Guatemala, 13 de Enero del 2011
Un año más, ¡y jamás!
Al tercer aniversario de un desastre que ya, por fin, está por acabarse
El Gobierno presidido por Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza cumplió ya su tercer año de ejercicio del poder. Inició el 2010 con un Estado de Sitio en San Marcos, y lo cierra con otro en Alta Verapaz. Está claro que no existe mayor muestra de incompetencia por parte de un Estado que decretar unilateralmente la suspensión de la democracia y sustituirla por un esquema dictatorial, que es, al final, lo que se pone de manifiesto tras cualquier Estado de Sitio. Peor aún cuando esa suspensión de garantías y derechos obedece a la voluntad de favorecer a empresas nacionales o extranjeras económicamente poderosas, aunque ello implique severas lesiones para la población que los eligió con sus votos.
En todo caso, ese tácito pero evidente reconocimiento de su propia incapacidad, (que se expresa con los Estados de Sitio) es, quizás, lo único en lo que el actual Gobierno no se equivoca. Si se analizan las áreas sustantivas propias de la vida nacional, no hay una sola que no resulte deficitaria. No hay un solo campo en el que, como país, no andemos mal, con el agravante de que los costos derivados de la implementación de políticas públicas erróneas los terminan pagando, siempre, los sectores populares.
Su tercer año de Gobierno estuvo caracterizado, al igual que los anteriores, por un profundo divorcio entre su discurso y su práctica. Las autoridades supieron, con maestría, elevar la demagogia a extremos inauditos. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional sus hechos políticos, antípoda de sus palabras, evidenciaron un nivel de hipocresía que sólo es digno de las peores causas.
Por ejemplo, en foros internacionales nuestros gobernantes leyeron encendidas proclamas sobre la protección al medio ambiente, sobre los riesgos del calentamiento global, sobre la amenaza del cambio climático, mientras que, en el país, el propio Presidente Colom inauguraba la construcción de tres plantas privadas generadoras de energía eléctrica a base de la quema de carbón mineral.
Estas plantas le inyectarán anualmente tres millones de toneladas de químicos tóxicos a la atmósfera, con lo cual envenenarán el aire, el agua y la tierra. Paralelamente, hace entrega del ejercicio de la soberanía nacional y de las riquezas del subsuelo a manos de codiciosas empresas transnacionales, sembradoras de destrucción ambiental y de injusticias.
La renovación del contrato con la PERENCO; la negativa a acatar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó el cierre de la Mina Marlin; la sumisión con que escucha y acata la voz de Unión FENOSA pero se niega a prestar ni la menor atención al clamor general que demanda la nacionalización de la energía, son apenas muestras que ponen en evidencia una gestión gubernamental abyectamente subordinada ante la voracidad de consorcios transnacionales y de sus cipayos locales.
En el ámbito interno, las políticas del Estado no pasaron de ser más que una mera continuidad del crudo neoliberalismo puesto en práctica por sus predecesores. Por ejemplo si, con toda razón y derecho, se critica a Arzú por haber privatizado en el 98 la distribución de la energía eléctrica al entregarla a manos de Unión FENOSA, por su parte este Gobierno, en el 2010, fue más allá y privatizó, silenciosa e impunemente, la generación energética entregándosela, también, a la misma empresa, con lo cual condena a muerte al INDE.
La aprobación de la Ley de Participación Público-Privada para la Infraestructura Económica, que faculta al sector privado para proceder a expropiar tierras a su gusto y conveniencia, es evidencia del corte anti-popular adoptado servilmente por el actual Gobierno y por su bancada en el Congreso de la República, en alianza con otras también de derecha.
En materia de servicios públicos esenciales, el actual Gobierno se ha empeñado en demoler, paso a paso, las capacidades del Estado para prestarlos:
· El Ministerio de Agricultura no es sino un remedo de institución. Ha sido desmantelado, con lo cual se pone en mayor riesgo la seguridad alimentaria, en un país en el que uno de cada dos niños o niñas padece de desnutrición crónica. La hambruna ha sido estimulada, sostenida y empeorada por las políticas públicas, que no plantean ninguna respuesta seria para enfrentar con éxito las causas estructurales generadoras de esa calamidad.
· El Ministerio de Salud carece de voluntad política y de recursos suficientes para atender mínimamente sus funciones. Los pacientes entran por la puerta delantera del sistema de salud con la aspiración de curarse, pero salen por la trasera con un fajo de recetas bajo el brazo, para que vayan a la medicina privada a hacerse exámenes o a comprar sus medicinas. Y ello rodeado de un discurso falaz que pregona la gratuidad de la salud.
