Guatemala 5 de octubre, 2012
¡LA LEY DEL GARROTE!
No cabe la menor duda que en Guatemala, las únicas voces y voluntades que tienen el espacio abierto son las de los poderosos de siempre. Para el Pueblo, para las organizaciones sociales, o cualquiera que ose disentir de las imposiciones del Gobierno, solo hay garrote, gases y balas.
Ayer 4 de octubre inició con una manifestación pacífica en relación con tres temas cruciales en la vida del país. No se trataba de grupitos de inconformes, se trataba de varias organizaciones convocadas alrededor de los 48 Cantones de Totonicapán, instancia que aglutina a las autoridades ancestrales y que gozan del poder real y el reconocimiento legítimo de la población a la que representan. Son instancias que son legítimamente respaldadas no por decenas, ni cientos sino por miles de habitantes mediante procesos de consultas, consensos y tomas de decisiones verdaderamente democráticas.
Los tres temas:
Tema que no es nuevo entre las demandas del pueblo pero que sigue vigente precisamente porque tanto los Gobiernos anteriores como el actual han prestado oídos sordos ante las múltiples quejas provenientes de la población por los abusos de las empresas concesionarias de la distribución de este servicio. Son abusos que ya llegaron a los límites de tolerancia y paciencia de parte de los usuarios. De allí que se decide recurrir a la manifestación.
Oposición por las pretendidas reformas en materia de Educación.
Es bueno señalar que esto es mucho más que sólo aumentar a 5 años la carrera de magisterio. El Gobierno y el MINEDUC han querido ocultar los otros aspectos de estas reformas que se vinculan de manera directa con políticas de privatización solapada, lesión a los derechos laborales del magisterio, alteración al Decreto 1485.
A lo cual, también por supuesto se suma el hecho que las reformas específicamente vinculadas a la carrera docente carecen de sustento, no implican mejoras en la calidad educativa y que por el contrario generan caos y confusión en materia de presupuestos, jurisdicción entre ministerios, universidades y leyes laborales así como en la misma Constitución.
Adicionalmente y no menos importante, sobre todo para los Pueblos Indígenas, estas reformas apuntan aceleradamente hacia la desaparición de lo logrado en materia de educación bilingüe intercultural. Con estas reformas, desaparecería la educación bilingüe, cercenando así aún más los derechos de los pueblos a una educación bilingüe y culturalmente pertinente.
Debido a que estas reformas se imponen pese a la oposición expresada por la comunidad educativa y que los aportes presentados ante el Gobierno por parte de múltiples actores involucrados y afectados, este es un tema que ha tenido que llevarse de nuevo a las calles y carreteras. No hubo apertura al diálogo ni se fue escuchado. Se tuvo que recurrir de nuevo a la manifestación.
Oposición a las pretendidas Reformas Constitucionales presentadas por el Ejecutivo.
En su legítimo derecho, la población busca alertar a la ciudadanía sobre unas reformas a la Carta Magna que de llevarse a cabo, sólo beneficiarían un sector minoritario, a los grandes poderes económicos y lesionaría los derechos políticos y sociales de las grandes mayorías. Como suele suceder, en este sentido, sólo se publica lo que el sector poderoso quiere que se conozca de manera engañosa. Por esta razón, las organizaciones convocantes de la manifestación llevan este tema también buscando que la gente no se preste a respaldar estas reformas, haciendo un llamado también a los alcaldes para que no se dejen manipular o presionar bajo la promesa/amenaza vinculada al situado constitucional en materia de presupuesto a las municipalidades. Se puede por esta vía, perder el bosque por un arbolito en el presupuesto. Ante la urgencia nacional de atender estos temas que han sido sistemáticamente ignorados, se desarrolla la manifestación. Pero es reprimida.
No hay tal confusión de hechos, los hechos están tan claros como el día:
HUBO UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA Y UNA REPRESIÓN VIOLENTA.
El actuar del supuesto guardia privado (si es que lo hubo y si acaso así hubiese sido el hecho, cosa que ponemos seriamente en duda), también se enmarca dentro de la impunidad prevaleciente y tolerada por las mismas fuerzas de seguridad del Estado que permite de manera sistemática así como en el mismo lugar de los hechos, este tipo de crímenes.
En este país, que un guardia privado se sienta con el derecho inmune de abrir fuego contra población civil desarmada (en presencia de fuerzas de seguridad), es tan condenable como el hecho que las mismas fuerzas de seguridad repriman con gases y abran fuego contra manifestantes. Ni una cosa ni la otra son aceptables bajo ningún punto de vista ni son ninguna justificación. No se puede aceptar que se justifique el asesinato. Las palabras del Ministro de Gobernación en relación a que las fuerzas de la PNC y del ejército no llevaban armamento son totalmente falsas como lo demuestra la imagen inserta que fue tomada de la edición de hoy Prensa Libre.
El Resultado
Como respuesta a las legítimas demandas de la población, viene la represión.
Condenamos enérgicamente el ASESINATO de 6 personas, las heridas graves a los manifestantes durante la represión ocurrida ayer en Quetzaltenango, y demandamos al gobierno, el pronto juicio y castigo a los responsables. Entre esos responsables están efectivos del ejército y sus jefes, efectivos de la PNC y sus jefes, fuerzas paramilitares que operan con total impunidad y por supuesto, el llamado guardia privado del camión. Todos ellos deberían estar presos.
Nos solidarizamos con las familias de los fallecidos: Santos Hernández Menchú, José Eusebio Puac Baquiax, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, Jesús Francisco Puac Ordóñez, y Rafael Nicolás Batz, así como con los heridos y sus familias e instamos a la población a no cejar en sus justas luchas y demandas.
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