Este Gobierno, desacertado, errático, irresponsable como lo ha sido a lo largo de sus tres primeros años, pretende hacerlo aún peor durante el último. Quizás porque saben a ciencia cierta que van a perder las elecciones y, por lo tanto, optan por aprovechar el poder que detentan hasta el último minuto, para sacarle provecho en beneficio exclusivo del codicioso sector empresarial de derecha cuyos intereses exclusivos representan. Quieren dar sus últimos zarpazos a los derechos del pueblo, sin importarles el abismo al que están despeñando a todo el país en su conjunto.
Ahora insisten en someter a la aprobación del Congreso de la República su propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, que sustituya la que, hasta este momento, está vigente.
La aprobación de esta propuesta aparece en la agenda parlamentaria del día de hoy de la siguiente manera:
“C) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Servicio Civil. 3395”
Actuando igual que los ladrones, el Gobierno empresarial y los diputados de la derecha actúan tan silenciosamente como les es posible, procurando que la población no se percate de lo que se traen entre manos. El botín que esta vez pretenden robar son los derechos laborales de miles y miles de trabajadores y trabajadoras para crear, así, condiciones que favorezcan sus nefastos propósitos, expresados sobre todo en el Plan Visión de País y otras aberraciones afines. Quieren aprovechar los últimos meses del Gobierno saliente para avanzar lo más posible en la generación de un marco legal que sirva fielmente a sus intereses, aunque ello implique lesionar de manera brutal los derechos básicos del pueblo.
Esta Ley del Servicio Civil debe calificarse como una propuesta perversa, nacida desde la Secretaría de Modernización del Estado, es decir, desde el despacho de Harris Whitbeck, oscuro personaje que ha ocupado importantes espacios de poder un gobierno tras otro, quien, además, en los años más duros de la política contrainsurgente, era asesor de Ríos Montt y de otros sátrapas, en temas de represión, guerra psicológica, inteligencia militar y otras cuestiones afines.
La propuesta que emana desde la oficina de este sujeto es fiel reflejo de los más crudos intereses neoliberales. Se basa en tres principios, estrechamente vinculados entre sí, alarmantes para la población en general y para la clase trabajadora en particular, cuya esencia se encuentra presente a lo largo de todo el articulado de la propuesta de ley:
1.- Salario por productividad:
“El que pega más botones, gana más dinero” (afirmación de Oscar Berger).
Esto significa, ni más ni menos, que se pierden de golpe y porrazo garantías básicas como el derecho a vacaciones, puesto que, según argumentan los ponentes de la Ley, una persona que disfruta de vacaciones no está produciendo y por lo tanto, desde el punto de vista neoliberal, no debe percibir remuneración alguna. De igual manera, cualquier trabajador o trabajadora que se lesione o enferme y deba, por ello, guardar reposo, pues tampoco se le debe cubrir salario alguno, dado que en ese período no produce, que es para lo que se le paga.
Incluso derechos elementales, como el permiso para el período prenatal o el de post-parto, desaparecen bajo el mismo criterio. Si una mujer va a tener a su hijo o hija, se le dejará de pagar cada minuto que se ausente para traer su familia al mundo.
Con toda intención, la propuesta de ley no establece tampoco mecanismos para evaluar la productividad y, por lo tanto, determinar el salario que deberá devengar cada trabajador o trabajadora, poniéndose en alto riesgo la estabilidad del ingreso familiar. Queda a juicio del patrón el tasar los niveles de productividad de cada empleado o empleada y, a partir de ese criterio, determinar el salario a cubrirse. Es, sin duda alguna, el inicio de la implementación de una nueva forma de esclavismo disfrazado, en pleno Siglo XXI.
2.- Desregulación de las relaciones obrero-patronales:
Quitar las leyes que protegen al trabajador y estorban al patrono.
Este otro concepto en el que se basa la propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, es también profundamente neoliberal. Parte de la consideración de que las regulaciones que actualmente protegen al trabajador son una especie de camisa de fuerza para el empresario y, por ende, que deben desaparecer como tales.
Según este principio, debe dejarse que las relaciones entre cada trabajador y quien lo emplee se determinen no por un marco jurídico tutelar del trabajador, sino por la cruda ley de la oferta y la demanda.
Es decir, la propuesta de ley considera al Estado en el mismo papel que el de cualquier otro empresario, al cual según ellos hay que beneficiar para reducirle sus costos de operación y fomentar así la inversión tanto nacional como extranjera. Los ponentes parten del entendido de que la planilla es uno de los que más costos le implica y, por lo tanto, se proponen reducirlo.
Peor aún, bajo este principio se considera al trabajo como una simple mercancía, que, como tal, debe entonces someterse al vaivén de las leyes del mercado. Bien sabemos que esas leyes de mercado sólo existen en el papel. En la práctica, el mercado y sus precios están determinados por el afán de lucro y la especulación de la que hacen gala los sectores minoritarios pero poderosos que controlan la economía. Su razonamiento aduce que, si hay 500 personas concursando por una sola plaza, la misma debe otorgársele a quien cobre menos y demande menores garantías laborales.
