Sobre luchas en la Costa Sur‏

Guatemala, 31 de agosto del 2008

La Costa Sur se pone todavía más caliente
Organizaciones populares en pie de lucha en defensa de sus derechos


1.- ¡No a la impunidad!

El 31 de Agosto del 2004 la Policía Nacional Civil arremetió, con lujo de violencia, contra las familias campesinas que en esos momentos ocupaban la Finca Nueva Linda en reclamo por la desaparición del compañero Héctor Reyes. Como saldo de esta acción criminal emprendida por el Estado, se registró la masacre de 13 campesinos y una cantidad indeterminada de desaparecidos. La propia Procuraduría de los Derechos Humanos documentó varias ejecuciones extrajudiciales y preparó un sólido expediente sobre este caso que contiene incluso videos y fotografías irrefutables. Pero, a pesar de ello, no se ha abierto causa alguna en contra de los autores materiales o intelectuales de esta nueva masacre, acaecida ahora en tiempos de paz.

Hoy, a cuatro años de este deleznable hecho represivo, millares de pobladores campesinos, indígenas, miembros de organizaciones sindicales y populares, convocados por CODECA, por la organización juvenil HIJOS y por otros actores sociales, se dieron cita en la Finca Nueva Linda, para expresar a una sola voz, y con toda energía, su repudio ante el manto de impunidad con que el Estado ha pretendido cubrir este horrendo crimen.

Desde el Frente Nacional de Lucha sumamos nuestra voz al clamor popular que demanda el cese de la impunidad, como vía indispensable para que en el país se imponga la justicia. En la medida en que desde el Estado se de amparo a todo tipo de agresión en contra del pueblo y se proteja a quienes cometen hechos de sangre como los acaecidos cuatro años atrás, no puede decirse que Guatemala avanza en la construcción de la Paz. Sin el imperio de la justicia, no hay más paz que la de los cementerios.

Las familias de los mártires de Nueva Linda merecen ver que sobre los hechores materiales e intelectuales caiga con toda energía el peso de la Ley, y que sean llevados a juicio, bajo los mismos cargos que corresponden a cualquier vil asesino.

El Estado actuó, en este y en otros casos afines, de manera alevosa y criminal. Por lo tanto, le corresponde ahora asumir las responsabilidades penales que se derivan de sus actos.


2.- ¡No a la privatización del agua!

El Concejo Municipal de San Antonio Suchitepéquez, con el nuevo Alcalde a la cabeza, de manera abusiva, inconsulta y antipopular, firmó recientemente un contrato mediante el cual entrega a una empresa privada los derechos para el manejo del agua potable en el Municipio.

Las organizaciones comunitarias de la región, al enterarse de esta arbitrariedad, expresaron mediante múltiples formas su rechazo a la medida adoptada por la Alcaldía, por cuanto es violatoria de derechos básicos de la población, como lo es el de ser consultada cuando se trate de temas que se relacionan de manera directa con sus condiciones materiales de vida. Con toda certeza, argumentan que la privatización del agua convierte el acceso a este recurso en privilegio exclusivo de las familias que puedan pagar por ello.

En esta lucha se conjugan los esfuerzos de varias organizaciones, entre las que se mencionan ASODECOS, CODECA, ADEHGUA, SNTSG (Suchitepéquez), LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL PUEBLO DE SAN ANTONIO Y EL FNL. Estaremos colocando listones azules en todos los lugares visibles del municipio de San Antonio Suchitepéquez, en el marco de la “Campaña Por la Vida, Contra la Concesión del Agua”. El próximo Martes 2 de Septiembre, a partir de las 8 a.m., realizaremos una marcha pacífica y popular que partirá del campo de futbol y hará un recorrido por las diferentes calles y avenidas del casco urbano, llamando a la unidad del pueblo contra la venta de nuestros recursos a la empresa transnacional AGBAR. Se invita a los vecinos y a todas aquellas personas que coincidan en cuanto a que el agua no debe privatizarse a que se sumen a esta lucha.

En las siguientes páginas compartimos el texto íntegro del Memorial que los vecinos entregarán a las autoridades edilicias, por cuanto es claro y contundente al explicar no sólo las causas de su protesta, sino, además, las exigencias concretas que formulan.


San Antonio Suchitepéquez, 2 de septiembre de 2008

SEÑORES:
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
SU DESPACHO.
RESPETABLES SEÑORES:
Los abajo firmantes somos vecinos y residentes de este municipio, quienes comparecemos ante ustedes con el objetivo de patentizar una vez más nuestro RECHAZO ABSOLUTO al proyecto de CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ. Por los motivos siguientes:
1. El agua es un servicio público y es considerada un Derecho Humano. Sin embargo, este proyecto de Concesión considera el agua una MERCANCIA que puede comprarse y venderse al mejor postor. Esta situación pone en una situación de alta vulnerabilidad a las familias más pobres de nuestro municipio, ya que no resultan ser un “atractivo comercial” para la empresa privada que pretende hacerse de nuestros recursos naturales. Una empresa, como cualquier otro negocio, priorizará el mejor servicio y cobertura en aquellos lugares donde le paguen mejor, por ende las áreas subsidiadas son relegadas a un segundo o tercer plano.

