Otro zarpazo contra los intereses del pueblo

Guatemala, 7 de Febrero del 2008

El Matutino Siglo 21 informa hoy al país de un nuevo y preocupante intento de agresión contra los intereses del pueblo. En este caso, expresado en términos de incremento al valor de la energía eléctrica que deben pagar los sectores populares. Si entendemos que el acceso a la electricidad es básico para la calidad de vida de la población y que, además, su prestación es obligación del Estado, entonces estamos ante una propuesta que atenta, de manera flagrante, contra uno de los servicios esenciales a los que tiene derecho el pueblo.

El artículo periodístico nos hace saber que el Ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, entregó una propuesta que reduce los beneficios de la tarifa social, puesto que dejaría de cubrir a consumidores que están hoy subsidiados por esa tarifa más barata.

La tarifa social no es un regalo. Es un derecho que el pueblo paga, con su trabajo, con su sudor, con sus esfuerzos y, claro, con los impuestos que cubrimos cada día. La tarifa social existe desde el año 2000 y con la misma se beneficia a usuarios cuyo consumo no pasa el límite de 300 kilovatios. Es decir, se creó para favorecer a los sectores populares. Es la tarifa que el INDE subsidia en beneficio de los sectores populares. De su presupuesto, el INDE destina alrededor de 762 millones de quetzales al año para cubrir esa tarifa. A la fecha, el INDE ha cubierto más de 3.200 millones de quetzales por concepto de tarifa social.

La propuesta hecha pública por el Ministro implica que se dejará de cubrir a una parte de la población que, hasta el momento, se ha visto beneficiada con esa tarifa de menor costo. En síntesis, que se subirá el precio de la energía eléctrica para un sector de la población que el propio Viceministro del ramo, en el mismo artículo publicado por Siglo 21, calcula en 400 mil familias, o 400 mil contadores, que es su unidad de medida.

El Gerente del INDE, Marinus Boer, ni lento ni perezoso aprovecha la ocasión para anunciar su criterio de que a la tarifa social debe reducírsele el techo, y fijársele un nuevo límite que llegue hasta 100 kilovatios. Es decir, que ya no cubra a quienes consumen de 0 los 300, sino sólo de 0 a100. Es decir, dejar por fuera a decenas de millares de familias.

El colmo es que ambas propuestas las formulan bajo el absurdo argumento de que procederán así para beneficiar a los más pobres. Dicen que, con lo que le cobrarán de más en esas 400 mil cuentas, podrán cobrarle menos a los más pobres. ¿Por qué, si esa es su intención, no incrementan entonces la tarifa a los más ricos, que pueden pagar más, o al sector empresarial, que es el gran consumidor?

Robin Hood, el legendario arquero inglés del bosque de Sherwood, le robaba a los ricos para darle a los pobres. Las actuales autoridades de Gobierno proponen robarle a los pobres para darle a los más pobres, si es que llegan a hacerlo. Puede ser incluso que, al final, se limiten a dar solamente el primer paso. Llama poderosamente la atención el hecho de que en la propuesta de alza de tarifas sólo se contempla cuánto subirán, pero no se dice una sola palabra respecto a cuánto, entonces, rebajarán a favor de los más pobres. En todo caso, en esa ecuación, ¿por qué no se tocan siquiera los intereses de los ricos?

Es evidente, pues, que las nuevas autoridades están dispuestas a hacer lo necesario para subir los precios de la energía eléctrica. Es decir, a que la población pague más cara la luz. Por lo pronto, anuncian que 400 mil familias se verían perjudicadas. En Guatemala, la familia promedio es de 5 miembros. Por lo tanto, de aprobarse esta reducción de los beneficios de la tarifa social, se verían afectados cerca de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas de los sectores pobres del país.

