GOBIERNO ATENTA CONTRA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO
Con suma preocupación observamos cómo desde el mismo Gobierno, a través de medidas clientelistas tendientes a la centralización politizada de fondos, funciones e instancias, se pretender reducir cada vez más al Estado y sus Instituciones, quedando lo que no está privatizado, en manos de personas y grupos afines a la familia del Presidente y/o al partido oficial. La sustitución de un Ministerio y la suplantación de sus funciones por parte de programas inventados irresponsablemente con superficialidad, de poco y corto alcance, constituye no solamente un serio atentado contra la misma institucionalidad que el Gobierno está llamado a fortalecer y para lo cual tiene y recibe fondos, sino una burla a su propio Gabinete de Gobierno y sus programas anunciados en su Programa de Gobierno.
La preocupación no es leve, en tanto que demuestra una vez más que se retrocede torpemente, dando palos de ciego, cuando el país lo que necesita son estabilidad y precisamente políticas profundas de verdadero desarrollo rural, de largo plazo, no electoreras.
DENUNCIAMOS:
Que desde el actual Gobierno de la República se han iniciado acciones tendientes a la desaparición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, trasladando los fondos a los Programas denominados PRORURAL Y COHESIÓN SOCIAL, destruyendo la políticas de largo plazo establecidas por el Sector Público Agrícola y afectando aún más los diferentes Programas y especialmente el de distribución de fertilizantes e insumos agrícolas destinados a los campesinos pobres.
Esto además atenta contra la seguridad alimentaria del pueblo de Guatemala, por lo que demandamos: Una audiencia de urgencia con el Señor Presidente de la República y la Comisión de Agricultura del Congreso de la República, para analizar esta situación a efecto de que nuestro técnicos puedan exponer con detalles de los riesgo que implican estas medidas que afectaran a largo plazo la producción agrícola nacional campesina, Fortalecer los programas de apoyo a los campesinos pobres y en extrema pobreza, ejecutados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y que se incremente su presupuesto para ampliar su cobertura.
Como medida de urgencia le solicitamos al señor Presidente ordene la inmediata entrega de fertilizantes a los campesinos, para evitar movilizaciones masivas y pacíficas innecesarias.
No nos olvidemos de la Reforma Educativa Por ver el árbol, podemos perder de vista el bosque
En Guatemala, el debate nacional alrededor del tema educativo no sólo se ha ausentado del temario sino que, además, con el agravante de que se ha focalizado alrededor de cuestiones puntuales y emergentes. Con notoria habilidad, la agenda a ventilarse la controlan celosamente el Ministerio de Educación, mano a mano con grupos como Empresarios por la Educación o la Gran Campaña por la Educación, cuya vocación neoliberal es confesa y evidente.
Las personas y organizaciones que hoy se ubican como principales actores dentro de la comunidad educativa, destinan sus esfuerzos en discutir y pronunciarse sobre aspectos que sin duda son de significativa importancia cada uno, pero que no constituyen lo esencial del asunto, como el despido o renuncia del Viceministro Carlos Aldana, el futuro de las Escuelas Normales, el de la Educación Bilingüe, la implementación de la gratuidad, el despido y nombramiento de Joviel Acevedo, las plazas de los maestros por contrato o la reclasificación de puestos, por mencionar algunos de los tópicos generadores de intercambios de opiniones.
Hoy se discute sobre componentes particulares, en ocasiones incluso aislados los unos de los otros, pero no se aborda el conjunto, en donde se expresan el fondo y la naturaleza del proyecto educativo que las autoridades del actual Gobierno implementan y que no pasa de ser, ni más ni menos, otra cosa que la mera continuidad de la Contrarreforma Educativa iniciada por su predecesora, María del Carmen Aceña.
Estos actores protagónicos han adoptado, casi que al unísono, una posición eminentemente contestataria, a la defensiva, de respuesta ante las políticas que, de manera coyuntural, plantea o impone el Ministerio. Con ello, dejan en manos de otros la toma de iniciativas y la definición de la temática a debatirse.
Quizás sin percatarse de ello, han terminado, entonces, por adoptar la agenda que conviene a los estrategas neoliberales y a los intereses de las derechas. En síntesis, no están agarrando al toro por los cuernos, sino que, por el contrario, se están dejando llevar por las maniobras de quienes aspiran a consolidar un modelo educativo que responda a las necesidades del mercado y más nada. En el marco de ese debate actual, se ha quedado olvidada o, cuando menos, relegada a un último plano, la sólida propuesta de Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz.
Los ideólogos neoliberales, con toda intención y con buen suceso, han sabido agenciárselas para ocultar esta Reforma Educativa allá lejos, en el rincón más oscuro de la gaveta de algún burócrata de cuello blanco, y condenarla así a que se llene de polvo y telarañas.
Pretenden que el país se olvide que esa propuesta se construyó, además, incorporándosele los insumos generados tras dos amplios procesos nacionales de diálogo y consulta, que construyeron consensos maduros sobre el futuro del quehacer educativo en Guatemala.
Dejar de lado la Reforma Educativa implica renunciar a uno de los más valiosos aportes emanados de los Acuerdos de Paz.
Olvidarnos de la esencia misma de la Reforma Educativa significa ignorar que cada párrafo, cada letra de la misma se escribió con la sangre y con la carne de los Héroes y Mártires quienes, por decenas de miles, entregaron su vida para construir una Guatemala justa, digna y humana, en cuya forja el tema educativo juega un papel determinante.
Empacar la Reforma Educativa en el baúl de las cosas viejas conduce a rendirse mansamente y abrirle, así, el paso al modelo de Contrarreforma neoliberal e inhumano que se ha venido impulsando desde la firma misma de los Acuerdos de Paz e incluso desde antes.
Cada contenido expresado en la auténtica Reforma Educativa debemos enarbolarlo en calidad de bandera de lucha. El texto y las ideas expresadas en la verdadera Reforma Educativa debemos retomarlos con urgencia y asumirlos como marco de referencia obligatorio. Por ende, lo que se vaya actuando en materia educativa desde el Estado y desde cualquier otras instancia, debemos leerlo a través de los lentes a los que los Acuerdos de Paz obligan. La Reforma Educativa que surge desde los mismos y desde dos consensos nacionales debe ser, sin que quepa la menor duda al respecto, el tamiz a partir del cual debemos cribar todo quehacer en el campo educativo.
Debemos tener presente, entonces, que los estrategas del neoliberalismo se han propuesto relegar al olvido la propuesta de Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz y que fuera enriquecida tras dos vastos procesos nacionales de diálogo y de consulta. La han venido sustituyendo, con gran habilidad, por su propia propuesta de Contrarreforma neoliberal, la cual poco a poco han ido imponiendo, incluso como único marco de referencia para el debate sobre el tema educativo.
Conviene, por lo tanto, recordar algunos de los componentes básicos que dan cuerpo y forma a la verdadera Reforma Educativa, por cuanto nada, en absoluto, justifica que nos desprendamos de ellos y que, en su lugar, asumamos como ejes de la teoría y la práctica las propuestas pedagógicas de contenidos neoliberales a las que da impulso el Ministerio.
