¿Por qué marchamos el 26 de Junio?

Guatemala, 28 de Junio del 2008

Hace algunas semanas, en Suchitepéquez, numerosas organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, hartas ya de que el pueblo sea constantemente atropellado en el ejercicio de sus derechos, tomaron la decisión de agruparse en lo que hoy denominan “Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala”, MOINCAGUA.

Esta nueva instancia coordinadora será su herramienta para construir unidad de criterios y de acción en la lucha por forjar una sociedad en la que predominen la justicia y la equidad. Y optaron por lanzar su organización en el marco de una Marcha que tendría lugar en varios Departamentos, incluida la Ciudad Capital. Esa fue la génesis de la Jornada Nacional de Lucha que antier protagonizó el pueblo en 20 Departamentos del país.

El contexto que hoy padece el pueblo de Guatemala, tras más de 50 años de gobiernos de derecha, es hasta tal punto desastroso, alarmante e intolerable, que el llamado de MOINCAGUA caló hondo, se extendió con prontitud a lo largo y ancho del país, y al mismo se sumaron cientos de organizaciones, que representan, de manera legítima, los derechos e intereses de las mayorías. El FNL se adhirió con fuerza a la idea planteada por los compañeros indígenas y campesinos, y, junto al Frente, fueron rápidamente acogiéndose al llamado numerosas organizaciones que coinciden respecto a que el pueblo debe ya tomarse la palabra.


Se construyó, por consenso, un planteamiento de lucha alrededor del cual se coincidió, y éste se convirtió en el documento que, durante la Marcha, le fuera entregado tanto al Poder Legislativo, como al Ejecutivo.

Compartimos el contenido de estas notas, por cuanto los medios de prensa, radial, escrita y televisiva, han inundado a la opinión pública con una infinidad de interpretaciones que pueden causar confusión. Invitamos a su lectura y análisis:

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Guatemala, 26 de Junio del 2008

Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Sus manos

Señor Presidente:
Permítanos, ante todo, expresarle nuestros deseos de que las gestiones emprendidas por el Poder Ejecutivo, bajo su presidencia, se orienten a favor de los derechos e intereses de los sectores populares.

El Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala, MOINCAGUA, el Frente Nacional de Lucha, FNL, y las diversas organizaciones que hemos salido hoy a las calles a expresar nuestra preocupación por el rumbo desacertado y anti-popular emprendido por el Estado, en su conjunto, manifestamos ante Usted lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1.- Que han pasado ya más de 150 días de su labor como Presidente de la República, a lo largo de los cuales la población esperó en vano que la conducción del país se llevara a cabo con apego a las promesas electorales y a favor del pueblo que lo puso en el poder.

2.- Que la continuidad de las políticas neoliberales adoptada por la actual administración pública ha agudizado una situación de crisis generalizada, el peso de la cual recae, con especial énfasis, sobre los hombros del pueblo sencillo y trabajador, cuyos cada vez más menguados bolsillos ya no soportan mayores sacrificios.

3.- Que esta crisis ha generado entre la población un alarmante nivel de descontento y frustración, al punto de que el país se encuentra ya sentado sobre un barril de pólvora, al cual, además, esas políticas públicas le han prendido la mecha.

4.- Que esta inaceptable situación coloca a Guatemala muy cerca de un punto de ingobernabilidad, el cual, de materializarse, podría generar resultados aún más nefastos que los que se desprenden de las actuales codicias neoliberales y de las costosas imposiciones foráneas.

5.- Que el Poder Ejecutivo, varias bancadas parlamentarias y los sectores económicamente más poderosos, han expresado su voluntad de presionar por la aprobación y puesta en ejecución de un conjunto de leyes y políticas, cada una de las
cuales agudizará aún más la crisis, por cuanto niegan a la población el acceso al disfrute de derechos que son inalienables.

6.- Que a los sectores de poder, incluido el Estado que les sirve fielmente, no les ha temblado el pulso incluso para llenarse sus manos de sangre del pueblo cuando se trata de defender sus egoístas intereses.

7.- Que esos mismos sectores, minoritarios pero poderosos, no han dudado en someter a su Gobierno ante situaciones vergonzosas, por la evidente vía de imponerle nombramientos, vetarle políticas anunciadas por su persona y definir, desde sus Cámaras, el rumbo que debe adoptar el Estado en su conjunto.

8.- Que la ausencia de políticas de desarrollo, la insuficiencia de las medidas de caridad por las que ha optado su administración, la carencia de respuestas efectivas ante cada uno de los grandes problemas nacionales, la sumisión ante imposiciones provenientes tanto del CACIF como de las grandes transnacionales, entre otros factores afines, crean condiciones desde las que podría generarse un estallido social de consecuencias impredecibles.