Cabe preguntarse en qué queda, entonces, el discurso de que este Gobierno velará por los derechos e intereses de los pobres. Hasta el momento, los pasos que han emprendido marchan en dirección contraria. Hay un divorcio notable entre lo que dicen y lo que hacen. Hablan un lenguaje populista, pero mantienen e incluso profundizan las prácticas neoliberales y antipopulares. Entonces, ¿a qué hay que creerle?, ¿a lo que dicen, o a lo que hacen?

Será interesante ver cómo logran explicar esta medida en el marco del planteamiento socialdemócrata que afirman sostener. Durante la campaña electoral numerosas organizaciones populares le otorgaron su respaldo político a la UNE y luego, tras la toma de posesión, ofrecieron el beneficio de la duda. Pero el quehacer del actual Gobierno cada vez deja menos dudas respecto a favor de los intereses de quiénes gobierna. Cada vez es más evidente que su discurso no pasa de ser más que eso: un discurso, palabras que se las lleva el viento y que resultan sepultadas bajo la marea de constantes y brutales políticas públicas contrarias a la dignidad y a los derechos del pueblo.

Desde las organizaciones que formamos parte del Frente Nacional de Lucha, FNL, llamamos al pueblo a no permitir que se atente contra la tarifa social. Digamos un rotundo ¡NO! a la anunciada alza en el precio de la luz.

Instamos a todas las organizaciones que auténticamente representan los intereses de los sectores populares a que sumemos nuestros esfuerzos en defensa de estos 2 millones de compatriotas a quienes hoy amenazan con subirles el precio de la energía eléctrica y a que, en consecuencia, nos opongamos con decisión a estos anunciados cambios a la tarifa social.

Invitamos a cada ciudadano y ciudadana a que reflexione respecto a este nuevo atentado en su contra, a que adopte una posición convergente con sus intereses, a que informe lo que está pasando a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, en síntesis, a que busquemos la vía para que todo el país sepa las intenciones reales del actual gobierno.

E invitamos al propio Gobierno de la República, al Presidente Colom y a la primera Dama, Sandra Torres, a que pongan un alto a las medidas antipopulares que han venido adoptando. No olviden que fue el pueblo, con su voto, quien los puso en la silla que hoy ocupan. No olviden que ya el pueblo empieza a estar harto de tantas décadas de mentiras y engaños.

¡LA LUCHA SIGUE!
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Para mejor proveer, adjuntamos completo el artículo periodístico al que hemos hecho referencia.


Siglo 21
Guatemala, Jueves 7 de Febrero 2008


PULSO 07-02-2008

Recortarían beneficios de la Tarifa Social
Gobierno espera conseguir más fondos para abaratar la tarifa de los usuarios que consuman menos de 100 kilovatios.

Edgar López Siglo21* | elopez@sigloxxi.com


Los beneficios de la Tarifa Social se reducirían, según la propuesta que el Ministerio de Energía y Minas entregó al presidente Álvaro Colom.

El subsidio de Q0.19 que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) desembolsa para los usuarios de la Tarifa Social ya no llegaría en su totalidad a los usuarios que están en el rango de consumidores de 0 a 300 kilovatios.

El ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, explica que la propuesta buscará la eliminación del Ajuste Temporal Extraordinario, como se le denomina al subsidio, para los que consuman más de 100 kilovatios.

Los usuarios que gasten de 0 a 100 kwh/mes seguirán gozando del desembolso que realiza el INDE y el precio para el kilovatio se mantendría en Q1.07 por kwh/mes.
Las personas que consuman más de 100 kilovatios pagarán el precio de Tarifa Social (Q1.26 por kwh/mes), los primeros 100 y el resto hasta 300 kilovatios, estará afecto a la Tarifa Plena, que es de Q1.43 los precios estarían sujetos a los cambios trimestrales (lea: La reducción)

Promete sorpresas

El objetivo de esta modificación es obtener fondos para que el subsidio que será desembolsado sólo para un segmento pueda obtener una tarifa aún más barata. “Hay algunas sorpresas donde se podrían tener mejores precios en la Tarifa Social. Lo que proponemos es que se focalicen los fondos que se han designado para los segmentos más afectados y más pobres, a quienes se les bajaría el precio en su facturación”, afirma Meany.