Entre estos destacan:
1.- Transformación curricular: Uno de los pilares de la Reforma Educativa reside en la transformación curricular, entendida como proceso para que en el país se cuente con un modelo educativo pertinente en todos los ámbitos que dan forma a la vida ciudadana. Transformación curricular concebida en un triple plano: Macro, meso y microcurricular, articulados los tres en una propuesta firmemente enraizada en la realidad nacional, regional y local. Un nuevo currículo que permita contribuir a la forja de ciudadanos y ciudadanas conscientes y, por ende, responsables de su entorno, de su sociedad y de su mundo, sabedores de sus derechos y deberes, dueños de capacidades críticas y propositivas.
2.- Formación de los docentes en servicio: Entendido esto como el desarrollo, desde el Estado, de un proceso formativo que dote a los y las docentes en servicio de nuevas capacidades que les permitan aplicar la transformación curricular y darle vida a un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevos maestros y maestras facultados para entender, promover y defender cada uno de los componentes de la auténtica Reforma Educativa. Implica el llevar adelante un proceso formativo que le permita al maestro y a la maestra rescatar, por sus aportes, ese liderazgo comunitario que lo caracterizaba a lo largo de décadas anteriores. Un proceso que conducirá a la generación de docentes conocedores y comprometidos con la transformación positiva de esa realidad propia del ámbito en donde ejercen su vocación docente y del país en su conjunto.
3.- Reforma al pensum de las Escuelas Normales: Esto también concebido de manera que los nuevos docentes se formen, ya desde sus aulas de estudio, en la letra y en el espíritu de la Reforma Educativa, de manera que, al momento de iniciar con el ejercicio de la docencia, sean dueños o dueñas de las habilidades, de las destrezas, de los valores y de los conceptos pedagógicos que los faculten debidamente para impulsar la Reforma Educativa. Si se desarrolla un proceso innovador en el campo educativo, las nuevas generaciones de maestros y maestras no pueden ni deben seguir siendo formados en las prácticas anteriores.
4.- Sistema de Consejos de Educación: Este sistema, concebido como un espacio para la participación real de la Comunidad Educativa tanto en la formulación de políticas como en la fiscalización del quehacer del Ministerio, contempla una pirámide de varios niveles, que van desde lo nacional hasta el aula. Se parte del hecho cierto de que, en cada localidad, los actores son particulares y distintos, como lo es la problemática que en cada lugar se enfrenta. Y esta propuesta, de espíritu profundamente democrático, busca que la voz del pueblo sea parte del ámbito en donde se toman las decisiones.
5.- Descentralización: Entendido como proceso destinado a fortalecer las expresiones locales del Ministerio de Educación, desde la dirección de cada escuela o instituto, hasta las Direcciones Departamentales, fortaleciéndolas logística y presupuestariamente, a efectos de que puedan responder de manera eficiente y oportuna a las necesidades locales. La descentralización se concibe como válida en la medida en que se dé dentro de la propia institución, fortaleciéndola y permitiéndole, así, responder de mejor manera a sus obligaciones para con la población.
6.- Plan Nacional de Educación: Este componente implica la formulación y puesta en marcha de un Plan Nacional integral, que asuma como guías rectoras los contenidos concretos expresados en la Reforma Educativa. Los resultados emanados de los dos procesos de diálogos y consensos, así como el Diseño de la Reforma Educativa, deberían ser los principales insumos de los que se nutriría este Plan Nacional de Educación.
Naturalmente, la Reforma Educativa que brota desde los Acuerdos de Paz tiene más componentes, a los que habrá también que referirse. Por lo pronto, en este comunicado abordaremos esos seis, por cuanto han sido, uno tras otro, flagrantemente violentados y sustituidos por otros que, en la práctica y en la teoría, los niegan.
La propuesta de Contrarreforma que han impulsado grupos nacionales como Empresarios por la Educación y la Gran Campaña por la Educación, además de instancias internacionales como la AID y PREAL, marchan en dirección contraria a cada uno de estos seis componentes mencionados líneas atrás. Infortunadamente, los gobiernos consecutivos de Arzú, Portillo, Berger y ahora Colom, como era de esperarse, han adoptado fielmente el mandato del CACIF en materia educativa y, por lo tanto, han cerrado las puertas a la verdadera Reforma Educativa. Esto con el agravante de que numerosas personas y organismos vinculados al tema, en algunos casos sin percatarse de ello, pero en otros con toda intención, han permitido esa acelerada suplantación.
Debemos, pues, rescatar la auténtica Reforma Educativa y darle el lugar que, con todo derecho y razón, le corresponde.
No debemos dejarnos caer en la trampa distractora que han sabido tender las derechas.
Compartimos este comunicado por cuanto refleja, de manera clara y precisa, el enorme problema que la codicia de unos pocos está imponiendo a lo largo y ancho del país.
FNL
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POBRES CONTRA POBRES SE MATAN POR CAUSA DE LA ARENERA EL CARMEN
Pobre se enfrentan contra pobres en la aldea EL CARMEN.
A media noche entre este viernes y sábado un joven de 26 años, Darwin Danilo Contreras, y un adolescente, Marvin Orlando Escobar, de 15, han sido asesinados.
Los que están enfrentando a pobres contra pobres hasta el extremo del asesinado son el dueño de la ARENERA EL CARMEN, Guillermo Arango Jaramillo, por sobrenombre el Colombiano y su jefe de seguridad , Leonel Torres, coronel retirado, quien mantiene divididos y armados a los aldeanos.
La arenera EL CARMEN está devastando fincas nacionales, en usufructo de las Fuerzas Armadas para extraer arena con daños irreversibles al ecosistema del oeste de la ciudad de Guatemala , al sur del Cerro Alux.
Por parte de las comunidades afectadas: Ciudad Peronia, Barcenas, San José de Villa Nueva, Villalobos,, El Calvario, La Selva , se viene denunciado estos atropellos desde hace años, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta satisfactoria. Las entidades implicadas en este descuido son: El Ministerio de Energía y Minas, El Ministerio de la Defensa , el Ministerio de Medio Ambiente, todas las entidades responsables de cuidado de la naturaleza y la Alcaldía de Villa Nueva. Al Presidente Álvaro Colón se le ha hecho llegar el problema en repetidas ocasiones.
La Arenera EL CARMEN, en estos momentos intenta que desaparezca la Aldea El Carmen para seguir extrayendo arena debajo de sus casas , de la escuela, del Centro Comunal y de la Iglesia. Estos siniestros personajes, El Colombiano y el Coronel Torres, han comprado a una parte de los vecinos y les ha armado en contra de la otra parte que se resiste al desalojo. Los resultados son estos dos muertos y pobres contra pobres enfrentados en la aldea El Carmen, en lo de Ramírez, y en Bárcenas.
Pedimos a las autoridades que atiendan con suma urgencia este caso y atiendan a los justos reclamos de los ciudadanos afectados.
Les copiamos a continuación para que hagan el uso que les convengan algunas de las denuncias efectuadas.
DEMANDA DE CIUDAD PERONIA Y COMUNIDADES AFECTADAS
1.-Que la Arenera El CARMEN y la Arenera INDACO se paren ya, y sus dueños sean juzgados y obligados a reparar los daños causados a la naturaleza y a las personas que vivimos en el entorno.
2.-Que las fincas ocupadas por los militares pasen a manos civiles y sean declaradas RESERVA ECOLOGICA.
3.-Que ocho manzanas de las partes bajas de estas fincas sean dedicadas a servicios sociales de las comunidades aledañas: Campos de Deporte, una Escuela de Enseñanza Primaria un Instituto de Enseñanza Media, un Instituto Politécnico, Un Hospital Público.
