Guatemala, 27 de Diciembre del 2003
Nacionalizar: única respuesta del Pueblo
El fin del año trajo, para el pueblo guatemalteco, una mala noticia. Nos enteramos, vía Prensa Libre, que tendremos que pagar 28.6 millones de dólares, (223.3 millones de quetzales) ni más ni menos que a la Teco Energy, por concepto de una demanda que interpuso en contra del Estado guatemalteco y por negarse éste a la tarifas y cobros de esta empresa. Así como suena. Deberá agregarse los costos legales $ 7,520 millones; una tasa “preferencial”, un 2% adicional por intereses… en suma, este despilfarro de recursos financieros se deben a la inoperante institucionalidad del Estado y de su comprometida Comisión de Energía.
“TECO Guatemala Holdings, LLC ("TGH"), una corporación de los Estados Unidos, alega que la República de Guatemala injustamente interfirió con la inversión de su filial indirecta, en una empresa de distribución de electricidad en Guatemala. TGH alega CAFTA-DR violación del artículo 10.5 (nivel mínimo de trato).” http://www.state.gov/s/l/cafta15/c55184.htm; Es que la Teco Energy, a tono con su estilo, se sintió molesta porque Guatemala hacía valer sus derechos, y procedió legalmente, como es obvio, en territorio propio de los Estados Unidos. Molestia que se deriva porque los márgenes de ganancia no eran los que ellos esperaban. Como siempre deberán cobrarle “este resarcimiento” del dinero del pueblo guatemalteco.
Guatemala se ha caracterizado por ser un país de esquemas de alta discriminación económica y política. El Estado, a través de la representación gubernamental, ha logrado en la historia económica y social determinar y mantener los niveles de pobreza y pobreza extrema. La dominación de esta política se observa en la alta acumulación del capital en proyectos de uso de los recursos naturales y posterior cobro por la venta de los servicios y venta de los productos que de ella emanan, con la finalidad de mantener altos niveles de beneficios y utilidades empresariales a costa de la población guatemalteca.
La paz justificó la presencia del TLC-CAFTA y la liberación de la economía a todo lo ancho. En el afán de atender los negocios “transnacionales” vemos a los gobiernos títeres del mercado internacional doblegarse ante las urgentes necesidades de inversión nacional. Con la constante amenaza que en otros países no se pagan impuestos, se subsidia, se dan ventajas legales, se desprecia totalmente el desarrollo autónomo y soberano en Guatemala, marginando a su población a la pobreza. Es un país en el que preocupa más la salud de las economías de las empresas que la salud y alimentación de la niñez.
Recientemente, se observaba el despojo de fincas o propiedades comunales para impulsar monocultivos; la expulsión y compra engañosa de tierras con depósitos de minerales a través del engaño y subvalorando los precios de las propiedades, el uso de los ríos y despojando de este líquido vital a las comunidades para riegos y uso intensivo en la producción de energía eléctrica. En todos los casos, el Estado muestra una ausencia de protección social total y determina una política de discriminación a todo lo que es comunitario y social. De tal manera que vemos desalojos “legales”, asesinatos inexplicables de dirigentes comunitarios y posterior amenaza de las comunidades, el montaje de Estados de Sitio ficticios, la criminalización injustificada y la ausencia de un Gobierno autónomo. Con gran pompa y a la vez agresión hacia dirigentes comunitarios se abrió paso el megaproyecto del Canal Tecnológico, y esto hoy, ha caído por su propio peso y en vergüenza: recientemente se destapó el gran fraude detrás de las empresas vinculadas al proyecto,
No tenemos un Gobierno que vele por la seguridad social, el trabajo, la libertad sindical, la independencia institucional, la protección del ciudadano, salarios y compensaciones dignas. Los ingresos financieros y económicos de las empresas transnacionales son irrisorios para esta patria que llamamos Guatemala y que vergonzosamente ostenta el primer lugar en desigualdad en el continente.
Vemos un Gobierno entreguista que no tiene la mínima identidad nacional, la solvencia por la política y los proyectos sociales. Un Gobierno señalado de altísima corrupción y dominado por dos castas: militares y funcionarios empresariales.
