¿Negociación?, Vamos, pues.

Guatemala, 23 de abril del 2013

Las acciones populares, cuando se adoptan en serio, deben ser escuchadas por las autoridades. No cabe duda de que, cuando se llama a un paro nacional por la nacionalización de la energía, se habla de uno de los temas que se toma más en serio por las comunidades a lo largo y ancho del país. Así ocurrió la última convocatoria que lanzamos el pasado Jueves 4 de Abril de los corrientes. El país se vio paralizado, de costa a costa y de frontera a frontera. Fueron 22 los sitios en los que la población salió a las calles, a decir, firmemente, “la nacionalización va”.

Las autoridades gubernamentales, ante ello, no dudaron en convocar a los suyos para que dieran respuesta a la demanda que estaban sintiendo. Y llamaron, obviamente, a un diálogo a las autoridades del Frente Nacional de Lucha. Llegamos, así, a una mesa de negociación, en la cual se sentaban el Ministro de Trabajo, los del Ministerio de Energía y Minas, además de otros, y se inició un proceso en el que, hay que decirlo, las posiciones han sido encontradas.

Era, de nuevo, una mesa de negociación en la que iría a debatirse el tema de la energía, y, cuando menos desde el FNL, había ya la experiencia acumulada de varias otras mesas anteriores sobre esta materia. Primero fue Oscar Berger quién creó un espacio dizque de diálogo, en el cual lo que se hablaba, simplemente, era un eco del planteamiento de Unión Fenosa, que se hallaba presente. De esa mesa nos salimos. Vino, entonces, Álvaro Colom, quien le dio seguimiento al tópico, pero generó otra mesa, en la cual las autoridades de gobierno coreaban todas la misma canción, haciéndonos recordar la que había creado su predecesor. Y ahora le toca el turno a Otto Pérez Molina, quien también crea una mesa para el diálogo, en la cual, hasta el momento, no se han hecho presentes los funcionarios de ENERGUATE.

Ya sabemos, pues, lo que los gobiernos entienden por mesas de diálogo. Esta nueva mesa no tendrá sorpresas. Acudiremos, porque, por lo pronto, no ha habido ni una, salvo que no se ha hecho presente la contraparte. Acudiremos porque, hasta el momento, hemos podido platicar tranquilamente sobre el tema. Acudiremos porque, hasta este momento, el Gobierno ha querido escucharnos.

Compartimos con todos quienes se interesen el comunicado que discutiremos en la mesa:

 

¿Por qué el clamor popular exige “Fuera Energuate”?

Desde inicios del 2009 y a lo largo de todo el período posterior, la lucha popular por la nacionalización de los servicios de energía eléctrica ha ido cobrando cada vez más fuerza a lo largo y ancho del país. Esto no es producto de la casualidad ni obedece a razones antojadizas. Las organizaciones populares, al demandar primero la expulsión de Unión FENOSA y luego la de Actis, (aunque se pase a llamar “Energuate”), sintetizan en esa consigna generalizada el malestar acumulado tras más de una década de atropellos, de abusos y de ilegalidades cometidas siempre en perjuicio exclusivo del pueblo.

Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo. Cada mes, son miles las familias que deben dejar de comprar sus alimentos con tal de poder pagar la luz.

Con posterioridad, en Febrero del 2011, Unión FENOSA pasó sus activos a ACTIS. Es decir, vendió sus acciones a ACTIS, y, con ello, trasladó todos sus problemas a esta nueva empresa. Vemos aquí como una empresa británica y una española se sienten dotadas de la facultad de comprar y vender la energía disponible en el país como si fuera cualquier cosa. Lo cierto es que la energía eléctrica es propiedad del país, y, por ende ningún extranjero está facultado para negociarla. Menos aún para venderla y que los habitantes de ese país sólo se enteren y de segunda fuente, como ocurrió en Guatemala. En esta transacción no medió la consulta popular como elemento; ni siquiera la consulta formal con el Gobierno, o, cuando menos, éste nunca lo informó a la comunidad. Simplemente se reunieron las dos empresas y, como si se tratara de cualquier cosa, optaron por vender sus acciones. Aquí, en Guatemala, ya nos daríamos por enterados.