4.-Que la Capilla (la primera Capilla de la zona) sea devuelta a la Iglesia Católica para su restauración, conservación y puesta en uso.
¿Qué están haciendo en estas areneras?
La arenera El Carmen está devastando 366 manzanas de bosque propiedad del Estado. Este bosque es un pulmón necesario para la ciudad de Guatemala. Es una de las fuentes de agua más importantes de la ciudad de Guatemala. Es una de las bellezas que rodean la ciudad de Guatemala. Por él pasa el acueducto Xayá-Pixcayá que, pasando por una arenera, es muy probable que colapse en este mismo invierno dejando sin agua a media ciudad.
Esta arenera ya causó la destrucción del puente de Ciudad Peronia y del puente de Villalobos, en la autopista Guatemala Escuintla, por el asolvamiento de una quebrada que formo una balsa con las aguas del huracán Mich, en 1998, Esto costó mucho sufrimiento a los vecinos de Ciudad Peronia, y muchos millones al Estado de Guatemala. Nadie pidió cuentas por este hecho.
Esta basta extensión de terreno lo componían tres fincas: finca Las Mercedes, finca Buena Vista y finca la Embaulada. En estas tierras hasta la llegada de esta devastación habitaban tigrillos, venados, coyotes, culebras. En el río San Lucas y la Quebrada Seca había peces y cangrejos. En este momento no habitan ni las cucarachas.
El responsable máximo de esta devastación es Guillermo Arango Jaramillo (el colombiano) a quien la voz del pueblo tilda de corrupto y de corruptor. De él se dice que compra voluntades y soborna autoridades.
Lo está haciendo a la vista del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de la Defensa Nacional , del Instituto Nacional de Bosques, de la Alcaldía de Villa Nueva. De la CONAP , de las autoridades de la cuenca del lago Amatitlán.
El encargado de la seguridad de la Arenera El carmen es Luís Escobar Ramos, Mayor retirado del ejército. Tiene a su disposición un pequeño ejército de hombres armados. Dispone de carros y de armas. Es el que da la cara por el colombiano.
Disimulando está enorme corrupción hay una Asociación de Vecinos la Selva y la Embaulada , (de hecho no habita nadie estos territorios) compuesta de especialistas del Ejercito de bajo rango, como unos 700, a quienes se repartió lotes de 8 por 20. Esa asociación de vecinos estuvo presidida por Neptalí García Alba, ex-especialista, ex-secretario del Departamento de Personal del Estado Mayor. Este Señor negoció con el colombiano. Hoy caído en desgracia, es suplido por Doña Estela Portillo de Chilel, ex-especialista (¿de la fuerza aérea?)
La Arenera INDACO está presidida por Francisco López y opera en la finca El Paraíso, de propiedad privada. Esta finca El Paraíso pasando a marchas forzadas a ser un Infierno, privándonos a los 70 mil vecinos de sus cercanías del derecho a la belleza, derecho reconocido por La Carta de la tierra.
Esta arenera está dejando como en un cubilete a la aldea El Calvario a quien está dejando rodeada por un barranco de 20 metros creado por la extracción de arena.
Esta arenera opera junto a una población y a unos metros de la Escuela del Calvario. Vecinos y niños de la escuela tienen que soportar ruido, polvo y peligro de los camiones.
El irrespeto de esta empresa hacia hombres, mujeres y niños llega al colmo por la ubicación en la arenera (a pocos metros de la escuela) de unos 150 servicios sanitarios, que traslada llenos de detritus humano de las distintas partes de la ciudad y son colocados a pocos metros de la Escuela difundiendo olor y enfermedades. Este olor y esta contaminación llegan a lo insoportable en los días que estos servicios sanitarios son vaciados y arrojados en la misma arenera. Los pobres que habitamos estas aldeas nos sentimos tratados como que no fuéramos personas.
Nos hemos avocado a las distintas autoridades, que ex -oficio debieran actuar, y hemos recibido la callada por respuesta.
A estas autoridades les inculpamos de incumplimiento de deberes y pedimos que se les investigue por posibles prácticas de corrupción.
Con unas empresas tan nefastas y unos usos tan irracionales del suelo convertimos a Guatemala en un desierto, en brevísimo tiempo.
SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA ¿DÓNDE TIENE METIDAS LAS MANOS?SEÑOR MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECUROS NATURALES ¿ESTO LO HA APROBADO UD.?INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUE: ¡ASI ESTAN QUEDANDO NUNESTROS BOSQUES ANTE SUS MISMAS NARICES!ALCALDES DE VILLA NUEVA: GANDARA Y SICAL ¿DÓNDE TIENEN LOS OJOS? ¿DE DÓNDE SON ALCALDES?AUTORIDADES DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN: ¡ESTÁN TAPANDO EL LAGO!SEÑORES DE LA CONAP : ¡PROTEJAN ESTE PULMÓN DE GUATEMALA!EL ACUEDUCTO XAYA-PIXCAYÁ NOS VA DEJAR SIN AGUA A TODA GUATEMALA.
Adjuntamos copia del volante que aborda los temas del cobro en el transporte de rutas extraurbanas cortas y el del Convenio 175.
NOTA IMPORTANTE: En el comunicado circulado por el FNL hace un par de días titulado: "Transporte: una bomba de tiempo con la mecha encendida", se cometió un error en los datos sobre qué es lo aprobado. Dice que se aprobaron Q2 para los primeros 5 kilómetros. Eso es incorrecto. Lo correcto es Q2 para los primeros 12 kilómetros.
El tema del transporte de pasajeros, sobre todo en las rutas extraurbanas cortas, se ha convertido en una especie de bomba de tiempo, a la cual le han encendido la mecha. En la gestación de este problema se conjugan dos factores principales, que no es posible conciliar: (i) la codicia sin límites de los empresarios privados que operan este servicio y, (ii) la precarización del presupuesto de cada familia que forma parte de los sectores populares, el cual cada vez hay que estirarlo más y más, apenas para que alcance para medio satisfacer las necesidades más apremiantes.
El desarrollo de los hechos que conducen hasta esta explosiva situación que existe hoy en día ha sido, en síntesis, el siguiente:
1.- Meses atrás, durante la crisis del petróleo, los empresarios dueños de buses, ni lerdos ni perezosos, procedieron a elevar los precios en sus unidades, bajo el argumento de que los costos de operación se habían encarecido.
2.- Luego, cuando bajan los precios internacionales de los combustibles, los empresarios se niegan tercamente a reducir el de sus tarifas. Debe tomarse en cuenta que, al día, estas líneas de buses movilizan alrededor de 500 mil pasajeros, y cobrar una extra a cada una de medio millón de personas les significa una ganancia considerable.
3.- Ante ese abuso, varias comunidades afectadas se organizaron y, acudiendo a medidas legales, políticas y de presión social, demandaron la revisión de la tarifa y la suspensión de los cobros excesivos e ilegales de los que venían siendo víctimas.
4.- Estas acciones populares condujeron a la creación de una mesa intersectorial, en la cual los empresarios, los usuarios y el Estado se sentaron semana tras semana a discutir la tarifa.
5.- El Gobierno, finalmente, emitió el Acuerdo Ministerial 16-2009 en el cual ordena la reducción de la tarifa, estableciéndola en Q2 por los primeros 5 Kilómetros y Q0.17 por cada Kilómetro adicional, cifras que superaban lo que demandaban los usuarios y sus organizaciones, pero que los empresarios argumentaban que los harían operar con pérdidas.
