libre Comercio. Su papel en la convocatoria nacional a lo largo de esa lucha fue siempre destacado. Se trata, pues, de un sindicato modelo, que sabe estar hondamente comprometido con la agenda nacional y con los derechos de todo su pueblo, sin que por ello desatienda las reivindicaciones particulares de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE.

Eso, naturalmente, causa hondo malestar en las derechas que gobiernan en el hermano país, y esa molestia se traduce, al final, en hechos que sólo pueden calificarse como represivos. Al emprender el proceso de destitución de la dirigencia sindical de ASDEICE, el Gobierno costarricense la emprende en contra de toda su ciudadanía, por cuanto pretende descabezar a una organización que ha puesto en evidencia su combatividad a favor de los intereses superiores del pueblo.

Oscar Arias, al proceder de semejantes maneras, escupe sobre el galardón que recibió años atrás, enloda con ello el rostro de todos quienes recibieron el Premio Nóbel de la Paz y obliga a pensar respecto a los criterios mediante los cuales éste se otorga. Lo cierto es que, si alguna vez en el pasado hizo mérito alguno, hoy, con sus hechos, los borra uno tras otro e incluso los desborda.

Desde Guatemala, lamentamos que, de manera arbitraria e injusta, las derechas gobernantes coloquen al pueblo costarricense en general, y a su clase trabajadora en particular, ante hechos semejantes.

Repudiamos la acción represiva emprendida por las autoridades de Gobierno y demandamos a Oscar Arias y a su séquito que cesen en su proceso de acelerada derechización de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en suelo costarricense.

Es bueno recordarle a las derechas que “quien siembra vientos, recoge tempestades”. No deben ni les conviene, por ende, asumir la represión y la violencia como instrumentos de control social para facilitar el impulso de sus programas neoliberales. De continuar haciéndolo, colocarán al pueblo costarricense y a sus auténticas organizaciones ante la obligación de acudir al legítimo derecho a la defensa propia.

En Costa Rica, como en Guatemala y a lo largo y ancho de toda Centroamérica,

¡La Lucha Sigue!

lunes, 17 de diciembre de 2007

TARJETA FNL 2007

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, LES COMPARTIMOS NUESTRO FRATERNAL SALUDO DE FIN DE AÑO.


sábado, 1 de diciembre de 2007

Informe al sector sindical y popular

Compañeras y compañeros, les pedimos disculpas por no haber actualizado a tiempo este espacio, tuvimos unos cuantos problemas hace unos días y no pudimos acceder a este blog. Esperamos que la información que ahora ponemos les sea de utilidad y que, aunque la ponemos hasta ahora les decimos que no es para nada irrelevante.
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Guatemala, 24 de Noviembre del 2007

Un precedente relevante

Ayer, durante toda la mañana y buena parte de la tarde, se realizó una actividad que, además de generar resul-tados relevantes, en sí misma establece un prece-dente de importancia. Para comprender a cabalidad sus alcances, es preciso referirse a sus orígenes:

Hace alrededor de cinco meses, el movimiento sin-dical guatemalteco eligió, de su seno, a quienes serían sus representantes ante el Consejo Directivo del INDE. En esta ocasión, la elección fue el producto de un amplio y transparente proceso de consultas, de reuniones grupales y bilaterales, de construcción de consensos, que introdujo una dinámica enriquecedora y auténticamente democrática en los mecanismos mediante los cuales se seleccionan a los representantes del sindicalismo ante instancias en las cuales el movimiento cuenta con un espacio propio. De estas jornadas, resultaron electos los compañeros Samuel Hernández y Celso Hernández, quienes asumieron su representación ante el Consejo Directivo hace cerca de cuatro meses.

Pues bien, los dos delegados, dando muestras no sólo de madurez política sino, además, del nuevo tipo de sindicalismo que debe promoverse, construirse y consolidarse en el país, optaron por convocar a las organizaciones sindicales y populares, a efectos de (i), rendir informe público de su gestión ante quienes los eligieron, (ii), escuchar ideas, sugerencias, recomendaciones y, (iii) procurar la construcción de consensos en el ámbito nacional sobre el tema de la energía eléctrica.

De esa manera, sus posiciones en el seno del Consejo Directivo no serán producto de criterios individuales, sino del pensar y el sentir de aquellos a quienes representan.

Debe destacarse que se convocó no sólo a los sindicatos sino que se amplió la convocatoria a otras organizaciones populares, puesto que los delegados coincidieron en que el tema debe ser conocido y discutido por todas aquellas instancias que defienden los intereses superiores del pueblo.

El compañero Samuel Hernández, delegado titular, realizó una vasta y completa exposición respecto al tema energético, a lo largo de la cual aportó información relativa a la situación de este servicio básico y, además, propuso posiciones que, a su juicio, deben asumirse como puntos de partida para el abordaje de este tema.

En primer lugar, que al Estado guatemalteco le corresponde, de manera indelegable, asumir la rectoría y garantizar, mediante su propio quehacer, la prestación adecuada y accesible de este servicio.

Además que, para hacerlo, el Estado debe cumplir con dos condiciones sine qua non:

(i) respeto absoluto al ejercicio de nuestra soberanía, lo cual implica, literalmente, que “no se deben aceptar imposiciones foráneas ni permitir que el afán de lucro de las transnacionales sea el que determine las soluciones” y,
(ii) respeto absoluto a los derechos del pueblo, lo cual debe entenderse de la siguiente manera: “no se deben aceptar soluciones que violenten ni uno solo de los derechos económicos, sociales, políticos o culturales que asisten a la población, ni lesionarla de ninguna manera”.

Luego de la presentación del informe, se abrió espacio a un enriquecedor momento de debate, a lo largo del cual abundaron las propuestas, los posicionamientos, las recomendaciones.

Oscar Rodríguez, representante de la Internacional de los Servicios Públicos, ISP, clausuró el evento, destacando su relevancia e invitando a que espacios similares se construyan alrededor de cada uno de los servicios públicos que son derecho del pueblo. Esclareció que la actividad fue financiada desde el propio peculio de Samuel Hernández, actitud que merece destacarse.

A juicio del FNL, particularmente dos de las varias y valiosas conclusiones a las que se llegó durante el evento deben destacarse:

(i) la propuesta de generar, en el país, un Frente Nacional de Consumidores de Energía Eléctrica, que asuma la tarea de defender los derechos de la población, informar a la misma y construir unidad nacional alrededor de este tema, y,

(ii) la propuesta para la creación de un Frente Regional de Lucha que con propósitos similares eleve el tema al plano centroamericano, para lo cual puede contarse con la estructura de la Plataforma Sindical Común Centroamericana, PSCC, como punto de partida.

Desde el Frente Nacional de Lucha extendemos nuestra felicitación y nuestro abrazo solidario a los representantes del movimiento sindical ante el Consejo Directivo del INDE por la iniciativa que adoptaron. Cuentan con nuestro apoyo en todas las acciones que, como este evento, busquen crear condiciones innovadoras en el proceso de lucha por la defensa de los intereses y derechos que son patrimonio irrenunciable de los sectores populares.

¡La Lucha Sigue!

martes, 13 de noviembre de 2007

Irrespeto a todos los pueblos latinoamericanos

Guatemala, 12 de Noviembre del 2007

Había una vez, en un país muy lejano…

Teníamos la idea, evidentemente equivocada, de que las historias aquellas en las que reyes y príncipes eran amos y señores y hacían del mundo lo que les venía en gana, eran hoy cosa reservada a los cuentos infantiles o a un pasado ya superado por la evolución de la historia. Creíamos, por momentos, que estábamos en los albores del Siglo XXI, pero resulta que, de golpe y porrazo, nos encontramos con actitudes dignas más bien del Siglo XV.

Resulta que los medios de prensa nos hacen saber que el Rey de España todavía se cree amo de las colonias del Nuevo Mundo, y autorizado para pretender callar las voces cuyas verdades le resultan incómodas. En Chile, durante el desarrollo de la Cumbre de Primeros Mandatarios, esta figura obsoleta tuvo el atrevimiento de mandar a callar al Presidente Hugo Chávez, con lo que pone en evidencia su desubicación respecto al papel que le corresponde desempeñar en el mundo. Por lo menos en Latinoamérica, el Rey de España no manda, a nadie ni a nada. Aquí, por vergüenza, debería ser él quien guarde silencio, en lugar de salir con desplantes propios de las Cortes de Siglos pasados.

No debe olvidarse Don Juan Carlos de Borbón que a sus antepasados fue precisamente otro ilustre venezolano, Simón Bolivar, quien los sacó de nuestras tierras, con la punta de su bota libertaria hundida profundamente en sus adiposos traseros. Con ello, el Libertador y sus tropas pusieron fin al latrocinio, al despojo, a la dominación, y abrieron el espacio al ejercicio de la soberanía y de la autodeterminación para los pueblos del Continente. En síntesis, expulsó de suelo latinoamericano a una gavilla de facinerosos quienes, durante mucho tiempo, habían hecho de las Américas su feudo particular, construido a partir del exterminio de nuestros pueblos originales, del saqueo indiscriminado de todas nuestras riquezas y contando con la complicidad de serviles oligarquías criollas a las que incluso compraban barato.

La Monarquía española, así como el Imperio que esta representaba, fueron expulsados, derrotados en el campo de batalla, no sólo por las armas sino, además, por la dignidad de los pueblos latinoamericanos.

No puede ningún monarca español de hoy en día pretender mancillar esa dignidad conquistada a fuego y sangre por nuestros bisabuelos. Si el señor Rey de España quiere mandar a callar a alguien, que mande a callar a sus súbditos, si es que aquellos se lo aceptan.