9.- Que las empresas privadas, sobre todo cañeras, mineras, azucareras, petroleras,
generadoras de energía, huleras, de palma africana, bananeras, turísticas y madereras, con el respaldo de algunas Fundaciones nacionales, pretenden apoderarse de amplias zonas del territorio nacional para explotarlas sin respeto a las regulaciones ambientales, laborales ni sociales, y actúan sin que el Estado les imponga limitaciones de ningún tipo a sus codicias desmedidas.

Por lo tanto, demandamos de la Presidencia de la República que, en términos
inmediatos:

1.- Mandate a su Ministerio de Salud para que, de manera pública, se pronuncie en contra de la iniciativa de Ley Marco de Salud nacida desde el Plan Visión de País y anuncie, asimismo, la decisión política de su Gobierno de vetarla, en caso de que el Congreso de la República la apruebe. Esta iniciativa de ley abre de par en par las puertas a la privatización de la salud y, por ende, busca convertir ese derecho en privilegio exclusivo de las familias que puedan pagar por ello.

2.- Exprese, de manera clara y contundente, su rechazo a la propuesta de Ley Marco de Desarrollo Rural surgida de la misma fuente ya mencionada, y el Poder Ejecutivo haga pública su decisión de vetarla, en caso de resultar aprobada por el Plenario Legislativo. Esta propuesta de ley conduce a la desaparición de la familia campesina por la vía de despojarlos de sus tierras, conduce a una aun mayor concentración de la tierra en pocas manos y favorece la producción de bienes de exportación, en especial de agrocombustibles, con lo que atenta, entonces, contra la seguridad y la soberanía alimentaria.

3.- Declare públicamente, a través de su Ministra de Educación, el rechazo del Poder Ejecutivo a la Ley Marco de Educación emanada desde el Plan Visión de País, y anticipe el veto presidencial si esta Ley resultara aprobada. En esta propuesta de ley se evidencian también propósitos privatizantes que niegan a la niñez de los sectores populares su derecho al estudio, convierte al Ministerio de Educación en una instancia que norma y supervisa pero que no presta servicios, y obliga a la población al pago de cualquier servicio educativo.

4.- Manifieste, como Gobierno, su respaldo a la iniciativa de Ley General de Protección Social de la Salud que emana como producto del consenso entre el Colegio de Médicos, la Universidad de San Carlos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, el Frente Nacional de Lucha y otros actores sociales, por cuanto en la misma se concibe y abre espacio a un Sistema Nacional de Salud que, como debe ser, busca la universalización, la articulación, la calidad, la accesibilidad y la gratuidad de los servicios, con plenos espacios para la fiscalización social.

5.- Introduzca ante el Congreso de la República, para su aprobación, las iniciativas
de Ley de Regularización de la Tierra y la de creación de los Tribunales Agrarios,
nacidas del consenso entre las organizaciones campesinas e indígenas del país, como vías para, junto con el Registro de Información Catastral, ir poniéndole orden al tema de la tierra e ir, asimismo, buscando que la justicia, en todo sentido, sea el eje alrededor del cual se resuelva este centenario conflicto.

6.- Que su administración actúe con energía para que en el país cese la impunidad y se esclarezcan los casos de asesinatos y atentados cometidos en contra de dirigentes de organizaciones populares, llevándose ante los Tribunales de Justicia, en el menor plazo posible, a los autores materiales e intelectuales de cada uno de esos dolorosos e inaceptables hechos. Que, para estos propósitos, el Gobierno pida rendición de cuentas a su Ministro de Gobernación y al Fiscal General, a efectos de que expliquen las razones de su extraordinaria y evidente ineficiencia. El Gobierno debe girar orientaciones a sus autoridades para que cesen los desalojos en contra de la población campesina e indígena que, forzada por la crisis misma, se ha visto obligada a recuperar sus tierras. Deben cesar las prácticas represivas, de persecución de dirigentes, de hostigamiento y de emisión de órdenes de captura.

7.- Particularmente demandamos la intervención del Gobierno de la República para que
se haga justicia en el caso del asesinato del dirigente campesino Mario Caal el pasado 13 de Marzo, cuya muerte, clara e irrefutablemente, ha sido calificada por la propia Procuraduría de los Derechos Humanos como una ejecución extrajudicial, luego de realizar una investigación exhaustiva de los hechos. Igual atención especial debe dársele a los casos ocurridos en la Finca Nueva Linda, tanto la desaparición forzada del Compañero Héctor Reyes, como la masacre que tuvo lugar el 31 de Agosto del 2004, así como al asesinato del compañero Raúl Castro Bocel, a quien fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército dieron muerte en pasado 11 de Febrero del 2005 en Sololá, y el del dirigente campesino Juan López Velásquez, también asesinado en Colotenango por las mismas fuerzas, el 15 de Marzo del 2005.