Sin duda alguna, el tema de la seguridad sigue estando entre las principales preocupaciones de la población. Pese a que ha sido tema de promesas de campaña de distintos candidatos y gobernantes, la situación no mejora y lejos de ello, se complica más. Es necesario analizar el tema desde tres aspectos o situaciones distintas: Lo que se dice, lo que se hace y los efectos.
Lo que se dice, de parte del gobierno y sus instituciones es lo que aparece en el despliegue informativo sobre algunas acciones, operativos y capturas. En estas informaciones se procura maximizar el rol de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narco tráfico y el crimen organizado. Se publicita bastante la imagen de algunos funcionarios como si se tratase de hazañas extraordinarias cuando en realidad, están sencillamente cumpliendo su función como servidores públicos. Con lo que se dice, se pretende crear la imagen de una institucionalidad que trata de generar seguridad ciudadana y que combate al crimen.
Sin embargo, falta que ver en realidad, qué es lo que se hace. Entre lo que se hace está el proteger sobre manera los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Se instalan operativos de fuerzas combinadas justo allí donde las comunidades se pronuncian y actúan para defender los bienes naturales y la vida. Mientras tanto, el ciudadano común está desprotegido y a su suerte. Tiene seguridad el que puede pagarla de manera privada. Existe una permisividad casi cómplice hacia el actuar de fuerzas paramilitares contratadas por las empresas nacionales y extranjeras quienes hacen el trabajo sucio: intimidan, agreden, secuestran, y asesinan dirigentes. Muy pocos casos, llegan a proceso y menos llegan a sentencia.
Las acciones de defensa del territorio son etiquetadas como acciones terroristas, mientras las agresiones de las empresas y los desalojos de los grandes terratenientes en contra la población son respaldados por las fuerzas de seguridad.
En esencia, es una política que protege a los poderosos, solapa a los criminales y desprotege a los débiles y ataca a quienes cuestionen el orden injusto de las cosas.
Los efectos, son que la población al sentirse desamparada, vive en terror, toma la justicia por sus propias manos y cada vez cree menos en el sistema injusto. Otro efecto es que en muchos lugares, la población cada vez se organiza más y lucha por sus derechos. Ya son bastantes las comunidades que se han organizado para defender sus territorios.
En lo internacional, la imagen de Guatemala tiene dos caras. Por un lado, al país se le promueve para atraer la inversión privada, comprometiendo entre otras cosas, los recursos naturales, los derechos laborales y la soberanía, y por el otro, se le conoce como uno de los países con mayor corrupción e injusticia.
Cuando por fin, una noticia circuló en el mundo en la que se daba a conocer que a un genocida se le había enjuiciado y sentenciado, brincaron los sectores poderosos y quienes estaban o se sentían comprometidos e involucrados, con toda una campaña mediática de agresión contra el juicio, contra los jueces, contra activistas de derechos humanos y en contra de la comunidad internacional que coopera para el desarrollo y la justicia del país.
Hay por lo tanto, dos visiones desde afuera y dos visiones del papel de la comunidad internacional. Para nosotros, es importante y debe reconocerse a la comunidad internacional que colabora y coopera con el desarrollo, la justicia y los derechos humanos, respetando la soberanía y la dignidad del país. La otra, se puede interpretar como injerencia con intereses de control y de aprovechamiento económico.
Ante estas situaciones desastrosas, el pueblo guatemalteco se ve totalmente aislado de una participación política real que tenga vida antes, durante y después de los procesos electorales. La carencia de un instrumento político legítimo y representativo de los sectores populares hace que tengan acceso al poder político, sectores impopulares, corrompidos y mediatizadores. Esto se evidencia en las necesidades e intereses de la población, que se ven postergadas y agredidas.
Hoy más que nunca necesitamos que los sectores sociales cuenten con una representación autentica y honesta que defienda el interés nacional a través de su unidad y lucha. Un Pueblo Unido que conozca sus derechos y que se organice para hacerlos valer.
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