No creemos que el pueblo español tenga culpa alguna con respecto a estos dislates de su monarca. Al fin y al cabo, el pueblo español no lo eligió rey en las urnas. Les fue impuesta una vetusta monarquía, resucitada de una oscura tumba en la que había permanecido por décadas y desde la cual, quizás, no debió jamás haber salido.

En cualquier caso, su reinado tiene límites geográficos y éticos. Ningún país latinoamericano queda dentro de sus fronteras. Ningún ciudadano latinoamericano tiene por qué soportar sus desplantes.

Le debe una disculpa a Las Américas, o mejor dicho, a los Pueblos de Abya Yala. La estamos esperando.

miércoles, 7 de noviembre de 2007

Colom y Berger se unen para darle vida al Plan Visión País

Guatemala, 6 de Noviembre del 2007

Si por la víspera se saca el día…

Los medios de prensa, tanto escrita como radial y televisiva, colocan hoy al pueblo de Guatemala ante una triste y dolorosa perspectiva: El Presidente Electo, Ingeniero Álvaro Colóm, y el Presidente saliente, Oscar Berger, se reunirán para ponerse de acuerdo respecto a cómo darle vida, de manera urgente, al nefasto Plan Visión de País.

En comunicados anteriores el FNL ha analizado los peligros que este Plan representa para el país y las múltiples lesiones que del mismo se derivan en perjuicio de los derechos de los sectores populares. Sin embargo, al parecer el nuevo Gobierno se apresta a respaldarlo, a juzgar por las informaciones que se han hecho públicas.

El Presidente Electo no debe olvidar que llega al ejercicio del poder gracias, en primer lugar, al voto popular. Su campaña, que abarcó tres procesos electorales consecutivos, la inició como candidato de izquierda y, a partir de ese momento, su imagen lo proyecta ante la opinión pública como una opción cuando menos progresista. Con eso contó para alcanzar la Presidencia de la República,

En consecuencia, respaldar la iniciativa expresada en el Plan Visión de País significaría, para él, colocarse en una tienda totalmente opuesta a la que el pueblo espera que ocupe a lo largo de su ejercicio gubernamental.

A estas alturas, respaldar el Plan Visión de País, en todo o en parte, le implicaría defraudar, aún antes de ocupar la silla presidencial, las esperanzas del pueblo, a las que tanto se refirió durante la campaña electoral.

Avalar al Plan Visión de País, en el entendido de que este Plan es una de las expresiones superiores del más crudo neoliberalismo, equivaldría a incurrir en un acto de lesa traición, no sólo al pueblo que lo eligió como Primer Mandatario, sino, incluso, al pensamiento social-demócrata que el propio Presidente Electo afirma sostener.

Recuerde, Don Álvaro, que ya en varias ocasiones el pueblo se ha ido a las calles para expresar su repudio a los contenidos del Plan Visión de País. Y ha triunfado.

No es conveniente, para un Gobierno que apenas va a dar sus primeros pasos en Enero próximo, el comenzar desde ahora dando precisamente malos pasos. No es sano para su futura gestión el que la inicie sembrando vientos.

Compartimos el artículo publicado por Prensa Libre el día de hoy, en el cual se hacen del dominio público estas alarmantes intenciones:

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Se inicia la tercera fase de transición
Berger recibirá al presidente electo, Álvaro Colom, en Casa Presidencial

Por: Luisa F. Rodríguez, Hugo Alvarado


El encuentro entre el gobernante Óscar Berger y Álvaro Colom, mandatario electo, en la Casa Presidencial, marca el inicio de las conversaciones de la tercera fase de transición. El mandatario pedirá a su sucesor que nombre a su grupo de trabajo para informarle en qué condiciones dejarán los ministerios y secretarías.

La cita podría darse hoy, ya que mañana ambos viajarán juntos a la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Chile.

Patricia Orantes, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, dijo que la idea de la tercera fase de transición es que ministros y secretarios entrantes y salientes puedan reunirse periódicamente, para recibir y trasladar información sobre el manejo de cada una de las dependencias gubernamentales.

Además, se les va pedir que continúen con la agenda legislativa pendiente que está incluida en el Plan Visión de País, refirió Orantes. Esa propuesta será discutida el próximo jueves en gabinete general, para que pueda ser aprobada, explicó.

Colom confirmó ayer que se reunirá con Berger en la Casa Presidencial para darle un impulso importante al proceso de transición, el cual empezó en septiembre pasado con los dos equipos de trabajo de los candidatos que pasaron a segunda vuelta.

“Por primera vez en la historia del país, un gobierno electo tendrá más de dos meses para intercambiar información. Esto nos dará tiempo para evaluar los programas que han tenido éxito y los que han fracasado, para unificarlos con nuestra propuesta”, explicó el presidente electo.

Comentó que Berger lo invitó a viajar a la Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en Chile, el próximo fin de semana. “Con el propósito de seguir trabajando la transición, estamos evaluando hacer el viaje juntos”, expuso.

Plan de cien días

“Hemos visto que hay disposición para comunicarnos y buena voluntad para darnos la información; ahora esperamos datos más particulares”, explicó Colom. En su plan de gobierno de los primeros cien días emprenderá 143 acciones, a un costo de Q1 mil 208 millones.

En seguridad propone organizar a la población por barrios y comunidades, para que colabore con las fuerzas de seguridad en la recuperación de las zonas rojas, y continuar la depuración de la Policía Nacional Civil.
En salud y educación planifica contratar más médicos, enfermeras y maestros.

Temas a discutir

Esperan tener tres reuniones.

Se va a proponer que continúen gestionando la agenda legislativa que quedó pendiente y que está incluida en el Plan Visión de País.

Buscar reformas a normativas que ayuden a reducir la pobreza en el país.
Cada uno de los funcionarios del Ejecutivo brindarán información de cómo entregarán las dependencias a su cargo.

El equipo del presidente electo requiere información acerca de:

Seguridad: estadísticas más completas, casos de investigación e información de inteligencia por región.

Ejército: más datos sobre el presupuesto, equipo y personal.

sábado, 3 de noviembre de 2007

EDUCACIÓN Y PLAN VISIÓN PAÍS

Adjuntamos documento que muestra la idea sobre el sistema educativocontenida en el Plan Visión País.

Recuerden darle click a la imagen para que se vea más grande.

miércoles, 24 de octubre de 2007

Comunicado sobre hidroeléctricas en pueblo Ch´orti´

Compañeras y compañeros, les transmitimos el comunicado que nos hicieron llegar el FrenteGuatemalteco de Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa delAgua, -FGARDA y la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para elDesarrollo Integral de la Región Ch´orti´-COMUNDICH-, que refleja unapreocupante e inaceptable situación que se está desarrollando envarias Comunidades del pueblo Ch´orti´, ante la cual las demásorganizaciones populares del país debemos fijar posición.

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Frente Guatemalteco de Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa del Agua, -FGARDA-.
Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch´orti´-COMUNDICH-


A LA OPCIÓN PÚBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL.

COMUNICA.


La puesta en marcha del Plan Puebla Panamá –PPP- y del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central –SIEPAC-, genera las condiciones para aperturar un mercado energético privatizado que responde a los intereses geopolíticos de las principales potencias (EE.UU. UE), y las empresas transnacionales vinculadas a dichos negocios.

Es evidente que esta nueva ola de proyectos hidroeléctricos es sumamente lucrativo, mientras destruyen la vida humana, animal y vegetal de los pueblos indígenas, como es el pueblo ch´orti´, que a pesar de vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema, están siendo privados de sus medios de vida.

Desde 30 de marzo del 2007, Albora y Asociados y la EPR han venido ofertándole a la comunidad campesinas ch´orti´ sus tierras comunales, la primera oferta fue de 40 mil quetzales y luego otra de 100 mil quetzales, la comunidad ha venido resistiendo a la amenaza financiera que las empresas ejercen sobre los líderes de la comunidad. La empresa amenaza a las comunidades que de no recibir el dinero se resolvería por la vía forzosa.

El día domingo 21 de octubre, personeros de la Empresa Propietaria de la Red –EPR-, se hicieron presentes a la comunidad de Shupa, Camotán, Chiquimula, aprovechándose de una reunión del Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- plantearon su proyecto, ellos propusieron se nombraran personas para que negociara por la comunidad y es así como los señores: Héctor Antonio Guerra, del Caserío Zarzal, Rómulo Carranza, Caserío La Escuela, Encarnación Ramírez, Caserío La Rivera y Daniel Amador Caserío la Revalsa, de la Aldea Shupa, Camotán, fueron nombrados para la negociación, quienes recibirán 30 mil quetzales por caserío.

Los representes del Consejo Comunitario de Desarrollo proporcionaron el libro de actas de la comunidad, en la cual se redacto el compromiso que la empresa asume, así como los compromisos que la comunidad asume con la venta de las tierras. La mayoría de participantes no firmaron el acta, pues no estaban de acuerdo con lo sucedido, sin embargo, otra parte que eran sólo jóvenes fueron los firmantes del acta.


Por lo que denunciamos:

 La forma mercantilista y represiva con que las empresas compran la dignidad de los líderes.

 El ferreo interés en la implementación de un proyecto que no representa ningún beneficio para las familias campesinas, que por el contrario agudizará la pobreza y pobreza extrema en la que viven las comunidades del pueblo ch´orti´.

 La forma en que las empresas dividen y confrontan a las comunidades, originando de esta forma el desencadenamiento de la violencia entre líderes comunitarios.


Responsabilizamos:

 Al Presidente de la Republica Oscar Berger, el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Gabinete Móvil del 17 de febrero del 2006, donde el pueblo ch´orti´ le manifestó su inconformidad con los proyectos mineros, hidroeléctricos y de privatización de los recursos naturales, así como la implementación de impuestos de arrendamiento de tierras que las familias campesinas están pagando por el sus de la tierra.