6.- El Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial y, a partir de ese momento, pasa a ser de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Nadie debe pagar ni un centavo más de lo que establece el Acuerdo 16-2009.
7.- Sin embargo, los dueños de los buses se niegan a aceptar la nueva tarifa y llegaron incluso a paralizar el transporte durante un día.
8.- Después del paro de transportes, los empresarios han seguido cobrando la tarifa ilegal, con lo cual se colocan en claro desacato.
9.- Esta actitud ha colmado ya la paciencia del pueblo quienes, en calidad de usuarios, se sienten estafados cada vez que hacen uso del servicio privado de transporte.
Esos son los hechos. Implican que, cada día, los empresarios le han venido sangrando al pueblo cerca de un millón de quetzales con sus cobros ilegales.
Si unos pocos empresarios deciden robarle a la población una cantidad semejante al día, desatender de manera unilateral las órdenes del Gobierno, suspender un servicio público esencial, entre otros atropellos, ¿cómo es que siguen libres? Deberían de estar presos.
Pero, peor aún, con sus actitudes estos empresarios siembran vientos. Podría ser incluso que las tempestades no las cosechen sólo ellos, porque la población está harta de que se le siga empujando hacia el borde de un profundo abismo y, en defensa de sus legítimos derechos, podría llegar a niveles de enojo y malestar que resulte incontrolable.
Este problema actual tiene una única solución definitiva: El transporte de personas deberá nacionalizarse. Es decir, debe dejar de ser una fuente de lucro para unos pocos y convertirse en servicio de calidad y a bajo costo para las mayorías populares. Sólo así lo que hoy existe como transporte privado podrá llamarse transporte público.
Por la nacionalización del transporte, ¡La Lucha Sigue!
Empresarios voraces no quieren ceder ni un centavo de sus ganancias
Hoy, desde tempranas horas de la mañana, los empresarios privados que operan rutas cortas de transporte extraurbano optaron por paralizar sus actividades, en rechazo a la nueva tarifa definida por el Ministerio de Comunicaciones.
Debe aclararse que esta tarifa emana como producto de la lucha emprendida meses atrás, básicamente por las organizaciones populares que forman parte de la Plataforma Urbana y del Frente Nacional de Lucha, FNL. No se trata, pues, de una generosa concesión dada desde el Gobierno, sino que es el resultado de meses de lucha, negociaciones y debates dados en el seno de una Comisión Multipartita, dentro de la cual la voz de las dos instancias mencionadas siempre supo plantear, con firmeza y como prioritarios, los derechos e intereses de la población.
En síntesis, en el 2008, cuando a nivel mundial se presentó la escalada en los precios del petróleo, los transportistas privados, ni lerdos ni perezosos, acudieron a este argumento para elevar las tarifas en todas las rutas que atienden y en todas las unidades que las cubren. Pero, una vez que los precios de los combustibles volvieron a su nivel normal, estos mismos empresarios se han negado tercamente a rebajar ni un centavo en las tarifas que cobran.
Debido a ello, los vecinos de Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Villa Nueva, Fraijanes, Amatitlán y otras localidades cercanas a la Ciudad Capital, con toda razón se fueron a las calles en demanda de sus derechos ciudadanos. Exigían, simple y sencillamente, que la tarifa del transporte se ajustara a los costos reales y no que fuera impuesta por la codicia sin límite propia de los empresarios privados del transporte. Estas acciones condujeron a la creación de la mesa de negociación multipartita a la que nos hemos referido, en la cual Plataforma Urbana y el FNL representaron los intereses de los sectores populares.
En consecuencia, la nueva tarifa definida debe considerarse como una importante conquista del pueblo, la cual, por lo tanto, debe defenderse. Por lo menos 500 mil personas hacen uso cotidiano de estos servicios. Son las familias de los sectores populares las que cargan, sobre sus hombros y presupuestos, con los costos del transporte. Son sus derechos los que deben de defenderse.
Los voraces empresarios, sin embargo, se niegan a aceptar la nueva tarifa, a pesar de que los estudios técnicos explican con claridad cómo se conforma, y se van al paro de sus unidades.
Cuando las organizaciones populares se van a las calles en lucha por cualquiera de sus derechos, esos mismos empresarios se suman al coro de voces que, desde las filas de todas las derechas, acusan a los pobladores de violar todo lo que se les ocurra. Lanzan en contra de la población que lucha los cargos de que son bochincheros, de que están manipulados por fuerzas oscuras, de que atentan contra la libre circulación, de que no saben de lo que están hablando, de que son una pila de haraganes que no quieren trabajar, en fin, han construido una sarta de epítetos a los que acuden invariablemente cada vez que el pueblo lucha. Además, rápido están de acuerdo con que intervengan las fuerzas de seguridad y aplauden la represión cuando es el pueblo el que lucha
Habrá que ver cómo se aplican estos criterios a sí mismos ahora que estos empresarios han optado por suspender la prestación de sus servicios.
Hoy, el debate sobre el tema del transporte enfrenta dos posiciones antagónicas: por un lado los derechos del pueblo y, por otro, la codicia desmedida de los empresarios privados. En todo caso, el problema de fondo va más allá de una mera cuestión tarifaria. Por ende, no encontrará solución mientras no se eliminen las causas generadoras del actual conflicto.
Es un hecho que en Guatemala, salvo contadas excepciones, no se puede hablar del servicio de transporte público, por cuanto su prestación es privada. Al ser privada, opera con fines de lucro. Toda iniciativa empresarial privada existe en función de generar ganancias para sus propietarios. Nadie crea una empresa privada con el fin de perder. Y las ganancias saldrán, siempre, desde los bolsillos de los usuarios o consumidores, es decir, desde los clientes.
En cualquier sociedad moderna el transporte público de personas debe concebirse, sin lugar a dudas, como un servicio básico, esencial para la población y para el desarrollo, (como también deben serlo la salud, la educación, la seguridad y la vivienda, para mencionar algunos ejemplos). El problema en Guatemala es que ese servicio, que debería ser público, prestado por el Estado y sin fines de lucro, se ejerce de manera privada por parte de empresarios voraces y con claros fines de lucro desmedido.
La verdadera solución a este problema no reside, por ende, en subir o bajar las tarifas cada vez que se llegue a una situación de conflicto, sino en proceder a la inmediata nacionalización del transporte, a la creación de empresas municipales que presten el servicio (que no sean propiedad de los alcaldes o sus familiares- aló Arzú) y a la generación de mecanismos que permitan el ejercicio de la incidencia política y de la auditoría social desde el seno de la población y de sus legítimas organizaciones, a efectos de ser parte en la definición de las políticas que se apliquen en este campo y en la fiscalización de la calidad y del manejo financiero. Así, nadie podrá meter la pata ni, mucho menos, la mano. Deben, pues, crearse empresas municipales que aseguren para el pueblo un servicio de calidad y a bajo costo.