8.- Solicitamos a su persona, en calidad de Presidente de la República, su oportuna y
eficiente gestión para lograr que el Estado indemnice de manera adecuada y respetuosa a las familias dolientes, cuyo luto es causado por las propias autoridades públicas.

9.- Articular acciones desde la Presidencia de la República para que, en el menor plazo posible, se suscriba un convenio con PetroCaribe, de manera que los efectos del precio internacional de los combustibles se minimicen en el país. La crisis del transporte debe encontrar prontas soluciones y es evidente que el subsidio a los empresarios transportistas no resuelve nada, por cuanto son los pilotos quienes corren con los costos del combustible. Debe promulgarse la nacionalización del transporte urbano y extraurbano, así como una política de subsidio orientada a favorecer, de manera directa, a los sectores populares.

10.- Revertir la política energética que se implementa desde el Poder Ejecutivo codo a codo con el sector privado, por cuanto lesiona intereses superiores de la población y de la Nación en su conjunto. En concreto, que se retorne al techo de 300 kwh en la cobertura de la Tarifa Social, que el subsidio a la Tarifa Social lo absorba el Poder Ejecutivo desde el Presupuesto General de la Nación, que se nieguen los permisos para la construcción de plantas generadoras de energía a base de carbón mineral, que se rechacen los megaproyectos para la construcción de hidroeléctricas y que se detenga el proceso que conduce a la acelerada privatización del INDE.

11.- Velar por que la voz del pueblo emanada en las consultas comunitarias de buena fe alrededor de los temas de exploración y explotación minera a cielo abierto y petrolera, así como sobre la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, sea respetada por las autoridades del Estado y considerada como prioritaria al momento de tomarse decisiones en estas materias. Los resultados de las consultas o asambleas populares deben tener efectos vinculantes.

12.- De cara a la crisis alimentaria y de desnutrición infantil crónica que afecta
severamente a los sectores populares, Guatemala, como Estado, debe adherirse a las
políticas, planes y programas que fueron consensuados en la Cumbre Presidencial
realizada en Nicaragua el pasado 7 de Mayo, a la cual no asistieron solamente los
presidentes de El Salvador y de Guatemala.

13.- Para hacer frente a la crisis alimentaria, su Gobierno debe ir más allá de las políticas asistenciales, insuficientes y tardías adoptadas hasta el momento, e implementar planes y programas que permitan a la población campesina producir los alimentos que el país necesita con urgencia, incluyéndose una adecuada política de subsidio a la población campesina y de incentivos a la producción de alimentos. Deben retomarse las demandas planteadas ante el Ejecutivo por CODECA el pasado 4 de Febrero. Las organizaciones coincidimos respecto a la necesidad de que, desde el Estado, se de impulso a una Reforma Agraria integral.

14.- Detener la intención de rebajar el salario mínimo por la vía de municipalizar la facultad de decidir su monto. Por el contrario, definir desde el Gobierno un salario mínimo que cubra los costos de la canasta básica y garantizar, desde el Estado, mecanismos que obliguen a que se cumpla con su pago.

15.- Ordenar el inmediato retiro de las fuerzas armadas que se han lanzado contra el pueblo de San Juan Sacatepéquez, ordenar la libertad de los 43 campesinos que han sido arbitrariamente detenidos y decretar el cese del estado de prevención que declaró su Gobierno.

16.- Para estos propósitos pedimos al Poder Ejecutivo la constitución de un Gabinete de Crisis, facultado para encontrar y aplicar la solución ante la problemática social y económica que afecta al país, el cual, en un plazo de quince días, entregue propuestas concretas ante el pueblo de Guatemala, a las organizaciones legítimamente
representativas de los sectores populares y las implemente de inmediato en beneficio de la población.

Sin otro particular, en espera de que estos planteamientos sean debidamente respetados por su persona en su condición de Primer Mandatario, nos suscribimos de Usted,

Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala
Frente Nacional de Lucha
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Una nota con similares contenidos se le entregó al Diputado Aristides Crespo, en su condición de Presidente del Congreso de la República.

Los considerandos y las demandas concretas planteadas en ambas notas, fueron ampliamente discutidas en el seno de las organizaciones que tomaron parte en la Jornada de Lucha, en todos los Departamentos. En consecuencia, cada uno de ellos debe entenderse como bandera de lucha que adoptan las organizaciones populares.

