Guatemala, 1 de Octubre del 2007
1.- La génesis de una monstruosidad:
Desde el año 2004, el sector económico más poderoso y conservador de Guatemala dio inicio, con pleno respaldo político y financiero proveniente tanto desde la US-AID como desde el PNUD, a un proceso de consultas entre sus miembros, para encontrar solución a una realidad que detectaron y que, a su juicio, los afectaba severamente: Como grupo dominante dentro de la sociedad guatemalteca, carecían de un consenso respecto al modelo de país que debían construir para desarrollar y consolidar sus propios proyectos empresariales.
Así, delegados de los grandes terratenientes, de los más importantes consorcios financieros, de los mayores comerciantes y del sector industrial más poderoso, se reunieron y dieron inicio a un proceso propio, excluyente, que tuviera, como objetivo, el diseño de un país que sirviera plenamente a sus propósitos.
El primer paso dado por este grupo fue el definir los temas prioritarios que abordarían en su agenda de trabajo, y optaron por focalizarse alrededor de cuatro ejes: (i) Educación, (ii) Salud, (iii) Desarrollo Rural y (iv) Seguridad. Es decir, los sectores convocados a este proceso seleccionaron, de manera acertada, cuatro temas que son columnas vertebrales en la vida y definición de cualquier nación o Estado y, por ende, que resultan determinantes respecto al rumbo que emprenda un país de cara a la construcción de su futuro.
Durante todo el 2004 y parte del 2005, los empresarios y sus asesores técnicos trabajaron alrededor de cuatro mesas específicas, cada una de las cuales abordó uno de los cuatro temas mencionados líneas atrás. Estas mesas buscaron la construcción de consensos alrededor de cuáles deberían ser las políticas rectoras en cada uno de esos relevantes terrenos. Los sectores populares y sus legítimas organizaciones, como era de esperarse, nunca fueron consultados sobre ninguna de estas cuestiones torales. El proceso que se desarrolló a lo largo del 2004 e inicios del 2005 tuvo una naturaleza exclusiva y excluyente.
2.- La búsqueda de cómplices:
A mediados del 2005, por consejo de los equipos técnicos asesores tanto de US-AID como del PNUD, el sector empresarial abre su debate a la participación de otro actor: El Foro Permanente de Partidos Políticos, instancia de la que forman parte aquellos partidos políticos que tienen bancada en el Congreso de la República y que fuera creada años atrás precisamente por iniciativa del PNUD y con su pleno respaldo financiero.
Las mesas sobre estos cuatro temas se vieron, entonces, complementadas por delegados de partidos políticos, la mayoría de los cuales responden de manera fiel a los intereses de esos sectores empresariales dominantes en el país. Los partidos políticos de derecha, (que conforman la amplia mayoría de los partidos políticos existentes), avalaron punto por punto las conclusiones que interesaba fortalecer al grupo empresarial. Sin embargo, esa ampliación de las mesas significó que URNG también se hiciera presente en las mesas, por cuanto es parte de ese Foro Permanente. Hubo, entonces y por primera vez, una voz disonante, que no compartía la visión neoliberal que venía construyéndose.
Infortunadamente, a pesar de las múltiples exposiciones, de las notas de desacuerdo generadas tras cada reunión de trabajo, de las intervenciones cuestionadoras planteadas en las mesas por los delegados de URNG, el peso de una mayoría comprometida con el enfoque neoliberal y con los intereses de las derechas, además de sumisa ante la voluntad de la US-AID y del PNUD, determinó los contenidos finales que, en términos de propuestas políticas, emanaron de cada mesa.
El país se vio enfrentado, entonces, ante una propuesta de corte profundamente anti-popular que podría determinar el rumbo a emprenderse en cuatro campos sustantivos de la vida nacional. Esta propuesta, claramente de derecha, tiene la pretensión de constituirse en rectora del quehacer del Estado y de sus instituciones y, por ende, establece las metas para el desarrollo del país.
