Primer Aniversario de Colom

Guatemala, 20 de Diciembre del 2008

Con mucho más pena que gloria
Diez aspectos iniciales para evaluar el quehacer del Gobierno

Ha transcurrido ya prácticamente un año desde que el actual Gobierno asumió la conducción de las riendas del país el pasado 14 de Enero. En síntesis, la gestión gubernamental a lo largo de estos 12 meses puede calificarse como una mera continuidad de la aplicación de las políticas neoliberales iniciadas por sus predecesores, matizadas en este caso con onerosos e insustanciales parchecitos populistas, con los cuales las autoridades de Gobierno no pretenden otra cosa más que, infructuosamente, taparle el ojo al macho y, al mismo tiempo, granjearse una base social de apoyo para su partido político.

1.- Ha sido un año en el que al pueblo se le ha recetado más de lo mismo, pero con denodados esfuerzos desde el Gobierno por disfrazarlo o, cuando menos, por disimularlo. Un año más de políticas públicas a favor de los ricos y en contra de los intereses y derechos del pueblo, pero cargado de limosnas y caridades lanzadas con bombos y platillos, que no sirven sino como elementos distractores, los cuales no sólo no modifican, en absoluto, la estructura que siembra injusticia en perjuicio de los sectores populares, sino que la consolidan. Ninguno de los grandes problemas que aquejan a los sectores populares ha sido enfrentado “con inteligencia”, como lo prometieron durante el recién pasado circo electoral y, a causa de ello, el acceso de la gran mayoría de la población al disfrute de los bienes y servicios sociales se ha puesto cada vez más difícil. El país marcha por malos rumbos en prácticamente todos los campos de la vida nacional, y nada se hace desde el Estado para siquiera paliar un tanto la aguda crisis que pesa sobre los hombros de los sectores populares.

2.- Ha sido un año de discursos ambivalentes que siembran confusión en el seno del pueblo, pero discursos que no marchan, para nada, a tono con la esencia y los efectos derivados de las políticas que implementan desde el Gobierno. Por ejemplo, se afirma e incluso se publican Acuerdos para que el acceso a la salud sea gratuito pero, paralelamente, se reducen los presupuestos para asegurar su prestación desde el Estado, se desabastece aún más al sistema de salud y se entregan hospitales completos a manos de Fundaciones privadas para que los administren. El país se encuentra colocado ante una dualidad en la cual la práctica concreta resulta antípoda del discurso oficial, evidenciándolo como demagogo.

3.- Un año de desconcertantes, abruptos e impredecibles giros del timón, como el que aconteció, por ejemplo, con las Escuelas Normales, a las cuales el Ministerio de Educación invitó a un diálogo que se prolongó durante meses, del cual salieron acuerdos que fueron bien asumidos por ambas partes e incluso con entusiasmo por los docentes, estudiantes y padres de familia normalistas. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, las autoridades ministeriales dan marcha atrás, unilateralmente lanzan los acuerdos adoptados al cesto de la basura y retoman tranquila e impunemente la línea dictada por el grupo “Empresarios por la Educación”, contraria a lo convenido, dejándose a la Comunidad Normalista con un palmo de narices. Aplicaron la vieja trampa consistente en hacer uso de los diálogos y de las mesas de negociación como medios para desmovilizar a los gremios y tomarles el pelo.

4.- Un año caracterizado por el descarado traslado de considerables recursos financieros desde las instituciones públicas hacia una nueva instancia ilícita denominada “Cohesión Social”, que está a cargo de la Primera Dama quien, por esa vía, se ha convertido en la persona con más poder dentro del Gobierno, sin que nada la acredite para ocupar semejante posición. Estos fondos se manejan, además, bajo criterios de clientelismo político y, por esa razón, no se orientan hacia la solución real de problemas nacionales, sino, más bien, hacia la compra de conciencias y, con ello, de base social que favorezca a la UNE. Comedores solidarios que son negocio de unos cuantos; centros de salud ambulantes dotados con todos los recursos, mientras en los centros de salud del Ministerio no se consigue ni una aspirina; partidas de hasta 300 quetzales mensuales a unas familias sí y a otras no sobre la base de lealtad político-partidaria; bolsas escolares distribuidas con idénticos criterios; en fin, desde Cohesión Social se ha hecho todo lo necesario para contribuir a la destrucción del tejido social, para colocar al pueblo en calidad de limosnero y para quebrar la auto-estima en el seno de los sectores populares.

5.- Un año de incertidumbre en el rumbo de las políticas públicas, que parecieran ir de la seca a la meca, pero que en la práctica, son secas en términos de satisfacer derechos e intereses superiores del pueblo y, por ende, devienen en la Mecca del CACIF y de los grandes consorcios internacionales. Así ha ocurrido, como un claro ejemplo, en el campo de los recursos naturales. La verborrea oficial habla de la defensa de las áreas protegidas cuando se trata de criminalizar las luchas campesinas e indígenas, pero no duda en emplear la fuerza pública con lujo de violencia contra el pueblo cuando se trata de proteger los intereses de los grandes empresarios nacionales o extranjeros.

6.- Un año de evidente incremento en los niveles de violencia. Y no nos referimos solamente a la violencia delincuencial, que ha escalado a niveles intolerables, extendiéndose como un cáncer que corroe a casi todos los rincones del país. El crimen organizado, en sus distintas expresiones, ha devenido en uno de los principales actores de poder real a lo largo y ancho del país. Las bandas de secuestradores, las maras, el narcotráfico y muchas otras expresiones criminales se han multiplicado y su presencia se ha hecho más fuerte y más evidente. Los efectos negativos de esta descomposición se dejan sentir en todos los campos de la vida nacional. El Estado, en su conjunto, ha demostrado una absoluta ausencia de voluntad política para combatir de manera efectiva este flagelo. Se ha limitado a medidas cosméticas, como el nombramiento de una mujer al frente de la PNC, pero no ha apuntado (y es claro que no quiere apuntar), hacia el corazón de la bestia.

