PROMESAS INCUMPLIDAS -1-

Guatemala, 26 de Diciembre del 2008

Un año de promesas incumplidas- 1
El pueblo acumula una frustración tras otra

Es un hecho que, si algo ha caracterizado al año 2008 en el ámbito de lo político, ha sido el acelerado declive en las expectativas que se habían forjado en el seno del pueblo ante la llegada del nuevo Gobierno. El 14 de Enero, fecha en la que Colom asume la Presidencia de la República, decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas tenían la esperanza de que, por fin, las cosas iban a empezar a mejorar. Pero, desde sus primeros pasos, el actual Gobierno fue aceleradamente haciendo añicos todas y cada una de esas vanas esperanzas.

1.- Como parte de su bien elaborada estrategia de campaña, a lo largo del 2006 y del 2007 la UNE, con Colom a la cabeza, se presentó ante el electorado como una alternativa política de pensamiento social-demócrata, incluso de izquierda, dispuesta a poner fin al poder hegemónico que las derechas han venido ejerciendo desde 1954. Millares de personas a lo largo y ancho del país creyeron, (o por conveniencia quisieron creer), en semejante patraña y le otorgaron su voto. En esa tomadura de pelo destaca el caso del gremio magisterial, de FENASTEG, de la UASP y de otras organizaciones las cuales, durante la campaña electoral, llegaron a diversos acuerdos públicos con la UNE y se dedicaron de lleno a apoyarla.

Pero pronto, muy pronto, con sus hechos políticos la UNE puso en evidencia, ante el país y ante el mundo, que su verdadera naturaleza política es de derecha, que su primer compromiso es con las derechas, (quienes al fin y al cabo le financiaron con holgura la campaña), y que el definirse como social-demócrata o como de izquierda no pasaba de ser más que una pose adoptada por conveniencias electorales.

Una vez electo, incluso antes de ocupar la silla presidencial, Colom, (quien se sentía todavía en campaña), afirmó que sus Ministros serían todos de ideología social-demócrata. Pero, en la práctica, el gabinete de Gobierno nombrado por la Colom y por la UNE pasó primero por el visto bueno del CACIF y de la derecha militar. Varios nuevos Ministros afirmaron públicamente que no sólo no eran social-demócratas, sino que ni siquiera pertenecían a la UNE. Ante esa realidad cabe preguntarse: ¿Quién, entonces, los designó o los impuso para que ocuparan esos cargos públicos? La máscara con la que se disfrazó la UNE empezaba a desmoronarse.

Pero luego, una vez en el ejercicio del Gobierno, las políticas públicas adoptadas en cada uno de los campos sustantivos de la vida nacional han puesto en evidencia, sin que quepa el menor género de dudas, que se trata de otro Gobierno de corte neoliberal, fiel servidor de los intereses de los ricos y contrario a los derechos que son patrimonio irrenunciable del pueblo. Es nada más que una mera continuidad de lo actuado por sus predecesores. El maquillaje por el que optaron en campaña simplemente se les cayó, dejando ver el verdadero rostro de quienes hoy gobiernan.

Los hechos políticos acumulados durante el 2008, uno tras otro, se bastan para demostrar irrefutablemente que la UNE no es, en absoluto, un partido de ideología social-demócrata y que Colom no califica, ni por aproximación, como de izquierda.

Son derecha, adornada en este caso con un discurso populista y con una práctica política indecorosa, que busca comprar conciencias y votos a cambio de limosnas, en vez de enfrentar los graves problemas que aquejan a los sectores populares.

Colom y la UNE se desnudaron como lo que siempre han sido: Derechas populistas dispuestas claramente a impulsar políticas públicas que generan ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres. Derechas disfrazadas dispuestas a entregar atada de pies y manos la riqueza y la soberanía nacional a poderosos consorcios nacionales y extranjeros.

Durante la campaña electoral, Colom y la UNE pretendieron vestirse de izquierda. Pero la realidad ha demostrado que esa ropa les resulta ajena, les queda muy grande, que no la llenan y que no la honran con sus prácticas.

La promesa vaga de un Gobierno de centro, de centro-izquierda, de izquierda o a favor del pueblo, simplemente se la llevó el viento, por cuanto no pasaba de ser, al fin y al cabo, más que una promesa falsa de campaña, es decir, una mentira.


2.- En el campo de la educación, estratégico en la vida nacional, son varias las promesas incumplidas. Dentro de ellas, deben destacarse las siguientes:

A.- Para comprometer en su favor al gremio magisterial, durante la campaña Colom les prometió que Olmedo España sería el próximo Ministro de Educación. Incluso Olmedo España fue el pedagogo que tuvo bajo su responsabilidad la formulación del componente educativo dentro del Programa de Gobierno de la UNE.

Sin embargo, al momento de la verdad, el CACIF y la US-AID impusieron a una funcionaria de su confianza, que responde plenamente a su línea y a sus intereses: Ana Ordóñez de Molina, economista conservadora que nada tuvo que ver nunca con la UNE, con su Programa de Gobierno ni movió un dedo a lo largo de la campaña electoral. Este desaire condujo a que Olmedo España, con dignidad, renunciara a otro cargo público sustitutivo que, como premio de consolación, le estaban proponiendo en el CONCYT.

Pero, más que la burla a una promesa asumida ante el magisterio, este hecho significó que, en la práctica, el nuevo Gobierno renunciaba tranquilamente a los postulados explícitos en su Plan de Gobierno y asumía como propios, por el contrario, los lineamientos educativos del CACIF, de la Embajada de los Estados Unidos y del grupo Empresarios por la Educación, todos, sin excepción, contrarios a la letra y al espíritu de la Reforma Educativa nacida desde los Acuerdos de Paz. Más importante que las personas designadas, lo que debe leerse es la intencionalidad política implícita detrás de cada nombramiento. Colom, por ende, no traicionó al magisterio y al país sólo al nombrar a quien impuso el CACIF, sino que, peor aún, los traicionó al adoptar un planteamiento educativo que no responde para nada a las necesidades del pueblo ni a los compromisos de Estado contenidos en los Acuerdos de Paz, expresados en la Reforma Educativa.


B.- Como no le cumplió al magisterio con el nombramiento del Ministro, Colom se apresuró entonces a prometerle al gremio magisterial que nombraría a dos de los Viceministros a partir de los nombres que ellos propongan. Tampoco esta promesa alternativa se cumplió. Ciertamente, a sugerencia del sindicato, el 21 de Enero nombraron como Viceministro Técnico a Francisco Rosales, pero su paso por la cartera ministerial fue efímero. Sin más ni más lo destituyeron el 5 de Marzo, antes de cumplir dos meses de ocupar el cargo. Con ello, el magisterio se quedó sin Inés y sin el retrato. Es decir, ni Ministro ni Viceministros, como se lo habían prometido.