Debe saberse que los actuales empresarios a favor de quienes se han concesionado las rutas han generado, además, un sistema de trabajo profundamente lesivo en perjuicio de quienes manejan las unidades o ayudan en cada una de las mismas. Los choferes en realidad alquilan a cuota fija cada camioneta, y deben trabajar a todo gas, jornadas de 12 o más horas para poder cubrir la cuota diaria y que les quede algo para sus familias. En la mayoría de los casos son los choferes quienes cubren, desde lo que van cobrando a cada usuario, el costo de los combustibles. No los ampara la legislación laboral vigente, por lo cual no disfrutan de derecho a vacaciones, a bono 14, a aguinaldo, de acceso al IGSS, a pensión ni a ninguna otra prestación laboral vigente por ley. Es decir, que los empresarios concesionarios de las líneas han diseñado un sistema que les permite operar sin asumir las responsabilidades a las que obliga la ley. Son, pues, violadores de la ley en materia laboral.
Tampoco invierten ni un centavo en procesos de capacitación al personal. A los empresarios no les interesa la calidad del servicio, sino que buscan solamente el incremento de sus ganancias. ¿Para qué, entonces, van a invertir en cursos que formen a conductores y a ayudantes?
Y no gastan, tampoco, más allá del mínimo indispensable en el mantenimiento de sus unidades. Por ello, tras cada accidente en el que se ven involucradas, se determina que la causa fueron los frenos mal atendidos u otras fallas mecánicas previsibles. La gran mayoría de las decenas de muertes que han ocurrido en las carreteras deben atribuirse, entonces, a una clara e intencionada negligencia empresarial, alimentada por la codicia.
En declaraciones hechas públicas por Prensa Libre en su edición de hoy, como argumento para justificar el paro empresarial y la no aceptación de la nueva tarifa, el vocero de los transportistas expresa lo siguiente:
“Carlos Díaz, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), indicó que prestan un servicio en el que arriesgan la vida de pilotos y ayudantes, además de pagar extorsiones”
Esas declaraciones son el colmo del descaro. Este señor Díaz sabe perfectamente que a ellos, los empresarios, jamás les han importado los derechos de pilotos y ayudantes, y que, a pesar de que vienen cobrando a cada cliente una tarifa ilegal desde hace meses, nunca han invertido siquiera un centavo en materia de seguridad para choferes y ayudantes. Ni son ellos, tampoco, quienes pagan las extorsiones, cargo que absorben precisamente los pilotos y ayudantes con el dinero que paga el usuario. Ni seguridad ni extorsiones han representado, para los empresarios, costo alguno. En todo caso, eso no justifica, en absoluto, que se sostenga una tarifa por encima de lo que sea razonable. No son los usuarios los que deban correr con los costos que implicaría enfrentar la violencia.
Como análisis adicional, el transporte es uno de los factores que encarece los costos a los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela. De poco sirve cacarear desde el Estado la “gratuidad” en relación con cobros escolares, si los niños y niñas ni siquiera tienen los recursos para llegar ni a la esquina del establecimiento educativo.
La única solución real reside, pues, en la nacionalización del transporte privado, para que realmente pase a ser transporte público.
La decisión de rebajar la tarifa del transporte extraurbano de rutas cortas debe ser respaldada y sostenida desde las organizaciones populares.
La voracidad y prepotencia de los empresarios privados no puede imponerse sobre los derechos e intereses del pueblo.
¡Por la nacionalización del transporte! ¡La Lucha Sigue!
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Prensa Libre, 6 de Febrero del 2009 Nacional Empresarios de rutas cortas amenazan con paro de buses
Los transportistas afirman que no acatarán lo dispuesto por el Ministerio de Comunicaciones.
Por sandra valdez periodismo comunitario
Empresarios del transporte extraurbano de rutas cortas del departamento de Guatemala informaron que a partir de hoy paralizarán ese servicio, en rechazo a la imposición de una rebaja de tarifas por parte del Ministerio de Comunicaciones. Carlos Díaz, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), indicó que prestan un servicio en el que arriesgan la vida de pilotos y ayudantes, además de pagar extorsiones.
También argumentó que el alza de precios de los repuestos, lubricantes y llantas incrementa el costo de sus operaciones y disminuye sus ganancias.
Díaz, en representación de los propietarios de las mil 750 unidades que circulan en el departamento de Guatemala, afirmó que si aceptan las tarifas contenidas en el acuerdo 16-2009, lo harán con pérdidas, y eso es inaceptable.
Tarifa técnica Augusto Marroquín, director general de Transportes (DGT), reiteró que se trata de una tarifa técnica, que depende de un estudio apegado al costo de operación y ocupación.
Advirtió que si la Gretrucex suspende el servicio, tiene contemplado agilizar permisos temporales para que buses urbanos cubran el servicio de las rutas cortas.
Sin embargo, Luis Gómez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, indicó que no tienen conocimiento al respecto, pues nunca han estado en conversaciones con la DGT.
Explicó que no descartan esa posibilidad, y aseguró que tienen la capacidad para hacerlo, pero carecen de la jurisdicción de esas rutas.
Policía vigilará Marlene Blanco, directora de la Policía Nacional Civil, aseguró que no permitirá disturbios por parte de los autobuseros de rutas cortas.
“No vamos a permitir que a los usuarios se les vede el derecho del transporte”, expresó. Agregó que destacará agentes para evitar que les obstaculicen las vías a las empresas que sí van a prestar el servicio.
Gamaliel Chin, presidente de la Gretrucex, afirmó que podrían interponer recursos legales contra el citado acuerdo, incluso en la Corte de Constitucionalidad.
Otto Rivas, también empresario de buses extraurbanos, calificó a Marroquín de irresponsable e incapaz en su trabajo, por lo que solicitó su suspensión del cargo. Marroquín dirigió ayer operativos en las rutas a El Salvador, Pacífico y Atlántico, donde advirtió a los pilotos que deben bajar las tarifas.
¿Estará el INDE condenado a muerte? Mientras el Estado lo ataca, el INDE la emprende contra pobladores
Uno de los graves problemas que afecta al país es el de la violencia incontrolable en contra de la vida de las personas. La actuación criminal de bandas de sicarios y del crimen organizado, a la que debe sumarse la represión contra dirigentes populares, ha llevado al país a un callejón oscuro y tenebroso al cual urge encontrarle una salida.
Pero debe agregarse que en el país también hay instituciones a las cuales las políticas públicas que se aplican desde el Estado, mano a mano con imposiciones internacionales, condenan a muerte. Y, en esos procesos, el pato de la fiesta termina, siempre, siendo el propio pueblo. Es sobre los hombros de los sectores populares que, al final, caen los costos de esas muertes anunciadas.
Tal es el caso del INDE, institución a la cual la han sometido a una lenta y dolorosa agonía, como los hechos lo ponen en clara evidencia:
• En 1998 le cercenaron la distribución de la energía eléctrica, la cual se privatizó a favor de Unión FENOSA y de IBERDROLA, ambas empresas españolas. Esta primera agresión significó para el INDE el entregar a estos consorcios una de las áreas sustantivas en la prestación de los servicios eléctricos. También implicó, en perjuicio del pueblo, que lo que era un servicio público pasara a ser un servicio privado, es decir, con fines de lucro.
• En la década transcurrida entre el 98 y el 2008, otra área, la de la generación de energía, fue siendo progresivamente copada por empresas privadas nacionales y extranjeras, con lo cual la participación del INDE en el campo de los servicios eléctricos se fue viendo cada vez más reducida.