Varios hechos concretos se bastan para constatar, de manera incuestionable, que la razón asiste a las comunidades y a sus legítimas organizaciones y que, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas que han elevado sus voces tienen pleno derecho de hacerlo:

A.- Primero, fue la venta de la distribución de la energía eléctrica o, si queremos ser más precisos, de la privatización de la distribución de la electricidad. Ya desde ese punto se inicia el saqueo de la riqueza nacional.

En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, hace ya más de quince años, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos empresarios españoles. Lo que el INDE les vendió (que es patrimonio del pueblo aunque el Presidente Arzú fue quién decidió venderlo), tenía un valor de US$ 250 millones registrados en libros, y se les vendió en sólo US$ 101 millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas. Es decir que como pueblo le regalamos a los dueños de Unión FENOSA, sin ser nunca consultados, la suma de Q101 por persona. Una familia de 5 miembros les regaló, de manera inconsulta y sin saberlo siquiera, ni más ni menos que Q 505,00.

Con esa venta el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE, con lo cual el país hace progresiva entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales, los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel. Por lo demás, queda en claro que no se había secado aún la tinta con la cual el Presidente Arzú firmó los Acuerdos de Paz, cuando se lanza a violarlos flagrantemente.

La privatización del INDE se gesta en el marco de una fuerte escalada neo-liberal, que implicó, en el mismo período, la venta de la telefonía, de la construcción y mantenimiento de carreteras, de correos y telégrafos, en fin, de una amplia cantidad de empresas públicas a manos del sector privado.

B.- Luego, una vez instaladas las transnacionales, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, se inventan el VAD, (Valor Agregado de Distribución), concepto que antes no existía en las tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas españolas, codo a codo con los entonces integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje técnico que les permite tirar la piedra y esconder la mano.

A efectos de justificar el VAD, con la venia del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, en la Ley General de Electricidad se agregan artículos del todo incomprensibles, como el 71, el 72 y el 73, todavía vigentes a esta fecha, en los que se afirma lo siguiente:

“Artículo 71.- …El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada.

No hay nadie, en este mundo, capaz de traducir a términos comprensibles semejante enunciado legal. Implica un interminable conjunto de interpretaciones antojadizas y conduce, obviamente, a sembrar una suerte de arenas movedizas jurídicas, en las cuales se hunden los derechos de la población.

Pero, no satisfechos con esta inconsistencia anterior, insisten en complicar el marco legal y agregan a la Ley:

Artículo 72.- El VAD deberá contemplar al menos las siguientes componentes básicas:

a.- Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;

b.- Pérdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;

c.- Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por unidad de potencia suministrada.

Artículo 73.- El costo de capital por unidad de potencia se calculará como la anualidad constante de costo de capital correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo de una red de distribución dimensionada económicamente. La anualidad será calculada con la vida útil típica de instalaciones de distribución y la tasa de actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas. El costo de operación y mantenimiento corresponderá al de una gestión eficiente de la red de distribución de referencia”.

Con semejante galimatías tecnocrático o cantinflesco, (que si no fuera trágico en sus efectos, hasta risa daría), tanto las empresas extranjeras como la propia CNEE procuran darle sustento técnico a las ganancias y buscan que nadie comprenda que este VAD no es otra cosa más que un bien diseñado instrumento para esquilmar al pueblo. En otras palabras ni más ni menos que su “GANACIA”. (VAD podría entenderse como iniciales de “Vamos A Despojarolos”)

La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas le esquilman al pueblo US$ 400 millones, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año.

