Este Gobierno insiste en reprimir al pueblo
Resulta urgente y necesario que, como organización comprometida con la defensa de los derechos e intereses del pueblo, informemos a la opinión pública sobre dos preocupantes hechos represivos concretos acaecidos ayer, acometidos por autoridades de las fuerzas policíacas y del Ejército, actuando ambas como fieles lacayos o perros de presa puestos al servicio del egoísmo, de la codicia y de los caprichos de sus amos.
En un país en donde la delincuencia común y el crimen organizado campean por sus fueros, al punto que la inseguridad ciudadana alcanza niveles ya inadmisibles, no es válido que las supuestas “fuerzas del orden”, en lugar de perseguir la comisión de los cotidianos crímenes que se cometen, se dedique a emprenderla contra trabajadores urbanos y en contra, también, de campesinos a quienes el sistema ha despojado de sus tierras.
Pero ayer quedo puesto en evidencia que, para los mandos de la fuerza pública en particular y del Gobierno en general, la represión en perjuicio del pueblo está por encima de la búsqueda y captura de los delincuentes.
Compartimos con Ustedes dos notas recibidas desde instancias miembros del FNL, que reflejan lo acontecido ayer en San Marcos, que en concreto atenta contra los derechos de 65 familias campesinas, pero que es apenas la punta de un iceberg cuyo cuerpo mayor permanece oculto, pero cuyas intenciones son claras: emprenderla en contra del movimiento campesino.
Primera nota:
“El día de hoy a partir de las 8 de la mañana están siendo desalojados los compañeros de la finca San Antonio las Pilas. En ese lugar estaban viviendo 65 familias. Durante el desalojo del día de hoy han sido detenidas 24 personas, este dato aun no es exacto. Así mismo han resultados golpeadas dos mujeres. Las fuerzas de seguridad han destruido las casas de los compañeros y sus pertenencias. En cuanto podamos estaremos brindándoles mayor información.
Atentamente
CODECA
Segunda nota:
EN SOLIDARIDAD CON LOS CAMPESINOS DETENIDOS INFORMAMOS LO SIGUIENTE
Les informamos que a las 08:30 horas del miércoles diecisiete de octubre de dos mil siete, un promedio aproximado de quinientos elementos entre la Policía Nacional Civil y del Ejercito de Guatemala, llegaron a la Comunidad las Pilas, del Municipio de Tecún Umán, San Marcos, supuestamente a ejecutar un desalojo pacífico a las personas que estaban en el lugar. Según se nos informo, las personas que estaban en el lugar no opusieron resistencia alguna, sin embargo, la Policía empezó a capturar a 24 campesinos, trasladándonos a la subestación de la PNC del Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
Las personas capturadas son:
1. Alfonso Felipe Méndez
2. Heriberto Robles Vásquez
3. Enrique Ortiz Nolasco
4. Rodolfo Escobar
5. Lázaro Daniel Vásquez
6. Rosalío López
7. Florentín Pérez Ortiz
8. Romeo Apolunio Sales Méndez
9. Juan Méndez Ramírez
10. Elías Ismael Gómez Sales
11. Rodulio González Berdúo
12. Ramiro López Sánchez
13. Valeriano López Aguilar
14. Rafael Sánchez
15. Julián Pérez Gómez
16. Jorge Mendoza Ortiz
17. Andrés Mendoza López
18. Eliover Giovanni Monzón Fuentes
19. Ariel Mendoza Ortiz Pérez
20. Celso Sandoval Hernández
21. Walter Sandoval Escobar
22. Juan López Pérez
23. Elbardo Ramírez Zapet
24. Alfonso Velásquez De León
En el lugar existe un conflicto que lleva varios años, sin que hasta la fecha se demuestre quien realmente tiene los documentos legales de las tierras. Del caso conoce CONTIERRA, Derechos Humanos de la Diócesis de San Marcos. CODECA, CONIC, la PDH.
¿Será que tenían orden de desalojo?, ¿Quién ordenó la ejecución de la acción? ¿Por qué capturaron a los campesinos, si estos actuaron pacíficamente? ¿Será que ya los pusieron a disposición de un juez competente? ¿De que los acusan?
Como puede fácilmente apreciarse, se trata de la puesta en marcha, por parte del Gobierno, de una anunciada política de desalojos, con la cual las actuales autoridades pretenden aprovechas los últimos meses que les quedan en el ejercicio del poder para resolverse asuntos que les son incómodos, respecto a cuya “solución” están presionando los grandes finqueros y el CACIF en su conjunto. Entrecomillamos la palabra “solución”, porque es el término que emplean quienes aplican estas políticas represivas. Pero, en realidad, con ellas lo único que logran es la agudización del no resuelto conflicto del acceso a la tierra.
Hay que decir que en la implementación de esas prácticas represivas han involucrado al Ejército y, con ello, las fuerzas armadas y el propio Ministerio de Defensa se colocan claramente en condiciones de ilegalidad, por cuanto esa es una labor que bajo ninguna circunstancia les compete.
Pero, además de estos lamentables hechos ocurridos en San Marcos, la propia Ciudad Capital fue mudo testigo de otra acción represiva, emprendida en este caso en perjuicio de personas que, lo único que buscan, es trabajar para vivir. Compartimos también la nota que, al respecto, nos entregaran ayer mismo:
SINDICATO STTIGUA
Ya estamos cansados de ser toda la vida víctimas de este Alcalde Metropolitano, Señor Álvaro Arzú, quien ha demostrado que es un verdadero dictador de la capital. Pero, por muy poderoso que sea, tenemos la fe, la confianza y la seguridad de que, más temprano que tarde, lo vamos a vencer.
Denunciamos que hoy, Miércoles 17 de Octubre del 2007, a las 8 a.m. se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, PMT, a la 9 calle y 4 avenida de la Zona 1, llevándose la mercadería de varios vendedores que se encontraban trabajando en las aceras y, lo peor del caso, es que salieron lesionadas gravemente Doña Vilma Ajamel y su hijo Charli, de apenas 5 años de edad.
Ante estos hechos, pedimos el apoyo de instituciones y organizaciones concientes, como el Frente Nacional de Lucha, ya que los representantes de la Alcaldía manifiestan que nosotros, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, siempre actuamos fuera del marco de la ley. Es decir, convierten en delito nuestro trabajo honrado. Nosotros consideramos esto como una tremenda injusticia, puesto que no nos dedicamos a los asaltos ni a los asesinatos de personas ni nada por el estilo para que nos acusen de actuar fuera del marco de la ley. Lo único que si somos es personas que trabajamos dignamente para ganarnos el pan de cada día.
Atentamente, STTIGUA
Esta otra nota pone al descubierto hechos que demuestran fehacientemente que desde la Alcaldía capitalina, (que es parte integral del Estado), también se suman a la implementación de políticas represivas anti-populares.
Es decir, que sobre el pueblo pesan amenazas de lluvia por todas partes, y no de agua, precisamente.
Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos a las organizaciones populares y sindicales a pronunciarse ante esta escalada represiva y a condenar, a través de todos los medios que les sea posible, estos hechos, como vía para impedir que se repitan en el futuro.
Exigimos de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Alcaldía Metropolitana, que respeten y hagan valer derechos básicos del pueblo, como lo son el derecho a la tierra y el derecho al trabajo digno.
Deben saber, además, que a mayor represión, mayor organización.
¡La Lucha Sigue!
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