Debe destacarse que, tras esta nueva burla a los maestros y maestras que apoyaron con decisión la campaña electoral de la UNE, lo que se deja ver es la forma en la que el proyecto educativo del Gobierno se va comprometiendo, a pasos acelerados, con el planteamiento de las derechas, antípoda de la Reforma Educativa que fuera consensuada luego de dos intensos procesos nacionales de consulta y de diálogo.

C.- Otra promesa de campaña consistió en el compromiso de que se presupuestaría a los maestros y maestras por contrato. También esto se volvió humo de pajas. Tan lejos de sus intenciones estaba el presupuestar a los maestros, que ya para mediados de año la partida presupuestaria de 300 millones de quetzales destinable a este propósito la trasladaron desde el Ministerio de Educación hacia el de Defensa, vía CONRED.

Entre tanto, a maestros y maestras por contrato les han venido dando atol con el dedo, llegándose al extremo de que, a finales del 2008, se han demorado en renovar los contratos para el año siguiente, con lo cual colocan a cada docente ante el temor de quedarse sin trabajo. En otros casos, se les ha obligado a firmar contratos por sólo tres meses, se les ha cobrado una cuota por la firma o se les adeudan varios meses de salario. Con ello, las autoridades de Gobierno pretenden hacer del miedo al desempleo un arma que juegue a su favor, para desmovilizar a este importante sector del gremio magisterial.

El colmo es que el 22 de Diciembre, es decir, como regalo de Navidad, El Periódico publica declaraciones oficiales en las que se anuncia que el Ministerio de Educación, durante el 2009, abrirá plazas para ¡46 mil nuevos maestros por contrato! Es decir, no sólo no se presupuestan las plazas por contrato preexistentes, como lo habían prometido, sino que se generarán muchísimas más.

¿Hasta cuándo va a seguir el gremio magisterial recibiendo una bofetada tras otra en su rostro? El actual Gobierno les ha mentido una y otra vez, haciendo del engaño y de la doble cara la política característica que tipifica a este Gobierno.

D.- Otro canto de sirenas residió en la promesa pública de que se cerrarían las escuelas de PRONADE. Tampoco se cumplió con ello. El esquema de los PRONADE, entendido como la punta de lanza de la privatización del sistema de educación pública sigue ahí, vivito y coleando. Los COEDUCAS y las Juntas Escolares siguen operando en un rol sustitutivo de deberes que, por definición, son competencia del Ministerio de Educación. Las Instituciones de Servicios Educativos, ISES, no han dejado sus contratos con el Ministerio. En fin, la esencia misma del PRONADE no sólo no se ha visto afectada sino que, peor aún, grupos como la Gran Campaña por la Educación y Empresarios por la Educación han retomado el discurso de que debe fortalecérsele. Esta es, pues, otra promesa que se escurre entre los dedos y se escapa, como humo de pajas.

Peor es el caso por cuanto el 22 de Diciembre se publica la noticia de que, en el 2009, se contratarán ni más ni menos que ¡25 mil nuevos maestros para el sistema de PRONADE! La promesa de romper con este sistema, pues, salta hecha añicos ante las disposiciones políticas que adopta el Gobierno, obediente ante los mandatos de los sectores poderosos que impulsan la Contrarreforma Educativa y la privatización solapada de la educación.

E.- En épocas de campaña tanto Colom como la UNE se comprometieron, además, a firmar un Pacto Colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, y a que se aumentaría el salario del personal docente y administrativo. El Pacto Colectivo ciertamente se firmó, pero del aumento, nada. Se habla de que les otorgarán un 8%, pero que se hará efectivo en las calendas griegas. Entre tanto, otros sindicatos del país, por medio de la lucha, han conquistado derechos relevantes para sus afiliados y afiliadas, no sólo en términos de incremento salarial sino, además, de otras garantías laborales.

En este caso, aunque se firmó el Pacto Colectivo, lo cierto es que cabe preguntarse: ¿Para qué sirve el Pacto Colectivo, si el Estado no está dispuesto a honrarlo? ¿Cuál es, entonces, el camino a seguirse por los trabajadores y trabajadoras de la educación? ¿Hasta cuándo se van a dejar que les sigan tomando el pelo?

Cuando se firmó el Pacto Colectivo, el 15 de Abril, con habilidad los grandes medios de prensa hicieron girar la vista de la opinión pública hacia el tema de los honorarios que cobraría Enrique Torres. Lograron desviar la atención respecto a que la firma de ese Pacto debe considerarse como una importante conquista del magisterio en particular y de la clase trabajadora en general. Pero, independientemente del monto que el abogado asesor del STEG y de la Asamblea Nacional del Magisterio, ANM, haya cobrado o vaya a cobrar, lo cierto es que este Pacto Colectivo, al igual que cualquier otro, si sólo tiene vida en el papel le sirve a los trabajadores para muy poco, excepto para demostrar que el papel aguanta lo que le escriban. El Pacto Colectivo, una vez suscrito por las partes, deviene en Ley y, por lo tanto, su cumplimiento es obligatorio. El Gobierno no puede simplemente firmarlo e incumplirlo. El Pacto no está formado por promesas, (que ya vemos que el actual Gobierno no las cumple), sino por mandatos legales, por obligaciones irrenunciables. Pero, si no se exige su cumplimiento, pues estas obligaciones pasan también a ser parte del enorme baúl de promesas que se las lleva el viento.


F.- En materia educativa, especial mención merece el caso de las Escuelas Normales. En esta ocasión no se trató solamente de una promesa de campaña incumplida, sino, peor aún, de un conjunto de promesas adoptadas ya desde el Gobierno y como Gobierno, que fueron consagradas incluso en Acuerdos Gubernativos. Pero luego, ante la presión de los grupos de derecha, minoritarios pero poderosos, el Gobierno simple y sencillamente los manda al cesto de la basura. Tan grave fue la puñalada por la espalda que las autoridades de Gobierno le ensartan al pueblo en general y a la Comunidad Normalista en particular, que se pudiera deducir que el Viceministro Carlos Aldana, quien empleó un semestre de su vida para lograr esos acuerdos hoy descartados, por respeto a su propia dignidad renunció irrevocablemente a su cargo.

