¡Salvaje y solapada agresión contra el pueblo!

Guatemala, 29 de Agosto del 2007

En el marco de la actual campaña electoral, e incluso usándola como peligrosa cortina de humo tras la cual pretenden invisibilizar sus actos, las autoridades del actual Gobierno han procedido a emitir un Acuerdo Gubernativo que, en la práctica, se convierte en una nueva y feroz agresión contra los intereses de todos los sectores populares y, en especial, en perjuicio de los millones de familias campesinas que, en nuestro país, a duras penas sobreviven.

Se trata del Acuerdo Gubernativo 243-2007, mediante el cual se deja en libertad al Ministerio de Agricultura para que prohíba la producción, comercialización y uso de insumos agrícolas genéricos. Con ello, se da rienda suelta al Estado para que, en defensa de los intereses egoístas de las grandes y codiciosas empresas transnacionales, encarezca considerablemente el costo de la producción de alimentos en toda Guatemala. Es un Acuerdo del que se derivarán más hambre, mayor pobreza, que coloca al campesino al borde de la quiebra y prácticamente lo obliga a deshacerse de su tierra.

En términos prácticos, esta medida provoca que el costo de producción para cualquier cultivo que quiera emprender una familia campesina se eleve hasta cerca de cuatro veces su valor, por cuanto tendrá que pagar por fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, abonos y otras materias primas que tengan marca patentada, las cuales les resultarán mucho más caras. Miles de familias simplemente no tendrán capacidad financiera para sembrar, con lo cual se les empuja a padecer aun mayores niveles de pobreza y de precariedad.

Por otra parte, esta defensa de las transnacionales emprendida por el Gobierno se hace, en este caso, aún a costa del encarecimiento de la producción agrícola en general a nivel nacional, lo cual implica, a su vez, el encarecimiento severo de la alimentación para el pueblo. En un país en el cual, según cifras oficiales de la SESAN, el 48.3% de la niñez padece de desnutrición crónica, esta limitación del acceso a la comida se convierte en una flagrante bofetada en contra de los hijos e hijas de todos los sectores populares. Es, sin que quepa la menor duda, una violenta agresión contra los intereses superiores del pueblo.

Este Acuerdo Gubernativo 243-2007 calza como anillo al dedo con las intenciones perversas contenidas en el paquete de propuestas de ley emanado del Plan Visión País. En especial es convergente con la propuesta de “Ley Marco de Desarrollo Rural” que formularon y presentaron ante el Congreso de la República los grandes terratenientes nacionales, la cual apunta hacia la desaparición del campesinado como eslabón de la estructura productiva nacional. Es una Ley que busca, en esencia, favorecer e incrementar la gran propiedad, el latifundio, por la vía de despojar de su tierra a millones de familias campesinas, cuyas parcelas codician.

El desarrollo rural, visto desde la óptica de los grandes empresarios nacionales, e incluso desde los intereses de las empresas transnacionales vinculadas al agro, pasa por la eliminación de la agricultura parcelaria, de subsistencia, y por la aun mayor concentración de la tierra productiva en pocas manos.

Peor aún, plantea el uso de la tierra no para producir alimentos, sino para producir bio-combustibles, derivados de la caña de azúcar, del maíz o de la yuca. En un país con tan severos índices de desnutrición como el nuestro, es criminal plantearse el uso de la tierra para producir gasolina, en lugar de generar alimentos.

Ante ello, el Frente Nacional de Lucha y las organizaciones que lo conformamos demandamos del Gobierno la inmediata derogación del Acuerdo Gubernativo 243-2007.

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional estos intentos brutales de agudizar la pobreza con miras a favorecer de manera exclusiva los intereses de los sectores pequeños pero poderosos que han hecho de Guatemala una especie de feudo personal, así como para beneficiar a las poderosas empresas transnacionales productoras de agroquímicos.

Exigimos al Congreso de la República que vote en contra de las Leyes nacidas desde el Plan Visión País, por cuanto cada una de ellas es profundamente lesiva para los intereses básicos del pueblo.

Y anunciamos que, al respecto, acompañaremos al pueblo y a sus legítimas organizaciones en todas las luchas que emprendan para salvaguardar sus derechos y proteger la vida de sus hijos e hijas.

¡La Lucha Sigue!