El CACIF a la ofensiva

Guatemala, 26 de Febrero del 2011

El CACIF clama, con fuerza, por el retorno de la represión

¿Qué oscuros objetivos motivan la ofensiva que desarrollan los grandes empresarios?

Hace un par de días, concretamente el 25 de Febrero, los representantes de las principales cámaras empresariales del país, actuando como un solo cuerpo bien orquestado, interpusieron ante el Ministerio Público un recurso formal en el que exigen la destitución del Ministro de Gobernación y del Jefe de la Policía, además de que se capture y lleve a juicio a nuestro compañero Luis Lara y a otros dirigentes del Frente Nacional de Lucha. Allí estaban las tres cámaras, es decir, la de Comercio, la de Industrias y la del Agro, despotricando a diestra y siniestra porque el Estado no les obedeció cuando exigieron represión en contra del pueblo y de sus legítimas organizaciones.

Los grandes empresarios, (es decir, esa minoría poderosa que es la responsable directa del desastre en el que se encuentra el país), fundamentan su demanda en el argumento de que las autoridades gubernamentales no reprimieron a las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que manifestaron el pasado 24 de Febrero, a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, acusan al FNL de haberles ocasionado pérdidas que cuantifican en 14 millones de quetzales. Es decir, por fin muestran, sin tapujos, su verdadero rostro. Ellos, los únicos y grandes beneficiarios de la pobreza que pesa sobre millones, lloran lágrimas de cocodrilo, que nadie en todo el país se las cree.

Esta es la segunda acción jurídica que emprenden en menos de una semana. La primera, a la cual nos hemos referido en un comunicado anterior (que se encuentra en el blog del FNL), fue el recurso de amparo que introdujeron el 23 de Febrero ante la Corte de Constitucionalidad, requiriéndole la salvaguarda del derecho a la libre locomoción, el cual la CC resolvió en tiempo récord de seis horas. Pidieron garrote para el pueblo. Pidieron violencia, represión, pidieron regresar a los años del terror desatado desde el Estado. Y, sin escrúpulo alguno, acuden ante la Ley para perpetuar así sus injusticias.

El CACIF está de ofensiva y sus acciones, por lo pronto, deben ubicarse en dos terrenos: una ofensiva jurídica, en cuyo marco están los recursos o demandas a las que hemos hecho mención en las líneas anteriores. Pero a ésta la acompaña una ofensiva política, igualmente fuerte. Han hecho uso de su control sobre los grandes medios de comunicación social para sembrar (de manera irresponsable y carente de ética), la idea de que la lucha social es sinónimo de terrorismo y, además, para proclamar lo que ellos llaman “un estado de ingobernabilidad”. Insisten en señalar que el país ha caído en la ingobernabilidad y que algo debe hacerse al respecto. Con lujo de despliegue mediático, repiten una y otra vez que lo que pretenden es el respeto de la Ley y, con ello, del estado de derecho que, a su juicio, está roto. Alerta con estas frases que son demasiado parecidas a las que precedieron el golpe de Estado en Honduras. Para ellos el estado de derecho está roto cuando no se hace su voluntad. ¿Qué descaro no?

Ante esta fuerte ofensiva jurídica y política adoptada por los sectores económicos más poderosos, de corte claramente antipopular, es preciso interpretar los hechos y plantearse una serie de interrogantes, para poder captar, en el fondo, qué objetivos pretenden alcanzar los señores del CACIF al desarrollar esta estrategia en la cual se hallan insertos.

Debe tomarse en cuanta que sus posiciones actuales no son improvisadas ni obedecen, tampoco, a primeros impulsos. Así no han actuado nunca. Que las tres cámaras se concatenen de tan estrecha manera es producto, sin duda, de una meticulosa planificación que los condujo a adoptar una secreta definición estratégica. No están actuando al azar, sino siguiendo un guión que sólo ellos conocen y que, sin duda, para el resto del país es peligroso. Para procurar entenderlo debe tomarse en cuenta lo siguiente:

Primero, el CACIF se coló intempestivamente en una fiesta a la cual nadie lo había invitado. El llamado a la lucha que realizó el FNL fue para emplazar al Gobierno y al Congreso, en función de las violaciones a un amplio conjunto de derechos básicos, que son patrimonio irrenunciable del pueblo. Y así se desarrolló. Fue, pues, un episodio de lucha propio de un conflicto en el cual las partes involucradas eran, por un lado, las legítimas organizaciones populares y, por otro, las instituciones del Estado.

El CACIF apareció de la nada y apareció con fuerza. Nada tenía que ver en el conflicto. Nadie lo había ni mencionado siquiera. Se metió de shute y salió trasquilado. Vino por lana y salió claramente evidenciado.