Así, coloca a cada trabajador y trabajadora en condición de rival de todos quienes podrían optar por su mismo trabajo. Por lo tanto, los empresarios ponentes de esta propuesta de ley aducen que el contratado o contratada debe darles las gracias y besarles los pies por el empleo que recibe.
De este concepto se derivan implicaciones no sólo como las anotadas para el inciso anterior, sino, además, otras tan graves como la derogatoria del Decreto 1485, que es la Ley tutelar del magisterio, con lo cual todo el personal docente y administrativo que labora en el sector público queda absolutamente desamparado en sus derechos laborales. Si al gremio magisterial lo despojan de su Ley Tutelar, sus derechos quedan al vaivén de caprichos e imposiciones, puesto que incluso carecen de un Pacto Colectivo que los proteja.
3.- Flexibilidad laboral:
Obliga a la persona a renunciar a sus derechos a cambio de tener trabajo.
El tercer sustento teórico de esta propuesta de ley, absolutamente concatenado con los dos anteriores, establece que, en las relaciones laborales, debe predominar un marco de flexibilidad, es decir, que nada debe entenderse como obligatorio para los empleadores, aunque sí para los empleados.
Como expresión práctica concreta de este concepto, en las instituciones públicas, sin excepción alguna, ya se ha multiplicado la figura de los trabajos por contrato, es decir, no presupuestados. Estos renglones de contratación (021, 022, 029, 089 y otros numerales parecidos), desprotegen al contratado en términos de derechos laborales básicos como, por ejemplo, la posibilidad de que algún día puedan jubilarse. El sistema de pensiones y jubilaciones simplemente se agotará, al reducirse progresiva y aceleradamente la cantidad de personas que cotizan al mismo.
Son muchas, pues, las implicaciones que se desprenden de esta propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, y todas ellas, sin excepción, generan severas lesiones a los derechos de trabajadores y trabajadoras, al tiempo que benefician, de manera exclusiva, a las instituciones empleadoras, no para que sean más eficientes o efectivas en el cumplimiento de las tareas para las cuales existen, sino, simple y sencillamente, para que gasten menos. Como objetivo final, pretenden que esas obligaciones estatales vayan desapareciendo para extender cada vez más la privatización.
Se trata de una propuesta de ley en las que el pueblo lleva todas las de perder, porque conduce inexorablemente hacia un creciente deterioro en las capacidades prestatarias de servicios del Estado y de sus instituciones. Debe entenderse que servicios básicos, como educación y salud, para mencionar dos ejemplos, requieren más bien un urgente fortalecimiento para que respondan a las necesidades sentidas de la población. Por ejemplo, lo que le urge al país no es disponer de docentes que le salgan más baratos, sino de maestros y maestras mejor calificados y dignamente remunerados.
Aunque la propuesta de ley afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cierto es que se constituye en una punta de lanza contra toda persona que, para vivir, sólo disponga de lo que genera a partir de la venta de su fuerza de trabajo. Lo que ocurriría en el sector público se repetiría sin dudas en el ámbito de lo privado. Es decir, hoy es el sector Público, mañana esto aplicará para todos y todas.
Para ubicar con precisión lo perverso de esta propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil, la misma debe ubicarse, además, en el contexto concreto en el que se produce. Guatemala es un país severamente afectado por el desempleo.
En el país, las derechas que han detentado el poder por décadas han puesto en evidencia su absoluta incapacidad por generar desarrollo y por distribuir la riqueza creada a partir del trabajo. Ello se traduce en un creciente desempleo, que obliga a decenas de miles de compatriotas a migrar al Norte como única estrategia de sobrevivencia. Con esto, han creado condiciones para que las personas hagan cualquier cosa, renuncien a cualquier derecho con tal de tener un empleo, por precario que sea.
La propuesta de Ley conduce a que se pierdan hoy las conquistas que hemos heredado de nuestros abuelos. Se trata de una nueva Ley que hace retroceder más de 50 años los derechos de la clase trabajadora. Es un retorno a un pasado que no debe volver, y, en consecuencia, resulta urgente que las organizaciones gremiales y populares expresen su oposición a la misma a través de todos los medios a los que tengan alcance. Sólo la lucha popular tendrá la fuerza necesaria para detenerla.
Exigimos a las distintas bancadas parlamentarias que rechacen de una vez por todas estas salvajes pretensiones de los ideólogos neoliberales. Ya va siendo hora de que desde el Congreso se legisle a favor del pueblo.
Llamamos a los sindicatos del sector público y privado, al movimiento estudiantil, a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, al sector campesino, a los pueblos indígenas, a las ONGs auténticamente comprometidas con los intereses del pueblo, a que actúen con presteza para impedir que esta monstruosidad de propuesta se convierta en Ley.
¡La Lucha Sigue!
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