Esta traición al pueblo, al final, lo que pone en evidencia es que el actual Gobierno, con tal de obedecer a sus verdaderos amos, (es decir, al CACIF), atropella lo que se le ponga por delante. En este caso, con tal de retomar la idea de hacer desaparecer a las Escuelas Normales, llega incluso a cortar la cabeza de uno de los pocos funcionarios dignos con los que contó.

La ruptura de lo acordado, que se materializa en la derogatoria del Acuerdo Gubernativo en el que se consignaban los consensos, implica la retoma del proyecto neoliberal que busca condenar a muerte a las Escuelas Normales y, con ello, precarizar la situación laboral de miles de trabajadores y trabajadoras, docentes y administrativos, cuyas labores se desempeñan en ese terreno.

Tomando en cuenta la extensión de este documento y las capacidades de la mayoría de los correos electrónicos, el tema de las promesas incumplidas lo plantearemos en dos entregas. Son tantas y en tantos campos de la vida nacional, que un solo documento no basta para analizarlas todas. En la siguiente entrega se abordarán los incumplimientos en temas como los derechos laborales, la salud, la violencia, la impunidad y otras políticas públicas alrededor de las cuales también han mentido y procurado engañar a la población.

Tan abierto, evidente y lesivo para el pueblo ha sido el descaro con el que engañan e incumplen que ratificamos nuestra consigna:

¡LA LUCHA SIGUE!

Sobre la gratuidad en los servicios públicos‏

Guatemala, 10 de Diciembre del 2008

Sobre la gratuidad de los servicios públicos
¿Verdad, mentira o tomadura de pelo?

En los últimos meses del año en curso el actual Gobierno, con bombos y platillos, se ha lanzado a hacerse propaganda, a aplaudirse y a pedir que lo aplaudan, debido a un par de Acuerdos Gubernativos con los cuales mandata la gratuidad de servicios públicos esenciales, como educación y salud.

De cara a estas tan cacareadas políticas, conviene que las organizaciones que legítimamente representan los derechos e intereses superiores del pueblo, así como cada ciudadano o ciudadana consciente, compartan las siguientes reflexiones:

1.- La prestación de servicios públicos gratuitos, suficientes, oportunos y accesibles es una obligación irrenunciable e indelegable del Estado. Así lo ordena incluso la propia Constitución Política de la República. En consecuencia, el Gobierno, al decretar la gratuidad, no hace otra cosa más que cumplir con lo que la Ley le exige y con lo que el pueblo le ha venido reclamando. No hay razón, por lo tanto, para que, por hacerlo, se deban lanzar las campanas al vuelo. Simplemente han cumplido, y apenas de manera parcial, con la que es una de sus múltiples obligaciones.

2.- La lucha por la gratuidad y calidad de los servicios públicos ha sido una de las principales banderas que han enarbolado siempre, desde su constitución misma, las organizaciones que formamos parte del Frente Nacional de Lucha, codo a codo con cientos de otras organizaciones populares. Por lo tanto, los decretos de gratuidad que se han emitido no hacen otra cosa más que darle la razón al clamor, a la demanda proveniente de las voces que emanan desde el seno del pueblo.

Está bien que el Gobierno proceda a emitir los acuerdos que decretan la gratuidad, eso no se critica en absoluto. Lo que no es correcto es la actitud con la que tratan, por todas las vías, de convertir esas políticas en grandes logros de la actual administración, cuando no pasan de ser más que el mero e insuficiente cumplimiento de lo que ordenan las leyes vigentes, así como de lo que el pueblo que los eligió les demanda. Es decir, no se justifica que hagan tanto alboroto cuando lo que han hecho se limita a cumplir, apenas a medias, con aquello que les corresponde.

Ahora bien, debe tomarse en consideración que, de cara a la satisfacción de los derechos del pueblo, la gratuidad de los servicios públicos, aunque conveniente, no es suficiente si no se acompaña de otro conjunto de medidas estatales que garanticen su efectiva aplicación. ¿De qué le sirve al ciudadano un servicio gratuito pero ineficiente? ¿De qué sirve que se ofrezca de gratis aquello que no existe o que resulta insuficiente?

En materia de salud, por ejemplo, es claro que a la persona que se enferma lo que le interesa es acudir al sistema de salud para curarse. Es decir aspira, con todo derecho y razón a que, en caso de que se vea afectado en su salud, pueda entrar por la puerta del Hospital y salir de ahí curado o con su tratamiento completo bajo el brazo. Por el contrario, la realidad es terca al enseñarnos que, hoy, la persona enferma acude al Hospital pero no sale curada, sino apenas con la receta en sus manos, para que se haga unos exámenes de laboratorio o se compre las medicinas necesarias. Exámenes y medicinas, si los quiere, debe pagárselos al sector privado. No existe, entonces, gratuidad real, por cuanto buena parte del servicio no lo brinda el Estado, sino que el paciente está obligado a buscarlo en lo privado.

En educación, aunque se quiten los cobros de las inscripciones a principio de año, (lo cual es correcto hacerlo), lo cierto es que la familia del estudiante se ve bombardeada, a lo largo del año lectivo, por muchos otros cobros, pequeños unos pero grandes otros, que le afectan su presupuesto familiar. Deben comprar libros, pagar fotocopias sobrepreciadas de textos o de exámenes, costear “contribuciones voluntarias” para mantenimiento o para otro montón de cosas, comprar uniformes para uso diario o para fiestas o eventos especiales, aportar para la refacción escolar, en fin, una larga lista de cobros y de gastos que hacen que la gratuidad sea solamente una falacia.

¿De qué le sirve, entonces, a la población, que se decrete la gratuidad, si las instituciones públicas encargadas no le dan el servicio completo y si lo que recibe no sólo es insuficiente sino que, peor aún, es de pésima calidad?

Para nadie es un secreto que en los Hospitales, Centros y Puestos de salud el desabastecimiento está a la orden del día. Les falta de todo: camas, medicinas, personal, instrumental, insumos de todo tipo. El personal se ve obligado a realizar sus labores con equipos y materiales de ínfima calidad, viejos, o simplemente inexistentes. Pero lo peor, además de todas las carencias materiales, es evidente que desde el Gobierno falta voluntad política para invertir lo suficiente y garantizar la prestación de un servicio de calidad, al cual el pueblo tiene derecho.