 A la empresa Albora y Asociados S.A. Empresa Propietaria de la Red, la forma en que está reprimiendo a los líderes comunitarios, la despótica forma de desapropiar a las familias campesinas de las tierras comunales que desde tiempos históricos son de ellas.

 Al Gobierno Municipal, el desinterés que ha mostrado en el problema y lo responsabilizamos de cualquier enfrentamiento que se pueda dar entre comunidades, así como también se le responsabiliza de firmar las escrituras de compraventa de las tierras comunales.

 Responsabilizamos a las personas que fueron nombradas para negociar con las empresas de cualquier enfrentamiento y venta de tierras que nos les pertenece únicamente a ellos.


Exigimos.

• Respeto a la dignidad, a la territorialidad y soberanía de las comunidades campesinas.
• Respeto a la autonomía y autodeterminación de las comunidades campesinas.
• La decisión de no aceptar la implementación de estos proyectos que atentan contra la vida humana, animal y vegetal.
• El cumplimiento de las leyes, acuerdos, convenios y tratados internacionales que protegen la vida de los pueblos indígenas.


NO AL IMPERIALISMO NEOLIBERAL
SI A LA VIDA
NO A LAS REPRESAS
SI AL AGUA PARA LOS PUEBLOS.



Camotán 22 de octubre de 2007.

domingo, 21 de octubre de 2007

MARCHA DEL 20 DE OCTUBRE

Imágenes que hablan por sí mismas



Compartimos algunas fotos de la multitudinaria, alegre y combativa Marcha del 20 de Octubre del 2007.
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La unidad de las organizaciones del pueblo fue la tónica a lo largo de toda la mañana. Puede señalarse que esta marcha marca el inicio de un cada vez más sólido proceso de unificación popular para enfrentar la codicia desmedida de los grupos minoritarios pero poderosos que han hecho de Guatemala su feudo particular.
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Las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres se hicieron presentes. En este caso, la foto muestra a las compañeras y compañeros convocados por la Asociación Madre Tierra.

A su llamado respondió un nutrido bloque de hombres y mujeres, habitantes de distintas comunidades de la Costa Sur, de pensamiento revolucionario, comprometidos y comprometidas no solamente con los derechos de las mujeres, sino, además, con la construcción de una Guatemala justa, digna y humana, en la cual los sectores populares tengan la posibilidad de hacer realidad sus largamente postergados sueños, abortados desde que las derechas, mediante una invasión en 1954, cortaron en flor la nueva Guatemala que venían forjando paso a paso.
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La voz y el pensamiento del pueblo se hicieron escuchar. Miles de pancartas con diferentes contenidos, elaboradas por las manos de trabajadores y trabajadoras, pusieron de manifiesto el sentir y el pensar de los sectores populares.
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En la sexta avenida, justo frente al Parque Gómez Carrillo, un grupo de la UNE buscó cómo colarse para encabezar la marcha y vestirse así con ropa ajena. Pero las organizaciones populares, con dignidad, cerraron sus filas y no les permitieron salirse con la suya. No les negaron participar en la marcha, pero, con toda razón y derecho, enviaron a los oportunistas a la cola.
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Por el contrario, dos auténticas banderas del pueblo, la de URNG y la del FNL, se dieron la mano en fraterna armonía a lo largo de toda la marcha. Compartieron ideas, intercambiaron compromisos de lucha, aunaron esfuerzos y alegrías y, en conjunto, abrazaron la causa de los intereses superiores del pueblo.
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Al pasar frente al sitio en donde los esbirros le dieron muerte, los compañeros y compañeras del FNL rindieron tributo a nuestro inolvidable Oliverio Castañeda de León, Héroe y Mártir de la causa del pueblo.
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La enorme columna del FNL llega al Parque Central. Ya antes habían hecho su ingreso los hermanos y hermanas de la CGTG, quienes también llegaron por miles. En esos momentos, la cola de la marcha estaba todavía pasando frente a la Municipalidad capitalina, en donde los grupos expresaron con toda claridad y firmeza su rechazo a las políticas represivas y anti-populares que ha adoptado el Alcalde Arzú en contra de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.

La manta que encabezó la columna del FNL identificaba también a la Plataforma Sindical Común Centroamericana, puesto que de esa manera se expresaba solidaridad con el pueblo costarricense, cuya voluntad les fue robada en las urnas del referéndum, mediante un proceso fraudulento que favoreció a las derechas. De igual manera, se externaba así la solidaridad con los luchadores de Panamá y de El Salvador, quienes han sido víctimas de una fuerte escalada represiva a lo largo de los últimos meses.
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Ya en el Parque, Dora Regina Ruano, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, SNTSG, e integrante de la Comisión Política del FNL, se dirige a la multitud allí presente.

sábado, 20 de octubre de 2007

Hacia el urgente rescate los legados de la Revolución de Octubre

Hoy, sábado 20 de Octubre, las más importantes organizaciones del país auténticamente comprometidas con la defensa de los intereses superiores del pueblo, marcharemos unidas en celebración del inicio de la Revolución de Octubre de 1944.

Marchamos no solamente para recordar la hermosa gesta emprendida por nuestros abuelos en aquel entonces, que heredó para toda Guatemala la única década en la historia de la cual podemos sentirnos orgullosos, sino, sobre todo, para rescatar el espíritu revolucionario prevaleciente entre 1944 y 1954 y ratificar su plena vigencia.

El pueblo guatemalteco enfrenta hoy una situación tanto o más grave que aquella que condujo al estallido de la Revolución del 20 de Octubre del 44. A modo de ejemplo, basta con constatar los siguientes hechos:

• Los niveles de pobreza son ya intolerables. Como evidente indicador, el propio Estado reconoce que en Guatemala el 48.3% de la infancia padece no sólo de desnutrición, sino que, peor aún, de desnutrición crónica.

• Los sectores minoritarios pero poderosos que han hecho de Guatemala su feudo particular, se aprestan para imponerle a todo el pueblo su nefasto “Plan Visión de País”, que conduce hacia la absoluta privatización de los servicios públicos, convirtiendo así el acceso a derechos básicos del pueblo, como salud y educación, en privilegio exclusivo de quienes puedan pagar por ello.

• En el ámbito laboral, la punta de lanza de la ofensiva anti-popular es la propuesta de una nueva Ley del Servicio Civil, cuyos contenidos establecen jurídicamente la desregulación de las relaciones obrero-patronales, el salario por productividad y la flexibilidad como normas rectoras del trabajo en el país, con lo cual atentan, de manera flagrante, contra el pueblo trabajador en su conjunto y contra el mismo Código de Trabajo, conquista heredada precisamente de los años de la Revolución de Octubre. La última intentona de las derechas por aprobar esta Ley fue derrotada por la unidad del pueblo hace apenas unos días.

• Hoy, en tiempos de Paz, reaparece el horrendo rostro de la represión, haciendo retroceder al país a épocas que nunca deberían repetirse. La persecución, la intimidación e incluso la desaparición forzada y el asesinato contra dirigentes de organizaciones populares y sindicales ha ido creciendo de manera constante, reeditándose así una política contrainsurgente que debería quedar en el pasado pero que, amparada por un manto de impunidad, cobra nuevos y preocupantes bríos.

• La codicia de grandes transnacionales se pone de manifiesto en su voluntad, entre otras cosas, de saquear las riquezas incluso de las entrañas de la madre tierra, apropiarse del agua, destruir los bosques y los valles, convertir en embalse la tierra en la que hoy viven comunidades enteras, todo ello con la complacencia de un Estado que no quiere respetar la voluntad popular expresada en numerosas consultas populares.

• El sector campesino se ve severamente amenazado por un modelo de desarrollo rural de inspiración neo-liberal que lo despoja de sus cuerdas y parcelas, el cual concibe que, para que exista desarrollo, en el país debe prescindirse de la agricultura de subsistencia, abrirse paso a una aún mayor concentración de la tierra productiva en pocas manos y destinarse esta tierra no para producir los alimentos que urge la propia población pobre y hambrienta, sino para producir bio-combustibles, que generan mayores ganancias para los egoístas dueños de la tierra.

• El desempleo se incrementa, obligando a una inmensa masa de seres humanos a migrar sitiados por el hambre, convirtiéndose así Guatemala en un país que presenta, como una de sus principales exportaciones generadoras de divisas, a su propia gente.

• La corrupción y la violencia campean por sus fueros, convirtiéndose en un mal generalizado que amenaza con destruir hasta los cimientos mismos de la institucionalidad. El crimen organizado ha penetrado profundamente a las instituciones públicas, llegando a ser ya en un auténtico poder oculto en el país. La corrupción adopta múltiples formas y, desde el Estado mismo, por efecto de cascada, se vierte hacia toda la población, amenazando con asfixiarla. La violencia se constituye en un cáncer que corroe hasta las entrañas de la nacionalidad.

Esa realidad llora lágrimas de sangre, pero de sangre del pueblo.

Ante ese triste panorama nacional, sabedores de que el peso de los efectos negativos pesa de manera exclusiva sobre los hombros de los hombres y mujeres del pueblo, las organizaciones hemos decidido convertir este próximo 20 de Octubre en el inicio de una lucha unitaria, constante y firme en la defensa de los derechos e intereses del pueblo.

Hay que rescatar y darle vida al espíritu de la Revolución de Octubre, como vía para hacer de Guatemala una nación justa, digna y humana, con la cual los sectores populares han soñado largamente.