2. El proceso de adjudicación que concluyó beneficiando a la empresa Aguas de San Antonio S.A. está plagado de irregularidades e incertidumbre. En primer lugar porque dicha empresa no pudo presentar el Registro de Precalificado necesario según la Ley de Compras y Contrataciones para poder ejecutar el proyecto. Además esta empresa está vinculada a otras transnacionales que han sido literalmente ECHADAS DE VARIOS PAISES DE SUDAMÉRCA, tales como Argentina, Bolivia y Brasil, dejando a su paso una secuela de destrucción y muerte por los conflictos sociales que allí generaron. Recordemos que: nadie será capaz de ver morir a su familia por no tener el dinero suficiente para pagar el agua, recurso imprescindible para la vida de todo ser vivo.

3. La Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez no ha presentado un plan concreto en los casi nueve meses de gobierno para resolver la problemática del servicio del agua potable, como si lo hicieron varios de ustedes cuando estuvieron en campaña política pidiendo el voto popular que les fue concedido, sin embargo ninguno de los planes de campaña mencionó la entrega del servicio a una empresa privada, seguramente esto les hubiese restado un gran caudal de las voluntades cosechadas.

4. La actitud noble, responsable, coherente y consecuente del Concejal V Señor Ismael de León Aguilar, al apoyar la lucha en contra de la Concesión del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario le valió la arbitraria e irresponsable expulsión de las reuniones, evidenciándose que el Concejo Municipal de San Antonio Such está gobernado por la intolerancia y el autoritarismo, propios de épocas que gracias a Dios hemos dejado perdidas en el pasado, pero que tal parece todavía hay personas y grupos que pretenden revivir.

5. A pesar de que la agrupación Vecinos Tunecos Contra la Concesión del Agua ha planteado sus dudas al proyecto en reiteradas ocasiones, nunca se nos ha respondido de forma convincente, únicamente se nos ha acusado sin fundamento de tener intereses políticos para supuestamente “causar daño al Alcalde y su Concejo”. Sobre este aspecto podemos decir que ustedes han dejado muy claro lo poco que les interesa la ética y la responsabilidad con el pueblo, pues nuestra agrupación jamás se ha referido en forma personal ha ningún miembro del Concejo y solamente lo hemos hecho sobre puntos concretos relacionados al proyecto y el proceso de adjudicación.

6. El 23 de julio de 2008 la Comisión de Vecinos Tunecos Contra la Concesión en reunión celebrada con ustedes dentro del palacio municipal acordamos llamar a una Consulta Popular al pueblo de San Antonio Such. Para que se pronunciara abierta y libremente si estaba o no a favor del proyecto de Concesión del Agua Potable. Además de que dicha consulta sería organizada conjuntamente Vecinos y Autoridades Ediles, redactándose las preguntas de forma clara, objetiva y de buena fe. Sin embargo fuimos sorprendidos por varios empleados municipales que visitando algunas viviendas del pueblo realizaban algo que técnicamente se conoce como “Encuesta” que llevaba por título “Consulta Popular” con preguntas amañadas y tendenciosas, en donde los vecinos tunecos nos sentimos presionados por las autoridades a responder que “Si” estamos de acuerdo en Concesionar el agua y el alcantarillado. La falta de ética se pone de manifiesto nuevamente con esta acción.

Por lo anteriormente expuesto,

EXIGIMOS:

a. Que de inmediato se anulen mediante acuerdo municipal todas las acciones relacionadas al proyecto de Concesión del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
b. Que el Concejal V, Ismael de León Aguilar sea convocado nuevamente a las reuniones del Conejo Municipal de San Antonio Suchitpéquez.
c. Que se convoque lo antes posible a la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo para que los temas de trascendencia municipal sean discutidos con los líderes comunitarios y representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, esto nos evitará continuar con el clima de conflictividad que vivimos actualmente.



3.- ¡No al alza en el costo del transporte!

En Santo Domingo Suchitepéquez, al igual que en prácticamente cada Municipio del país, los empresarios privados del transporte, contando con la venia de las autoridades, han procedido a incrementar el precio en las tarifas del pasaje. Argumentan que los precios internacionales del petróleo los obligan a adoptar esta medida.

Pero mienten, porque en todo el país estos empresarios han sabido desarrollar un sistema de prestación de servicios en el cual nunca pierden. Lo cierto es que el precio del combustible lo asumen los choferes, a quienes los dueños alquilan las unidades, a cambio del pago de una cuota fija diaria, que no se altera porque suban el diesel o la gasolina. Lo que cueste el combustible lo paga cada chofer de lo que vaya cosechando cada día.