Por otra parte, el Acuerdo Gubernativo 295-2008, con el cual las actuales autoridades establecen la gratuidad en los servicios de salud pública, tiene trampas. En su primer artículo reza lo siguiente:

“…es prohibido que el personal médico, paramédico y administrativo de los hospitales nacionales, hospitales generales, hospitales regionales, centros de salud y puestos de salud requieran, soliciten, sugieran, acepten, autoricen o reciban cualquier pago o contribución proveniente de los pacientes, familiares o encargados, sin excepción”

El artículo, redactado en esos términos, insinúa que los cobros que se han venido practicando durante décadas fueron realizados por voluntad o conveniencia del personal médico, paramédico o administrativo. De acuerdo a ello, entonces, los trabajadores y trabajadoras de salud, en cualquiera de sus ramas, son los malos de la película. En la práctica, salvo contadas excepciones que deben calificarse como corrupción y deben denunciarse, no ha sido así. Los cobros formaron parte de una política gubernamental a la que dieron el nombre de “recuperación de costos”, la cual está debidamente documentada en los archivos del propio Ministerio de Salud. No fue, pues, ocurrencia ni capricho del personal salubrista, sino la aplicación de una política pública anti-popular emanada desde el Estado mismo.

Pero, además de lo anterior, el texto del artículo le deja las manos libres a un actor que sí se ha prestado al juego de la privatización, es decir, a un actor que sí se ha encargado de cobrar y, en muchos casos, de cobrar a manos llenas, para su exclusivo beneficio. Nos referimos a las ONGs prestadoras, instancias contratadas por el Ministerio para que hagan ellas lo que al Ministerio le corresponde.

En Guatemala, para nadie es un secreto que muchísimas ONGs se han dedicado al muy lucrativo negocio de vender sus servicios al Estado. Al Ministerio de Educación bajo la figura de las ISES, al de Salud en calidad de prestadoras de servicios. Tienen la ventaja de que pueden cobrar a su gusto, sin que nadie les fiscalice la calidad ni la cantidad de los servicios que en verdad prestan. Es un negocio redondo cuyo costo real termina pagándolo el propio pueblo, no solamente por cuanto los fondos que cobran al Gobierno estas ONGs salen desde los impuestos que todo ciudadano o ciudadana paga, sino, además, porque en muchos casos luego tendrá que hacer un doble pago al cubrir el costo directo que la ONG le traslada. Pero, además, porque en la mayoría de los casos tendrá que cargar sobre sus hombros con el servicio de pésima calidad que las ONGs les otorgan.

Por esa vía, muchas de las Organizaciones No Gubernamentales existentes en el país han pasado a ser, más bien, Organizaciones Para Gubernamentales, dado que se han dedicado básicamente a la ejecución bajo contrato de fondos públicos, sin que ni siquiera la Contraloría General de Cuentas tenga acceso a ejercer la auditoría financiera que le corresponde.

Es evidente que el artículo del Acuerdo Gubernativo 295-2008 al que hemos hecho referencia deja las manos libres a las ONGs prestadoras para que sigan cobrando a su gusto y placer. Hoy incluso hay ONGs que administran Hospitales completos, como es el caso del de Escuintla.

En varios departamentos del país la comunidad se ha opuesto, con energía, a que los servicios de salud pasen a manos de las ONGs. Destacan en esa lucha los departamentos de Totonicapán y del Quiché, en donde trabajadores salubristas y organizaciones populares se dieron la mano en una fuerte y victoriosa lucha por evitar que se “oenegizara” la prestación de los servicios públicos de salud. Pero allí donde esa alianza no se ha desarrollado, este proceso privatizador sigue su marcha, a tono con la propuesta política de las derechas en este campo.

Ya desde el 18 de Agosto del 2007 quedó claro cuál era el planteamiento de las derechas en materia de salud. En esa fecha, la periodista Claudia Palma, del matutino El Periódico, publicó los resultados de una investigación respecto a qué proponían los partidos políticos en materia de salud. Los resultados son alarmantes, sobre todo porque alrededor de los mismos coinciden la UNE, la GANA y el Patriota, las tres expresiones de derecha que contaron con más votos en la última contienda electoral. Destacan las siguientes afirmaciones:

• “Entregar hospitales a empresas privadas…”;

• “Convertir al Ministerio en una Secretaría…”;

• “Impulsar la Ley Marco de Salud…” (la que nace desde el Plan Visión de País);

• “…dejar la administración y equipamiento de hospitales a consorcios privados…”;

En la investigación realizada y publicada por El Periódico, (medio al cual nadie que esté en sus cabales puede calificar como ni remotamente vinculado a la izquierda), deben destacarse los ejemplos que, todavía en su condición de vicepresidenciable, hizo públicos Rafael Espada, y que dejan muy en claro hacia dónde se dirigen sus intenciones:

• “Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios”.

Es decir, que el actual Vicepresidente tiene claros sus propósitos. Conviene a cada ciudadano y ciudadana valorar si la privatización de la salud es buena o mala de cara a los intereses del pueblo. En el FNL sostenemos el criterio de que, si los servicios de salud se entregan a manos de consorcios privados, como se proponen hacerlo las derechas, el gran perdedor no será otro más que el pueblo.

Se sabe que ya el Gobierno ha enviado al Congreso de la República una nueva versión de la nefasta Ley de Concesiones, en la cual la entrega de los bienes del Estado al sector privado la procuran disimular bajo la figura que han dado a llamar “asociación público-privada”. Una Ley como esa simplemente les permitiría al CACIF y a las derechas desmantelar el Estado y quedarse ellos con la tajada del león.

Por ello, los Acuerdos Gubernativos que ordenan la gratuidad son insuficientes. Casi que estarían sirviendo como cortina de humo para que, mientras suenan las trompetas por los Acuerdos estos, por detrás y en silencio apuñalan al pueblo con la aprobación de una Ley privatizadora.

Es urgente que, desde las auténticas organizaciones populares, se realicen las acciones y procesos necesarios para impedir que los servicios públicos se privaticen. La privatización sólo contribuirá a generar ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres.

Es urgente que el pueblo sepa que, una vez más, desde el Estado y desde los sectores de poder le quieren tomar el pelo, con miras a despojarlo de derechos sustantivos. Esos derechos deben defenderse porque, si se pierden, la lucha por recuperarlos será dura y difícil, y los costos los pagarán los hijos, hijas, nietos y nietas de las familias que forman parte de los sectores populares.

Es urgente que, en cada rincón del país, se pongan al desnudo estas prácticas deshonestas, consistentes en darle un confite al niño para tenerlo distraído, mientras que, de manera traicionera, se le quita su derecho a una vida digna, justa y humana.

