Guatemala, 2 de Julio del 2008
Ayer, en horas de la mañana, una delegación de compañeros y compañeras vecinos de San Juan Sacatepéquez se entrevistó con miembros de la Comisión Política del FNL. La integraban alcaldes auxiliares de varias de las aldeas sitiadas, así como líderes comunitarios y pobladores.
Para llegar hasta el lugar de reunión, tuvieron que escabullirse del cerco que el Ejército y la Policía han tendido alrededor de sus comunidades, caminar decenas de kilómetros hasta lugares seguros, y moverse con toda la carga de tensión y de terror que el Gobierno les ha vertido sobre sus hombros.
Su visita obedeció, en primer lugar, a la urgente necesidad que tienen de denunciar públicamente lo que está pasando en sus comunidades, las cuales, de repente, se vieron regresadas al pasado. Entre los hechos que denuncian destacan los siguientes:
• Elementos de las fuerzas combinadas han violado a varias jóvenes. Las familias y vecinos prefieren no hacer denuncias formales debido al miedo que tienen. Prefieren, incluso, no revelar los nombres de las personas afectadas, para proteger a las familias.
• Miembros del Ejército y de la Policía se han apropiado de las casas que algunos vecinos, ante el terror impuesto por la presencia militar, optaron por dejar abandonadas, y las usan como si fueran propias, incluso algunas como base de operaciones.
• Se han robado la comida y otros bienes de donde han podido.
• Obligan a vecinas a hacerles comida y a echar tortillas para ellos.
• Han forzado al cierre de las escuelas, por lo cual los niños y niñas no tienen donde continuar sus estudios. Los maestros se retiraron ante la escalada de terror que imponen las fuerzas combinadas.
• Los niños y niñas no pueden ni salir a jugar, porque ya las tropas han maltratado físicamente a varios.
• Las familias no pueden acudir a recibir servicios de salud.
• Las familias no pueden ir a atender sus cultivos, los cuales en buena medida ya se han perdido. ¿De qué van a sobrevivir después?
• Las tropas han sembrado el terror, con actitudes que obligan a la población local a remontarse a las políticas contrainsurgentes de los años 80 y revivir el pavor de esos años.
• Han obligado a esconderse a las autoridades locales: alcaldes auxiliares, dirigentes y dirigentas comunitarias, líderes de organizaciones, etc.
• Han detenido a 43 personas, incluida una compañera.
• Las fuerzas combinadas han expresado que tienen orden de captura contra 25 personas en cada una de las 12 comunidades que están en lucha contra la cementera.
• Mientras la presencia del ejército y la policía inmoviliza a la población, las obras en la fábrica de los Novella avanzan a toda marcha en medio de un ambiente de terror y tensión.
• Los pobladores sienten que se han quedado solos.
• Según relatan las personas denunciantes, los abogados que les han venido asesorando y dando apoyo, (Amilcar Pop y la Lic. Churuc), ahora les han dicho que nada pueden hacer al respecto.
En síntesis, en San Juan Sacatepéquez el presente retrocedió 3 décadas atrás en la historia y se sumergió en épocas de oscuridad, de dolor, de terror y de luto.
Las áreas rurales de San Juan Sacatepéquez son hoy una viva muestra de que las derechas, cuando se trata de defender sus egoístas intereses, no dudan en acudir incluso al uso de las armas y de la fuerza bruta.
En este caso la codicia, el afán de lucro, la sed de riquezas de la familia Novella se imponen a la brava sobre la voluntad de decenas de miles de pobladores. Y al Gobierno, a la orden de los ricos, no le tiembla el pulso para lanzar, contra el pueblo, a sus perros de la guerra.
Las 12 comunidades afectadas por la instalación de la cementera realizaron, dos años atrás, una consulta comunitaria de buena fe, cuyos resultados fueron un ¡NO! rotundo y contundente a esta pretensión de la familia Novella. Esta consulta, amparada tanto por el Convenio 169 de la OIT como por las Leyes de Consejos de Desarrollo y el Código Municipal, y, por ende, apegada a derecho, ha sido simplemente ignorada por las autoridades de dos gobiernos consecutivos.
Los vecinos, pues, han recurrido a la Ley, han sido claros en su posición contraria a la construcción de la cementera, han marchado en reiteradas ocasiones expresándolo, han hecho públicos sus planteamientos y las razones en las que los sustentan. Han, pues, hecho todo lo ética y jurídicamente necesario.
Como respuesta, el Gobierno decreta el Estado de Prevención en su Municipio, lanza en su contra a fuerzas combinadas del ejército y de la policía, captura a sus dirigentes, siembra el terror, en fin, retrocede décadas en la historia.
A la población de estas 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez las acompañan la razón y el derecho. Pareciera que, en Guatemala, la brutalidad y la avaricia pesan más que la razón y el derecho.
Exigimos que la Secretaría Presidencial de Derechos Humanos, antes COPREDEH, se pronuncie enfáticamente contra estos hechos que violentan su mandato, y que su Director, Orlando Blanco, renuncie por cuanto no debe cohonestar, con su presencia, a un Gobierno que ya en dos ocasiones ha decretado la suspensión de garantías y ampara, por ende, la violación de derechos humanos.
Desde el FNL demandamos a las autoridades del Gobierno el inmediato retiro de las fuerzas militares de ocupación que han lanzado contra el pueblo sanjuanero.
Igualmente, debe suspenderse el estado de previsión decretado por el Gobierno, por cuanto el mismo implica la suspensión de los derechos ciudadanos y, con ello, la violación de derechos humanos básicos contra millares de pobladores.
Es preciso que, de cara al establecimiento de un diálogo, se liberen a los 43 compañeros detenidos y se suspendan las órdenes de captura que se han emitido en contra de dirigentes de las organizaciones comunitarias.
¡La Lucha Sigue!
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