C.- En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que cobros realizados por las transnacionales, y autorizados por la CNEE eran ilegales y ordenó, de manera clara y concreta, tres cosas:

· la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;

· la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y;

· la suspensión inmediata de los cobros ilegales.

De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrándolo.

Hasta la fecha han cobrado, pues, quince años de facturas ilegales. Más de 200 meses de facturas ilegales.

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Prensa Libre, Miércoles 10 de Noviembre del 2004

CC ordena destituir a Comisión de Energía

Además, exige reintegrar diferencia en cobro a consumidores

Por: Sonia Pérez

El presidente de la CNEE, Luis García Pinot, y otros dos directores deben ser sustituidos por orden del máximo tribunal constitucional.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y la devolución del cobro realizado por consumo de electricidad basado en la Tarifa Social (TS), reestructurada a partir del 1 de mayo pasado.

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En síntesis, estas empresas extranjeras, con tal de continuar robando sin límites, se toman la libertad de desatender mandatos judiciales emitidos por la propia Corte de Constitucionalidad, es decir, de colocarse en desacato y desafiar abiertamente el orden jurídico vigente.

Entre tanto, las autoridades de cinco Gobiernos consecutivos (Arzú, Portillo, Berger, Colom y Pérez Molina), testigos mudos de este multimillonario latrocinio, hacen lo de los monitos de la famosa caricatura: no ven, no escuchan y no hablan.

¿Qué le pasaría a cualquier ciudadano o grupo proveniente de los sectores populares si el Gobierno interpreta que actúa en desacato de la Ley? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los hechos recientes: les cae sobre sus hombros el peso de la represión, como aconteció Santa Cruz Barillas a inicios de año, en Malacatán el 25 de Diciembre del 2008 y, si fuera preciso, desde el Estado se les suspenden sus garantías constitucionales, como ha ocurrido en San Juan Sacatepéquez, en Izabal, en Coatepeque y en el propio Departamento de San Marcos, en donde la suspensión de garantías el Gobierno de Álvaro Colom la prolongó ocho veces consecutivas.

Pero a las empresas extranjeras y a sus socios locales no les pasa nada, absolutamente nada. Operan, roban, esquilman, estafan rodeadas de absoluta impunidad. Peor aún, lo hacen bajo la protección de las fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército, a las cuales las han colocado en calidad de cobradores armados de las cuentas de una empresa extranjera.

D.- En Febrero del 2008, el Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cobertura lo reducen de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores populares.

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Prensa Libre, 14 de Febrero del 2008

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Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de 762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores. Quienes cobraron y cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA, IBERDROLA y ACTIS o Energuate, que resultan así las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.

Esta reducción en el techo de la Tarifa Social al final se traduce en mayores penas para las familias consumidoras de energía eléctrica. Las obliga, sobre todo, a reducir sus gastos en alimentación con tal de que no les corten la luz. Con ello, esta política contribuye a la multiplicación de la desnutrición crónica entre los niños y niñas del país y, paralelamente, agudiza la crisis que afecta a los sectores populares.

F.- El colmo ocurre durante el mes de Enero del 2009, cuando estas empresas extranjeras tienen el descaro de acusar a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el TLC, bajo el argumento de que el Gobierno no las deja ganar lo que les da la gana.

Esta acusación puede obligar al Gobierno a pagarles una fuerte indemnización y, peor aún, a dejarlas subir el VAD hasta donde su ilimitada codicia les mandate.

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Prensa Libre, 22 de Enero del 2009

Económicas

EEGSA inicia proceso para arbitraje contra Guatemala  

Segundo caso, luego de Ferrovías, que se anuncia bajo normas del TLC

Por leonel díaz , Rosa m. Bolaños y E. Godoy

Teco Energy Inc., una de las tres compañías accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), inició un proceso para alcanzar un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala, por el cambio en el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado en el 2008.