En Octubre del 2006, con habilidad política, el equipo asesor, al cual se le denomina Grupo Facilitador, concluyó la redacción de un ambiguo documento del Plan Visión de País, en el cual expresaban, de manera bastante abstracta, conclusiones generales sobre cómo debe ser Guatemala.
Este documento recibió la firma de todas las jefaturas de bancada, incluida la de URNG, lo cual era el objetivo que se proponían con el mismo. De esa manera, podían presentar al Plan Visión de País ante todo el país como una propuesta consultada y consensuada.
Y así lo hicieron, con bombos y platillos. Los medios de prensa se dedicaron a presentar esta propuesta ante la opinión pública como la panacea de todos los males y como la vía para que, de manera “madura” según ellos, el país contara con un consenso nacional respecto al rumbo a emprenderse para los años venideros. Prensa escrita, radio, televisión, foros, seminarios, en fin, las derechas destinaron un gran despliegue de cara a difundir las que ellos plantean como bondades del Plan Visión de País.
Un pequeño grupo de partidos políticos rechazaron la firma estampada por sus jefes de bancada. Concretamente, la URNG y el FRG se manifestaron contrarios a las intenciones políticas contenidas en el Plan Visión de País. El FRG llegó incluso a afirmar que la firma le había sido “escaneada” al diputado Arístides Crespo y luego insertada inconsultamente en el documento y que procederían penalmente por ese abuso. Sin embargo, las voces disidentes de estos dos partidos no recibieron mayor despliegue en los medios.
En esencia, los sectores económicos más poderosos del país, con la complicidad de los partidos políticos que sirven fielmente a sus intereses y aunando esfuerzos con los enfoques provenientes de la US-AID y del PNUD, lograron, ante la opinión pública, validar un enfoque que les permitiría concebir políticas de Estado en cuatro áreas sustantivas de la vida nacional. Su propósito central, según lo expresan públicamente, es “delimitar el rumbo del país en los próximos 15 años, en seguridad, educación, salud y desarrollo rural”.
3.- De propuestas políticas a leyes marco:
En el segundo semestre del 2006, el Grupo Facilitador del Plan Visión de País contrató al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, para que convirtiera los documentos en propuestas de ley. (El CIEN es, en Guatemala, el tanque de pensamiento neoliberal, y es desde allí que se fundamentan teórica y conceptualmente y emanan las propuestas más lesivas para los intereses propios de los sectores populares).
En Diciembre del 2006, una vez concluido el trabajo del CIEN, el Grupo Facilitador del Plan Visión de País solicitó al Estado la emisión de cuatro leyes:
• Ley Marco de Educación;
• Ley Marco de Salud;
• Ley Marco de Desarrollo Rural, y;
• Ley Marco de Seguridad.
Cada una de estas cuatro propuestas es, en sí misma, una severa agresión en contra de derechos básicos e irrenunciables de la población.
Debe tenerse presente que no se trata de propuesta de leyes ordinarias, sino de leyes marco. Es decir, que enmarcan y determinan a toda otra ley concatenada con los temas que abordan. De aprobarse serían, por ende, leyes superiores.
En su esencia misma, plantean la privatización de los servicios públicos, bajo un concepto manipulador denominado “participación público-privada”, que no implica otra cosa más que la entrega, al sector privado, de servicios esenciales cuya prestación, según lo que hasta el momento establecen la Constitución Política de la República y las leyes vigentes, es obligación indelegable del Estado.
Ministerios como los de Educación y Salud se reducen considerablemente y pasan a desempeñar un nuevo papel meramente normativo y fiscalizador, dejándose la administración de sus servicios en manos “de otros actores sociales”, según rezan estas nefastas propuestas.
