Urge que el Estado haga lo necesario

Guatemala, 2 de Noviembre del 2010

¡Alto a la violencia y a la impunidad!

Es urgente que el Estado adopte medidas serias al respecto

En todo el país el crecimiento de la violencia criminal sigue imparable. Se ha llegado a un punto tal en que la cifra diaria de muertes violentas supera ya la que se producía durante los más duros años de la política contrainsurgente. Hoy por hoy puede afirmarse que, en Guatemala, para algunos grupos la vida no vale nada. Lo grave sería que, como sociedad, llegáramos a acostumbrarnos a ello y a considerarlo como parte de lo normal.

Esta inaceptable espiral de violencia se encuentra alimentada por varios factores, entre los que cabe destacarse los siguientes que, obviamente, se conjugan entre sí, sin que se pueda definir con claridad dónde comienza uno y termina el otro:

1.- La impunidad, que sigue siendo el oscuro y denso manto protector bajo el cual se abriga todo tipo de atropello contra el pueblo. En la medida en que los autores materiales e intelectuales se sepan impunes e inmunes, la violencia seguirá creciendo.

2.- La ausencia de voluntad política para poner un freno a esta deleznable realidad que genera. En la medida en que las autoridades competentes se hagan los de la vista gorda ante cada hecho de sangre, la violencia seguirá creciendo.

3.- La incapacidad manifiesta de los cuerpos responsables de la investigación criminal, que no son capaces de encontrar ni a un elefante dentro de una pecera. El Ministerio Público, por múltiples razones, simple y sencillamente no le atina. En la medida en que no existan cuerpos capaces de esclarecer debidamente los hechos criminales, la violencia seguirá creciendo.

4.- La corrupción imperante, que permite que las responsabilidades de muchos funcionarios se compren y se vendan al mejor postor, como meros objetos de mercado. En la medida en que la corrupción, en sus múltiples formas, se adueñe de la gestión pública y de la privada, la violencia seguirá creciendo.

5.- La creciente presencia y poder del crimen organizado dentro del aparato burocrático del Estado, lo que conduce a que los criminales encuentren protección desde el seno mismo de las instituciones públicas y las conduzcan a su antojo y placer. En la medida en que estas redes criminales sigan creciendo en su poder, la violencia, asimismo, seguirá creciendo.

En el marco de esa violencia, la represión selectiva en contra de dirigentes populares se ha colado, también de manera creciente. Hoy las amenazas, los atentados y los asesinatos de hombres y mujeres que han cometido el “delito” de colocarse al frente de las luchas de su pueblo han llegado ya a límites alarmantes. Y nada, absolutamente nada, hacen las autoridades al respecto.

En consecuencia, el próximo Viernes 5 de Noviembre realizaremos una Marcha, que saldrá a las 8:00 a.m. desde el frente de la Municipalidad capitalina y recorrerá hasta el Congreso de la República.

Allí se exigirá a los diputados que se apresuren a aprobar el paquete de leyes sobre seguridad y justicia que se encuentra empantanado y que, según reporta Prensa Libre en su edición del 1 de Noviembre, está bloqueado por presiones de grupos de poder. (Se adjunta el artículo al que se ha hecho mención).

Asimismo, se requerirá la gestión del Congreso para obtener una urgente cita con la CICIG, a efectos de hacerla conocedora de los casos de represión selectiva a los que nos referimos.

Y, también en el marco de esta marcha, haremos un llamado a las organizaciones populares para la creación de una Red o un Frente contra la Violencia y la Impunidad.

¡La Lucha Sigue!

Prensa Libre

01/11/10 - 00:00 Justicia

Grupos de poder bloquean leyes de seguridad y justicia

Al menos 10 leyes, reformas o reglamentos relacionados con seguridad y justicia permanecen pendientes de aprobación, aunque algunas incluso ni siquiera tienen iniciativa, debido a intereses de grupos de poder y mafias que se mantienen en la impunidad.

POR FRANCISCO MAURICIO MARTÍNEZ

Diversos sectores señalan que se utilizan prebendas en el Organismo Legislativo para que las normas se engaveten a sean bloqueadas. Además, creen que diputados, funcionarios o empresarios defienden intereses de mafias, para evitar que la justicia llegue a romper las estructuras del crimen organizado.

Entre estas normativas figuran la de extinción de dominio y la de enriquecimiento ilícito, que la comunidad internacional, especialmente el embajador de EE. UU. en Guatemala, Stephen McFarland, pide al Congreso de la República que las apruebe cuanto antes.

Además, siguen en lista de espera el reglamento de la Ley de Empresas de Seguridad Privada, la creación del Ministerio de Seguridad, la ratificación del Estatuto de Roma y las enmiendas a las leyes de Amparo, Antejuicio y Orgánica del Ministerio Público, y al Reglamento de la Ley de Armas y Municiones, entre otras normas.

Este paquete es promovido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Mesa Nacional de Seguridad del Congreso de la República, y están plasmadas en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, impulsado por organizaciones sociales, el cual fue suscrito el 15 de abril del 2009 por los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ya tiene un preocupante retraso.

Para agilizar esos proyectos, la Mesa Nacional de Seguridad se puso como meta a inicios de este año aprobar al menos ocho; sin embargo, Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, afirmó que es probable que solo se puedan aprobar la ley de extinción de dominio y las reformas a las leyes de Amparo y de Empresas de Seguridad Privada, aunque por el momento la discusión presupuestaria ensombrezca tal posibilidad.