¡La Lucha Sigue!


- Para mejor proveer, se agrega el artículo de prensa al que se ha hecho mención en las páginas anteriores

Una idea que no es esbozada por los demás partidos es la de aumentar el número de hospitales escuela en el interior del país para aumentar la cantidad de galenos que quieran trabajar ahí.


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El Periódico, 18 de Agosto del 2007
Actualidad: Nacionales (diagnóstico de país)


Para rescatar la Salud Curativa
Entregar hospitales a empresas privadas a cambio de deducción de impuestos, convertir el Ministerio en una Secretaría son algunas de las apuestas.

Claudia Palma /elPeriódico
redaccion@elperiodico.com.gt

Tres partidos que puntean las encuestas -UNE, Patriota y Gana- impulsarán la Ley Marco de Salud lo que significa que coinciden en la integración del Sistema Nacional de Salud con la participación del Consejo de Hospitales Privados y de las Aseguradoras. Aunque la URNG y Encuentro por Guatemala concuerdan en la necesidad de integrar el SINASAl excluyen la participación de la iniciativa privada.

Todas las agrupaciones políticas coinciden en integrar y fortalecer al Seguro Social y descentralizar las funciones del Ministerio.
El vicepresidenciable de la UNE, Rafael Espada, asegura que construirán cuatro hospitales nuevos, remozarán 250 puestos de salud en aldeas y diez hospitales regionales entre ellos: Amatitlán, El Progreso, Malacatán,

Coatepeque, Jutiapa, Salamá, Escuintla y el de Salud Mental. Como una propuesta única sugiere dejar la administración y equipamiento de los hospitales a consorcios privados.

Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios.

Sin embargo, al ser cuestionado acerca del costo, escueto responde que podrían ser financiados a través de un sistema de deducción de impuestos. “Se trata de planes pilotos que siguen el modelo de Unicar”, agrega.

Estima que es factible un aumento para el presupuesto de salud de 2.7 por ciento en cuatro años.

Los recursos económicos

Impulsar una reforma tributaria es indispensable para obtener recursos que permitan financiar el sistema de salud. Aproximadamente Q4 millardos podrían obtenerse de las reformas a la Ley de Maquilas, opina Miguel Ángel Sandoval de la URNG. Debe ”replantearse” un impuesto que sea equivalente al IETTAP, agrega.

En tanto que Zury Ríos del FRG se inclina por asignar los recursos a los comités municipales para que sean estos los que monitoreen los servicios de salud. Es el partido que más insiste en la atención de enfermos de VIH, discapacitados y se muestra a favor de impulsar una campaña de educación sexual.

Incluye en su plan de salud la atención de los programas de salud mental al igual que la UNE y Encuentro por Guatemala.

El Gobierno de Rigoberta Menchú pretende concentrar la mayoría de sus esfuerzos en el área rural en donde el 60 por ciento de las comunidades no cuenta con una clínica.

La Gana también tiene sus propios planes para descentralizar. Su reforma se basa en tres modelos: el departamental basado en el desarrollo de planes prioritarios de salud de la mujer, de los niños y de ampliación de cobertura. El segundo es el metropolitano que descansa en el diseño de redes coordinadas que dependerán de la cantidad de la población a la que cubran los servicios de salud. El tercero es el rural que contempla la participación de las comunidades.

Si de descentralizar se trata, los galenos Víctor Marroquín y Elmer Marcelo Núñez, quienes forman parte del equipo que diseña el Plan de Salud para el Partido Patriota, hablan de un nuevo ordenamiento del Ministerio de Salud. El primero es el Viceministerio administrativo financiero al que se incorpora la unidad de transparencia. El técnico normativo regulará y vigilará el funcionamiento de los programas de salud preventiva y curativa, y un tercero de prestación de servicios ejercería las funciones de vigilancia, control de enfermedades y de este dependería la red de centros de salud y hospitales con una nueva unidad de monitoreo. Desaparece la Dirección General de Servicios de Salud.

Propuesta radical

Esa es la de Eduardo Suger de Casa. El Ministerio de Salud, como tal, desaparecería y sería sustituido por la Secretaría de Salud adscrita al Ministerio de Desarrollo Humano. Suger propone un sistema de inventario en línea para garantizar el abastecimiento.

¿CON QUÉ CARA, SEÑOR PRESIDENTE?

Guatemala, 15 de Octubre del 2008


¿Con que cara, Señor Presidente, pretende usted vestirse de izquierda?

¿Con qué cara se pone el sombrero de la revolución de Octubre, cuando las acciones de su Gobierno niegan y atentan precisamente contra todas las conquistas de la Revolución del 44?

Basta una pequeña lista para demostrarlo:

1. Su Gobierno compromete, entrega y facilita la explotación de los recursos naturales y del patrimonio del país a las empresas transnacionales, UNION FENOSA, DUKE ENERGY, MONTANA, HIBERDROLA, GOLDCORP y otras…

• La Revolución de Octubre, por el contrario, se enfrentó decididamente a los intereses de la United Fruit Company y supo anteponer el interés nacional sobre la codicia de las transnacionales.


2. Usted y su partido fueron los que, tras una oscura negociación, en donde se aseguró su impunidad con relación al desvío de los fondos de la Contraloría de Cuentas, en menos de 24 horas solicitaron al Congreso de la República ratificar el TLC de urgencia nacional, sabiendo que era lesivo para el pueblo y sabiendo que la oposición al mismo había costado vidas a valiosos guatemaltecos…

• La Revolución de Octubre luchó de manera abierta y franca por impulsar un modelo de desarrollo auténticamente nacional, respetuoso de la soberanía y de la libre autodeterminación del Pueblo.


3. Usted se atreve a plantear el salario diferenciado (que implica bajar el salario mínimo al pueblo trabajador), a promover el salario por productividad y la flexibilidad laboral, que son en esencia la muerte del Código de Trabajo y de los derechos laborales en el país…

• Una de las principales conquistas de la Revolución de Octubre es precisamente ese Código de Trabajo que hoy Usted pretende pisotear, para servir así a los intereses de los grandes empresarios y de las empresas extranjeras.


4. Usted y su Gobierno pretenden seguir con las políticas de privatización de los servicios públicos, entre ellos el IGSS y el Ministerio de Salud. Aunque sus declaraciones públicas sean contrarias a esto, hay un divorcio entre su discurso y la práctica. De hecho, el día de hoy, en muchos hospitales funcionan mecanismos disfrazados de privatización como el que lleva a cabo Fundazúcar en la Costa Sur, usando para ello, recursos públicos, instalaciones y suministros del sistema de salud pública. Se dijo que la educación es gratuita, pero se sigue cobrando en las escuelas, no hay mecanismos para asegurar la gratuidad.

