Craso descaro del Ministro de Trabajo

Guatemala, 12 de Marzo del 2008

¡Qué consenso ni qué ocho cuartos!

Este Gobierno lleva al pueblo y a sus legítimas organizaciones de sorpresa en sorpresa, con el agravante de que éstas cada vez se tornan más y más ingratas e inaceptables. El divorcio entre las promesas de campaña con las que se granjearon el voto popular y la realidad de su gestión al frente de la cosa pública es abismal. Lo que hacen dista años luz de lo que dijeron que harían. Su práctica es la antípoda de su discurso. En síntesis, en apenas 60 días, las autoridades del nuevo Gobierno se las han ingeniado para tirar por tierra, en tiempo récord, prácticamente todas y cada una de las esperanzas que crearon durante los meses de campaña electoral, dejando al desnudo no sólo la demagogia extraordinaria de la que son dueños sino, peor aún, la hipocresía que los caracteriza.

Pero en esta ocasión, y por mucho, se les fue la mano. Sin escrúpulos de ninguna naturaleza el Ministro de Trabajo, en declaraciones hechas públicas en Siglo XXI en su edición de hoy Miércoles 12 de Marzo, miente y afirma que los sectores patronal, sindical y estatal lograron llegar a un consenso para reformar la estructura jurídica laboral vigente. Es decir, decreta la muerte del Código de Trabajo y anuncia que se le introducirán reformas de fondo.

En primer lugar, el Ministro miente cuando sostiene que el movimiento sindical avaló esos planteamientos. Lo cierto es que las más numerosas y beligerantes organizaciones sindicales existentes en el país no sólo no han sido consultadas al respecto, sino que ni siquiera sabían de la intención gubernamental y empresarial de acabar con una de las más relevantes conquistas de la Revolución de Octubre, como sin duda alguna lo es el Código de Trabajo. No hay, pues, tal consenso.

En la edición impresa de Siglo XXI, solamente se recogen algunas declaraciones incoherentes y vagas expresadas por Enrique Torres, con las cuales, de una manera timorata, se avala esta propuesta. Por muy cuñado que el Señor Torres sea del Presidente Colom, lo cierto es que ello no lo convierte, en absoluto, en voz autorizada de las organizaciones sindicales del país. Se equivoca el Ministro de Trabajo si cree que, porque ya lo habló con Enrique Torres, significa que ya obtuvo el consenso del sindicalismo en su conjunto.

El Licenciado Torres es el asesor del STEG y quizás de algún otro sindicato, pero hasta ahí. Debe quedar perfectamente claro que los asesores son lo que su cargo indica: asesores. Ello no los transforma en representantes ni, mucho menos, en voceros legítimos del sentir y el pensar de las organizaciones sindicales que asesoran. Mucho menos aún del movimiento sindical como un todo. Todos los sindicatos tienen sus propios órganos de dirección que son los llamados a representarlos.

Es muy probable que el Licenciado Torres haya sido un excelente asesor legal para el magisterio. Ello lo evidencian tanto el “magnífico Pacto Colectivo que abriga a todos los maestros y maestras del país, conquistado en forma pronta y eficiente”, como la “forma impecable en que ganó sin resabios de duda la batalla jurídica alrededor de la destitución de Joviel Acevedo”. Es muy posible, dada la magnitud de sus logros, que su trabajo efectivamente valga los 35 millones de quetzales que anunció que les cobrará a los maestros. Pero, aunque sea dueño de todos esos méritos, ello no significa que deba considerársele el interlocutor oficial de los sindicatos ante el Estado y sus instituciones ni ante el sector empresarial. Eso el Ministro de Trabajo parece no entenderlo.

No existe, pues, el tal consenso que anuncia el Ministro. Por el contrario, semejante manipulación malintencionada, por parte del Gobierno, de un tema tan delicado y sensible más bien tiende a polarizar posiciones y a generar condiciones de enfrentamiento. El Ministro pretende colocar a las organizaciones sindicales y a la clase trabajadora en su conjunto ante un grave y alarmante hecho consumado, fundamentándose en consensos que él sabe perfectamente que sólo existen en su imaginación.

Dice el Ministro, en sus declaraciones públicas, que “el Código de Trabajo no está obsoleto; está muerto”. Es bueno que sepa que esos muertos que el Ministro mata gozan de buena salud. Ese Código sigue siendo, a lo largo y ancho del Continente Americano, uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en materia laboral. Y lo es porque fue elaborado durante los únicos años dorados y de grato recuerdo vividos en la historia del país: la década de la Revolución de Octubre. No queremos significar, con ello, que no resulte conveniente introducirle reformas que mejoren la tutelaridad en beneficio de la clase trabajadora. Pero esas reformas no son, ni por aproximación, las que se anuncian en las declaraciones del Ministro de Trabajo.