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Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA, tras que deben, cobran. Semejante desfachatez resulta realmente inaudita. Tratándose de empresas cuya sede reside en España, acuden al TLC con Estados Unidos para demandar al país. Y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese nefasto Tratado. Es decir, se las agencian para manipular incluso el ámbito jurídico internacional y acomodarlo a sus codicias. Actis, naturalmente, se acoge a un resultado que sus antecesores conquistaron.

G.- A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, etc.

No es la primera vez, ni la única, en que el pueblo ha denunciado esto o ha hecho sus reclamos, siempre en el marco de la ley. Desde hace años existen numerosas denuncias a las cuales las autoridades han dicho que resolverán pero no se ha concretado en nada. Promesa tras promesa, mesa de diálogo va y viene y el abuso sigue a toda velocidad.

Compartimos con Ustedes las cifras que ponen al desnudo el desastre nacional que han generado. Los números no mienten. Ahí están los datos oficiales, como fiel reflejo de una realidad que resulta alarmante y a todas luces inaceptable, sobre todo porque los costos sociales de la misma los pagan, sobre todo, los sectores populares. Los números indican, con claridad irrefutable, que estas empresas extranjeras se han convertido en lesivas para el país y que, por lo tanto, debe expulsárseles cuanto antes.

De conformidad con los datos oficiales aportados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, la situación concreta es la siguiente:

Reclamos presentados a las distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA (2009-2010)

Tipo de Reclamo	Iberdrola	Unión FENOSA
EEGSA	DEOCSA	DEORSA
Alumbrado público	2	-	-
Atraso en la conexión	18	34	59
Atraso en la reconexión	179	1,268	1,790
Bajo voltaje	5	865	1,039
Cambio de nombre o dirección en factura	7	-	-
Cobros altos	215	14,999	8,584
Corte sin razón	101	36	45
Deficiente atención de llamadas de emergencia – atraso	2	-	-
Fallas de contador	4	6,833	6,597
Inconformidad con tarifa	15	1,316	127
Interrupciones en el servicio	8,001	104,762	83,679
Mala atención en oficinas	50	138	115
No atienden llamadas de emergencia	1	-	-
No conexión del servicio	5	-	-
No recibe factura	89	19,073	9,575
Otros motivos	691	3,704	3,432
Reclamos por facturación	39	16,818	9,919
Señalamiento alterar instrumentos de medición	13	-	-
Señalamiento consumo fraudulento	37	-	-
TOTALES	9,474	169,846	124,961

La tabla anterior pone en claro que se trata de empresas con un alto nivel de ineficiencia, generadoras de hondo malestar entre la población del país y provocadoras, por ende, de preocupantes niveles de cólera social.

294,807 de esos reclamos son contra Unión FENOSA y 9,474 son contra Iberdrola. Aunque la cifra de reclamos es considerablemente mayor para el caso de DEORSA y DEOCSA, subsidiarias de Unión FENOSA, ello no significa que estemos ante un caso de la empresa mala y la empresa buena. Lo único es que a una de las dos, a partir de sus resultados, debe calificársele muy por debajo de pésima.

Se hace público el dato de que, en un año, 304.281 usuarios del país se han visto obligados, a partir de un mal servicio, a presentar reclamos formales contra estas distribuidoras. Esta cifra debemos analizarla, para dimensionar lo que, en la práctica, significa: Si entendemos que el año laboral tiene un poco menos de 260 días hábiles, estamos frente a la presentación de 1.170 reclamos al día. Es decir, 146 reclamos por hora, asumiendo una jornada de 8 horas laborales. Casi tres reclamos por minuto.

Cualquier empresa que reciba semejante alud de reclamos debe considerársele, cuando menos, como ineficiente. Tratándose de un servicio básico como lo es el de la electricidad, y tomando en consideración los efectos sociales perniciosos que ha generado esa ineficiencia manifiesta, la presencia de estas transnacionales debe entenderse, entonces, como claramente lesiva para el interés nacional.

