Como ocurre en cualquier obra de teatro barata y mal montada, el Ministro de Energía y Minas, en compañía del Presidente Álvaro Colom, comparecieron ante los medios de prensa para, por su medio, informarle al país sobre su decisión de subir el costo de la energía eléctrica. Pero lo hicieron procurando manipular las cifras de manera tal que, tras un alud de datos tergiversados, quedara oculta la verdad. Sin embargo, su show fue tan mal montado que, ni por aproximación, lograron su propósito.
Prensa Libre, 14 de Febrero del 2008
La esencia de sus declaraciones, una vez que se les quita el falso papel de regalo con que la envolvieron, es la siguiente: el INDE va a ahorrarse 402 millones de quetzales, los cuales, a partir de Marzo, los van a pagar 600 mil familias que hasta Febrero estaban protegidas por la Tarifa Social. Es decir, que sacan a 600 mil familias de la Tarifa Social. Si tomamos en cuenta que en Guatemala la familia promedio es de 5 personas, con la medida anunciada este nuevo Gobierno castiga a 3 millones de conciudadanos, cuyas respectivas familias cada mes tendrán que pagar más por el consumo de energía eléctrica.
La existencia de la Tarifa Social implicaba, para el INDE, cubrir un subsidio de 762 millones de quetzales anuales, el cual, según lo informan las autoridades, a partir del año en curso se reducirá a 360 millones. El recorte lo hacen por la vía de bajar el techo de la cobertura de la Tarifa Social, que antes protegía a las familias cuyo consumo estuviera entre los 0 y los 300 kwh, pero que, a partir del mes entrante, sólo abarcará a quienes consuman de 0 a 100 kwh. Con ello, 600 mil familias guatemaltecas quedan simplemente afuera, castigadas por el pecado de no estar organizadas ni saber defender sus derechos.
En resumen, la política que plantean el Presidente y su Ministro es la siguiente;
___________________Cobertura_______Subsidio________Período
Tarifa Social actual____De 0 a 300 kwh__762 millones____Hasta Febrero del 2008
Tarifa Social propuesta_De 0 a 100 kwh__360 millones____Desde Marzo del 2008
Ahorro del Estado_______________402 millones
La mayoría de la población del país desconoce que existen dos tipos de tarifa por servicios eléctricos: (i) La Tarifa Social, que recibe un subsidio desde el INDE y que se promulgó con el propósito de reducir los costos de la energía a las familias pobres del país, quienes, en su mayoría, consumen menos de 300 kilowatios hora. (ii) La Tarifa Plena, que no tiene subsidio, y que la pagan quienes consumen más de 300 kwh, es decir, las familias con más equipos domésticos y, por ende, con mayor consumo, así como las industrias y comercios del país.
La política tarifaria anunciada recientemente por el Gobierno de Colom, al bajar el techo de 300 kwh hasta 100 kwh, simplemente pasa 600 mil usuarios desde la Tarifa Social hasta la Tarifa Plena, cargándoles sobre sus facturas la nada módica suma de 403 millones de quetzales, que se los ahorrará el Estado, pero que saldrán con dolor desde los bolsillos de las familias pobres. Entre tanto los ricos no se verán afectados en absoluto.
Por otra parte, tanto el Presidente como el Ministro de Energía y Minas, al proceder como lo hicieron, violan flagrantemente los procedimientos legales para el establecimiento de tarifas eléctricas. En el país existe la Comisión Nacional de Energía, como instancia jurídicamente responsable de fijar las tarifas por servicios eléctricos. Y existe, además, el Consejo Directivo del INDE, a quien le corresponde conocer las propuestas sobre este tema y trasladarlas a la Comisión Nacional de Energía para su discusión. El actual Gobierno simplemente pasa por encima de lo que se establece en el ordenamiento jurídico vigente y caen, con ello, en una clara figura de abuso de poder.
El Ministro y el Presidente, al anunciar como un hecho su propuesta de política tarifaria para la luz, violan la ley y devienen en autores de un delito por cuyo costo lo terminan pagando no ellos, sino 600 mil familias guatemaltecas. Sin embargo, no creemos que ello los haga merecedores de la pena de muerte recientemente reinstalada. Su sentencia, sin embargo, tampoco puede ser leve dada la magnitud del daño que generan en perjuicio, ni más ni menos, que de 3 millones de personas, según ellos mismos lo confiesan.
Lo más absurdo es que este recorte a los beneficios que el Estado cubre a favor de los pobres, lo quieren disfrazar como lo que no es: Dicen que se trata de una rebaja en la tarifa a los más pobres y que, por ello, nadie debe oponerse.
Como lo afirmamos en un comunicado precedente, se trata entonces de la instalación de una nueva y sui generis modalidad de política social: despojar a los pobres para darle limosnas a los más pobres. Mientras tanto, los ricos, tranquilos; nadie se mete con ellos.
Ante estos nuevos disparates, no cabe más que plantear un enérgico rechazo a este nuevo zarpazo contra los intereses del pueblo. Son los sectores populares los que cargarán sobre sus hombros con los 402 millones que le recortan a la Tarifa Social.
En tan solo un mes, estas nuevas autoridades han dado claras muestras de su vocación antipopular, así como de la alegre e irresponsable improvisación con la que abordan su gestión al frente del Estado.
¡La Lucha Sigue!
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