Ante la solicitud de emisión de estas cuatro leyes, el Congreso no dudó en crear, de inmediato, una nueva comisión parlamentaria para que las conociera y emitiera dictamen respecto a cada una de ellas: la Comisión del Plan Visión de País, integrada por los partidos políticos de derecha que, previamente, habían avalado cada uno de sus alcances. Es fácilmente presumible cuál puede ser la orientación de los dictámenes que emanen de esta comisión espuria.
Las propuestas de leyes marco ya están siendo conocidas por varias comisiones legislativas, según corresponde a cada tema. Y las cuatro pasaron al conocimiento de la nueva comisión del Plan Visión de País. En el momento en que cualquier comisión emita dictamen favorable, la ley respectiva puede pasar a ser conocida y aprobada por el plenario parlamentario.
En estos momentos están detenidas porque, a pesar de ser el 2007 un año marcado con el sello de lo electoral, los sectores populares nos fuimos a las calles en enero y febrero para protestar contra las intenciones anti-populares contenidas en cada una de las propuestas de ley. Y, en esos meses iniciales del año, el cálculo político llevó a las derechas a detener su trámite, dado que, al aprobarlas, podrían haber significado una merma en su caudal electoral.
El trámite regular a estas propuestas de ley está, entonces, detenido, lo que no significa, en absoluto, que las Leyes Marco estén muertas. Simplemente, como un perro rabioso, están atadas a un poste pero furiosas, listas para saltar y destrozar cuanto puedan en el momento en que les den luz verde.
La población debe tomar muy en cuenta que ya pasó la primera ronda del proceso electoral, y ahora los dos partidos políticos que sobreviven han expresado su compromiso formal de respaldar al Plan Visión de País y de aprobar las cuatro leyes marco derivadas del mismo. El candidato a la Vicepresidencia de la UNE ha tenido el tupé incluso de afirmar, en declaraciones públicas, que el sistema hospitalario será entregado a consorcios privados, y, a modo de ejemplo, agregó que el Hospital de Escuintla puede ser entregado a los azucareros, así como los de Quetzaltenango y Antigua a la licorera.
El acceso a los servicios públicos, en resumen, corre alto riesgo de desaparecer como derecho del pueblo. Esto ocurre con el agravante de que la misma campaña política ha sido empleada como gigantesca cortina de humo para que los sectores populares no se percaten de la seria amenaza que existe en su contra.
Estas propuestas son, en sí mismas, la negación de la letra y del espíritu contenidos en los Acuerdos de Paz. Marchan en dirección contraria y, de ser aprobadas, implicarían una severa agudización de la crisis en medio de la cual ya transcurre la vida de las familias que formamos parte de los sectores populares. Esa agudización de las contradicciones puede desembocar en situaciones de violencia impredecibles y, quizás, incontrolables, cosa que nadie en este país desea.
4.- No es admisible que se privaticen los servicios públicos:
Ante esa situación, las organizaciones que formamos parte del Frente Nacional de Lucha, FNL, hemos adoptado la decisión política de enfrentar esta corriente privatizadora. Es decir, nos hemos comprometido a defender, por todos los medios legítimos posibles, los derechos esenciales de la población. Nuestro objetivo es impedir que se aprueben las leyes emanadas desde el Plan Visión de País.
No es posible que, debido a políticas de claro tinte neoliberal, derechos básicos como salud y educación queden restringidos al acceso exclusivo de quienes puedan pagar por ellos.
Para ese propósito, nos hemos planteado una estrategia de lucha que contempla los siguientes tres campos:
• Información.
• Movilización e incidencia.
• Formulación de propuestas alternativas.
La conjunción armónica y coherente de los tres puede dar al traste con las pretensiones de la derecha. Sabemos que no es, de ninguna manera, una batalla sencilla, pero es, sin duda alguna, una batalla ineludible.
Como instancia comprometida con los intereses superiores del pueblo, no podemos, bajo ninguna circunstancia, aceptar planes, programas y políticas como las que se expresan en el Plan Visión de País.
Por ello, reiteramos nuestra consigna:
¡La Lucha Sigue!
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