• Para colmo de males, la actual administración Colom autoriza la construcción y puesta en funcionamiento de cinco plantas generadoras que operarán a partir del empleo del carbón mineral como combustible. Los operadores de estas plantas altamente contaminantes serán, claro está, empresas extranjeras. Con ello, en materia energética al INDE y al país le irán quedando nada más que las migajas. De hecho, la planta Chixoy es la única generadora significativa que maneja el INDE, a pesar de que fue construida hace más de un cuarto de siglo, con lo cual se pone en evidencia el desinterés que durante décadas ha tenido el Estado por generar, a partir de un esfuerzo propio, la energía que el país requiere, dejándole esa iniciativa como negocio exclusivo a corporaciones privadas.
Y resulta que hoy Chixoy se encuentra colocada en alto riesgo, debido a la construcción, por parte del propio Estado, de una carretera cuyo trazado amenaza con hacer colapsar el túnel por el que corren las tuberías de alta presión que hacen la planta operable. Si ese túnel se desploma, Chixoy simple y sencillamente se verá obligada a cerrar operaciones y su capacidad productiva, sin duda alguna, sería sustituida por generadoras privadas. Es decir, una crisis de semejante magnitud colocaría al INDE en un estado de postración tal que, como institución, se vería colocada al borde mismo de la desaparición.
Esta denuncia la han venido planteando los trabajadores y trabajadoras de la institución, pero su clamor ha caído en oídos sordos. Las altas autoridades del INDE y del Estado no han querido hacer absolutamente nada al respecto. El Sindicato de Trabajadores del INDE, miembro del FNL, hondamente preocupado por el alto riesgo que corre su institución, (y, con ello, la estabilidad laboral de sus afiliados y afiliadas), conscientes además de lo que el cierre de Chixoy implicaría en perjuicio de los sectores populares de todo el país, han llegado incluso a colocar mantas de denuncia dentro de la propia sede del INDE, pero resulta evidente que, de la Gerencia para abajo, a los mandos ello no les preocupa para nada.
En todo el país las organizaciones populares claman con firmeza y razón contra la privatización de la electricidad y, en consecuencia, por la nacionalización de ese servicio básico. Con ello, el INDE se vería enormemente fortalecido. Es decir, las comunidades se constituyen hoy en las primeras defensoras del INDE.
Sin embargo, (como Guatemala es un país de absurdos), el día de ayer el INDE la emprendió contra pobladores de Malacatán, a quienes acusa penalmente de atentar contra servicios de utilidad pública, basándose en los hechos ocurridos el 25 de Diciembre, cuando la población del Municipio de Malacatán se fue a las calles para reclamar por los continuos cortes de los que los han hecho víctimas. Respecto a estos hechos nos hemos referido en varios comunicados anteriores, los cuales se pueden obtener en el blog del FNL, cuya dirección electrónica que se indica en el pie de página.
Los cargos levantados por el INDE condujeron al arresto de los compañeros Jorge López V., Jorge López P., Patrocinio Pérez, Daniel Chun López, Lorenzo Rocael R., Francisco Rodas y Neftalí Otoniel Pérez. Los siete guardan prisión por el delito de haberse colocado al lado del pueblo. En el acta de acusación, la abogada que en este caso actúa como representante legal del INDE, (Lic. Esmeralda López, acreditada en esa calidad por Salomón Román Álvarez, a solicitud del Ing. Jorge Alberto Juárez Pedroza, quien se presenta como Gerente General del INDE), expresa que los acusados “forzaron al empleado del INDE a subir la palanca y restablecer el servicio”, con lo cual la propia abogada pone en claro que en Malacatán el servicio eléctrico había sido suspendido por voluntad unilateral de la institución. Simplemente porque les dio la gana dar la orden para que se bajara esa palanca.
Es a todas luces absurdo que una institución la emprenda contra quienes son los únicos que la defienden y luchan tanto por su fortalecimiento como para evitar su pronta muerte y desaparición.
Es simplemente ridículo que en esta acusación el acusador reconozca explícitamente su culpa como causante principal de los hechos acaecidos aquel 25 de Diciembre del año pasado y que, a pesar de ello, se envíe a prisión a quienes actúan en defensa de sus derechos ciudadanos.
¿Cómo puede explicarse que una persona que hace ya más de cuatro años dejó la Gerencia General del INDE hoy, en una clara usurpación de funciones, acredite a una abogada ajena al INDE como representante legal de la institución? ¿Qué tiene que decir el actual Gerente, Fernando Castro, al respecto?
En todo caso, si fuera necesario meter a la cárcel a quienes atentan contra servicios de utilidad pública, la lista habría de encabezarla Álvaro Arzú, quien dio inicio a la privatización de este servicio esencial y, con ello, a la muerte del INDE, sometiéndolo a una lenta agonía. A esta misma lista deberían de sumarse, en calidad de cómplices de idéntico delito, los nombres de Portillo, de Berger, de Colom, cuyos gobiernos dieron continuidad a políticas energéticas que fueron restándole participación al INDE y trasladando sus funciones al sector privado, sobre todo a consorcios transnacionales. Ellos atentan, todos, contra un servicio de utilidad pública. Y todos, sin excepción, contribuyen a abonar el camino que conduce a la actual crisis en el campo de los servicios eléctricos, así como al malestar existente entre la población a lo largo y ancho del país.
Además, en la lista deberían colocarse también los nombres de Cohen y de los miembros de la actual Junta Directiva, (con la excepción de los que, mediante voto razonado y registrado en actas, se hayan expresado en contra de esta absurda medida represiva), quienes emprenden acciones jurídicas contra aquellos cuyo delito ha sido proteger tanto al INDE como los derechos del pueblo y desatienden, (intencionadamente por cuanto se han hecho las advertencias del caso), la seguridad física de la planta Chixoy, principal fuente generadora que controla la institución.
En días recientes, un medio de prensa escrita hizo pública la denuncia de que el padre del actual Gerente del INDE, por lo demás financista de la campaña electoral de la UNE, estaba licitando para la concesión de la construcción y operación privada de una hidroeléctrica, en un claro conflicto de intereses.
Sumando este hecho a las actuaciones recientes del INDE cabe preguntarse: ¿Será que prefieren que la planta Chixoy y el INDE colapsen, con miras a fortalecer al sector privado generador de energía?
¿Será que las actuales autoridades de esa institución, estratégica para la vida nacional, actúan con el secreto e inconfesable propósito de llevarla a la quiebra y a su desaparición?
¿Será que el INDE quiere convertirse en fuente generadora ya no de energía eléctrica, sino de desestabilización y de desorden público, con el riesgo de que ello aproxime niveles colindantes con la ingobernabilidad?
Lo cierto es que, míresele por el ángulo que sea, el tema eléctrico se ha convertido en parte muy importante de la agenda nacional, y la posición desde las organizaciones populares es diametralmente opuesta a las políticas públicas y privadas que hoy se imponen desde los espacios de poder.
Exigimos al INDE que deponga sus acusaciones contra los compañeros a los que han puesto en prisión. No debería ser el INDE quien contribuya a multiplicar el número de presos y de perseguidos políticos. NO debería ser el INDE quien contribuya al retorno de la represión y del terror desde el Estado.
Los compañeros presos deben ser dejados en libertad en términos inmediatos.
Y seguiremos en la lucha por la expulsión del país de Unión Fenosa y de toda esa retahíla de empresas extranjeras, que han hecho de los servicios eléctricos una fuente indiscriminada de lucro, que extraen desde los bolsillos del pueblo.