• Juan José Arévalo, maestro de maestros, fue uno de los mayores impulsores del acceso a la educación de nuestro pueblo. Durante los Gobiernos de la revolución se hicieron grandes avances en este terreno. Se crearon las escuelas normales, que hoy su Gobierno, al lado de “Empresarios por la Educación”, anuncia que les dará muerte.

• El IGSS, es otro de los grandes logros de la Revolución. Y nos corresponderá, como pueblo, defenderlo.


5. Su Gobierno, en menos de un año, ha decretado cuatro veces el Estado de Sitio, suspendiendo las garantías constitucionales, persiguiendo, encarcelando e incluso dando muerte a dirigentes campesinos, indígenas, comunitarios y sindicales.

• La Revolución de Octubre jamás persiguió a los sectores populares. Por el contrario, respaldó el fortalecimiento de sus legítimas organizaciones, abrió el país a la organización de sindicatos, de instancias campesinas, comunitarias, etc.


6. Su Gobierno persigue al movimiento campesino y ha ordenado continuos y violentos desalojos en contra de millares de familias. Incluso, mano a mano con los grandes medios de prensa, Usted es cómplice de quienes criminalizan a quienes luchan por el derecho a la tierra.

• La Revolución de Octubre dio inicio al proceso de Reforma Agraria (Decreto 900), con lo que buscó construir justicia en la tenencia y uso de la tierra.


7. Su Gobierno anuncia la duplicación del Ejército, y permite que las tropas extranjeras del Imperio operen impunemente en territorio nacional. Su Gobierno ha mostrado ser manso y sumiso ante todas las imposiciones económicas, políticas, militares y culturales que provienen del Norte.

• La Revolución de Octubre fue agredida de manera constante, por esas mismas fuerzas a las que usted recibe con alfombra roja. Más bien con sus actos, su Gobierno celebra con bombos y platillos la contrarrevolución del 54.

No bastan banderitas de colores cuando se agrede los derechos de los Pueblos Indígenas con políticas que hunden a nuestra gente en la miseria y la pobreza, y se entregan los recursos de los pueblos originarios a las corporaciones transnacionales.

No se debe repartir limosnas en los departamentos (con fines electoreros) cuando no hay un salario digno y decente.

¿Con qué cara Señor Presidente, Usted ensucia los nombres de los luchadores de la Revolución de Octubre, y de la guerra popular revolucionaria, si por la espalda ensarta Usted una puñalada artera al Pueblo?

¡¡QUÉ DESCARO!!

Y peor aún, el descaro de tantos hombres y mujeres que se dicen de izquierda y se prestan a este circo.

¡Qué vergüenza de algunas mujeres que se dicen feministas y de izquierda, sabiendo que las políticas neoliberales, a las que su Gobierno da continuidad, pisotean los derechos de todas las mujeres, prestarse a esta payasada! ¿Dónde está la sororidad feminista con la compañera de Mario Caal, asesinado por fuerzas policiales de este Gobierno?

¡Qué vergüenza para algunos hombres y mujeres que antes lucharon en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en los medios artísticos, el prestarse a este show, sabiendo y conociendo el verdadero rostro de Colom!

¿Con qué cara Señor Presidente, Usted se pone una camisa que no sólo le queda demasiado grande, sino que no le va? No se vista con esa ropa ajena Señor Presidente, porque Usted no da la talla para llenarla.

Los mártires y héroes no descansan mientras usted sigue impulsando políticas neoliberales que niegan rotundamente todo aquello por lo cual lucharon y dieron su vida… no se burle de su honor.

Hacemos un llamado a las personas y luchadores sociales para que no permitan este abusivo manoseo de la Revolución de Octubre. Dejemos que la derecha disfrazada haga los actos circenses que les dé la gana, pero tengamos claridad y denunciemos lo que ocurre detrás del costoso y bien montado escenario.

No se vale usar la Revolución de Octubre como cortina de humo para pretender ocultar, tras ella, el rumbo neoliberal emprendido por su Gobierno.

¡¡Qué vivan las conquistas de la Revolución de Octubre a través de las luchas que hoy emprende nuestro Pueblo!!

¡A rescatar el espíritu de la Revolución de Octubre y a defender a costa de cualquier sacrificio las conquistas que quedan de la Revolución!

Marchemos todos y todas este próximo 20 de Octubre al lado de las auténticas organizaciones del pueblo. La cita es en El Trébol.


¡LA LUCHA SIGUE!

Por fin un par de aciertos

Guatemala, 13 de Septiembre del 2008

En Educación, un par de aciertos
Falta mucho camino por recorrer, claro está, pero por esa senda irían bien

En fechas recientes, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Educación, ha adoptado un par de medidas las cuales, desde el análisis del Frente Nacional de Lucha, deben calificarse como acertadas.

La primera fue la reversión del Acuerdo Ministerial 004-2007, que desorganizaba y, en la práctica, condenaba a muerte a las Escuelas Normales, impuesto en Enero del 2007 por la anterior Ministra, Ingeniera María del Carmen Aceña, a quien debe calificársele, para las páginas de la historia, como quizás una de las peores funcionarias públicas que ha tenido el país en materia educativa, casi al nivel del tristemente conocido Coronel Putzeys, quien también fuera Ministro de Eduación.

La segunda medida reciente consistió en garantizar la aplicación de lo que establece la legislación vigente, empezándose por la propia Constitución de la República, mediante declaraciones de la Ministra y del propio Presidente, en las que ambos sostienen que, en educación pública, todo cobro es ilegal.

Estas dos disposiciones gubernamentales destacan, precisamente porque son como luces en medio de tanta oscuridad. Tras casi un año de continuos desaciertos e irresponsables improvisaciones, de políticas erráticas y erradas en prácticamente todos los campos propios de la vida nacional, siempre a favor de los poderosos y en perjuicio de los sectores populares, ya iba siendo hora de que las nuevas autoridades le atinaran en algo.

Las Escuelas Normales retornan, pues, a su sistema de tres años. Ojalá que el daño infringido a la formación de docentes a lo largo del 2007 y del 2008, período durante el cual estuvo vigente la voluntad política de cerrar estas escuelas, no sea irreversible. Porque dos años de implementación de un plan suicida deja huellas, todas ellas negativas. Bajó el promedio de matrícula; se desorganizó el pensum de estudios; se cerraron jornadas vespertinas y matutinas; se perdieron para la educación miles de vocaciones; se generaron dudas e incertidumbres entre estudiantes, padres de familia y docentes de las Normales, en fin, fueron dos años de sensible retroceso.