Nos comprometemos, a una sola voz, hombro con hombro, mano con mano, a empeñar nuestros mejores esfuerzos en pro de la construcción de una Guatemala diferente, inspirada en el ejemplo que, durante los años de la Revolución, nos legaron nuestros abuelos.

Expresamos nuestra decidida voluntad y firme decisión de aunar esfuerzos al ocupar, en tiempos de Paz, las trincheras de lucha desde las que daremos las batallas necesarias para la forja de esa Guatemala que, desde 1954, ha sido el anhelo postergado de varias generaciones del pueblo.

¡Revolución y Unidad!

¡La Lucha Sigue!

jueves, 18 de octubre de 2007

Se incrementa la represión contra el pueblo

Este Gobierno insiste en reprimir al pueblo

Resulta urgente y necesario que, como organización comprometida con la defensa de los derechos e intereses del pueblo, informemos a la opinión pública sobre dos preocupantes hechos represivos concretos acaecidos ayer, acometidos por autoridades de las fuerzas policíacas y del Ejército, actuando ambas como fieles lacayos o perros de presa puestos al servicio del egoísmo, de la codicia y de los caprichos de sus amos.

En un país en donde la delincuencia común y el crimen organizado campean por sus fueros, al punto que la inseguridad ciudadana alcanza niveles ya inadmisibles, no es válido que las supuestas “fuerzas del orden”, en lugar de perseguir la comisión de los cotidianos crímenes que se cometen, se dedique a emprenderla contra trabajadores urbanos y en contra, también, de campesinos a quienes el sistema ha despojado de sus tierras.

Pero ayer quedo puesto en evidencia que, para los mandos de la fuerza pública en particular y del Gobierno en general, la represión en perjuicio del pueblo está por encima de la búsqueda y captura de los delincuentes.

Compartimos con Ustedes dos notas recibidas desde instancias miembros del FNL, que reflejan lo acontecido ayer en San Marcos, que en concreto atenta contra los derechos de 65 familias campesinas, pero que es apenas la punta de un iceberg cuyo cuerpo mayor permanece oculto, pero cuyas intenciones son claras: emprenderla en contra del movimiento campesino.

Primera nota:

“El día de hoy a partir de las 8 de la mañana están siendo desalojados los compañeros de la finca San Antonio las Pilas. En ese lugar estaban viviendo 65 familias. Durante el desalojo del día de hoy han sido detenidas 24 personas, este dato aun no es exacto. Así mismo han resultados golpeadas dos mujeres. Las fuerzas de seguridad han destruido las casas de los compañeros y sus pertenencias. En cuanto podamos estaremos brindándoles mayor información.
Atentamente
CODECA



Segunda nota:

EN SOLIDARIDAD CON LOS CAMPESINOS DETENIDOS INFORMAMOS LO SIGUIENTE

Les informamos que a las 08:30 horas del miércoles diecisiete de octubre de dos mil siete, un promedio aproximado de quinientos elementos entre la Policía Nacional Civil y del Ejercito de Guatemala, llegaron a la Comunidad las Pilas, del Municipio de Tecún Umán, San Marcos, supuestamente a ejecutar un desalojo pacífico a las personas que estaban en el lugar. Según se nos informo, las personas que estaban en el lugar no opusieron resistencia alguna, sin embargo, la Policía empezó a capturar a 24 campesinos, trasladándonos a la subestación de la PNC del Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

Las personas capturadas son:

1. Alfonso Felipe Méndez
2. Heriberto Robles Vásquez
3. Enrique Ortiz Nolasco
4. Rodolfo Escobar
5. Lázaro Daniel Vásquez
6. Rosalío López
7. Florentín Pérez Ortiz
8. Romeo Apolunio Sales Méndez
9. Juan Méndez Ramírez
10. Elías Ismael Gómez Sales
11. Rodulio González Berdúo
12. Ramiro López Sánchez
13. Valeriano López Aguilar
14. Rafael Sánchez
15. Julián Pérez Gómez
16. Jorge Mendoza Ortiz
17. Andrés Mendoza López
18. Eliover Giovanni Monzón Fuentes
19. Ariel Mendoza Ortiz Pérez
20. Celso Sandoval Hernández
21. Walter Sandoval Escobar
22. Juan López Pérez
23. Elbardo Ramírez Zapet
24. Alfonso Velásquez De León


En el lugar existe un conflicto que lleva varios años, sin que hasta la fecha se demuestre quien realmente tiene los documentos legales de las tierras. Del caso conoce CONTIERRA, Derechos Humanos de la Diócesis de San Marcos. CODECA, CONIC, la PDH.

¿Será que tenían orden de desalojo?, ¿Quién ordenó la ejecución de la acción? ¿Por qué capturaron a los campesinos, si estos actuaron pacíficamente? ¿Será que ya los pusieron a disposición de un juez competente? ¿De que los acusan?



Como puede fácilmente apreciarse, se trata de la puesta en marcha, por parte del Gobierno, de una anunciada política de desalojos, con la cual las actuales autoridades pretenden aprovechas los últimos meses que les quedan en el ejercicio del poder para resolverse asuntos que les son incómodos, respecto a cuya “solución” están presionando los grandes finqueros y el CACIF en su conjunto. Entrecomillamos la palabra “solución”, porque es el término que emplean quienes aplican estas políticas represivas. Pero, en realidad, con ellas lo único que logran es la agudización del no resuelto conflicto del acceso a la tierra.

Hay que decir que en la implementación de esas prácticas represivas han involucrado al Ejército y, con ello, las fuerzas armadas y el propio Ministerio de Defensa se colocan claramente en condiciones de ilegalidad, por cuanto esa es una labor que bajo ninguna circunstancia les compete.

Pero, además de estos lamentables hechos ocurridos en San Marcos, la propia Ciudad Capital fue mudo testigo de otra acción represiva, emprendida en este caso en perjuicio de personas que, lo único que buscan, es trabajar para vivir. Compartimos también la nota que, al respecto, nos entregaran ayer mismo:

SINDICATO STTIGUA

Ya estamos cansados de ser toda la vida víctimas de este Alcalde Metropolitano, Señor Álvaro Arzú, quien ha demostrado que es un verdadero dictador de la capital. Pero, por muy poderoso que sea, tenemos la fe, la confianza y la seguridad de que, más temprano que tarde, lo vamos a vencer.

Denunciamos que hoy, Miércoles 17 de Octubre del 2007, a las 8 a.m. se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, PMT, a la 9 calle y 4 avenida de la Zona 1, llevándose la mercadería de varios vendedores que se encontraban trabajando en las aceras y, lo peor del caso, es que salieron lesionadas gravemente Doña Vilma Ajamel y su hijo Charli, de apenas 5 años de edad.

Ante estos hechos, pedimos el apoyo de instituciones y organizaciones concientes, como el Frente Nacional de Lucha, ya que los representantes de la Alcaldía manifiestan que nosotros, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, siempre actuamos fuera del marco de la ley. Es decir, convierten en delito nuestro trabajo honrado. Nosotros consideramos esto como una tremenda injusticia, puesto que no nos dedicamos a los asaltos ni a los asesinatos de personas ni nada por el estilo para que nos acusen de actuar fuera del marco de la ley. Lo único que si somos es personas que trabajamos dignamente para ganarnos el pan de cada día.

Atentamente, STTIGUA


Esta otra nota pone al descubierto hechos que demuestran fehacientemente que desde la Alcaldía capitalina, (que es parte integral del Estado), también se suman a la implementación de políticas represivas anti-populares.

Es decir, que sobre el pueblo pesan amenazas de lluvia por todas partes, y no de agua, precisamente.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos a las organizaciones populares y sindicales a pronunciarse ante esta escalada represiva y a condenar, a través de todos los medios que les sea posible, estos hechos, como vía para impedir que se repitan en el futuro.

Exigimos de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Alcaldía Metropolitana, que respeten y hagan valer derechos básicos del pueblo, como lo son el derecho a la tierra y el derecho al trabajo digno.

Deben saber, además, que a mayor represión, mayor organización.

¡La Lucha Sigue!

miércoles, 17 de octubre de 2007

Las derechas reciben duro revés

Guatemala 16 de Octubre 2007

El día de hoy el movimiento sindical guatemalteco, a pesar de la intensa y malintencionada campaña negra lanzada en su contra, a pesar de todas las calumnias y mentiras que difunden a diario los mayores medios de comunicación social, con la idea de crearle ante la opinión pública una imagen negativa, dio claras muestras no sólo de estar vivo sino, además, de gozar de buena salud.

Sobre todo, mostró abiertamente ante el país y ante el mundo un rostro unitario, una voluntad de aunar esfuerzos y deponer actitudes que, en el pasado, se convertían en obstáculos para la construcción y desarrollo de plataformas unitarias de lucha. Y ese es, sin que quepa la menor duda, un avance significativo en el marco de la defensa de los derechos del pueblo. Aunque suene a lugar común, quedó plenamente validado el refrán popular que afirma que “la unión hace la fuerza”.

La nefasta propuesta para imponerle a la clase trabajadora del país una nueva Ley del Servicio Civil fue retirada de la agenda parlamentaria y engavetada por los legisladores, no porque de repente les naciera la conciencia, sino básicamente por la conjugación de dos factores:

• La presión y el cabildeo ejercidos a una sola voz por las organizaciones sindicales, por una parte y, por otra,

• el cálculo político-electorero de las bancadas de los partidos que van a la segunda ronda, que no quieren correrse el riesgo de perder el voto de un numeroso e importante sector social.

Lo relevante, en este caso, es que se logró detener una de las principales ambiciones de las derechas: despojar a los trabajadores y trabajadoras del país (empezando por el sector público), de esos derechos laborales que tanto les estorban a los empresarios y abrir el paso, en pleno Siglo XXI, a nuevas formas de esclavitud encubierta.