· En Educación, la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz y que fue consultada y consensuada con la población, la han ocultado en el rincón más oscuro de la gaveta de quién sabe cuál burócrata y yace, empolvándose, sin que nadie eleve la voz en su rescate. Se sigue educando para beneficio exclusivo del neoliberalismo. Ello con el agravante de que, con regular insistencia, se trasladan fondos asignados a la educación al programa de Cohesión Social. Es decir, se transfieren, al servicio de la Primera Dama, los recursos originalmente destinados a los niños y niñas de los sectores populares. Este abuso, negligencia o como quiera llamársele, ha costado ya la renuncia de varios Ministros de Educación.
· En cuanto a vivienda de interés social, ni siquiera existen planes o programas destinados, cuando menos, a paliar ese enorme déficit habitacional que afecta a los sectores populares. Lejos de presentar soluciones, desde el Gobierno se genera corrupción, pues es bien conocido el caso del Programa Nacional de Resarcimiento que, entre otras cosas, duplicó el costo real de las viviendas que construyó.
· El desempleo y el subempleo siguen creciendo, sin que desde el Estado se implemente política alguna para combatir estos flagelos. Tanto así que, para millones de jóvenes, la única posibilidad con que cuentan para buscar un empleo digno es la de irse para el Norte. Por esa vía, nos hemos convertido en un país que tiene, como uno de sus principales productos de exportación, a su propia gente.
· Se atenta contra la seguridad social, no sólo por la vía de elevar el número de años y la cantidad de cuotas para jubilarse, con lo cual se agrede a toda la clase trabajadora, sino, además, dejando de pagarle al IGSS las cuotas que, como Estado, le corresponden y reduciendo a diario la base de población que cotiza, hasta reducirla a cifras que ponen en riesgo la continuidad del sistema de seguridad social.
· La violación de los derechos laborales ha sido una constante. El Estado, codo a codo con el sector privado, atropella de manera cotidiana lo que las leyes establecen en materia laboral. La figura del trabajador por contrato, ausente de garantías, sustituye a la del trabajador presupuestado. Se reduce abruptamente el número de trabajadores del sector público. El pago del salario mínimo que establece la legislación vigente no se cumple, sin que el Ministerio de Trabajo haga nada al respecto. Los Pactos Colectivos, que tienen rango de ley, se irrespetan de manera cotidiana tanto por el sector privado como por el mismo Estado en su calidad de empleador.
· En Guatemala ya no puede hablarse del campo de la seguridad, sino del de la inseguridad. Si “la violencia se combate con inteligencia”, como nos repetían durante la campaña electoral última, a lo largo de los tres primeros años de ejercicio del poder no han dado siquiera muestra de tenerla. La violencia ha sido creciente y, en la medida en que siga amparada bajo el manto de la oscura impunidad, nada podrá detenerla. Tan sólo los hechos de haber cambiado cinco veces Ministro de Gobernación, el haber dejado al país sin jefe de Policía durante meses y el constante reporte de capturas in fraganti de elementos de alta en la PNC y del mismo ejército involucrados en el crimen y narcotráfico, son muestra fehaciente de lo anterior.
· Debe denunciarse la forma irresponsable con que este Gobierno manejó las emergencias derivadas de la erupción del Volcán Pacaya y de la tormenta Agatha, ante las cuales pasaron meses sin que se formulara un plan coherente y, cuando uno se hizo público, resultó ambiguo e insuficiente.
· La descarada, anticipada e ilegal campaña electoral emprendida desde el Gobierno, por la vía de fortalecer, a costa del debilitamiento de instituciones públicas estratégicas, las arcas a cargo de Doña Sandra, es decir, de Cohesión Social, desde la cual se ponen en práctica programas de caridad y clientelistas que sólo buscan captar, por la vía del chantaje masivo, votos para la Primera Dama.
Hay muchas más malas noticias atribuibles al desgobierno de la actual administración y a la continuidad del modelo neoliberal: el incesante incremento en el costo de la vida; la constante pérdida de la capacidad adquisitiva del salario; la penetración cada vez mayor del narcotráfico y del crimen organizado; la imposición o, más bien, la sumisión ante el Plan Puebla Panamá, ante el Plan Mérida y ante el Tratado de Libre Comercio, entre otras.
La única buena noticia en este tercer aniversario es que ya sólo les queda un año. Un año más ¡y jamás!
Al pueblo no se le puede engañar eternamente. Los desatinos del actual Gobierno, y de sus predecesores, han contribuido a generar conciencia en el pueblo respecto a la necesidad de construir unidad de todos los sectores auténticamente democráticos y progresistas, para emprender la construcción de una Guatemala justa, digna y humana.
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