Debe tomarse en cuenta, además, que por cada “usuario” que se toma la molestia de interponer un reclamo formal, existe una cantidad indeterminada, pero sin duda alguna superior, que simplemente, por diversas razones, se traga su cólera amarga y no procede a plantear queja alguna.

El propio Presidente Colom, cuando aún era Presidente, insistía en señalar, de manera pública pero equivocada, que el malestar generalizado alrededor del tema de la energía encuentra sus orígenes en el problema del cobro ilegal del alumbrado público, el cual deben pagarlo, quiéranlo o no, decenas de miles de usuarios que no lo reciben. Sin embargo, debe destacarse el hecho de que, en aquel momento, en lo referido al alumbrado público, eran solamente dos los reclamos tramitados. Apenas dos (2) de 304,281.

El Señor Presidente debió, entonces, y con carácter de urgencia, buscarse otra excusa para pretender justificar sus favoritismos hacia las transnacionales. Lo que la población reclama, de manera formal y por escrito, son otras cosas muy distintas. No es lo del alumbrado público lo que genera los reclamos, sino otros conceptos.

Alguien podría pensar que se trata de reclamos infundados por parte de los usuarios, planteados por el simple gusto de reclamar. Pero también sobre este particular los datos públicos aportados por la CNEE demuestran, sin lugar a equívocos, que en su proceder a la población la asiste la razón y que, por ende, su demanda de que primero Unión FENOSA y luego Actis sean expulsadas del suelo nacional tiene absoluto sustento. De 304,281 reclamos formulados desde la población, 261,355 han sido resueltos a favor de los usuarios. Es decir, ni más ni menos que un 85.8%. La propia CNEE reconoce así que la inmensa mayoría tenían la razón de su lado.

Si interpretáramos estas cifras en calidad de instrumento jurídico, estaríamos ante el hecho cierto de que, en un año, a 261,355 familias les fueron violados sus derechos por parte de las distribuidoras.

Los reclamos resueltos a favor de los usuarios que la CNEE califica como “Cobros altos”, “Reclamos por facturación”, “Fallas de contador”, “Inconformidad con tarifa” y otros rubros afines, (que sobrepasan los 64 mil reclamos), pueden sintetizarse, sin duda alguna, como descarados intentos de robo por parte de las transnacionales.

Pero hay millares de casos en los que la gente, tras recibir el recibo, se limita a pagar ese robo, por temor a represalias, por desconocimiento de sus derechos o por cualquier otra razón y, en esos casos, Unión FENOSA y Actis simplemente se quedan con el monto robado en sus manos. El traslado de acciones no supone la adopción de cambios que las perjudiquen.

En todo caso, cabe preguntarse por qué una empresa que, en el lapso de un año, ha sido 64 mil veces denunciada desde sus clientes por intentos de robo, no está acusada ante Tribunal alguno sino que, por el contrario, el Gobierno la respalda incluso con tropas que la defiendan.

64 mil intentos de robo significan 64 mil agresiones directas contra familias que hacen uso de la luz y que, hasta el momento, no se niegan a pagar el servicio, pero sí protestan y reclaman cuando descubren que pretenden robarles. Esto, tomando solamente la cifra de los reclamos presentados. Cuánto es el robo, en realidad, no es posible determinarlo porque mucho ocurre en silencio. La población tiene el derecho de llorar en silencio. Nadie puede obligar a ciudadano alguno a hacerse respetar cuando pretenden asaltarlo. Pero también tiene el derecho de ejercer resistencia ante semejantes procederes. Resistencia pacífica, por supuesto, que ya en miles de casos se expresa en la firme decisión de resistirse a seguir siendo robados por las empresas.

