Guatemala, 30 de Marzo del 2008

¿Hacia dónde llevan al país?


Los hechos políticos acaecidos en fechas recientes obligan a formularse la pregunta que titula este comunicado. El país, conducido por la voluntad de las autoridades estatales y de grandes empresarios, ha comenzado a dar pasos en una dirección sumamente peligrosa, caracterizada por el uso de la violencia militar como vía para la resolución de conflictos y por la criminalización de todas las expresiones propias de la lucha social. Esta alarmante pauta puede desembocar incluso en incontrolables estallidos sociales y en la generación de un marco de ingobernabilidad tal que amerite incluso una eventual ruptura del orden constitucional.

En Livingston, las actuales autoridades gubernamentales, al ordenar la intervención de cientos de efectivos del Ejército y de la Policía, buscaron resolver por la fuerza bruta una situación que, a todas luces, en su solución requiere una dosis mínima de inteligencia, y establecen, así, que la violencia contra el pueblo es un recurso al que no temen acudir en absoluto. El asesinato de Mario Caal, que sigue sin esclarecerse, es la síntesis de la aplicación de esta bestial política.



Y de seguido, cuando todavía pesan en el ambiente las preocupaciones derivadas de los hechos de Livingston, de una forma absolutamente arbitraria, abusiva y unilateral, se militariza San Juan Sacatepéquez. De manera masiva e intimidante, se lanzan tropas sobre la población. Dos mil efectivos para capturar a 12 dirigentes comunitarios. Fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía desplegadas en las calles de aldeas que cometen el flagrante delito de oponerse a los intereses económicos de la familia Novella.

Los pobladores de San Juan Sacatepéquez, con sólidos argumentos a su favor y haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen a que en su tierra se instale una planta procesadora de cemento. Realizaron incluso una consulta popular amparados en lo que establece el Convenio 169 de la OIT, y el resultado de la consulta fue abrumadoramente favorable a los intereses del pueblo, al igual que ha ocurrido en decenas de situaciones afines en otros municipios del país, alrededor de temas como la explotación minera a cielo abierto o la construcción irracional de plantas hidroeléctricas.

Ante estos hechos políticos protagonizados por el propio pueblo, la Corte de Constitucionalidad, actuando a contrapelo del derecho mismo y de la concepción básica del término “democracia”, se colocó una vez más al lado de los intereses de las transnacionales y de sus socios locales, y decreta el carácter no vinculante de las consultas populares. Es decir, determina que, jurídicamente, para el Estado la voz del pueblo no cuenta. Con ello, sienta las bases para que, desde el Estado, la violencia suplante la inteligencia al momento de enfrentarse la voluntad soberana de los pueblos ante la codicia sin límite de los poderosos.

Los hechos ocurridos en Livingston y de San Juan Sacatepéquez son, al final, la manifestación inevitable derivada de esas posiciones adoptadas por el Estado. Y, aunque sumamente graves en sí mismos, son apenas la punta visible de un inmenso iceberg ante el cual Guatemala, como país, viene resultando poco menos que el Titanic. Con el agravante de que quienes conducen la nave, aunque sabedores de los riesgos, no temen en dirigirla en línea directa de colisión contra ese iceberg. Resulta evidente que el Capitán del barco y su tripulación nos llevan hoy hacia una evitable catástrofe y, aunque lo saben, parece no importarles en absoluto. Casi como si existiera la intención de hundir al país en un estado de desastre y de ingobernabilidad del que únicamente podrían salir airosos los intereses más egoístas y codiciosos, incluido el propio crimen organizado.

En Guatemala podría reeditarse lo ocurrido en el Titanic: al hundirse el barco, sólo los que viajaban en primera clase tuvieron posibilidad de acceder a los barcos salvavidas y salvarse. Aquellos que viajaban en otras clases, aunque eran la mayoría, sin más ni más se ahogaron en las frías y tenebrosas aguas del Norte y luego, cuando años después hicieron la película, sólo fueron considerados en el papel de simples extras.