Por lo pronto, los sectores populares hemos ganado este round, pero la pelea sigue adelante, no ha concluido. No se debe, bajo ninguna circunstancia, bajar la guardia ni lanzar las campanas al vuelo, puesto que aún es posible ver con facilidad, en el horizonte, otras serias amenazas en perjuicio de derechos básicos e irrenunciables de la población.

Compartimos con Ustedes el artículo publicado esta misma tarde por el vespertino La Hora, aunque en su contenido hay algunas inexactitudes y se omiten datos de relevancia:

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DIARIO LA HORA, 16 DE OCTUBRE DEL 2007



Polémica por Ley de Servicio Civil
LEGISLADORES SACAN DE AGENDA ESTE PUNTO; SINDICATOS PRESIONAN



Nacionales
16 Octubre 2007
Edgar Hernández
ehernandez@lahora.com.gt


Como resultado de la manifestación que organizaciones sindicales de trabajadores del Estado realizaron esta mañana en las afueras del Congreso de la República, el pleno de diputados decidió sacar de agenda la discusión en primer debate a la iniciativa de Ley de Servicio Civil.

La presencia de sindicalistas en las afueras del Congreso provocó retirar de la agenda la discusión de la Ley de Servicio Civil.

De acuerdo con la agenda legislativa que este día se desarrolla en el pleno, en el inciso C se estableció la discusión del dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar ley de servicio civil identificada con el número 3395, lo cual provocó la presencia de organizaciones sindicales de empleados del Estado que consideran ser afectados con su aprobación.

A criterio del Frente Nacional de Lucha de Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales, afiliada al Frente Nacional de Lucha (FNL) la aprobación en el Congreso busca sustituir a la vigente en la actualidad, lo cual se pretende realizar silenciosamente, afectando los intereses de los trabajadores, expresa un comunicado emitido.

La iniciativa que sería conocida en el pleno fue enviada por el presidente Óscar Berger, luego de obtener dictámenes favorables del Consejo Técnico del ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Cuerpo Consultivo de la Presidencia de la República, por lo que en base a los artículos 39, 40, 41, 111, y 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 y sus reformas con las referidas modificaciones incorporadas al proyecto original, la comisión de Previsión y Seguridad Social emitió dictamen favorable el 15 de noviembre de 2006.

En ella se incluía lo relacionado al concepto y clasificación de faltas al servicio desde las consideradas leves hasta gravísimas así como las sanciones desde la amonestación verbal, escrita, suspensión de labores sin goce de sueldo hasta un máximo de un mes calendario y despido justificado y sus razones.

A este respecto el comisionado Presidencial para la Modernización, Harris Withbeck que acudió al Organismo Legislativo para escuchar la discusión de la iniciativa, considera que representantes de las organizaciones que manifestaron, también participaron en la búsqueda de consensos que dieron como resultado la creación del documento que se pretendía aprobar.

Consultado al respecto de la presencia sindical en las afueras del edificio legislativo, el comisionado Withbeck expresó su confianza de retornar la iniciativa a la comisión de Trabajo para que realizara el análisis técnico y posteriormente emitiera dictamen favorable para ser aprobada, lo cual no sucedió porque fue trasladada a la dirección legislativa, donde quedó engavetada.

Es importante, además, considerar esta victoriosa acción unitaria como un “calentamiento” de cara a la ya inminente marcha del 20 de Octubre, a la cual debemos todos y todas hacernos presentes.

Debemos convertir este próximo 20 de Octubre en un grito de rescate y de defensa de las conquistas heredadas desde la Revolución del 44, las cuales hoy las derechas quieren borrar del mapa.

Debemos hacer de esta próxima marcha una muestra del rechazo nacional a iniciativas como las del Plan Visión de País, que lesionan severamente los intereses superiores del pueblo.

Debemos marchar con alegría y combatividad, puesto que ningún espectáculo es tan hermoso como el de un pueblo que lucha por su dignidad.

Marchemos, pues, en unidad.

“Que todos se levanten, que se llame a todos, que nadie se quede atrás”

¡La Lucha Sigue!

lunes, 15 de octubre de 2007

Derechos laborales a punto de desaparecer

Este Gobierno, desacertado, errático, irresponsable como lo ha sido a lo largo de sus tres primeros años, pretende hacerlo aún peor durante el último. Quizás porque saben a ciencia cierta que van a perder las elecciones y, por lo tanto, optan por aprovechar el poder que detentan hasta el último minuto, para sacarle provecho en beneficio exclusivo del codicioso sector empresarial de derecha cuyos intereses exclusivos representan. Quieren dar sus últimos zarpazos a los derechos del pueblo, sin importarles el abismo al que están despeñando a todo el país en su conjunto.

Ahora insisten en someter a la aprobación del Congreso de la República su propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, que sustituya la que, hasta este momento, está vigente.

La aprobación de esta propuesta aparece en la agenda parlamentaria del día de hoy de la siguiente manera:

“C) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Servicio Civil. 3395”

Actuando igual que los ladrones, el Gobierno empresarial y los diputados de la derecha actúan tan silenciosamente como les es posible, procurando que la población no se percate de lo que se traen entre manos. El botín que esta vez pretenden robar son los derechos laborales de miles y miles de trabajadores y trabajadoras para crear, así, condiciones que favorezcan sus nefastos propósitos, expresados sobre todo en el Plan Visión de País y otras aberraciones afines. Quieren aprovechar los últimos meses del Gobierno saliente para avanzar lo más posible en la generación de un marco legal que sirva fielmente a sus intereses, aunque ello implique lesionar de manera brutal los derechos básicos del pueblo.

Esta Ley del Servicio Civil debe calificarse como una propuesta perversa, nacida desde la Secretaría de Modernización del Estado, es decir, desde el despacho de Harris Whitbeck, oscuro personaje que ha ocupado importantes espacios de poder un gobierno tras otro, quien, además, en los años más duros de la política contrainsurgente, era asesor de Ríos Montt y de otros sátrapas, en temas de represión, guerra psicológica, inteligencia militar y otras cuestiones afines.

La propuesta que emana desde la oficina de este sujeto es fiel reflejo de los más crudos intereses neoliberales. Se basa en tres principios, estrechamente vinculados entre sí, alarmantes para la población en general y para la clase trabajadora en particular, cuya esencia se encuentra presente a lo largo de todo el articulado de la propuesta de ley:


1.- Salario por productividad:
“El que pega más botones, gana más dinero” (afirmación de Oscar Berger).

Esto significa, ni más ni menos, que se pierden de golpe y porrazo garantías básicas como el derecho a vacaciones, puesto que, según argumentan los ponentes de la Ley, una persona que disfruta de vacaciones no está produciendo y por lo tanto, desde el punto de vista neoliberal, no debe percibir remuneración alguna. De igual manera, cualquier trabajador o trabajadora que se lesione o enferme y deba, por ello, guardar reposo, pues tampoco se le debe cubrir salario alguno, dado que en ese período no produce, que es para lo que se le paga.

Incluso derechos elementales, como el permiso para el período prenatal o el de post-parto, desaparecen bajo el mismo criterio. Si una mujer va a tener a su hijo o hija, se le dejará de pagar cada minuto que se ausente para traer su familia al mundo.

Con toda intención, la propuesta de ley no establece tampoco mecanismos para evaluar la productividad y, por lo tanto, determinar el salario que deberá devengar cada trabajador o trabajadora, poniéndose en alto riesgo la estabilidad del ingreso familiar. Queda a juicio del patrón el tasar los niveles de productividad de cada empleado o empleada y, a partir de ese criterio, determinar el salario a cubrirse. Es, sin duda alguna, el inicio de la implementación de una nueva forma de esclavismo disfrazado, en pleno Siglo XXI.


2.- Desregulación de las relaciones obrero-patronales:
Quitar las leyes que protegen al trabajador y estorban al patrono.

Este otro concepto en el que se basa la propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, es también profundamente neoliberal. Parte de la consideración de que las regulaciones que actualmente protegen al trabajador son una especie de camisa de fuerza para el empresario y, por ende, que deben desaparecer como tales.

Según este principio, debe dejarse que las relaciones entre cada trabajador y quien lo emplee se determinen no por un marco jurídico tutelar del trabajador, sino por la cruda ley de la oferta y la demanda.

Es decir, la propuesta de ley considera al Estado en el mismo papel que el de cualquier otro empresario, al cual según ellos hay que beneficiar para reducirle sus costos de operación y fomentar así la inversión tanto nacional como extranjera. Los ponentes parten del entendido de que la planilla es uno de los que más costos le implica y, por lo tanto, se proponen reducirlo.

Peor aún, bajo este principio se considera al trabajo como una simple mercancía, que, como tal, debe entonces someterse al vaivén de las leyes del mercado. Bien sabemos que esas leyes de mercado sólo existen en el papel. En la práctica, el mercado y sus precios están determinados por el afán de lucro y la especulación de la que hacen gala los sectores minoritarios pero poderosos que controlan la economía. Su razonamiento aduce que, si hay 500 personas concursando por una sola plaza, la misma debe otorgársele a quien cobre menos y demande menores garantías laborales.

Así, coloca a cada trabajador y trabajadora en condición de rival de todos quienes podrían optar por su mismo trabajo. Por lo tanto, los empresarios ponentes de esta propuesta de ley aducen que el contratado o contratada debe darles las gracias y besarles los pies por el empleo que recibe.