Las cifras que se expresan en la siguiente tabla también son claras:

Reclamos resueltos a favor de los usuarios del total de reclamos presentados contenidos en la tabla anterior

Tipo de Reclamo	Iberdrola	Unión FENOSA
EEGSA	DEOCSA	DEORSA
Alumbrado público	-	-	-
Atraso en la conexión	3	21	47
Atraso en la reconexión	51	915	1,616
Bajo voltaje	-	507	678
Cambio de nombre o dirección en factura	2	-	-
Cobros altos	83	9,344	6,552
Corte sin razón	22	13	8
Deficiente atención de llamadas de emergencia – atraso	-	-	-
Fallas de contador	2	3,458	3,514
Inconformidad con tarifa	4	2	16
Interrupciones en el servicio	7,996	98,496	78,576
Mala atención en oficinas	8	18	18
No atienden llamadas de emergencia	-	-	-
No conexión del servicio	2	-	-
No recibe factura	1	17,688	9,127
Otros motivos	229	2,247	2,114
Reclamos por facturación	36	10,400	7,533
Señalamiento alterar instrumentos de medición	-	-	-
Señalamiento consumo fraudulento	5	-	-
TOTALES	8,444	143,109	109,802

Recordemos que, de Enero a Mayo del 2009, la cantidad de reclamos interpuestos alcanzaba la cifra de 90,538. Ante ese alud, Unión FENOSA procedió al cierre de 11 de sus oficinas, que estaban instaladas precisamente en los lugares que mayor conflictividad le generaban. Sólo 7 oficinas quedaron funcionando. De esa forma, obligaron al usuario a pagar en la ventanilla de un banco, sin posibilidad de plantear, ante el cajero, reclamo alguno.

Sin embargo, a pesar de que así limitaron sobremanera la cantidad de reclamos que la población podía presentar, vemos cómo se llegó a los 304,281, cantidad sin duda alguna significativa. Y, en 261,355 de esos casos, el reclamante tenía la razón.

Las empresas españolas se reían en nuestras caras, mientras las autoridades que debieran defender nuestros derechos miraban hacia otro lado y algunas quizá hasta recibiendo sobornos. Pues hemos dicho basta ya, la paciencia tiene un límite; nuestra dignidad y nuestro bolsillo no aguanta más.

H.- Debe destacarse, también, la agresión constante, (vaya Usted a saber por parte de quién), en contra de los líderes comunitarios que encabezan esta lucha. Víctor Gálvez, Evelinda Ramírez, Octavio Roblero, Mario Caal, Carlos Leonel Maldonado, Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar, Santiago Gamboa, Carlos Hernández, entre otros nombres, figuran, con su sangre, en el listado de Héroes y Mártires del Pueblo. Ellos dieron su vida en la causa por la nacionalización de la energía. Pagaron un altísimo precio por ejercer un derecho del pueblo.

I.- Por si lo anterior fuera poco, el Gobierno anunció su política de incrementar la producción de energía eléctrica mediante la autorización para la construcción de cinco plantas generadoras privadas que operarán a partir de carbón mineral.

Ya dos de estas se están construyendo en Escuintla, con un costo, entre ambas, de US$ 800 millones, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminaremos pagándolos las familias consumidoras, mas la ganancia que las empresas extranjeras quieran sacarle.

Considérese, además, que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto, supeditar la generación energética a la disponibilidad de este producto implica subordinar al país al precio internacional del carbón. Si éste sube, sube el recibo de cada familia en el país.

Autorizar desde el Gobierno la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente, la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más reducida. La desaparición del INDE significaría el total desprendimiento del Estado del tema energético.

Pero lo peor de producir electricidad a partir de la quema del carbón reside en el hecho de que este proceso es altamente contaminante. Los deshechos inyectan a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensan en las nubes y bajan sobre las personas y sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Eso implica envenenar los suelos de cultivo y el aire que respiramos.

A lo largo del invierno del 2010, el país fue golpeado, una vez más, por una intensa temporada lluviosa, generadora de una serie de desastres que muchas personas y medios, de manera irresponsable y equivocada, califican como “naturales”. Hay que ser claros: No se trata simplemente de que “la naturaleza nos castigó”, de que “el invierno ha sido más fuerte de lo esperado”, ni nada por el estilo.