Hay que recordar, sin la menor duda, que los argumentos que hoy condujeron al actual Gobierno hasta la reversión de la medida adoptada a inicios del 2007, uno tras otro, son exactamente los mismos que esgrimió la organización estudiantil de secundaria, ONEG, en la dura lucha que, con toda gallardía, dieron durante el segundo semestre del 2006. El tiempo, pues, viene a colocar las cosas en su justa dimensión. Como país habrá que reconocer que a los patojos del 2006 los acompañaba, entonces, la razón. Esa lucha, iniciada más de dos años atrás por jóvenes conscientes y comprometidos con el futuro del país, por fin se ha terminado de resolver y a su favor, o, si queremos ser más precisos, a favor de los derechos e intereses del pueblo. El tiempo, de manera absoluta e irrefutable, les dio la razón. Le corresponde ahora al Gobierno reconocerlo.


En el marco de esa misma y acertada disposición debe destacarse el papel jugado por el Viceministro Carlos Aldana, quien supo escuchar a los y las estudiantes, a los y las docentes y a padres y madres de familia de la Comunidad Normalista y tomar en cuenta sus criterios. Sin duda, su actitud le acarreará las fobias y animadversiones de grupos poderosos e influyentes como “Empresarios por la Educación” cuya posición, totalmente a la derecha, es decir, antipopular, era y sigue siendo plenamente compatible con la de la Ministra Aceña. Su modelo neoliberal y privatizante sufre un duro golpe con la reversión del Acuerdo Gubernativo 004-2007.

La segunda medida, consistente en asegurar la eliminación de toda forma de cobro en la educación pública, en realidad no significa otra cosa más que la de aplicar lo que establecen las Leyes vigentes en materia educativa. La lucha que varias organizaciones nacionales, incluido el FNL, hemos dado por lograr esa meta ha sido larga y, ahora, fructífera.

Al Estado le corresponde ser garante del cumplimiento cabal de las leyes. En el campo educativo, la gratuidad en la educación pública se establece como un derecho, cuando menos desde 1985, fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución Política de la República.

A partir de ese entonces, cada cobro, incluso los que se han disfrazado de contribuciones voluntarias, ha sido ilegal, violatorio de la Ley. 25 años de cobros ilegales son muchos años y representan una multimillonaria cantidad que es birlada desde los bolsillos del pueblo. Desde el nacimiento del FNL, en Abril del 2005, hemos venido denunciando estos abusos:

Volante que circuló en el 2005

Ahora, el mismo Gobierno tiene la obligación de informar debida y suficientemente a la población para que nadie se vea sorprendido por esos cobros ilegales.

Está obligado, además, a crear mecanismos de control mediante los cuales se garantice el ejercicio del derecho a educación pública gratuita, lo que debe incluir vías ágiles para interponer denuncias y para sancionar a quienes violenten, de una u otra manera, este derecho. En apego a lo que mandata la ley, se deben establecer mecanismos de resolución temprana de conflictos que puedan surgir desde los intereses de grupos o instancias que administraban los fondos cobrados a los padres para evitar un retroceso.

Debe saberse, de manera clara, que la gratuidad de la educación no es, en absoluto, una generosa política adoptada por el actual Gobierno. No se trata entonces, tampoco, que ahora las autoridades educativas o cualquier partido político se vistan con sombrero ajeno. Simplemente se hará cumplir la ley, lo cual es obligación ineludible del Estado.

Es de esperarse una ofensiva fuerte proveniente desde “Empresarios por la Educación” y otros grupos afines, que en sus documentos propositivos, con una dosis de inaudito cinismo, plantean lo siguiente:

“Optimizar el financiamiento de la Educación
Se recomienda impulsar el aumento de la inversión nacional en la educación, incentivando a los padres a invertir en la de sus hijos…”
Página 21, segundo párrafo, documento “Una propuesta para Impulsar la Educación”, hecho público en Octubre del 2003 por Empresarios por la Educación, con el respaldo del CIEN, de la PREAL y de la USAID.

Es decir, estos grupos plantean que, en cuanto se refiere a educación, los padres deben gastar más, invertir más, en síntesis, que deben pagar. De esa manera, se ahorran costos al Estado y los asumen, en su defecto, las familias.

Es obvio que estas dos medidas a las que nos referimos, aunque acertadas, no implican, en absoluto, que desde el Ministerio se haya retomado la letra y el espíritu de la Reforma Educativa que nace desde los Acuerdos de Paz y que se nutre y responde a los dos procesos de diálogo y construcción de consensos que se realizaron a nivel nacional a inicios de la presente década.

Son apenas una señal positiva. Con el propósito de aportar al proceso que debe emprenderse, agregamos las 12 principales políticas educativas que, desde las organizaciones que conforman el FNL, fueron consensuadas como prioritarias a fines del 2007, e invitamos a las autoridades educativas a tomarlas en cuenta en la definición de las políticas públicas a emprenderse en este campo:

LAS 12 PRINCIPALES POLÍTICAS EDUCATIVAS

1.- Rescatar e impulsar la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz.
a.- Transformación curricular a efectos de contar con un currículo pertinente en lo cultural, en lo político, en lo social y en lo económico.
b.- Formación de los y las docentes en servicio activo a efectos de que apliquen de manera adecuada todos los componentes de la Reforma Educativa.
c.- Reforma consensuada al pensum de las Escuelas Normales, con miras a formar docentes facultados para responder a los requerimientos educativos de Guatemala como país multicultural, pluricultural y multilingüe y del Siglo XXI.
d.- Descentralización educativa funcional y presupuestaria, fortaleciéndose el ejercicio local en el ámbito educativo.

2.- Detener la Contrarreforma Educativa de corte neoliberal que impulsa el Ministerio con el respaldo del BID y del BM.
a.- Revertir los procesos privatizadores que se han emprendido.
b.- Detener el progresivo traslado de funciones y obligaciones que corresponden al Ministerio, sobre hombros de padres y madres de familia.
c.- Incorporar contenidos humanistas y en función de la responsabilidad social, indispensables que establezcan balance con respecto a la actual visión predominante, orientada solamente hacia la productividad y la competitividad.
d.- Promover la adopción de valores, actitudes y prácticas que contrarresten la individualización que hoy se promueve desde el aula y desde la sociedad en su conjunto.

