Cinco años de cobros ilegales

Guatemala, 4 de septiembre del 2008

Cinco años de cobros ilegales

A partir del proceso de privatización de la producción y distribución de energía eléctrica, que cobra fuerza en 1996, en el país se ha venido tejiendo una complicada madeja de instancias, de siglas, de tarifas, de conceptos, que hoy resulta casi incomprensible determinar qué es lo que está pasando en materia de este servicio básico.

Uno de esos conceptos emergentes, respecto al cual se habla mucho en fechas recientes, es el VAD. VAD son las siglas de “Valor Agregado de Distribución”, que es el monto que cobran los distribuidores privados por concepto de ganancia. Antes, el VAD no existía, porque la distribución la realizaba el INDE, que como institución del Estado no tiene fines de lucro. Por lo tanto, los consumidores no tenían que pagarlo. Pero, al privatizarse, es lógico que las empresas lucren con la energía eléctrica. Al fin y al cabo, la principal razón de ser de cualquier empresa privada es proporcionarle ganancias a sus dueños. Las ganancias que acumulan salen siempre del bolsillo de sus consumidores o usuarios, así como desde el sudor de sus trabajadores y trabajadoras.

Es oportuno recordar que el proceso de privatización de la distribución de energía eléctrica se desarrolló en el marco de un oscuro y mal negocio para el Estado y, por ende, para el pueblo. Al momento de venderse las líneas de distribución, éstas tenían un valor en activos de US$250 millones, a pesar de lo cual el Gobierno de Álvaro Arzú y del PAN se las vendió a Unión Fenosa por apenas US$ 101 millones, lo que le significó a esta transnacional española una ganancia, sólo en la compra, de US$ 149 millones.

De conformidad con lo que establece la Ley, los montos que las empresas privadas distribuidoras pueden cobrar por concepto del VAD lo fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, cada cinco años.

En el año 2003, la CNEE, integrada en aquel entonces por Luis García Pinot, Edgar Navarro y Elmer Ruiz, de manera ilegal autorizó un cobro excesivo del VAD a favor de la Empresa Eléctrica de Guatemala, EEGSA. Los directivos de la CNEE argumentaron que el incremento en el cobro obedecía a los aumentos en el precio de los combustibles, argumento que ha venido repitiéndose a lo largo de los años para justificar los aumentos en prácticamente cualquier cosa. Pero, dado que el VAD no guarda relación alguna con las alzas o bajas del petróleo ni con ningún costo de producción, su argumentación se desplomaba por absurda.

Debe destacarse el hecho de que la empresa EEGSA es, en realidad, una transnacional de capital español, que para operar en el país ha adoptado esa figura legal.

Hasta tal punto fue ilícito e inescrupuloso ese proceder, que la Corte de Constitucionalidad ordenó la destitución de los tres integrantes de la CNEE. Estos tres funcionarios fueron efectivamente despedidos, removidos de sus cargos, pero la tarifa ilegal EEGSA la siguió cobrando a lo largo de los últimos cinco años.

Prensa Libre, Miércoles 10 de Noviembre del 2004
CC ordena destituir a Comisión de Energía
Además, exige reintegrar diferencia en cobro a consumidores
Por: Sonia Pérez


El presidente de la CNEE, Luis García Pinot, y otros dos directores deben ser sustituidos por orden del máximo tribunal constitucional.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y la devolución del cobro realizado por consumo de electricidad basado en la Tarifa Social (TS), reestructurada a partir del 1 de mayo pasado.

El sobreprecio permitió a la EEGSA cobrar, por concepto del VAD, unos US$140 millones cada año, es decir, un poco más de US$ 11 millones al mes, lo que no es, en absoluto, poca cosa.

Las cifras son astronómicas. Este cobro ilegal significa que a los usuarios cuya tarifa la cobra la EEGSA, se les han estafado, por concepto de exceso en el VAD, un promedio de US$ 55 millones anuales, (Q412.500 millones), para un total aproximado de US$ 275 millones, (Q2.062.500.000,00). Esta cifra supera el presupuesto anual de la mayoría de los Ministerios del Estado. ¿Cuánta desnutrición ha contribuido a crear esa estafa? ¿Cuánta pobreza ha generado la codicia sin límite de la EEGSA? Para esas preguntas nadie ha calculado las respuestas.

Se trata, pues, de una estafa multimillonaria, que perjudica a centenas de miles de familias. La EEGSA no sólo no acató la orden de reintegro que emitió la Corte de Constitucionalidad en el 2004, sino que, peor aún, siguió cobrando el exceso como si nada durante cinco años.

Debe tomarse en cuenta que el VAD, en su totalidad, no existiría si no se hubiera privatizado la distribución de la energía eléctrica. Por lo tanto, si esa labor vuelve a ser asumida por el INDE, el VAD simplemente tendrá que desaparecer. US$ 140 millones al año que no tendrían que salir desde los bolsillos del pueblo.

Los robos realizados por esta empresa española nos hacen recordar las épocas de la conquista y la colonia, cuando los abuelos de los dueños de EEGSA se llevaban nuestro oro a cambio de espejitos y cuentas de vidrio. Al parecer, hemos evolucionado desde Colón hasta Colom, pero con idénticas prácticas y resultados.

Está claro que si un pobre se roba una gallina para alimentar a sus hijos, va preso. Las cárceles están llenas de pobres. Pero si una empresa extranjera roba millones a diario durante cinco años seguidos, nada le pasa. No queremos, con esto, justificar el robo de la gallina, pero es que esas empresas nos quieren quitar hasta los huevos.

Ante esa situación, a todas luces contraria a los intereses y derechos del pueblo, al Estado guatemalteco, en cumplimiento de las funciones para las cuales existe, le corresponden varias obligaciones inexcusables:

1.- Exigir y garantizar que EEGSA devuelva a cada uno de los usuarios hasta el último de los centavos que les fueron cobrados ilegalmente. Para ello, la empresa tiene activos (también robados al pueblo), con los cuales debe responder por su delito.

2.- Fiscalizar, junto a las organizaciones populares, el proceso de devolución de lo estafado, para garantizar que se ajusta a los montos cobrados de más y que ni un centavo va a ir a parar a manos a las que no correspondan.


3.- Rescindir el contrato con la EEGSA, por cuanto esa empresa ha violado la Ley, ha incumplido con los mandatos emanados desde la Corte de Constitucionalidad y, por ende, ha hecho méritos para ser calificada como “lesiva para los intereses del país”.

4.- Devolver al INDE las redes de distribución de energía eléctrica que actualmente controla la EEGSA, para que sea una institución pública la que reasuma, con eficiencia y eficacia, la prestación de ese servicio básico.

Por otra parte, en Febrero del 2009 se definirá el monto del VAD para la Unión Fenosa, otra empresa española que lucra en el campo de la energía eléctrica en Guatemala. Los mismos principios que se aplican para IBERDROLA, compañía dueña de la EEGSA, deberán aplicarse también para esta otra empresa pirata que opera en suelo patrio.

¡LA LUCHA SIGUE!