Todas las pérdidas ocurridas son dolorosas. En ese período más de 44 personas perdieron su vida, 16 han desaparecido y miles resultaron perdiendo sus medios materiales de sobrevivencia.

Pero estas pérdidas no ocurren debido a las copiosas lluvias. Las lluvias son el efecto, no la causa. El aumento constante en el rigor de los inviernos tiene, como causa principal, la avaricia de algunos grupos, minoritarios pero poderosos, a quienes lo único que les importa es la multiplicación de sus riquezas, sin consideración alguna respecto al daño que le causan al Planeta en el que todos y todas vivimos. Estamos padeciendo las consecuencias de un enfrentamiento entre “ganancias versus medio ambiente”, cuyos costos y efectos los terminan pagando, sobre todo, quienes forman parte de los sectores populares, debido a la mayor vulnerabilidad en la que viven.

Los guatemaltecos y guatemaltecas debemos, con urgencia, tomar conciencia de que lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años no es, de ninguna manera, un fenómeno natural.

Es el producto de la acción y la irresponsabilidad humana sobre la naturaleza. Es el fruto anunciado que se recoge después de una larga siembra de destrucción, de contaminación y de despojos, realizados todos a partir de la codicia desmedida de unos cuantos. Es la cosecha inevitable que se produce después de décadas de atentar, de manera directa y continua, contra el entorno que nos rodea.

Estamos, pues, recogiendo lo que, como humanidad, hemos sembrado.

Quizás no somos todos los seres humanos quienes incidimos de manera directa en la generación de estos cambios, pero muchos, aunque no seamos grandes industriales depredadores ni dueños de empresas contaminantes, somos también co-responsables por cuanto nuestro silencio nos hace cómplices.

La indiferencia manifiesta de las grandes mayorías ante el cambio climático las hace cómplices de los desastres anti-naturales que hemos venido cosechando. La apatía y el desinterés evidente ante el calentamiento global convierte a casi todos y todas en responsables de lo que ha venido ocurriendo. “¿Que el clima está cambiando? A mí qué me importa. Además, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Nada”, ha sido la actitud predominante entre la mayoría de la población y, a partir de ello, no sólo nos desatendemos del tema, sino que continuamos contribuyendo a la generación de nuevos desastres. Lo más preocupante es que sea el mismo Estado el que asuma esta actitud de no importarle este desastre al seguir tolerando en nuestro territorio a estas empresas y sus prácticas.

Si en Japón o en Estados Unidos los grandes industriales contaminan la atmósfera, las dolorosas consecuencias terminan pagándolas los vecinos de Puerto San José o de Nueva Concepción cuando se inunda el pedacito del planeta en el que viven.

Si en Europa o en China insisten en seguir adelante en su política de destrucción del medio ambiente, los costos terminan pagándolo los pasajeros de un bus que queda sepultado bajo un alud en cualquier carretera de Guatemala.

La agresión contra el Planeta nos conecta a todos y a todas. El daño que le hacemos a la atmósfera, entre otros daños afines, terminamos pagándolo todos y todas. Peor aún si es desde Guatemala que nace parte de esa agresión y nada hacemos para evitarlo.

Ese es, exactamente, el caso. En Guatemala se están construyendo y están prontas a entrar en operación varias plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan carbón mineral para su funcionamiento. Es decir, plantas altamente contaminantes del entorno, generadoras de millones de toneladas de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, profundamente lesivas con respecto al calentamiento global. ¡Estamos, pues, sembrando desde aquí las semillas de nuestra propia destrucción! Ello con el agravante de que, ni como pueblo ni como Nación, hacemos algo al respecto.