Si estas empresas tienen ya cómplices nacionales que, desde el Estado y sus instituciones, las protegen, pues habrá que declararlos traidores a la Patria y señalarlos como enemigos declarados del pueblo.
porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso”
En el Municipio de Tecún Umán, departamento de San Marcos, se está desarrollando un conflicto cuyo desenlace puede implicar serias y negativas repercusiones para la población afectada, en especial en perjuicio de los niños y niñas. Y, de nuevo, el problema gira alrededor de la electricidad. En este caso, en el marco de las líneas de interconexión con México cuya construcción se contempla en el Plan Puebla Panamá.
En ese Municipio existe una finca, llamada “Las Mercedes”, que fue adjudicada hace siete años por el Fondo de Tierras a 44 familias, y que hoy la habitan ya 65 familias campesinas. Se trata de una propiedad colectiva que los comunitarios a duras penas han venido pagando con el sudor de sus frentes.
Pues bien, una transnacional de nombre Isolux, también española pero con subsidiarias en varios países, contrató con el Estado la construcción de las torres para líneas de alta tensión que se requieren para esa interconexión. Tres de esas torres se instalarían en tierras de la Finca Las Mercedes.
La comunidad de Las Mercedes tiene ya siete años de venir gestionando el servicio de energía eléctrica ante distintas instancias, pero sus gestiones han resultado infructuosas. En consecuencia, les resulta irónico que sus tierras se empleen para transportar energía que a ellos les ha sido negada reiteradamente, o que se las han ofrecido a elevados costos de instalación.
En consecuencia, plantean que, para que las torres sean construidas, primero debe resolverse el tema de su acceso a energía eléctrica domiciliar. Para ello, proponen dos alternativas:
1.- que la Municipalidad la administre a través de la creación y puesta en funcionamiento de una empresa municipal o,
2.- que sea administrada comunitariamente, con el apoyo técnico del INDE.
Los vecinos de Las Mercedes parten del sólido argumento de que, si por sus tierras se transporta la energía que abastece al país, justo es que a ellos no les sea negada. De igual manera, si esas líneas de interconexión se emplean para venderle a México excedentes nacionales, tampoco es razonable que ellos sólo sepan que por ahí pasa la energía, sin que se les otorgue el derecho de disfrutar ni de un kilowatio.
Sin embargo, a pesar de que sus planteamientos son absolutamente razonables, en lugar de recibir una respuesta positiva, se vieron enfrentados a una maniobra legalista y deshonesta: La empresa Isolux dice que negoció bilateralmente con unas pocas familias para que éstas accedieran a la construcción de las tres torres de alta tensión. No se sabe a cambio de qué ni de cuánto.
Esta negociación, en caso de que se haya dado, sería a todas luces ilegítima y contraria a lo que la legislación vigente establece, por cuanto la finca es propiedad de la colectividad y no de individuos a título personal. Y la empresa nunca ha querido sentarse a negociar seriamente con los representantes de la comunidad en su conjunto.
Mientras se debatían estos asuntos, la empresa española aprovechó para construir la primera de las tres torres. De manera que hoy, 4 de Febrero, cuando los camiones de Isolux llegaron con materiales, equipos y personal para iniciar la construcción de la segunda, se encontraron con que los vecinos de Las Mercedes les impidieron el paso. La población expresa, con firmeza, que no está dispuesta a permitir que las torres se construyan mientras a ellos se les entretiene en diálogos o mesas de negociación en las que no se han dado avances.
El representante de la empresa española, que acudió hoy al lugar de los hechos, amenazó a los vecinos incluso con hacer llegar al Ejército para que les brinde protección mientras realizan las obras. Esta amenaza estuvo a punto de desembocar en actos de violencia, que la propia comunidad no auspicia, pero a los que la pueden obligar amenazas como la mencionada.
Es preciso hacerle saber a los representantes del consorcio español que el Ejército existe para defender al país frente a una agresión o invasión extranjera, y no para defender a empresas extranjeras que invaden el suelo nacional y agreden los derechos de nuestra población.
En Guatemala nunca han sido los guatemaltecos los invasores, sino otros, como Pedro de Alvarado. Resulta irónico que los nietos de ese invasor hoy pretendan instalarse, precisamente en Tecún Umán.
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la existencia de líneas de alta tensión, que implican la existencia de amplios campos magnéticos, genera graves riesgos para la salud, como la leucemia o el cáncer, según los estudios médicos más recientes realizados por instituciones cuya seriedad no puede ser puesta en duda. Estos estudios demuestran que quienes viven a menos de 200 metros de una torre de alta tensión, sobre todo los niños, tienen un 69% más de riesgo de contraer cáncer. Y si viven a menos de 600 metros, el riesgo es de un 23% más.
Para mejor proveer, adjuntamos al final de este comunicado algunos artículos públicos que profundizan este aspecto.
Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por la codicia de esta corporación y por los compromisos explícitos en el Plan Puebla Panamá.
Instamos a la comunidad nacional e internacional a hacer efectiva su solidaridad con la lucha de los vecinos de Las Mercedes.
Demandamos del Gobierno de la República y del INDE que, en este caso como en otros, sepan anteponer el interés nacional y la salud de la gente por encima de la avaricia de las grandes transnacionales.
El nombre de la empresa Isolux debe colocarse junto al de Unión FENOSA, IBERDROLA, Teco Energy, Duke Energy, Jaguar Energy y otros modernos piratas que lucran a manos llenas con la energía eléctrica y que deben ser expulsados del país.
Científicos británicos del grupo de investigación Childhood Cancer Research Group, de la Universidad de Oxford, publicaron un estudio en la revista British Medical Journal, acerca de la relación entre los casos de leucemia infantil y las líneas de alto voltaje.
Los investigadores estudiaron 29.081 casos de niños con cáncer, de los cuales 9700 padecían leucemia, entre los años 1962 y 1995. Los resultados mostraron que los niños que vivían a menos de 200 metros de las líneas de alta tensión tenían un 69% más de riesgo respecto del grupo de control. Los que vivían a más de 600 metros aumentaron el riesgo en un 23%.
Lo cual demostró ante los científicos la relación entre las líneas de tensión y la leucemia infantil.
Los autores expresaron, "Actualmente no existe un mecanismo biológico aceptado que explique estos resultados epidemiológicos; ciertamente, esta relación podría ser azarosa o casual".
El sistema de distribución de energía eléctrica produce campos eléctricos y magnéticos de frecuencia extremadamente baja, y desde 1979 existe la preocupación de que estos campos estén asociados al cáncer. En 2001, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja como "posiblemente carcinogénicos" mientras que otras iniciativas, como el UK Childhood Cancer Study, discuten el riesgo.
Aproximadamente, un niño de cada dos mil contrae leucemia antes de cumplir los 15 años. Aunque todavía no se entienden las causas, los investigadores han estudiado una amplia variedad de posibles explicaciones, incluyendo susceptibilidad genética, radiaciones ionizantes, pautas inusuales de exposición a infecciones, y campos electromagnéticos.
Más de 29.000 niños con cáncer, incluyendo 9.700 con leucemia, fueron incluidos en este nuevo estudio, el mayor en su clase hasta la fecha. Los niños tenían de 0 a 14 años, y nacieron en Inglaterra y País de Gales entre 1962 y 1995. Fueron comparados con un grupo de niños de control, cotejándose individualmente sexo, fecha aproximada de nacimiento, y distrito donde se registró el nacimiento. Se calculó la distancia entre el hogar de cada niño al nacer y la línea de alta tensión más cercana.