El funcionario explica que el actual monto de Q40 millones de subsidio cubre a 2 millones de contadores, pero dentro de esos beneficiados hay comercios, farmacias, clínicas médicas y bufetes. Con este recorte se dejarían de beneficiar a unos 400 mil usuarios. “Esos comercios no deberían de gozar de ese beneficio y consideramos que tienen facultad para pagarlo y no les va a afectar”, expone el viceministro de Energía y Minas, Romeo Rodríguez.

La decisión está en manos del presidente Colom, quien deberá dar el visto bueno para que el proyecto se mantenga durante los próximos cuatro años. “Esperamos que sea sostenida, porque en realidad beneficiaría a los más pobres”, sostiene el funcionario.

Siete años después

El beneficio tiene siete años de estarse prestando y se originó luego de la aprobación de la Ley de la Tarifa Social número 96-2000. Lo que expresa dicha normativa es que se tiene como finalidad favorecer al usuario más afectado por el incremento de los costos en la producción de energía, y se autoriza una tarifa “especial con carácter social dirigida a usuarios que consuman hasta 300 kilovatios hora”.

Primer paso

El gerente del INDE, Marinus Boer, ve la medida positiva, pero insiste en que es el primer paso. “La propuesta es bien recibida y esperamos que en el futuro podamos modificar el techo de la Tarifa Social que es nuestro principal objetivo y que se reduzca a 100 kilovatios, porque ahí es donde está establecido el 75% de la población de escasos recursos”, detalla Boer.

El gerente de la institución calcula que el ahorro que pretende el proyecto es de Q3 millones a Q4 millones. “En los últimos 7 años hemos desembolsado Q3,200 millones para cubrir a unos 2 millones de contadores y beneficiar a más de 11 millones de habitantes”, indica.

Para Édgar Navarro presidente del Administrador del Mercado Mayorista, la medida es correcta. “Al fin se están tomando pasos necesarios para resolver el problema de la Tarifa Social. Con ello se ayuda a sanear las finanzas, a transparentar el subsidio y va a cumplir con su finalidad”, expuso. Según Navarro, el INDE podrá incluso contar con algunos fondos para poder realizar ampliaciones y repotenciar las subestaciones, invertir en infraestructura y nuevos proyectos de generación.

*Con información de Dalila Huitz y Evelyn Boche

“La propuesta es bien recibida y esperamos que en el futuro se modifique el techo de la Tarifa Social que es nuestro principal objetivo, porque allí está el 85% de la población de escasos recursos”
Marinus Boer
Gerente del INDE

“Lo que proponemos es que se focalicen los fondos que se han designado para los segmentos más pobres, a quienes se les bajaría el precio en su facturación”.
Carlos Meanny
Ministro de Energía y Minas

“Con ello se ayuda a sanear las finanzas, a transparentar el subsidio y va a cumplir con su finalidad original que era beneficiar a las clases mas necesitadas”
Edgar Navarro
Presidente del Mercado Mayorista


Las Tarifas

La facturación actual contempla dos tipos de tarifas: social y plena, cada una tiene sus propias características:

Tarifa Plena:

Es la que se paga a partir de los 101 Kwhm a 300 Kwhm y el monto a cobrar por las distribuidoras es de Q1.43 por Kwhm en ese rango. Como está inmerso en la Tarifa Social a ese segmento se le cobra actualmente los primeros 100 Kwhm a Q1.26, menos el subsidio otorgado por el INDE de Q0.19 (el cual se pretende eliminar). El ramo de consumidores es del 8%, es decir, unos 400 mil usuarios, quienes consumen el 75% de energía en el país.

Tarifa Social: Es la que establece la Ley con un precio preferencia en la que el kilovatio tiene un precio de Q1.26. A esta tarifa se les subsidia Q0.19 por el INDE. En ese ramo está el 90% de la población, que consume el 35% de la energía que usa Guatemala.