Vamos hacia un caos intencionado, casi pareciera que planificado. Tanto así que el Gobierno, de la mano con los sectores empresariales más atrasados, se empeñan en realizar una intensa campaña mediante la cual buscan, a toda costa, desacreditar a las organizaciones populares ante la opinión pública, asociándolos artificialmente con el narcotráfico y con el crimen organizado. “No negocio con terroristas”, reza el discurso incluso del propio Presidente de la República. “Narcotráfico controla a invasores de tierras”, señalan malintencionadamente los grandes titulares de los grandes medios de prensa.

La portada misma que empleamos en la página inicial como ilustración, habla de las aldeas que han sido militarizadas y, allí mismo, aborda el tema de los detenidos tras la masacre de narcotraficantes en Zacapa. Esa sinonimia no es de ninguna manera casual ni ha sido la única. Pretenden sembrar, en el imaginario social, la absurda idea de que el movimiento indígena y campesino, las organizaciones comunitarias, el sindicalismo, las organizaciones estudiantiles, en fin, las expresiones legítimas del pueblo, son nidos de narcotraficantes y de terroristas.

No es casual, tampoco, que en las mismas fechas en las que se dan estos hechos, acuda al país una delegación de oficiales del Ejército estadounidense, y que, a su lado, el propio Vicepresidente de la República exponga que se debe duplicar al Ejército. En el marco de esa conferencia de prensa, el Embajador estadounidense anuncia la donación de cuatro helicópteros y de alrededor de US$ 20 millones para combatir al narcotráfico y al terrorismo.

Con ello, ¿qué pretenden los de aquí y los de allá?, ¿hacia dónde nos quieren llevar?

Para encontrar respuesta a estos y a otros interrogantes afines, es evidente que se requiere ubicar, con la mayor precisión posible, a aquellos intereses que saldrían beneficiados del hundimiento del país, así como las áreas concretas en las que se mueven esos intereses.

Controlar los yacimientos de petróleo; desarrollar la cruda explotación minera; manejar a su antojo la generación y distribución de energía; ejercer dominio exclusivo sobre los recursos hídricos; dejar de producir alimentos y, en su lugar, destilar etanol; construir costosos complejos turísticos; imponer el libre comercio; abolir los derechos laborales; justificar el incremento de la presencia militar foránea en nuestro suelo, entre otros afines, parecieran ser los móviles implícitos y subyacentes en el accionar del poder real y de las autoridades de Gobierno.

Es obvio que cada uno de esos temas amerita, por sí mismo, un profundo estudio y debate. No es en un comunicado que se pueden abordar como se debe, pero cuando menos deben mencionarse. En síntesis, se empuja a los sectores populares del país hasta el borde mismo del despeñadero para favorecer la imposición del modelo neoliberal, la imposición del “capitalismo salvaje”, como lo llamaba el Papa Juan Pablo II.

Ante semejante agresión, los sectores populares tenemos la obligación de cerrar filas, de construir alianzas, de enfrentar la amenaza como un solo y sólido cuerpo social, capaz de salir airoso ante este desafío, en defensa de los derechos e intereses de las grandes mayorías.

No podemos aceptar ni permitir que los hechos de Livingston y de San Juan Sacatepéquez se reediten ni, mucho menos, que se conviertan en la norma de procedimiento del Estado.

Debemos exigir, con firmeza, que se esclarezca el asesinato extrajudicial del compañero Mario Caal y que se aplique la justicia. La impunidad no puede seguir siendo el manto que ampare los crímenes cometidos por los poderosos o en defensa de sus egoístas intereses.

Debemos exigir que se respete la voluntad del pueblo emanada en las consultas populares.

Debemos enfrentar, en unidad, la campaña mediática que han desatado en contra de las organizaciones populares.

¡La Lucha Sigue!