Segundo, su abrupta intromisión pone en claro que, cuando desde el seno del pueblo se habla de violación a los derechos superiores de las mayorías, ellos se dan por aludidos. Y, en esa interpretación, no se equivocan. Ante esta realidad, cabe recordarles que suele afirmarse que “al que le quede el guante, que se lo plante”. Si se sienten incluidos cuando se alude a violaciones de derechos del pueblo, debe ser porque sus conciencias así se los dicta.

Efectivamente, son ellos, los señores del CACIF, quienes han tenido siempre la sartén por el mango. Son, en consecuencia, los principales culpables del abismo al cual han conducido a Guatemala, con la colaboración sumisa de una larga serie de Gobiernos consecutivos que les sirven mansa y obedientemente, incluyéndose en esa lista al actual. “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, reza el refrán popular. El actual Gobierno, desde antes incluso de asumir el ejercicio del poder, ha cedido una y otra vez ante los mandatos del CACIF y ahora, cuando ya le resta menos de un año de su período, el CACIF, (el gran favorecido de la gestión gubernativa), la emprende furibundo en su contra.

Tercero, es vox pópuli que recientemente el CACIF ha sufrido severos golpes, a los cuales no está, en absoluto, acostumbrado. Los dueños de las grandes fortunas nunca han aprendido a tolerar que se les pida cuentas por sus desafueros, y el que ahora eso ocurra los saca de quicio. Ellos, dueños de una codicia sin límites, no aceptan que nadie, en absoluto, les pida cuentas. Mucho menos el pueblo guatemalteco, al cual el CACIF asume como fuente a explotar sin misericordia alguna.

Cuando se devela, por parte de la CICIG, la participación criminal de Vielmann, de Sperissen y de Giamattei en ejecuciones extrajudiciales, los señores del CACIF montan en cólera. El que uno de sus principales, Dionisio Gutiérrez, se haya visto obligado a abandonar el país por oscuras razones, también los afecta y enoja. Pero lo peor, lo que desata sus furias, es que su carta de triunfo para el juego electoral, Álvaro Arzú, fue vetado y puesto en ridículo.

Cuarto, estos señores feudales, acostumbrados a quitar y poner presidentes que les resulten mansos ante su voluntad, ahora no cuentan con una figura político-partidaria en la que puedan depositar su plena confianza. Otto Pérez Molina para ellos representa una derecha militar con la cual han tenido serias confrontaciones. Basta con recordar el Jueves Negro de hace algunos años. Y, por otra parte, a Sandra Torres la ubican en una derecha populista que no cuenta con sus simpatías. (Aclaramos que ninguno de ambos es santo de nuestra devoción). Así que, para su gusto y conveniencias, van débiles a la próxima elección de autoridades. Van al proceso electoral con una pata coja. Eso, obviamente, les revuelve hasta el más recóndito de sus intestinos. Y no hallan qué hacer.

Quinto, estos millonarios, para su asombro, son testigos de la fuerza creciente del pueblo, y eso sí que no pueden tolerarlo. Que la población crezca en sus capacidades organizativas, que se eleven sus niveles de conciencia y, (peor aún para ellos), que se fortalezca su compromiso de lucha es algo que, simple y sencillamente, no pueden aceptar.

Porque ellos lucran del pueblo. Porque esquilman al pueblo. Lo sangran de manera cotidiana. Porque siempre han procurado controlar al pueblo para que no vea, no escuche, no hable. Porque, si el pueblo despierta, el doble rostro del CACIF quedará al descubierto. Optan, entonces, por quitarse la máscara y exigir que al pueblo se le reprima. Hoy pretenden transformarse en defensores de la ley, cuando, a lo largo de su historia, no han hecho otra cosa más que violentarla.

Ellos, que hipócritamente se rasgan las vestiduras en llanto por un Estado de derecho que, desde su interpretación, significa que se haga su sacrosanta voluntad, son a todas luces los principales violadores de la ley: la campaña política anticipada en vallas multimillonarias a favor de Arzú; los constantes negocios dolosos en contrataciones de obras públicas, sobre todo de la construcción; los constantes escándalos por fraude y quiebra de bancos en el sector financiero; la multimillonaria evasión y elusión fiscal; por mencionar algunos casos. ¡Que paguen el salario mínimo, para empezar!

No tienen, pues, calidad moral alguna para reclamar por el cumplimiento de la ley.

Pero, aunque golpeados, siguen siendo poderosos, y una fiera, cuando se encuentra acorralada, se torna mucho más peligrosa.

¿Hasta dónde quieren llegar los señores del CACIF con su ofensiva? La respuesta a esta pregunta sólo ellos la saben y no la hacen pública. En todo caso, parecieran estar creando condiciones para declarar o promover un estado de ingobernabilidad irreversible. Para llamar a su “reingeniería” de Guatemala, como le han dicho. Esa es, al final, la esencia de su discurso.

Si así fuera, deben saber que se encontrarán de nuevo a las organizaciones populares en las calles, defendiendo el orden constitucional.

No vamos a permitir que el CACIF realice un Honduras en Guatemala.

¡LA LUCHA SIGUE!