Guatemala, 20 de Febrero del 2013
El tema de la energía eléctrica se ha convertido en uno de los problemas más agudos del país. No pasa un día sin que alguna comunidad, localizada en cualquier parte, exprese su malestar por un sinfín de situaciones que la afectan, todas vinculadas con la energía eléctrica.
Es un tema que se tornó álgido desde el período de Álvaro Arzú, en cuyo mandato, el 16 de Octubre de 1996, se aprobó la Ley General de Electricidad, mamotreto jurídico que permite a las autoridades, entre otras cosas, conceder la distribución y generación de energía a empresas privadas. Empezó, desde ese entonces, un peligroso proceso bajo el cual dos grandes transnacionales han buscado, igual que los vampiros, cómo sangrar las venas de las familias guatemaltecas, para beneficio propio. Se crearon, pues, condiciones objetivas para el desarrollo de un conflicto social de alta envergadura, que lo pagarían, como siempre, los sectores populares de toda Guatemala.
Vino, pues, Unión Fenosa. Ésta empresa, desvinculada de capital nacional así como ajena a intereses nacionales, se dedicó a la obtención de jugosos dividendos, por vías lícitas e ilícitas. Decimos “lícitas” por cuanto, amparadas por la ley, se dedicaron incluso al uso de la seguridad pública con tal de cobrar sus facturas. No pararon mientes, aún ante la muerte. Víctor Gálvez, Evelina Ramírez, Pedro García, Octavio Roblero, Carlos Noel Maldonado, Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar y Santiago Gamboa Paz son los ilustres nombres de guatemaltecos empeñados en la nacionalización de la energía eléctrica, asesinados en tiempos de paz, cuyo ejemplo, digno, debería de servirnos a todos. Ellos dieron su sangre, sus vidas, por todos nosotros.
Y decimos “ilícitas” porque, aparte del acto de pillaje en el que nos vimos envueltos con la compra de los derechos de distribución de energía, nos encontramos con robos cotidianos expresados en multas, cobros de servicios nunca prestados, millares de reclamos lícitos pero jamás pagados, contadores alterados, cobros municipales, el pago del VAD (Valor Agregado de Distribución), impunidad ante el monto que aparece reflejado en las facturas, la reducción de la Tarifa Social, los cobros al Estado por “no dejarla ganar lo que pretenden”, etc.
Tan amplia fue la difusión y el cobro de éstas políticas, que el pueblo terminó por resistir. Aparecieron, de repente, comunidades enteras que adoptaron una actitud de protesta ante ellas. San Marcos se colocó a la cabeza. Fueron, así, más de 60 mil usuarios quienes, decididamente, adoptaron una huelga de pago. Y luego fue Coatepeque, con lo que la cifra de pobladores en resistencia llegó a 100.000 usuarios. Después, se sumaron Retalhuleu y Suchitepéquez, alcanzándose, así, la suma de 250.000. Luego fueron, más recientemente, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Cobán, Chiquimula, en fin, fue un país el que se sumó a la huelga.
Hace un par de años, en el 2010, Unión Fenosa fue derrotada. Decidió irse por cuenta propia, pero primero vendió su parte a otra empresa extranjera, sin que los guatemaltecos fuéramos jamás consultados. En teatros internacionales se jugaron la opción de venta, absolutamente ajenos ante la realidad nacional.
Entonces vino Actis, británica. La cosa siguió como si nunca se hubieran dado problemas alrededor del tema. La nueva empresa continuó con las prácticas ilegales que su predecesora había establecido. Es decir, siguió robando. El pueblo, que sabe ser tranquilo, dio su tiempo para que esta empresa se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero hoy, dos años después, ha dicho ¡basta! La paciencia llegó al límite.
La solución está en re-nacionalizar lo nuestro. Ponerle a la energía eléctrica un sello de “hecho en Guatemala” significa reconocer, 15 años después, que esa energía es nacional y que son nacionales todas las partes involucradas en ella. La energía no es una mercancía, es un servicio público.
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