El futuro de las demás es incierto, ya que, según analistas y legisladores, el próximo año el trabajo de los congresistas estará contaminado por la campaña electoral, puesto que dedicarán mucho tiempo al proselitismo; además, la pugna en el hemiciclo entre los parlamentarios oficialistas y de oposición será una guerra sin cuartel. Muestra de ello es que el Ejecutivo admitió que la creación del ministerio de seguridad solo podrá realizarse hasta el próximo gobierno.

No camina

Pese a los índices crecientes de violencia e impacto del crimen organizado, las iniciativas simplemente no avanzan. Algunas datan del 2005, como el proyecto 3319, que dispone aprobar reformas a las leyes de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuyo ponente es el Organismo Judicial y había sido conocida por el pleno mucho antes de la suscripción del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia.

Fue aprobada en segundo debate y remitida para consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 27 de marzo del 2008.

El 6 de marzo del 2009, la corte dio a conocer su respuesta favorable con cambios a seis artículos y desfavorable a las enmiendas de otros cinco. A partir de entonces quedó varada.

Esta propuesta se encuentra lista para ser conocida en tercera lectura, con las enmiendas respectivas derivadas de la opinión de la CC; sin embargo, más de un año después, no hay avance.

Tema vital, pero relegado

La ley de servicios de seguridad privada empezó a tratarse del 2003 al 2004, cuando se presentaron tres iniciativas, de las cuales una recibió dictamen favorable, pero quedó engavetada desde el 2006.

En la actualidad, esta iniciativa —4212— ya fue consensuada en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso y remitida para su dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde aún permanece.

Cambio postergado

La creación del ministerio de seguridad queda como una tarea para el próximo gobierno. Esto se evidenció después de que el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, y el coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Jiménez, se presentaron a las reuniones de la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso el 21 de junio y el 5 de julio. Después no se engavetó.

Entonces informaron que todavía faltaba diseñar la propuesta del Ejecutivo. Esa labor llevará varios meses, quizás hasta finales de este año, por lo cual la implementación y funcionamiento ya no será posible durante la administración de Álvaro Colom, sobre todo al considerar el atraso de iniciativas como la de extinción de dominio.

La creación de este ministerio fue el primer compromiso del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia suscrito por Colom, pero también fue uno de los principales ofrecimientos de la campaña electoral del actual gobierno. También hay dos iniciativas en espera — 40-33 y 40-39 —, presentadas en el 2009 por la Unión del Cambio Nacional y el bloque de Libertad Democrática Renovada.

La guinda en el pastel era la iniciativa que reforma la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), de la cual no se ha presentado propuesta, pese a que el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia afirma que se debe “fortalecer el marco normativo que regule esa institución en las áreas que sea necesario”.

Poderes paralelos

De acuerdo con Carmen Rosa De León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, la aprobación de estas leyes no avanza porque mafias del crimen organizado y grupos de poder paralelo interfieren. “Estas son las organizaciones que debe investigar y desarticular la Cicig”, expuso.

Puso como ejemplo la reforma de la Ley de Armas y Municiones, a la cual De León le dio seguimiento. Aseveró que los diputados recibían prebendas para que no movieran nada. “Lo más fácil —en estos casos— es no hacer nada, para evitar cambios”, señaló.

Juan Ramón Ruiz, secretario ejecutivo del Proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOOS), reveló que la discusión de la referida normativa tardó 12 años y se aprobó hasta marzo último —falta que el Ejecutivo avale su reglamento— porque la gente que está en estos negocios no quería que se restringiera la venta de armas y municiones ni que hubiera una dirección general que los controlara o que se reglamentara el funcionamiento de los polígonos.

De León aseveró que la iniciativa de ley de empresas privadas de seguridad no es aprobada porque que hay grupos que comercian al amparo del marco regulatorio, que no es efectivo en ese momento.

Ruiz refirió que los que más obstaculizan ese proyecto son los dueños de empresas que no están legalizadas, ya que desde hace varios años operan con la excusa de que “se encuentran en trámite”, por lo cual funcionan sin control.

Añadió que la Ley del Sistema Penitenciario se llevó 12 años en ser aprobada, pero aún no se implementa porque hasta ahora el Ejecutivo no ha creado el reglamento, lo cual beneficia a grupos que siempre han lucrado alrededor de este sistema, en forma directa o indirecta, o quienes tienen el control interno en los penales.

Todo lo que se debe hacer para mejorar la PNC tampoco prospera. Expertos coinciden en que al crimen organizado le interesa que haya una Policía ineficiente.

Al respecto, Helen Mack, comisionada presidencial para la Reforma Policial, expuso que comienza a trabajar para lograr cambios. Afirmó que es urgente que se apruebe y se fortalezca la PNC, por los altos índices de violencia.

No les conviene

En cuanto a las leyes de enriquecimiento ilícito, Antejuicio y extinción de dominio, los principales opositores son diputados y funcionarios de gobierno, lo cual “es un secreto a voces”, aseguró Mack.

Dijo que al aprobarse estas normas los primeros en salir afectados son los intereses de los parlamentarios, ya que muchos se han enriquecido de manera ilícita o tienen algún vínculo con lavado de dinero o el narcotráfico.

Rubén Mejía, de la Bancada Guatemala, expuso que el letargo se debe a que hay bancadas que manejan doble discurso, ya que “se oponen a estas iniciativas, pero públicamente no lo mencionan, lo cual se entendería como que tienen interés en que no se conozcan”.

Añadió que algo que incide es que los diputados se mantienen en un constante reacomodo que retrasa las agendas.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, que también integra el FOOS, dijo: “Han distorsionado lo que es urgente para el país, lo cual se refleja en que no han agendado ni aprueban los paquetes de leyes de seguridad y justicia”.

Dijo que debaten sobre agendas particulares y las que tienen que ver con la coyuntura.