De este concepto se derivan implicaciones no sólo como las anotadas para el inciso anterior, sino, además, otras tan graves como la derogatoria del Decreto 1485, que es la Ley tutelar del magisterio, con lo cual todo el personal docente y administrativo que labora en el sector público queda absolutamente desamparado en sus derechos laborales. Si al gremio magisterial lo despojan de su Ley Tutelar, sus derechos quedan al vaivén de caprichos e imposiciones, puesto que incluso carecen de un Pacto Colectivo que los proteja.


3.- Flexibilidad laboral:
Obliga a la persona a renunciar a sus derechos a cambio de tener trabajo.

El tercer sustento teórico de esta propuesta de ley, absolutamente concatenado con los dos anteriores, establece que, en las relaciones laborales, debe predominar un marco de flexibilidad, es decir, que nada debe entenderse como obligatorio para los empleadores, aunque sí para los empleados.

Como expresión práctica concreta de este concepto, en las instituciones públicas, sin excepción alguna, ya se ha multiplicado la figura de los trabajos por contrato, es decir, no presupuestados. Estos renglones de contratación (021, 022, 029, 089 y otros numerales parecidos), desprotegen al contratado en términos de derechos laborales básicos como, por ejemplo, la posibilidad de que algún día puedan jubilarse. El sistema de pensiones y jubilaciones simplemente se agotará, al reducirse progresiva y aceleradamente la cantidad de personas que cotizan al mismo.

Son muchas, pues, las implicaciones que se desprenden de esta propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, y todas ellas, sin excepción, generan severas lesiones a los derechos de trabajadores y trabajadoras, al tiempo que benefician, de manera exclusiva, a las instituciones empleadoras, no para que sean más eficientes o efectivas en el cumplimiento de las tareas para las cuales existen, sino, simple y sencillamente, para que gasten menos. Como objetivo final, pretenden que esas obligaciones estatales vayan desapareciendo para extender cada vez más la privatización.

Se trata de una propuesta de ley en las que el pueblo lleva todas las de perder, porque conduce inexorablemente hacia un creciente deterioro en las capacidades prestatarias de servicios del Estado y de sus instituciones. Debe entenderse que servicios básicos, como educación y salud, para mencionar dos ejemplos, requieren más bien un urgente fortalecimiento para que respondan a las necesidades sentidas de la población. Por ejemplo, lo que le urge al país no es disponer de docentes que le salgan más baratos, sino de maestros y maestras mejor calificados y dignamente remunerados.

Aunque la propuesta de ley afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cierto es que se constituye en una punta de lanza contra toda persona que, para vivir, sólo disponga de lo que genera a partir de la venta de su fuerza de trabajo. Lo que ocurriría en el sector público se repetiría sin dudas en el ámbito de lo privado. Es decir, hoy es el sector Público, mañana esto aplicará para todos y todas.

Para ubicar con precisión lo perverso de esta propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, la misma debe ubicarse, además, en el contexto concreto en el que se produce. Guatemala es un país severamente afectado por el desempleo.

En el país, las derechas que han detentado el poder por décadas han puesto en evidencia su absoluta incapacidad por generar desarrollo y por distribuir la riqueza creada a partir del trabajo. Ello se traduce en un creciente desempleo, que obliga a decenas de miles de compatriotas a migrar al Norte como única estrategia de sobrevivencia. Con esto, han creado condiciones para que las personas hagan cualquier cosa, renuncien a cualquier derecho con tal de tener un empleo, por precario que sea.

La propuesta de Ley conduce a que se pierdan hoy las conquistas que hemos heredado de nuestros abuelos. Se trata de una nueva Ley que hace retroceder más de 50 años los derechos de la clase trabajadora. Es un retorno a un pasado que no debe volver, y, en consecuencia, resulta urgente que las organizaciones gremiales y populares expresen su oposición a la misma a través de todos los medios a los que tengan alcance. Sólo la lucha popular tendrá la fuerza necesaria para detenerla.

Exigimos a las distintas bancadas parlamentarias que rechacen de una vez por todas estas salvajes pretensiones de los ideólogos neoliberales. Ya va siendo hora de que desde el Congreso se legisle a favor del pueblo.

Llamamos a los sindicatos del sector público y privado, al movimiento estudiantil, a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, al sector campesino, a los pueblos indígenas, a las ONGs auténticamente comprometidas con los intereses del pueblo, a que actúen con presteza para impedir que esta monstruosidad de propuesta se convierta en Ley.

¡La Lucha Sigue!

lunes, 8 de octubre de 2007

Elecciones fraudulentas

Guatemala, 8 de Octubre del 2007

Elecciones amañadas por todas partes

En Costa Rica, el referéndum sobre el TLC lo ganó el “si” por una mínima diferencia, a pesar de que todas las encuestas vaticinaban lo contrario y de que la población misma reiteradamente había mostrado su rechazo en las calles. Lo mismo ocurrió allá meses atrás, en Febrero del 2006, con la victoria electoral de Oscar Arias, político de una posición claramente de derecha, sobre el candidato Otón Solís, que presentaba una propuesta calificable como de izquierda.

Idéntico escenario se repitió en México, en Julio del 2006, en donde el triunfo de Calderón sobre López Obrador se dio por una dudosa diferencia prácticamente nula, pero de extraordinario significado para la preservación del poder de las derechas en aquel vecino país.

Perú también presentó una situación similar, puesto que en su proceso electoral resultó vencedor Alan García sobre Ollanta Humala por estrecho margen, pero, aunque estrecho, determinante en términos de perpetrar los intereses egoístas de las derechas dominantes en aquel país.

Estos procesos de votación realizados en Costa Rica, México, Perú, El Salvador y ahora de nuevo en Costa Rica, tienen un elemento común: los resultados oficiales hechos públicos son cuestionables, debido sobre todo a los procesos de conteo electrónico de votos, que han dado muestras de estar amañados. En ninguno de esos casos, el conteo electrónico coincide con el conteo manual. Es decir, es evidente que, en todas esas ocasiones, se han producido flagrantes fraudes que niegan, de manera brutal, la voluntad popular expresada en las urnas.

En todos los casos mencionados, las fuerzas políticas en contra de las cuales aplicaron los mecanismos fraudulentos han procedido a plantear denuncias formales y bien documentadas, pero ese proceder no ha generado resultado positivo alguno. En México, derivado de las denuncias interpuestas, se procedió incluso a realizar un conteo manual en una pequeña cantidad de mesas, y esa sola acción, aunque limitada, puso en evidencia las inconsistencias entre lo que dicen las computadoras del Tribunal Electoral y lo que dicen las boletas depositadas por los electores. Pero, aún así, no se logró invalidar el resultado oficial, aunque ya se había demostrado que el mismo era sin duda fraudulento.

Ante esos precedentes, aquí, en Guatemala, las fuerzas políticas de izquierda solicitaron formalmente al Tribunal Supremo Electoral la acreditación de fiscales que supervisaran el proceso computarizado. Sin embargo, esa solicitud fue denegada bajo el argumento de que esa función no la contemplan las leyes electorales. Queda en claro, pues, que la legislatura vigente en esa materia se ha quedado desfasada ante el avance tecnológico, tema que ha sido aprovechado por quienes detentan el poder, con miras a perpetuarlo para su exclusivo beneficio.

El precedente para esta nueva modalidad de trampear los procesos electorales no lo crearon los políticos títeres latinoamericanos, sino sus amos del Norte, pocos años atrás, durante el proceso eleccionario realizado en Estados Unidos que condujo a la elección de George Bush. Las diversas marrullerías que realizaron en Miami, con el respaldo del Gobernador local, precisamente hermano de Bush, les dieron la pauta. Y luego ese modelo lo han convertido en una constante, repitiéndolo en donde les es posible, elección tras elección.

La práctica del fraude electoral, claro, no es nueva ni se limita a estos ejercicios electorales mencionados arriba. Los países que conformamos América Latina, casi sin excepción, acumulamos muchísimas nefastas experiencias sobre procesos fraudulentos. En nuestros países es común que se pongan en práctica el acarreo de votos, la doble cedulación, los padrones alterados, etc., y, ahora, las computadoras programadas de manera que el conteo de los votos arroje, al final, los resultados que convienen a las derechas locales y al Gobierno de los Estados Unidos. Sigue siendo cierto, pues, que en nuestros países hasta los muertos votan.

Sobre este tema, las organizaciones populares habremos de reflexionar con profundidad en las fechas venideras, porque no es aceptable que se manipule de semejantes maneras un proceso que hoy, por los hechos acaecidos, ya no inspira confianza. Si la población deja de creer en la alternativa electoral como vía para generar cambios positivos, ¿qué otro camino le queda? Si las elecciones no son más que una gigantesca trampa para tomarle el pelo al pueblo e imponer la voluntad excluyente de las derechas, ¿cuál será, entonces, el camino a seguirse?

Desde el FNL expresamos nuestro respaldo, aplauso y respeto al gallardo pueblo costarricense, agredido por segunda ocasión a partir de mecanismos fraudulentos que le niegan el espacio a su voluntad mayoritaria.

Invitamos a los legítimos movimientos sociales de la región, así como a los partidos políticos auténticamente comprometidos con los intereses superiores de sus pueblos, a que busquemos las vías para abrir un espacio de reflexión y de adopción de posiciones respecto a los reiterados fraudes electorales.

Esa debe constituirse, también, en una trinchera común de lucha.

¡La Lucha Sigue!

miércoles, 3 de octubre de 2007

Una Encuesta Irrefutable

¡Marcharon con sus corazones en alto!

El pasado domingo 30 de septiembre, el pueblo costarricense inundó la avenida central de su ciudad capital, San José, en una multitudinaria, alegre, creativa y combativa marcha en rechazo al Tratado de Libre Comercio. Las imágenes que presentamos son suficientemente elocuentes. Esta marcha se constituye, en sí misma, en la más legítima encuesta realizada. Sólo un fraude descarado puede evitar la victoria del NO.