Los niños que en el momento de su nacimiento tenían su domicilio en un radio de 200 metros de las líneas de alta tensión parecían tener un riesgo de leucemia un 70 por ciento mayor al de los que tenían su domicilio a más de 600 metros. No se encontró ningún aumento de riesgo para otros cánceres en los niños estudiados.
Los autores admiten su sorpresa ante el hallazgo de este mayor riesgo de leucemia, en vista del bajo nivel promedio de exposición a los campos magnéticos en estas distancias. No hay un mecanismo biológico aceptado para explicar estos resultados; de hecho, la relación puede ser debida a la casualidad o a otro factor asociado con vivir cerca de líneas eléctricas.
Las líneas de alta tensión que atraviesan Real del Ángel exponen a alta radiación a los habitantes de ese fraccionamiento. Después de cuatro años que la Comisión Federal de Electricidad autorizó la reubicación
YAIR DESSALINES
Después de cuatro años que la Comisión Federal de Electricidad autorizó la reubicación de líneas de alta tensión sobre Real del Ángel, ubicado al sur de la ciudad, los vecinos empiezan a ver diezmada su salud; casos de cáncer, hipertensión, anemia y enfermedades “raras” se han presentado como consecuencia de la exposición a la radiación.
Aunque esto se ha denunciado públicamente en los medios de comunicación y los colonos han acudido a las instancias estatales y federales, a la fecha ninguna autoridad ha instruido para que las líneas de alta tensión de 115 Kilo-volts (Kv), 34 Kv y 13 Kv sean retiradas de la Prolongación de Avenida México.
Ante un caso claro de tráfico de influencia, dado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya ha turnado las recomendaciones pertinentes y la Secretaría de Salud en el estado ha asegurado a los colonos que están en riego de adquirir enfermedades por la permanencia a la radicación de las líneas de alta tensión, los vecinos, desesperados, revelaron a Olmeca Diario que están a punto de turnar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que mantiene alerta tanto a los habitantes del Fraccionamiento Real del Ángel como a los del Fraccionamiento San Jorge, es que en los últimos años se han presentado casos inexplicables de leucemia que terminó con la vida de una menor, la presencia de anemia, hipertensión y depresión, que al decir de los colonos está siendo generada por las radiación en el lugar.
En el caso del hijo de la señora Emilia Pérez Mendoza, quien habita sobre la avenida principal, durante el 2007 y 2008 presentó un caso permanente de anemia, considerada por los médicos como inexplicables, pues el menor estaba sujeto a tratamiento médico y el comportamiento alimenticio era normal, fue hasta que optaron instalar su recámara al extremo de su casa, lejos del paso de las líneas cuando la situación médica empezó a mejorar.
Como muestra del riesgo que corren las más de 100 familias asentadas bajo las líneas, se colocó un “fluke” medidor de voltajes al pie de las líneas y casas, resultando una presencia de carga electromagnética inmediata o radiación.
Al decir de los propios especialistas, la exposición permanente a radiaciones electromagnéticas puede resultar con el tiempo en enfermedades graves en el ser humano, particularmente las asociadas al cáncer y al sistema nervioso.
Los colonos volvieron hacer un llamado a las autoridades del estado, Secretaría de Salud, autoridades federales, Semarnat, Profepa, Seguridad y Riesgo, y al propio Ayuntamiento de Centro, para que en lo inmediato ordenen la reubicación de las líneas de alta tensión, lejos de los fraccionamientos y colonias de la zona.
En España:
El MASS urge el soterramiento de las líneas de alta tensión.[4] Sábado, 24 enero 2009: Los concejales del MASS en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ángel Escuredo y Fátima López Placer, exigen que el consistorio adopte las medidas oportunas para hacer desaparecer las torretas y líneas de alta tensión que además de afear la estética de las calles suponen un riesgo para la salud de miles de bercianos que sufren los efectos de la contaminación electromagnética que generan.
Denuncian que la situación es especialmente grave en los barrios de Cuatrovientos y en Compostilla donde en algunos casos existen torres de alta tensión dentro de las viviendas o en medio de una calle, circulando los vehículos alrededor como si de una plaza circular se tratase. “Estas instalaciones deberían soterrarse o desplazarse a otras zonas que no estén habitadas. El consistorio debería pedir ayuda a las administraciones superiores para que soporten parte del enorme coste económico que este proceso requiere. Además el crecimiento de Ponferrada hacia Compostilla con la urbanización y edificación de La Rosaleda aumenta la proximidad con las torres del parque así como a la subestación de Unión Fenosa ubicada entre la Avenida de Galicia y La Rosaleda”, explican Escuredo y Placer.
En concreto aluden a Compostilla donde algunas líneas y cables cruzan el barrio por encima de las viviendas y se encuentran próximas al colegio, por lo que consideran que el equipo de gobierno debería dar prioridad a esta cuestión sobre la que ya se ha pronunciado también el procurador del común, que aludiendo al principio de prevención, ha pedido a la Junta de Castilla y León y a los distintos ayuntamientos el soterramiento de estas instalaciones en las zonas residenciales por el perjuicio que puedan ocasionar en la salud de los ciudadanos.
El mayor impacto de las líneas de transmisión de energía eléctrica se produce en los recursos terrestres. Se requiere un derecho de vía exclusivo para la línea de transmisión de energía eléctrica. Normalmente, no se prohíbe el pastoreo o uso agrícola en los derechos de vía, pero, en general, los otros usos son incompatibles. Si bien no son muy anchos los derechos de vía, pueden interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra en toda su extensión. Las líneas de transmisión largas afectarán áreas más grandes y causarán impactos más significativos.
Las líneas de transmisión pueden abrir las tierras más remotas para las actividades humanas como colonización, agricultura, cacería, recreación, etc. La ocupación de espacio reservado al derecho de vía puede provocar la pérdida o fragmentación del hábitat, o la vegetación que encuentra en su camino. Estos efectos pueden ser importantes si se afectan las áreas naturales, como humedales o tierras silvestres, o si las tierras recién accesibles son el hogar de los pueblos indígenas.
Riesgos para la salud y la seguridad
Al colocar líneas bajas o ubicarlas próximas a áreas con las actividades humanas (p.e., carreteras, edificios) se incrementa el riesgo de electrocución. Normalmente, las normas técnicas reducen este peligro. Las torres y las líneas de transmisión pueden interrumpir la trayectoria de vuelo de los aviones cerca de los aeropuertos y poner en peligro las naves que vuelan muy bajo, especialmente, las que se emplean para actividades agrícolas.
Las líneas de transmisión de energía eléctrica crean campos electromagnéticos. Se disminuye la potencia de los campos, tanto eléctricos, como magnéticos, con el aumento de la distancia de las Líneas de transmisión. La comunidad científica no ha llegado a ningún consenso en cuanto a las respuestas biológicas específicas a la fuerza electromagnética, pero resultados emergentes en comunidades anexas a esta influencia física, sugieren que hay antecedentes fundamentados de riesgos para la salud, asociados a algunos tipos de cáncer.[2]
Se han promulgado normas en varios estados de los Estados Unidos que reglamentan la fuerza electromagnética que está asociada con las líneas de transmisión de alto voltaje.
