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Guatemala: Un país al borde de la ingobernabilidad a causa de políticas injustas y antipopulares
Hay quienes, desde la derecha recalcitrante y atrasada cuestionan las luchas populares aduciendo que los reclamos de los Pueblos, de los movimientos sociales, sindicales y populares están en el pasado, pero la verdad es que las condiciones de injusticia y represión son las que están hoy más presentes que nunca, por lo que nuestra lucha y demandas, históricamente siguen vigentes. Esta situación nos obliga una y otra vez a buscar por medios pacíficos y legales que se atienda este clamor. Es por esto que salimos de nuevo a las calles.
Tal pareciera que los años de la guerra que vivió nuestro pueblo aún no han pasado a la historia debido a que la persecución, represión, criminalización y asesinatos de líderes y lideresas, dirigentes sindicales, indígenas, campesinos continúan a la orden del día producto de la impunidad con que operan aún los poderes oscurantistas. Una de las muestras más recientes es que las autoridades Estatales se han quedado cortas en la reacción e investigación de los hechos de violencia contra dirigentes y activistas, tal el caso del asesinato de nuestro compañero Carlos Hernández de Camotán, Chiquimula. El ocho próximo cumple un mes y aún no hay avances en la investigación. La muerte de Ovidio Ortiz Cajas, perpetrado el 23 de marzo de 2012 cuya investigación a los responsables no avanza. El último asesinato de Exaltación Marcos Ucelo dirigente Xinca de Santa María Xalapan, Jalapa y el Secuestro de Roberto González Ucelo Mayordomo de la comunidad. Esto, tan sólo, para mencionar los más recientes.
El crimen ha sido la “defensa de nuestro territorio”. Nuestra soberanía, se ve violentada por la fuerza y el fuego, así como los contenidos legales consagrados en nuestra Constitución Política de la República, Código de Trabajo, pactos colectivos y convenios internacionales, principalmente el convenio 169, instrumentos y marco legal que dan sustento y que legitiman todas las acciones en el marco de la lucha social.
Es una vergüenza que sean los pobres y excluidos los que estén dando hasta la vida por defender nuestro territorio y soberanía; que sean los descalzos de la tierra los que pongan la frente en alto aún a costa de ser perseguidos y asesinados; que sean las mujeres y jóvenes quienes levanten la bandera nacional en lugar de los funcionarios públicos, cuya función es, precisamente, defender los derechos de la población y la nación contra injerencia y agresión extranjera. Tal agresión se ve expresada en la voracidad de los empresarios nacionales y transnacionales sin que el Gobierno proteja nuestros intereses y en lugar de ello, otorgue concesiones, privilegios, impunidad y una alfombra roja para que pasen por encima de los cuerpos desnutridos de nuestros niños y niñas. La función pública solo cubre a este sector, marginando y empobreciendo más a esta Guatemala. Cada dólar que se deposita en las cuentas millonarias de estas empresas está teñido con la sangre de nuestros mártires y con el sudor de trabajadoras y trabajadores mal pagados.
El Gobierno en múltiples ocasiones se ha comprometido con las organizaciones a atender las demandas pero su cumplimiento está por verse. Ya no es válido pedir a las organizaciones calma y paciencia, mientras que las mesas de diálogo recogen polvo y las calles se manchan con sangre de dirigentes. Esto es inaceptable. Por un lado extiende la mano para adquirir compromisos y con la otra mano, ampara la violencia, represión y criminalización de las luchas. Las fuerzas de seguridad pública, se han convertido en fuerzas de seguridad de los intereses privados nacionales y extranjeros. El Pueblo no tiene quién le garantice la vida y sus derechos. Es importante retomar la función pública de los sistemas de seguridad, para que la población confíe en la PNC y el Ejército.
Luego, hay sorpresa y se escandalizan porque salimos a las calles. No somos nosotros quienes generamos la ingobernabilidad, es la ausencia de un marco de derecho y la inexistente función social en la política pública y la existente, pedimos, se ejecute y respete.
Toda esta ola de ingobernabilidad es generada por el incumplimiento de compromisos, por políticas antipopulares y por el accionar abusivo de empresas nacionales y transnacionales que con tal de acaparar riquezas siembran luto, terror y miedo violando constantemente el estado de derecho. Ante todo esto, al Gobierno de la República exigimos:
1. Que se esclarezca los asesinatos, amenazas y persecución contra los dirigentes populares, sindicales, de derechos humanos y periodistas libres. Que se detenga el sistema de criminalización por parte del Estado y abran al público los expedientes de las investigaciones con la finalidad de dar con los responsables. Solicitando a la comunidad internacional, principalmente sus órganos de derechos humanos, descifren las estructuras paramilitares que quedaron intactas posterior al guerra interna realizada por las estructuras de poder de Guatemala.
2. Que cumpla con el discurso prometido en su campaña política, de aplicar mano dura no solo en contra de los criminales y delincuentes estafadores; por ejemplo, ENERGUATE, que a diario violan derecho económico y social de los usuarios del pésimo servicio de energía eléctrica que reciben. Que actúe para evitar los negocios oscuros de su Gobierno y diputados y transparentar la función pública.
3. Insistimos en la instalación urgente de la comisión para hablar del tema de la nacionalización de la energía eléctrica, como se comprometió desde hace varios meses. Proteger a la población de los abusos de ENERGUATE (Antes UNION FENOSA, ACTIS o como se denominen en el futuro) que siguen a la orden del día sin que se quiera atender de manera seria esta situación.
4. Por la soberanía nacional, demandamos la expulsión de toda empresa transnacional que transgreda las leyes nacionales e internacionales, que viole los derechos humanos y laborales y cuyo accionar sea lesivo para la nación, para sus intereses y para el ambiente. Estamos de acuerdo con la inversión para el desarrollo pero en un marco de seguridad, respeto, dignidad y soberanía.
5. Respeto y pronunciamiento a favor de la voluntad de los pueblos expresada en las consultas populares realizadas donde la gente rechaza las actividades de empresas mineras.
6. Que se cumpla con el traslado de los trabajadores temporales a renglones presupuestarios permanentes. Esto es un compromiso adquirido que aún no termina de concretizarse. No estamos dispuestos a quitar el dedo de la demanda por el trabajo decente. Nosotros como trabajadores y trabajadoras, sí cumplimos los compromisos que adquirimos, en consecuencia, demandamos que el Gobierno honre sus compromisos.
7. Que cumpla con el mandato constitucional de garantizar a los habitantes de la república, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, artículo 2.
8. Solicitamos que se atienda y subsidie a los pequeños caficultores al igual que a los grandes y a los medianos por las pérdidas que han tenido por causa de la roya y que se transparente el gasto ejecutado señalando los nombres de los beneficiarios.
9. Es urgente la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Mientras no se aprueba la Ley de Desarrollo Rural, estas crisis en el agro, seguirán replicándose. La política de desarrollo rural tiene que ser para el país y sus habitantes, no puede ser una política diseñada exclusivamente para los grandes empresarios agroexportadores. Ellos, los ricos, no están padeciendo el hambre que padece nuestra población. No son ellos los que tienen a la mitad de sus hijos con desnutrición crónica. No son ellos los que mueren por falta de equipo y medicamentos en el sistema de salud. No son ellos a quienes se les niega el derecho a una educación integral y con pertinencia cultural.
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