Para obtener más fotos de esta magna marcha, visite la página www.anep.or.cr

¡Adelante, pueblo costarricense! Reciban, desde Guatemala, nuestro respaldo, nuestro respeto y nuestra admiración por su entereza. Aquí y allá,

¡La Lucha sigue!

martes, 2 de octubre de 2007

Plan Visión País = Plan Adiós País

Guatemala, 1 de Octubre del 2007

1.- La génesis de una monstruosidad:

Desde el año 2004, el sector económico más poderoso y conservador de Guatemala dio inicio, con pleno respaldo político y financiero proveniente tanto desde la US-AID como desde el PNUD, a un proceso de consultas entre sus miembros, para encontrar solución a una realidad que detectaron y que, a su juicio, los afectaba severamente: Como grupo dominante dentro de la sociedad guatemalteca, carecían de un consenso respecto al modelo de país que debían construir para desarrollar y consolidar sus propios proyectos empresariales.

Así, delegados de los grandes terratenientes, de los más importantes consorcios financieros, de los mayores comerciantes y del sector industrial más poderoso, se reunieron y dieron inicio a un proceso propio, excluyente, que tuviera, como objetivo, el diseño de un país que sirviera plenamente a sus propósitos.

El primer paso dado por este grupo fue el definir los temas prioritarios que abordarían en su agenda de trabajo, y optaron por focalizarse alrededor de cuatro ejes: (i) Educación, (ii) Salud, (iii) Desarrollo Rural y (iv) Seguridad. Es decir, los sectores convocados a este proceso seleccionaron, de manera acertada, cuatro temas que son columnas vertebrales en la vida y definición de cualquier nación o Estado y, por ende, que resultan determinantes respecto al rumbo que emprenda un país de cara a la construcción de su futuro.

Durante todo el 2004 y parte del 2005, los empresarios y sus asesores técnicos trabajaron alrededor de cuatro mesas específicas, cada una de las cuales abordó uno de los cuatro temas mencionados líneas atrás. Estas mesas buscaron la construcción de consensos alrededor de cuáles deberían ser las políticas rectoras en cada uno de esos relevantes terrenos. Los sectores populares y sus legítimas organizaciones, como era de esperarse, nunca fueron consultados sobre ninguna de estas cuestiones torales. El proceso que se desarrolló a lo largo del 2004 e inicios del 2005 tuvo una naturaleza exclusiva y excluyente.


2.- La búsqueda de cómplices:

A mediados del 2005, por consejo de los equipos técnicos asesores tanto de US-AID como del PNUD, el sector empresarial abre su debate a la participación de otro actor: El Foro Permanente de Partidos Políticos, instancia de la que forman parte aquellos partidos políticos que tienen bancada en el Congreso de la República y que fuera creada años atrás precisamente por iniciativa del PNUD y con su pleno respaldo financiero.

Las mesas sobre estos cuatro temas se vieron, entonces, complementadas por delegados de partidos políticos, la mayoría de los cuales responden de manera fiel a los intereses de esos sectores empresariales dominantes en el país. Los partidos políticos de derecha, (que conforman la amplia mayoría de los partidos políticos existentes), avalaron punto por punto las conclusiones que interesaba fortalecer al grupo empresarial. Sin embargo, esa ampliación de las mesas significó que URNG también se hiciera presente en las mesas, por cuanto es parte de ese Foro Permanente. Hubo, entonces y por primera vez, una voz disonante, que no compartía la visión neoliberal que venía construyéndose.

Infortunadamente, a pesar de las múltiples exposiciones, de las notas de desacuerdo generadas tras cada reunión de trabajo, de las intervenciones cuestionadoras planteadas en las mesas por los delegados de URNG, el peso de una mayoría comprometida con el enfoque neoliberal y con los intereses de las derechas, además de sumisa ante la voluntad de la US-AID y del PNUD, determinó los contenidos finales que, en términos de propuestas políticas, emanaron de cada mesa.

El país se vio enfrentado, entonces, ante una propuesta de corte profundamente anti-popular que podría determinar el rumbo a emprenderse en cuatro campos sustantivos de la vida nacional. Esta propuesta, claramente de derecha, tiene la pretensión de constituirse en rectora del quehacer del Estado y de sus instituciones y, por ende, establece las metas para el desarrollo del país.

En Octubre del 2006, con habilidad política, el equipo asesor, al cual se le denomina Grupo Facilitador, concluyó la redacción de un ambiguo documento del Plan Visión de País, en el cual expresaban, de manera bastante abstracta, conclusiones generales sobre cómo debe ser Guatemala.

Este documento recibió la firma de todas las jefaturas de bancada, incluida la de URNG, lo cual era el objetivo que se proponían con el mismo. De esa manera, podían presentar al Plan Visión de País ante todo el país como una propuesta consultada y consensuada.

Y así lo hicieron, con bombos y platillos. Los medios de prensa se dedicaron a presentar esta propuesta ante la opinión pública como la panacea de todos los males y como la vía para que, de manera “madura” según ellos, el país contara con un consenso nacional respecto al rumbo a emprenderse para los años venideros. Prensa escrita, radio, televisión, foros, seminarios, en fin, las derechas destinaron un gran despliegue de cara a difundir las que ellos plantean como bondades del Plan Visión de País.

Un pequeño grupo de partidos políticos rechazaron la firma estampada por sus jefes de bancada. Concretamente, la URNG y el FRG se manifestaron contrarios a las intenciones políticas contenidas en el Plan Visión de País. El FRG llegó incluso a afirmar que la firma le había sido “escaneada” al diputado Arístides Crespo y luego insertada inconsultamente en el documento y que procederían penalmente por ese abuso. Sin embargo, las voces disidentes de estos dos partidos no recibieron mayor despliegue en los medios.

En esencia, los sectores económicos más poderosos del país, con la complicidad de los partidos políticos que sirven fielmente a sus intereses y aunando esfuerzos con los enfoques provenientes de la US-AID y del PNUD, lograron, ante la opinión pública, validar un enfoque que les permitiría concebir políticas de Estado en cuatro áreas sustantivas de la vida nacional. Su propósito central, según lo expresan públicamente, es “delimitar el rumbo del país en los próximos 15 años, en seguridad, educación, salud y desarrollo rural”.


3.- De propuestas políticas a leyes marco:

En el segundo semestre del 2006, el Grupo Facilitador del Plan Visión de País contrató al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, para que convirtiera los documentos en propuestas de ley. (El CIEN es, en Guatemala, el tanque de pensamiento neoliberal, y es desde allí que se fundamentan teórica y conceptualmente y emanan las propuestas más lesivas para los intereses propios de los sectores populares).

En Diciembre del 2006, una vez concluido el trabajo del CIEN, el Grupo Facilitador del Plan Visión de País solicitó al Estado la emisión de cuatro leyes:

• Ley Marco de Educación;

• Ley Marco de Salud;

• Ley Marco de Desarrollo Rural, y;

• Ley Marco de Seguridad.

Cada una de estas cuatro propuestas es, en sí misma, una severa agresión en contra de derechos básicos e irrenunciables de la población.

Debe tenerse presente que no se trata de propuesta de leyes ordinarias, sino de leyes marco. Es decir, que enmarcan y determinan a toda otra ley concatenada con los temas que abordan. De aprobarse serían, por ende, leyes superiores.

En su esencia misma, plantean la privatización de los servicios públicos, bajo un concepto manipulador denominado “participación público-privada”, que no implica otra cosa más que la entrega, al sector privado, de servicios esenciales cuya prestación, según lo que hasta el momento establecen la Constitución Política de la República y las leyes vigentes, es obligación indelegable del Estado.

Ministerios como los de Educación y Salud se reducen considerablemente y pasan a desempeñar un nuevo papel meramente normativo y fiscalizador, dejándose la administración de sus servicios en manos “de otros actores sociales”, según rezan estas nefastas propuestas.

Ante la solicitud de emisión de estas cuatro leyes, el Congreso no dudó en crear, de inmediato, una nueva comisión parlamentaria para que las conociera y emitiera dictamen respecto a cada una de ellas: la Comisión del Plan Visión de País, integrada por los partidos políticos de derecha que, previamente, habían avalado cada uno de sus alcances. Es fácilmente presumible cuál puede ser la orientación de los dictámenes que emanen de esta comisión espuria.

Las propuestas de leyes marco ya están siendo conocidas por varias comisiones legislativas, según corresponde a cada tema. Y las cuatro pasaron al conocimiento de la nueva comisión del Plan Visión de País. En el momento en que cualquier comisión emita dictamen favorable, la ley respectiva puede pasar a ser conocida y aprobada por el plenario parlamentario.

En estos momentos están detenidas porque, a pesar de ser el 2007 un año marcado con el sello de lo electoral, los sectores populares nos fuimos a las calles en enero y febrero para protestar contra las intenciones anti-populares contenidas en cada una de las propuestas de ley. Y, en esos meses iniciales del año, el cálculo político llevó a las derechas a detener su trámite, dado que, al aprobarlas, podrían haber significado una merma en su caudal electoral.

El trámite regular a estas propuestas de ley está, entonces, detenido, lo que no significa, en absoluto, que las Leyes Marco estén muertas. Simplemente, como un perro rabioso, están atadas a un poste pero furiosas, listas para saltar y destrozar cuanto puedan en el momento en que les den luz verde.

