El CACIF, con la Cámara del Agro y Carlos Zúñiga en la vanguardia, se ha dedicado ahora, entre otras de sus múltiples estrategias antipopulares, a deshacerse de aquellas personas que, por una u otra razón, se constituyen en obstáculo para la imposición de su modelo neoliberal. Y no procura solamente descabezar al movimiento sindical por la vía de desprestigiarlo ante los ojos de la opinión pública, ni sólo al movimiento campesino mediante una intensa y malintencionada campaña con la cual pretenden vincularlo artificialmente al narcotráfico.
También se ensañan en contra de ilustres ciudadanos y ciudadanas que son parte de la intelectualidad nacional quienes, con toda hidalguía, acompañados por la razón y en pleno ejercicio de sus derechos, han adoptado posiciones a favor de los sectores populares y, por ende, contrarias a las codicias y egoísmos propios de los grandes empresarios que han hecho de Guatemala su finca particular y se niegan a ceder en ninguno de sus privilegios.
Así ocurre hoy en el caso del Magistrado Rodolfo De León Molina, distinguido jurista nacional quien, en el ejercicio de su profesión y debido a los múltiples cargos que ha desempeñado, descubrió y conoció a fondo las causas estructurales desde las que se deriva uno de los mayores problemas que afectan al país: el tema agrario, con énfasis en la tenencia, uso y distribución de la tierra.
Ello lo llevó a asumir posiciones convergentes con los planteamientos que emanan desde el seno de las auténticas organizaciones campesinas y a expresar, de manera pública, su desacuerdo con la perpetuación de un sistema plagado de irregularidades e injusticias. Esta actitud adoptada a conciencia por el Magistrado de León Molina, obviamente, no fue del gusto del CACIF, del de la Cámara del Agro ni del de Carlos Zúñiga, razón por la cual las tres instancias se han dedicado, con empeño, a procurar no sólo su destitución de la Corte Suprema de Justicia sino, además, su desprestigio.
Le cobran el haber sido el Magistrado que expresó su criterio respecto a que, entre otras medidas, como parte de la solución del problema de la tierra en el país se deben regularizar los excesos, se deben promulgar leyes que permitan la existencia de Tribunales Agrarios, se debe implementar un Catastro que refleje la justicia, se debe construir un marco institucional público que permita que la razón y el derecho se impongan sobre la codicia y la fuerza bruta.
Conviene conocer, cuando menos brevemente, las múltiples trincheras desde las cuales el Magistrado no sólo fue forjando su posición al lado de los intereses del pueblo, sino, además, desde las cuales ha hecho escuchar su voz firme y decidida a favor de la justicia, de la dignidad y del derecho.
1. Vice presidente del INFOM2. Directivo de INDECA
3. Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Económico y Social
4. Director de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo.
5. Asesor de las Municipalidades
6. Miembro de la Junta Directiva del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Transformación Agraria
7. Asesor Jurídico del Instituto Nacional de Cooperativas
8. Asesor Jurídico de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
9.Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
10. Magistrado Coordinador del Tema Agrario por parte de la Corte Suprema de Justicia
11. Responsable y coordinador de la mesa del Diálogo Nacional
Agrario Intersectorial.
12. Como resultado del Diálogo, responsable técnico jurídico del anteproyecto de legislación agraria generada en dicho conglomerado de sectores, en el que trató de armonizar los aspectos de controversia entre el sector privado y el sector campesino.
13. En la actualidad, es miembro asesor de la Comisión Iberoamericana de Ética Jurídica.
Mañana Miércoles 2 de Abril, en la Corte de Constitucionalidad, se ventila la vista pública de la causa del Magistrado De León. La historia, incluso los hechos recientes, no permiten al pueblo y a sus organizaciones depositar su confianza en los fallos de esa Corte. Suelen no ser apegados al derecho, sino responder más bien a compromisos de naturaleza de clase. Así ocurrió, para mencionar dos notorios ejemplos, con el recurso contra el nefasto Tratado de Libre Comercio y cuando, también de manera absolutamente cuestionable, declaran el carácter no vinculante de las consultas populares.
En todo caso, con independencia de lo que emane desde los procesos jurídicos, lo relevante es que el país, y en particular las organizaciones indígenas y campesinas, tengan claro que es el CACIF quien está detrás de estas maniobras deshonestas, así como que el Magistrado De León sepa que, precisamente desde esas organizaciones y desde los sectores populares, se reconoce y se aplaude su labor.
Digan lo que digan las Cortes, el Magistrado debe tener presente, siempre, que en el seno del pueblo hay miles de personas que aprecian su quehacer, que lo consideran valioso y que saben que nada, absolutamente nada, podrá empañar su destacada trayectoria.
¡La Lucha Sigue!
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