El derecho a la salud puesto en alto riesgo‏

Guatemala, Miércoles 19 de Septiembre del 2007

La salud es un derecho irrenunciable del pueblo

Según lo que establece tanto la propia Constitución Política de la República como la legislatura vigente y los Convenios internacionales ratificados por Guatemala, la prestación de servicios públicos de salud, gratuitos, de calidad, accesibles y oportunos, es una obligación indelegable del Estado. Sin embargo, esta obligación, (y, con ello, ese derecho básico del pueblo), está a punto de desaparecer.

Lo afirmamos así debido a que los programas de Gobierno que han hecho públicos los partidos políticos que disputarán la Presidencia en la segunda ronda coinciden en plantear la privatización de la salud como uno de sus objetivos principales. El programa del Patriota señala que el Ministerio de Salud debe asumir un nuevo papel normativo y de supervisión, pero que la prestación de los servicios correrá por cuenta de otros actores sociales. Y el candidato a la Vicepresidencia de la UNE, en declaraciones publicadas por El Periódico en su edición del 18 de Agosto que adjuntamos, indicó, con claridad y a modo de ejemplo, que el Hospital de Escuintla puede ser administrado por los azucareros y los de Quetzaltenango y Antigua por la licorera.

Estos planes son simplemente inaceptables por cuanto antipopulares. Lesionan, de manera flagrante, un derecho esencial del pueblo. Si la salud se privatiza, como lo proponen ambas fuerzas políticas, el acceso a la misma se convierte, entonces, en privilegio exclusivo para quienes puedan pagar por ella. Eso, sin que quepa la menor duda, afectaría a millones de personas pobres a lo largo y ancho de todo el país, quienes se verían condenadas prácticamente a muerte por el simple hecho de que no tienen en sus bolsillos el dinero necesario para pagar por su derecho a curarse y conservar así la vida.

La privatización de los servicios públicos es una de las metas principales de la corriente neoliberal que se ha erigido como rectora del quehacer del Estado y de sus instituciones. Con esa corriente coinciden plenamente todos los partidos políticos de la derecha, incluidos aquellos que pasan a la segunda ronda electoral. Como prueba fehaciente de esto, ambos han afirmado avalar los contenidos del Plan Visión País y ofrecen, entonces, su respaldo al paquete de leyes derivado del mismo.

Pero, más allá de lo que estos partidos políticos de derecha digan en sus programas de gobierno (que por sí solos son perversos) o en sus declaraciones confesas, lo cierto es que desde ya, en la práctica, se implementan planes y programas que van del todo en contra de los intereses superiores del pueblo en materia de salud.

Por ejemplo, para la mayoría de la población el acceso a medicamentos es cada vez más limitado. Esto obedece, sobre todo, a una política gubernamental intencionada de desabastecimiento al sistema, que tiene el propósito oculto de crear condiciones para que la privatización sea bien recibida por la opinión pública. Esta práctica, además, no es nueva en la vida nacional. Así lo hicieron cuando se privatizaron los servicios eléctricos o la telefonía, de modo que hay precedentes.

Pero, además, la falta de acceso a medicinas por parte del pueblo se deriva de compromisos adquiridos tanto por funcionarios actuales de alto nivel como por candidatos y políticos, con empresas y empresarios que previamente han financiado sus campañas, quienes presentan antecedentes de corrupción y que, sobre todo, están ávidos por hacer, del triunfo de sus respectivos candidatos, una especie de botín político que les permita lucrar a manos llenas.

Para ello cuentan a su favor no sólo con la situación actual de los contratos abiertos, que se otorgan mediante licitaciones anómalas, sino, además, con una lista de 39 medicamentos con dedicatoria a favor de las empresas farmacéuticas transnacionales y de sus distribuidores locales. Los sobreprecios se han convertido ya en una práctica regular, a la que debe agregarse el aumento de requisitos, formulados para favorecer a empresas y personas con nombre propio.