En Guatemala, el problema del transporte de pasajeros tiene, como principal causa generadora, el hecho de que se trata de un servicio público que se ejerce de manera privada y, por ende, con fines de lucro. No es transporte público, sino privado, salvo contadas excepciones. En la medida en que el mismo siga siendo determinado a partir de la codicia sin límites de los empresarios, los problemas seguirán agudizándose.

Porque desde esa realidad se derivan intereses contrapuestos: por una parte, los de la población, que espera recibir un servicio de calidad y a bajo costo (al cual, por lo demás, tiene derecho), y, por otra, los de los empresarios, que como principal objetivo buscan obtener ganancias, para lo cual pretenden subir los precios e invertir el mínimo posible en la calidad del servicio.

Para confirmar lo anterior, basta ver las desastrosas condiciones de la inmensa mayoría de las unidades que circulan, que más parecen reliquias de museo mal conservadas que buses destinados al transporte de personas. Y del afán de lucro se deriva, además, la nula preparación del personal que opera estas unidades, puesto que los dueños no invierten ni un centavo en capacitarlos para que presten buena atención a los usuarios. Así mismo, la relación laboral que el empresario establece con los conductores y ayudantes es injusta, al punto de ser casi inhumana, ausente de seguridad social y de derechos laborales. En la gran mayoría de los casos, simplemente les alquilan los buses a cambio de una cuota diaria, con lo que los someten a una fuerte presión de tiempo con la que deben lidiar para ganarse un salario decente. Esto los obliga a manejar con pocas consideraciones hacia los pasajeros e incluso con continuo irrespeto a las regulaciones del tránsito.

Pésimo mantenimiento, sumado a la obligación de correr en busca de pasaje, a personal no calificado trabajando bajo presión y, encima, bajo el constante temor de ser asesinados en cualquier momento, suman una receta diabólica que ha demostrado ser generadora de severos accidentes viales, los cuales han cobrado ya la vida de cientos de personas.

Pero hoy el principal malestar de la población gira alrededor del hecho de que los empresarios ahora pretenden hacer su agosto a partir del incremento internacional en los precios del combustible, por la vía de establecer tarifas que van mucho más allá de lo que ese incremento amerita. Es decir, ven en la crisis del petróleo una oportunidad óptima para incrementar sus ganancias privadas, a costa, claro está, del público usuario del servicio.

Eso la mayoría de la población del país simplemente no lo acepta y responde incluso con violencia ante semejante atropello. Los hechos recientes ocurridos en Fraijanes, en Pajón, San Juan Sacatepéquez, en Escuintla, en otros muchos rincones de Guatemala, y ahora en Santo Domingo Suchitepéquez lo ponen en evidencia.

El alza en las tarifas del transporte privado que debería estar al servicio del público se constituye, por lo tanto, en parte integral de esa mecha encendida cuyo fuego avanza implacablemente hacia el barril de pólvora en el que hoy se ha convertido Guatemala.

En la medida en que no se resuelva esa contradicción existente entre derechos de la población e intereses privados, el problema seguirá agudizándose. Es obvio que en este, como en otros casos, el Estado deberá optar: o está a favor de los derechos del pueblo, o está con los intereses de los empresarios.

Por lo pronto, al parecer este Gobierno, al igual que los anteriores, ha optado por colocarse al lado de los intereses de los empresarios, a quienes ofrece pagar un subsidio para que sigan adelante con su negocio. Es decir, destinar una parte de los impuestos que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, para entregárselos a los empresarios del transporte, sin exigirles que mejoren para nada la calidad del servicio. Ese subsidio no es otra cosa más que un generoso regalo, porque ni un centavo del mismo se destina a pagar las alzas del diesel. Simple y llanamente se lo embolsan los empresarios, sin escrúpulos de ninguna especie.

Es fácil apreciar cómo en la Costa Sur el pueblo ha decidido ya tomarse la palabra y luchar por hacer valer sus legítimos derechos.

Sus luchas deben ser conocidas y respaldadas por todas las organizaciones y personas que crean en la paz, en la equidad, y que aspiren a la forja de una Guatemala diferente, justa, digna y humana.

Las acciones emprendidas por las comunidades y organizaciones de la Costa Sur no son otra cosa más que las primeras evidencias de que, en Guatemala, empieza a sonar la hora de los pueblos. Los problemas ante los que ahora se movilizan no les son exclusivos, sino que afectan prácticamente cada rincón del país. Por ende, son problemas de todos y de todas quienes formamos parte de los sectores populares.

Es bien sabido que, ante un problema común, se requiere una acción también común.

¡LA LUCHA SIGUE!