3.- Garantizar la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles.
a.- Detener la política de cobros ilegales a padres y madres de familia, disfrazados ahora bajo la figura de “contribuciones voluntarias”.
b.- Asegurar que no se cobre a padres y madres de familia por fotocopias para exámenes, textos de estudio ni otras formas de cobro que caen en la ilegalidad.
c.- Controlar y regular los cobros diversos que se realizan en los centros privados de educación.

4.- Incrementar el presupuesto de Educación hasta un 6% del PIB.
a.- Asegurar transparencia y pleno acceso a la auditoría social en la ejecución presupuestaria de los fondos destinados a educación.
b.- Garantizar la completa, eficaz y eficiente ejecución de los fondos asignados, tanto desde el Presupuesto de Ingresos y Egresos como desde cualquier otra fuente de financiamiento a la que se tenga acceso. No es aceptable que el Ministerio “ahorre” recursos que luego se trasladen a un fondo común y se destinen a cubrir cualquier otro gasto.
c.- Asegurar la no transferencia de fondos destinados a educación a ninguna otra cartera ministerial ni a ninguna otra instancia del Estado o no gubernamental.
d.- Impedir que se haga propaganda disfrazada a los colegios privados con fondos del Ministerio.

5.- Impulsar y fortalecer el Sistema de Consejos de Educación.
a.- Construir espacios de verdadera participación ciudadana, mediante los cuales sea viable la formulación de políticas públicas que tomen en cuenta el sentir y el pensar de toda la Comunidad Educativa.
b.- Impulsar y consolidar un proceso que dé cohesión a la Comunidad Educativa, entendida la misma como el conjunto de actores que, tanto en el plano local como nacional, se encuentran vinculados al tema.
c.- Generar mecanismos para el ejercicio pleno de la auditoría social.
d.- Promover la alianza natural que debe darse entre el personal docente y padres y madres de familia.
e.- Modernizar el sistema de educación pública en consulta con la Comunidad Educativa.

6.- Reformar y modernizar el marco jurídico vigente en materia educativa, mediante procesos de consulta y construcción de consensos.
a.- Someter a consulta las leyes existentes en materia educativa, involucrándose en la misma a todos los actores que conforman la Comunidad Educativa.
b.- Promover la construcción de consensos respecto a las reformas legales que resulten pertinentes.
c.- Proponer, ante el Congreso de la República, la aprobación de las reformas pertinentes o de las nuevas leyes que la Comunidad Educativa estime necesarias.

7.- Presupuestar a los más de 35 mil maestros y maestras que hoy trabajan por contrato.
a.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales que son patrimonio irrenunciable de cada maestro o maestra del país, tanto en el sector público como en el privado.
b.- Detener la política de debilitamiento del gremio magisterial que se ha puesto en práctica desde el Ministerio mediante el incremento del número de maestros y maestras por contrato.
c.- Lograr que la totalidad de trabajadores y trabajadoras de la educación queden cubiertos por la Ley Escalafonaria y de Dignificación del Magisterio.

8.- Negociar y suscribir el pacto colectivo entre el gremio magisterial y el Estado, como vía para dignificar la carrera docente.
a.- Asegurar que los trabajadores y trabajadoras de la educación de Guatemala cuenten con un instrumento legal, adicional al Decreto 1485, mediante el cual estén facultados para defender y promover sus derechos laborales, sociales, políticos, culturales y económicos.
b.- Contribuir a hacer de la carrera docente una profesión atractiva y digna para quienes aspiren a desarrollarse profesionalmente en la misma.

9.- Mejorar la cobertura en primaria hasta 6º grado completo e incrementar las presencia del Estado en básicos y diversificado.
a.- Incrementar las presencia de instituciones de primaria en las áreas rurales del país, generando la infraestructura y los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para tornar la educación accesible a todos y todas.
b.- Absorber desde el Estado los Institutos por Cooperativa, y dotarlos de todas las condiciones necesarias para que incrementen su cobertura.
c.- Desarrollar el programa de Institutos Tecnológicos, suspendido desde el 2004 por las actuales autoridades educativas.
d.- Incrementar la cobertura en los niveles básico y diversificado, poniéndose el énfasis en el perfeccionamiento de habilidades y destrezas que faciliten la inserción laboral, así como de actitudes y prácticas que contribuyan al rescate de la diversidad como componente de la identidad nacional y a la convivencia armoniosa y coherente, dada en un marco de justicia.

10.- Mejorar la calidad educativa
a.- Lograr la plena pertinencia del currículo académico, en un triple nivel: Un macro-currículo que cubra temas comunes de interés nacional, un meso-currículo de carácter regional y un micro-currículo a desarrollarse de manera local, en cada escuela y en cada aula.
b.- Dotar a cada centro educativo de los recursos materiales y técnicos que permitan el desarrollo satisfactorio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
c.- Aumentar el personal docente en servicios, a efectos de abolir progresivamente el ejercicio del multigrado y contribuir a la reducción numeraria de alumnos por aula.
d.- Mejorar y hacer accesible a todos y todas los servicios de apoyo, como la refacción escolar, (hoy limitada a aquellas escuelas en las que los padres y madres se han sometido a la imposición de formar Juntas Escolares), el bono de transporte, los paquetes de útiles escolares, los programas de becas, etc.
e.- Desarrollar el campo de la educación de adultos, no sólo en términos de lecto-escritura, sino mediante la implementación de programas educativos adecuados a la realidad concreta en medio de la cual se desarrolla la vida de los aprendientes, y que responda, por ende, a sus necesidades sentidas.

11.- Promover la identidad y los derechos de los pueblos indígenas:
a.- Fortalecer la DIGEBI, técnica y presupuestariamente, a efectos de convertir la educación bilingüe en un instrumento de rescate y dignificación de nuestra diversidad cultural.
b.- Integrar la realidad histórica y cultural en el currículo educativo, en todos sus niveles.

12.- Impulsar la educación inclusiva:
a.- Asumir como política educativa la promoción de la educación inclusiva, con miras a facilitar el acceso de la población con discapacidad en edad escolar al sistema educativo.
b.- Crear la Dirección de Educación Especial, y dotarla de los recursos humanos calificados, así como de los medios materiales, técnicos y presupuestarios que aseguren el cumplimiento de su misión.
c.- Desarrollar una campaña de sensibilización social que permita a la comunidad nacional, en su conjunto, entender y respaldar el proceso de educación inclusiva.}

¡LA LUCHA SIGUE!