La que más destaca el artículo periodístico es la anunciada desaparición de la Comisión Nacional de Salario, instancia tripartita responsable por ley de la determinación del salario mínimo. La propuesta plantea, como ya se ha advertido en comunicados anteriores del FNL, que se traslade a las Municipalidades la facultad de definir ese salario en su área de jurisdicción territorial, lo que llevaría al país a contar con diferentes tablas salariales. El 27 de Diciembre recién pasado, siendo aún Presidente Electo, Álvaro Colom hizo públicas esas intenciones y, en aquella malhadada entrevista, anunció que el salario mínimo podría así reducirse a 30 quetzales, para que la Municipalidad atraiga la inversión extranjera. Es decir, sin sonrojarse siquiera propuso que en el país se rebaje el salario mínimo, y buscó descargar esa culpa sobre los Gobiernos Locales.

También anuncian que, por ley, se crearán sindicatos únicos en las instituciones públicas y privadas. Es decir, según lo sostiene el Ministro, que “se prevén cambios en el funcionamiento de los sindicatos”, sin que se esclarezca a qué cambios se refiere.

Y anuncia, además, que se reclasificarán los puestos en el sector público, según lo establezcan las reformas que le introducirán a la Ley del Servicio Civil. Esto significa, ni más ni menos, que se proponen introducir de nuevo ante el Congreso de la República la propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil que ha sido derrotada por la lucha sindical ya en dos ocasiones anteriores.

Y pretenden introducir en el Código de Trabajo, ¡vaya sorpresa!, los conceptos de salario por productividad y de pago por horas. Ante esta idea, sería recomendable que el Ministro y sus asesores se tomen la molestia de leer siquiera la letra concreta del Código vigente, porque establece, desde 1947, el salario por productividad como una de las variantes contractuales en las relaciones obrero- patronales. ¿No será, entonces, que lo que pretenden entonces es consagrar el salario por productividad como forma principal, si no única, de determinar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del país?

Luego, anuncian su voluntad de otorgarle a la Procuraduría de los Derechos Humanos, por mandato legal, el papel de inspectoría de trabajo, pero solamente en lo referido al trabajo de los y las menores de edad. A ver qué opinan los expertos en materia de ombudsman respecto a este papel ejecutivo que pretenden asignarle a la PDH nacional.

Ninguna de estas ocurrencias ha sido consensuada con el movimiento sindical. Ni una sola de esas ideas cuenta con el aval de las principales organizaciones sindicales del país. Y todas esas absurdas propuestas violentan una amplia gama de convenios, pactos, tratados y acuerdos internacionales que, en materia de derechos laborales, son claros al establecer el papel tutelar que debe preservarse en la letra y el espíritu de la legislación laboral.

Desde el Frente Nacional de Lucha condenamos enfáticamente el abuso en el que a todas luces incurre el Ministro de trabajo, al falsear de manera tan grave la realidad.

No es aceptable que, desde cualquier cartera ministerial, se engañe de semejante manera a la población, y menos aún para defender los intereses del CACIF y de los sectores poderosos, aunque ello signifique lesionar, de manera flagrante, los derechos de las grandes mayorías de la población.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos a las organizaciones sindicales y populares, incluso a aquellas que, de manera equivocada, dieron su respaldo decidido y llamaron al voto por la candidatura de Álvaro Colom, a que sumen sus esfuerzos en una imprescindible lucha unitaria en defensa de los derechos laborales, hoy tan severamente amenazados por aquellos que, con su colaboración, ahora ocupan espacios de poder dentro del Estado y los emplean reiteradamente en perjuicio del pueblo.

Desde el frente Nacional de Lucha llamamos a las bancadas de los diferentes partidos políticos a que reflexionen respecto a las implicaciones que, en función de la estabilidad nacional, se derivarían de estas barbaridades, y a que, a tono con ello, expresen de manera enfática y firme su repudio ante las reformas legales que desde el Gobierno pretenden introducir.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos al pueblo a que abra los ojos ante las atrocidades ante las que este nuevo Gobierno coloca a los sectores populares un día sí y otro también.

¡La Lucha Sigue!

P.D.: les dejamos el link a la página de Siglo XXI donde se encuentra la noticia:
http://www.sigloxxi.com/index.php?link=noticias¬iciaid=18683