ABSURDAS ACUSACIONES

Guatemala, 25 de Julio del 2007

¡Bin Laden queda como vil aprendiz!

Hay ocasiones en las que el Estado guatemalteco, sobre todo gracias al quehacer de las actuales autoridades, pone en evidencia que es dueño de una ineptitud y una torpeza sin límites y, con sus acciones absurdas, no tiene empacho en hacer el más espantoso de los ridículos. Tal es el caso de la reciente medida de naturaleza represiva adoptada por el Ministerio de Gobernación en contra de un dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala.

Median, en estos hechos tragi-cómicos, un conjunto amplio de acciones ilícitas, acometidos por las propias autoridades, quienes son las llamadas precisamente a prevenir e impedir la comisión de ilegalidades. Se realizó, por ejemplo, un allanamiento ilegal a su casa de habitación, sin que mediara orden alguna emitida por un Juez competente. En ese allanamiento, las fuerzas del “orden público” atropellan a quienes estaban en la casa e incluso provocan que el hijo menor del compañero saliera herido en la cabeza. Pese a que el compañero se identificó como dirigente sindical, fue sometido a prisión y, para colmos, consignado bajo cargos que, de de tan absurdos, se caen por sí solos.

Finalmente, según consta en la documentación ateniente al caso, a nuestro compañero el Estado guatemalteco lo acusa por el múltiple delito de posesión ilegal de:

* Armas de fuego ofensivas,
* Explosivos,
* Armas químicas,
* Armas biológicas,
* Armas atómicas,
* Trampas, y,
* Armas experimentales.

Ni más ni menos. Así como se lee. ¡Es difícil imaginarse cargos más extravagantes, irracionales, disparatados, arbitrarios y chocantes, por calificarlos con adjetivos suaves y respetuosos!

Viene, pues, a resultar que el mismísimo Osama Bin Laden se queda corto a la par del peligro que para la paz mundial representaría nuestro compañero si los cargos tuvieran fundamento alguno. Si la tenencia de armas químicas y biológicas fue la excusa de la que se valió la administración Bush para desatar la agresión contra Irak, quizás de estas acusaciones se desprenda una nueva acción militar norteamericana para proteger al orbe de tan peligroso dirigente sindical.

¿Es que Doña Adela de Torrebiarte no se da cuenta del papel que está haciendo ante la sociedad y ante el mundo al cohonestar con su presencia semejantes despropósitos?

Pero, ¿Y qué tal si no se trata de torpeza? Cuesta creer que las mismas autoridades de seguridad pública que se han armado hasta los dientes con equipos sofisticados para la detección del crimen, que ahora cuentan con autorización incluso para hacer espionaje telefónico y electrónico, que tienen en sus estructuras de dirección e inteligencia a más de 30 militares, sean tan torpes.

De esta manera, nuestra conclusión al respecto sólo puede ser una de las dos siguientes:

O en efecto son tan torpes y carentes de inteligencia que ni todo lo mencionado en el párrafo anterior les ayuda, o,

No hay por su parte ningún interés real en capturar a los verdaderos criminales, narcotraficantes y sicarios al servicio del crimen organizado, algunos de los cuales, además, se ha demostrado que tienen gente infiltrada hasta en las entrañas de los aparatos del Estado.

Lamentablemente, estos hechos acaecidos alrededor del allanamiento ilegal y la acusación posterior lanzada contra nuestro compañero darían risa si, tras los mismos, no se ocultaran varias cosas preocupantes, que no pueden verse a la ligera:

* En primer lugar, que podría tratarse de una nueva política represiva lanzada en contra de las organizaciones populares y de sus dirigentes, empleada por la nueva responsable de la seguridad interior, que violenta derechos constitucionales básicos y que, en realidad, apunta hacia fines distintos a los de proveer seguridad efectiva a la población guatemalteca.

* En segundo lugar, que puede entenderse que este tipo de operativos se lanzan no con el propósito de perseguir y debilitar al crimen organizado sino, más bien, como “shows” dirigidos a taparle el ojo al macho y simular, ante la población y, sobre todo, ante sus amos del Norte, que están haciendo algo.

Uno de los pasos que hubiera demostrado verdadera voluntad de fortalecer la aplicación de la justicia y procurar seguridad a la ciudadanía, que como nuestro compañero, se gana la vida honradamente, hubiese sido aprobar la ley de la CICIG en el Congreso. Podemos entonces concluir que este hecho, además de ser un atropello y un acto ilegal ante el cual procederemos jurídicamente, es sobre todo pura pantomima.

De cualquier forma, se trata de hechos inaceptables desde todo punto de vista. Ya se interpuso una formal denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y ante la comunidad internacional, solicitándoles la interposición de sus buenos oficios a efectos de evitar más y mayores atropellos, así como para que encuentren y apliquen los correctivos pertinentes.