Tanto el Gobierno como el Congreso de la República tienen ahora la obligación de responder, de manera positiva, ante las demandas del pueblo.

Por otra parte, las marchas realizadas en los Departamentos hicieron entrega de memoriales en los que plantean reivindicaciones locales específicas, ante los respectivos Gobiernos Municipales o ante las Gobernaciones departamentales.

También estas demandas deben ser debidamente atendidas por las autoridades correspondientes.

En Santa Lucía Cotzumalguapa, por ejemplo, las organizaciones populares locales, aglutinadas en el “Frente Unido por los Derechos del Pueblo Luciano”, al final de su nutrida Marcha sostuvieron una reunión con miembros del Concejo Municipal, ante quienes plantearon su rechazo al incremento de tasas y arbitrios municipales, decretado ilícita y unilateralmente por la Alcaldía, en un Reglamento ya publicado incluso en el Diario Oficial.
La Concejal Primera, Mabel García, evidentemente a disgusto por la enorme marcha que se había instalado en las afueras del edificio municipal, que la llevó a dar muestras de una prepotencia sin límite y de una ausencia de capacidad de diálogo y de negociación, a pesar de que se permitió expresar que los dirigentes tenían “afanes protagónicos”, se vio al final obligada a aceptar al Frente como interlocutor válido y se comprometió a convocar a una sesión extraordinaria del Concejo, para abordar en la misma los planteamientos del pueblo.

En Santa Cruz del Quiché las organizaciones populares, unidas en el “Frente Indígena, Campesino y Sindical del Quiché”, entregaron al Gobernador Departamental dos memoriales: el primero en solidaridad con el pueblo de San Juan Sacatepéquez, exigiendo el retiro de las fuerzas combinadas que han ocupado la Aldea Las Trojes, así como la liberación de los 43 compañeros detenidos y la suspensión del Estado de prevención. El segundo expresa su rechazo a que este Gobierno utilice la pobreza, opresión, militarización, saqueo e impunidad, como armas que continúan exterminando a los pueblos con énfasis a los pueblos indígenas.

La indignación que entre el pueblo ha causado esta militarización decretada por el Gobierno en contra de la población de San Juan Sacatepéquez quedó puesta de manifiesto en el principal medio de comunicación con el que cuentan las organizaciones populares: las paredes de la ciudad. Las pintas, una vez más, mostraron ser el medio legítimo para que la voz del pueblo, a gritos, se exprese con
autenticidad.











Compartimos otras fotos de la actividad publicadas en diferentes medios de prensa, las cuales muestran tanto la masividad de la Marcha en la Capital, como las acciones, también relevantes, que se realizaron en varios Departamentos. Estas complementan la información que trasladamos en el comunicado que circulamos ayer.

Esta fotografía, publicada en la página 10 de Nuestro Diario del 27 de Junio, muestra sólo un segmento de la marcha que recorrió las calles capitalinas. Pero muestra, también, la manta que expresa una de las principales demandas planteadas por los pobladores ante el Estado: el esclarecimiento y la aplicación de la justicia en el caso tanto de la desaparición forzada del dirigente campesino Héctor Reyes, como de la masacre que cometieron autoridades públicas en la Finca Nueva Linda el 31 de Agosto del 2004.

De hecho, desde la voz de las organizaciones el cese de la impunidad se plantea como un requisito indispensable no solamente para que en el país se imponga la justicia, sino, además, para evitar el retorno de las políticas represivas, que tienden a reinstalarse. La militarización decretada por el Gobierno en San Juan Sacatepéquez, el hecho de que en corto plazo, este Gobierno haya suspendido ya en dos ocasiones las garantías y derechos constitucionales, son muestras del rumbo que están dispuestas a tomar las derechas con tal de hacer prevalecer sus intereses por encima de los derechos del pueblo.

En la misma edición, Nuestro Diario agrega fotografías de las acciones realizadas en varios Departamentos, las cuales también compartimos en este comunicado, por cuanto, sumadas a las publicadas por otros medios, evidencian la cobertura nacional de la Jornada de Lucha.









Las siguientes corresponden a la edición de Al Día del 27 de Junio.







Como puede fácilmente apreciarse, la Jornada de Lucha tuvo alcance nacional, y en cada lugar fue combativa, alegre, pacífica y firme.

En nuestro próximo comunicado, haremos una tercera entrega de lo relativo a la Jornada de Lucha del 26 de Junio, debido a que la información es abundante.

¡La Lucha Sigue!