7.- Un año de consagración de la impunidad como manto bajo el cual se abrigan toda suerte de atropellos contra el pueblo. La violencia en contra del pueblo, de sus organizaciones y de sus dirigentes ha cobrado preocupantes bríos en estos doce meses. Las fuerzas combinadas del ejército y de la policía se han empleado como instrumentos de represión abierta y brutal. Los casos de Puntarenas, en donde estas fuerzas asesinaron al campesino Mario Caal, o de San Juan Sacatepéquez, en donde 2 mil efectivos incursionaron en busca de 12 dirigentes de organizaciones comunitarias, son sólo la punta del iceberg. Al Presidente Álvaro Colom no le ha temblado el pulso para desplegar fuerzas represivas e, incluso, llenarse sus manos con sangre del pueblo, cuando así se lo han requerido sus amos del CACIF y del Imperio. Durante su gestión han sido asesinados numerosos dirigentes sindicales, campesinos y comunitarios, en casos que, sin excepción, son rápidamente atribuidos por el Ministerio Público a la delincuencia común. Este Gobierno, junto con el anterior, ha abierto de par en par las puertas al retorno de la represión y de la violencia contra el pueblo. Paradójicamente, ha sido un año de “mano dura” contra las legítimas organizaciones del pueblo.

8.- Un año que, sin dudas ha sido destacado por la suspensión de las garantías constitucionales, que se ha dictado ya en cuatro ocasiones:
(i) en todo el país, como respuesta a las demandas de los transportistas;
(ii) en Izabal, para desalojar al pueblo q’eqchí de sus tierras;
(iii) en San Juan Sacatepéquez, para defender los intereses de la familia Novella y;
(iv) en Coatepeque, para forzar a los trabajadores por cuenta propia al desempleo.
Cada supresión de las garantías ha implicado la entronización del terror como práctica contraria al pueblo y aplicada desde el Estado. Esa violencia institucional, absurda, es la negación misma del espíritu de la paz que fuera firmado 12 años atrás. El Gobierno, al desencadenarla, retrocede décadas en el proceso de construcción del modelo social que se dibuja en los Acuerdos de Paz y, con ello, deviene en el principal enemigo de la letra y del espíritu de estos Acuerdos.

9.- Un año destinado a la re-militarización del Estado. Bajo la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo se han reabierto bases militares en lugares en donde las luchas populares y los Acuerdos de Paz habían logrado su cierre. El propio Vicepresidente Espada anunció en Febrero que, como política del Gobierno, se duplicará el tamaño del Ejército. El presupuesto del Ministerio de Defensa se ha visto beneficiado por traslado de partidas y por un sensible incremento en el monto asignado para el 2009. Guatemala se ha convertido en un paraíso del tráfico de armas y de municiones. La privatización de la seguridad pública ha llegado a un punto tal en el que hoy los efectivos de las empresas privadas de seguridad se convierten en la fuerza armada más grande en términos de su número. Se ha sacado al Ejército a las calles cada vez que la población ha luchado por alguno de sus derechos sustantivos. En resumen, este Gobierno, siguiendo instrucciones emitidas desde Washington, afila sus uñas y prepara sus garras en el marco de los Planes Maya-Jaguar y Mérida, ninguno de los cuales responde, para nada, a las necesidades propias de Guatemala. Ambos fueron diseñados exclusivamente en función de satisfacer necesidades propias de la estrategia militar del Imperio.

10.- Un año de entrega sumisa de nuestra soberanía. Este Gobierno no ha sido sumiso sólo ante la voluntad del Gobierno de Bush, sino, además, ante la codicia desmedida de los grandes consorcios transnacionales. Destaca, en ello, la absurda medida de entregar la producción energética a empresas como la Duke Energy, sancionada incluso por el propio Gobierno de los Estados Unidos como empresa altamente contaminadora del medio ambiente. A partir de compromisos asumidos por el Gobierno con empresas extranjeras, se concedieron permisos para la construcción y puesta en operaciones de cinco plantas carboneras en Escuintla, con lo cual los precios de la electricidad quedan condenados a depender, durante décadas, de la importación de carbón mineral. Las afectaciones ambientales negativas que se derivarán de la operación de estas plantas causarán daño no sólo en el Departamento de Escuintla, sino en todo el país e incluso en países vecinos, que se verán afectados por la lluvia ácida. Por otra parte, ello condena al INDE a su pronta desaparición.

Naturalmente, el análisis de cada uno de estos diez aspectos puede y debe ampliarse, a efectos de profundizarlo y encontrar, desde las organizaciones populares, cuál debe ser la posición y, por ende, la lucha que debe darse al respecto. En estas páginas sólo presentamos, para cada aspecto, los elementos más visibles, con la esperanza de que sirvan para invitar al debate y a la adopción de posiciones consecuentes.

En resumen, el actual Gobierno, que llegó al poder tras una costosa campaña electoral en la cual derramó promesas a diestra y siniestra, ha sabido en pocos meses destrozar cada una de las expectativas que generó con su discurso populista y demagógico.

Por ello, sostenemos una vez más nuestra consigna, a sabiendas de que sólo con la lucha consciente y decidida será posible defender los derechos del pueblo ante la voracidad sin límite de las derechas que siguen ejerciendo el poder.

¡La Lucha Sigue!