El pasado 7 de Junio del 2010, Prensa Libre publicó los resultados de una investigación sobre el tema de las plantas carboneras en Guatemala. Entre los datos publicados destacan los siguientes, que resultan una clara confesión:

“De acuerdo con datos del informe de impacto medioambiental presentado por Jaguar Energy al Ministerio de Ambiente, la nueva carbonera emitirá cerca de dos millones de toneladas de CO2 al año. La central carboeléctrica La Libertad emite 33 mil 313 toneladas, y San José, un millón 193 mil.

Tan solo estas emisiones suman más de tres millones de toneladas de CO2 y duplicarían las actuales en la producción energética ofrecidas por el MARN —dos millones 758 mil toneladas—.

“En cuanto a los gases de efecto invernadero, la producción de energía mediante carbón es la que más gases produce por unidad de masa”, afirmó Edwin Castellanos, director del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle. “El carbón tiene mucho azufre, que puede producir lluvia ácida e incluso problemas de hollín”, expuso”

Está claro, pues, cuál es el rumbo emprendido por Guatemala. El Estado optó por permitir que las empresas extranjeras, encabezadas por Unión FENOSA, ahora Actis (que es la transnacional que otorga las licitaciones respectivas), utilicen el suelo nacional para acumular sus ganancias y dañar el medio ambiente.

El propio Presidente, Álvaro Colom, (cuando aún estaba en el ejercicio de su cargo), colocó la primera piedra de estas nefastas construcciones. ¿Cuántos nuevos deslaves, nuevas inundaciones, nuevas muertes se estarán generando con esas plantas carboneras?

En vista de todo lo anterior, demandamos de las autoridades del Estado lo siguiente:

1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe y para cuyo cumplimiento fue creado.

2.- La declaratoria de que todas las empresas extranjeras vinculadas a este tema resultan lesivas para el interés nacional y, por lo tanto, se les debe expulsar del país, por cuanto:

· Estafaron al pueblo al momento de la compra de los activos del INDE.

· Han incumplido con lo que la Ley les mandata, incluidos los fallos de la propia Corte de Constitucionalidad.

· Han robado al pueblo de manera continua durante 15 años.

· Han abusado de las facultades que les confiere la Ley.

· Han acusado penalmente al país que les abrió las puertas y que los recibió en su suelo.

· Han iniciado la construcción de plantas carboneras, que las pagaremos entre todos y todas, con las cuales envenenan el aire, el agua y la tierra.

3.- Que antes de irse del país estas empresas paguen a Guatemala los montos que se han robado a lo largo de 15 años de latrocinio indiscriminado.

4.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución de este servicio público, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la verdadera participación ciudadana.

5.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado el espíritu de cada una de estas demandas anteriores.

6.- El pronto y debido esclarecimiento de los casos de violencia en contra de los dirigentes populares.

Por otra parte, la nacionalización de la energía debe concebirse y aplicarse de manera tal que, como país, no sustituyamos un ladrón extranjero por otro nacional.

De ser así, poco se avanzaría en términos del respeto a los derechos del pueblo. Es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde la obligación de suministrar a la población servicios eléctricos suficientes, de calidad y de bajo costo. Y estas tareas, además, deben realizarse sometidas a control social.

En la Ley General de Electricidad que se proponga, por lo tanto, deben concebirse y plasmarse mecanismos ágiles y permanentes que le permitan a la población y a sus legítimas organizaciones el ejercicio pleno tanto de la incidencia política como de la auditoría social.

Hoy el pueblo está en lucha por expulsar del país a los émulos de Pedro de Alvarado quienes, al igual que hace 500 años, vienen a Guatemala con el único propósito de robarnos nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio. Y, en esa lucha, venceremos.

Debemos sacar del país a esa gavilla de desalmados que, durante más de una década, no han hecho otra cosa más que violar las leyes para saquear impunemente los bolsillos del pueblo.

Debemos darle a Guatemala lo que todo guatemalteco se merece: Energía a un precio justo.

Ya es hora de que cese este vejamen.

¡Fuera Energuate!

¡Por la nacionalización de la energía!

¡La Lucha Sigue!