La población debe tomar muy en cuenta que ya pasó la primera ronda del proceso electoral, y ahora los dos partidos políticos que sobreviven han expresado su compromiso formal de respaldar al Plan Visión de País y de aprobar las cuatro leyes marco derivadas del mismo. El candidato a la Vicepresidencia de la UNE ha tenido el tupé incluso de afirmar, en declaraciones públicas, que el sistema hospitalario será entregado a consorcios privados, y, a modo de ejemplo, agregó que el Hospital de Escuintla puede ser entregado a los azucareros, así como los de Quetzaltenango y Antigua a la licorera.

El acceso a los servicios públicos, en resumen, corre alto riesgo de desaparecer como derecho del pueblo. Esto ocurre con el agravante de que la misma campaña política ha sido empleada como gigantesca cortina de humo para que los sectores populares no se percaten de la seria amenaza que existe en su contra.

Estas propuestas son, en sí mismas, la negación de la letra y del espíritu contenidos en los Acuerdos de Paz. Marchan en dirección contraria y, de ser aprobadas, implicarían una severa agudización de la crisis en medio de la cual ya transcurre la vida de las familias que formamos parte de los sectores populares. Esa agudización de las contradicciones puede desembocar en situaciones de violencia impredecibles y, quizás, incontrolables, cosa que nadie en este país desea.


4.- No es admisible que se privaticen los servicios públicos:

Ante esa situación, las organizaciones que formamos parte del Frente Nacional de Lucha, FNL, hemos adoptado la decisión política de enfrentar esta corriente privatizadora. Es decir, nos hemos comprometido a defender, por todos los medios legítimos posibles, los derechos esenciales de la población. Nuestro objetivo es impedir que se aprueben las leyes emanadas desde el Plan Visión de País.

No es posible que, debido a políticas de claro tinte neoliberal, derechos básicos como salud y educación queden restringidos al acceso exclusivo de quienes puedan pagar por ellos.

Para ese propósito, nos hemos planteado una estrategia de lucha que contempla los siguientes tres campos:

• Información.

• Movilización e incidencia.

• Formulación de propuestas alternativas.

La conjunción armónica y coherente de los tres puede dar al traste con las pretensiones de la derecha. Sabemos que no es, de ninguna manera, una batalla sencilla, pero es, sin duda alguna, una batalla ineludible.

Como instancia comprometida con los intereses superiores del pueblo, no podemos, bajo ninguna circunstancia, aceptar planes, programas y políticas como las que se expresan en el Plan Visión de País.

Por ello, reiteramos nuestra consigna:

¡La Lucha Sigue!

lunes, 24 de septiembre de 2007

Contexto nacional tras la primera ronda III

Con la tercera entrega de este documento, que ponemos a las ordenes de quienes puedan servirse del mismo, queremos darle continuidad a las principales conclusiones a las que, como FNL, hemos llegado tras revisar los resultados emanados de las urnas electorales luego del 9 de septiembre.

La primera entrega analizó, de manera sintética, cada uno de los tres componentes de la realidad que, a nuestro juicio, se refuerzan como consecuencia de los resultados, y que se constituyen, sin duda alguna, en serios obstáculos ante los cuales las organizaciones populares tendremos que lidiar con beligerancia en las fechas venideras. Estos son los siguientes:

1.- Las derechas preservan su poder real.

2.- Seguiremos, como país, subordinados a voluntades externas.

3.- Se ratifica el neoliberalismo como corriente dominante.

Resulta evidente que cada uno de estos tres hechos políticos mencionados favorece, en sí mismo, todas y cada una de las políticas anti-populares que se han venido implementando por iniciativa de los consecutivos gobiernos de derecha que controlan al país por lo menos desde 1954. Es previsible, pues, que esas políticas pretendan ahora perpetuarse desde el Estado y, además, perpetrarse en perjuicio de los intereses básicos de las grandes mayorías del país.

Por su parte, la segunda entrega de este documento nos permitió destacar el primero de los factores positivos emanados de ese proceso, que deben consolidarse a efectos de que se constituyan en fortalezas, para así aportarle entonces a las ineludibles luchas futuras que habrá que enfrentar desde el seno del pueblo y de sus legítimas organizaciones. El que ya abordamos fue:


1.- La naciente unidad entre organizaciones populares y fuerzas partidarias de izquierda.

Queremos, ahora, plantear otros factores igualmente importantes que, como el ya mencionado, según nuestro criterio destacan al momento de evaluarse el proceso electoral:


2.- Se modifica el panorama político en el ámbito ideológico:

La primera ronda electoral altera y redefine aspectos importantes del panorama político guatemalteco que necesariamente deben ser tomados en cuenta de cara a las luchas futuras a desarrollarse.

A lo largo de la campaña electoral fue evidente que uno de los principales propósitos de las derechas era el hacer desaparecer del panorama político nacional cualquier expresión que pudiera representar posiciones auténticas de izquierda. Esa meta no la lograron alcanzar.

Por el contrario, en el ámbito propio de los partidos políticos emerge, como resultado, una única fuerza de izquierda en calidad de legítima representante y defensora de los derechos e intereses del pueblo: La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Otras expresiones a las que los medios de prensa quisieron darles un tinte de izquierda “light”, si terminaron por desaparecer del espectro político-partidario.

Quienes desde posiciones que quisieron ser de izquierda pero en la práctica no lo fueron; quienes hicieron pactos con militares vinculados al crimen organizado, o quienes lanzaron candidaturas de personajes conocidos por sus posiciones derechistas y poco éticas, se vieron condenados a desaparecer como expresión político-partidaria. Quienes mostraron ambigüedades y ausencia de firmeza ante la voracidad de las derechas, a final vieron, como resultado, esfumarse su legalidad partidaria.

Lo mismo ocurre en cuanto a instancias que se definían a sí mismas como articuladoras de los movimientos sociales o, más concretamente, de las organizaciones populares. Aquellas que abierta o encubiertamente anduvieron en diversos y continuos coqueteos con las derechas, como es el caso de la UASP, por ejemplo, simplemente desaparecieron como fuerzas legítimas o representativas del pueblo. Al final, a pesar de sus coqueterías con las derechas, ni siquiera éstas las tomaron en serio y no les abrieron espacio alguno.

Igual ocurre con otras coordinaciones que, a lo largo de la contienda electoral, se negaron a definir una posición clara y colocarse al lado del pueblo, es decir, a la izquierda, como les corresponde. También han desaparecido del panorama propio de los movimientos sociales.

En síntesis, como resultado del proceso electoral, en el país se consolidan actores preexistentes, en tanto desaparecen del panorama otros que ya jugaron su papel en la construcción histórica del país, papel que, en algunos casos, puede calificarse como decoroso y en otros como lamentable.

El que aquellos actores que se mantienen consoliden ese espacio que el voto popular les otorga, no es en absoluto un hecho consumado. Consolidarlo o no depende, en buena medida, de la capacidad que tengan para acompañar al pueblo en cada una de sus luchas; depende de la forma en la que, de manera real, demuestren ser opciones en las que los sectores populares pueden y deben depositar su confianza.

Ese es un componente importante del desafío que, como FNL, tenemos por delante.


3.- Se evidencia la urgente necesidad de la unidad entre las organizaciones populares:

La contienda electoral tuvo, como decíamos, el ingrediente novedoso de que numerosas organizaciones populares sumaron sus esfuerzos en diferentes campos de acción propios de esta particular trinchera de lucha. Sin embargo, debe reconocerse que este valioso aporte se dio en un marco de dispersión, casi de atomización del trabajo que se emprendió y de las iniciativas que se adoptaron.

Esta realidad puso en claro, en primer lugar, la lógica inexperiencia electoral propia de las organizaciones populares. Nos insertamos, por primera vez, en un mundo que nos era desconocido, con sus propias dinámicas, con sus propias reglas del juego. Abordamos el trabajo con dedicación y con activismo, pero carentes de estrategias claras y definidas que permitieran concatenar los esfuerzos de manera coherente y armoniosa.

Cada organización le imprimió al quehacer electoral su propio y particular estilo. Eso, naturalmente, es válido, pero se debió complementar con tareas comunes, con intercambio y multiplicación de experiencias exitosas, con trabajo uniforme hacia las bases, tanto en el discurso como en la práctica.

Esta lección, aunque extraída del terreno electoral, es válida también para todas las otras trincheras de lucha que ocupamos y debemos ocupar las auténticas organizaciones populares. En las fechas venideras, las organizaciones populares tenemos la obligación inexcusable de coordinar mejor nuestras labores, de manera que nos complementemos; que logremos hacer, de nuestro trabajo, un sólido y eficiente valladar contra el que se estrellen las pretensiones siempre egoístas, codiciosas y anti-populares de las derechas que han gobernado el país durante décadas a su gusto y antojo.

Este llamado a la unidad no es nada nuevo. Casi no hay discurso en el que no se le mencione. Lo urgente, en este terreno, es pasar de las palabras a los hechos. Construir unidad de manera real, concreta. Urge forjar posiciones unitarias que tengan, como base de sustentación, la identidad ideológica, es decir, el reconocimiento colectivo de que toda lucha que se emprende es, en su esencia misma, una expresión particular de la lucha de clases.

La unidad entre las organizaciones del pueblo debe edificarse, entonces, cimentada en el pensamiento revolucionario y en una práctica consecuente. No hay otro camino.

Ese es, también, un componente relevante del desafío que, como FNL, tenemos el compromiso de enfrentar.

¡La Lucha Sigue!

Post Data: El documento “Contexto Nacional tras la primera ronda” se desagrega en varias entregas, de las cuales esta es la tercera. En los próximos días estaremos circulando las siguientes. Las anteriores, si quiere obtenerlas, se localizan en el blog del Frente, cuya dirección electrónica aparece al pie de esta página.