No olvidemos que, en el marco de las imposiciones que pesaron sobre el país para aprobar el TLC, se reformó la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual se corre el riesgo de limitar la producción, comercialización y consumo de medicamentos genéricos. Este riesgo podría materializarse en cualquier momento. Y, de ser así, se estaría lanzando otra severa agresión en contra del derecho a la salud del pueblo. Mencionamos esta amenaza por cuanto, recientemente, el Ministerio de Agricultura emitió un Acuerdo Gubernativo que así lo hace con respecto a los insumos agrícolas genéricos. Con ese Acuerdo, se incrementarán los costos de la producción alimentaria y se limitarán las capacidades productivas de millones de familias campesinas.

Ante estos hechos, el Frente Nacional de Lucha y las organizaciones que lo conforman expresamos, de manera fehaciente, nuestra firme voluntad de empeñar nuestros mejores esfuerzos para luchar por que estas intenciones perversas no lleguen a ser parte de la realidad nacional.

La salud no debe privatizarse y, por ello, instamos a todas las organizaciones populares a alertar a sus bases en particular y a la población en general respecto a lo que está aconteciendo en este campo.

Las leyes del Plan Visión País no sólo no deben aprobarse, sino que urge enterrarlas en el cementerio en el que ya reposan otras iniciativas similares a las que las luchas populares han dado sepultura.

El acceso a medicamentos genéricos debe estar garantizado por parte del Estado, y es al Estado, también, a quien corresponde asegurar la adecuada alimentación para el pueblo.

La población debe exigir su derecho al pan, a servicios de salud y medicamentos de calidad, eficientes. Para ello se pagan los impuestos.

Tanto este Gobierno, como cualquiera que venga en el futuro cercano, debe saber que con el pueblo no se juega. Que no podrán despojarlo de sus derechos esenciales. Porque, en cada uno de esos campos de la vida nacional,

¡La Lucha Sigue!
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Compartimos la siguiente noticia, publicada en El Periódico:

El Periódico, 18 de Agosto del 2007
Actualidad: Nacionales (diagnóstico de país)

Para rescatar la Salud Curativa
Entregar hospitales a empresas privadas a cambio de deducción de impuestos, convertir el Ministerio en una Secretaría son algunas de las apuestas.
Claudia Palma /elPeriódico
redaccion@elperiodico.com.gt

Tres partidos que puntean las encuestas -UNE, Patriota y Gana- impulsarán la Ley Marco de Salud lo que significa que coinciden en la integración del Sistema Nacional de Salud con la participación del Consejo de Hospitales Privados y de las Aseguradoras. Aunque la URNG y Encuentro por Guatemala concuerdan en la necesidad de integrar el SINASAl excluyen la participación de la iniciativa privada.

Todas las agrupaciones políticas coinciden en integrar y fortalecer al Seguro Social y descentralizar las funciones del Ministerio.
El vicepresidenciable de la UNE, Rafael Espada, asegura que construirán cuatro hospitales nuevos, remozarán 250 puestos de salud en aldeas y diez hospitales regionales entre ellos: Amatitlán, El Progreso, Malacatán,

Coatepeque, Jutiapa, Salamá, Escuintla y el de Salud Mental. Como una propuesta única sugiere dejar la administración y equipamiento de los hospitales a consorcios privados.

Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios.

Sin embargo, al ser cuestionado acerca del costo, escueto responde que podrían ser financiados a través de un sistema de deducción de impuestos. “Se trata de planes pilotos que siguen el modelo de Unicar”, agrega.

Estima que es factible un aumento para el presupuesto de salud de 2.7 por ciento en cuatro años.

Los recursos económicos

Impulsar una reforma tributaria es indispensable para obtener recursos que permitan financiar el sistema de salud. Aproximadamente Q4 millardos podrían obtenerse de las reformas a la Ley de Maquilas, opina Miguel Ángel Sandoval de la URNG. Debe ”replantearse” un impuesto que sea equivalente al IETTAP, agrega.

En tanto que Zury Ríos del FRG se inclina por asignar los recursos a los comités municipales para que sean estos los que monitoreen los servicios de salud. Es el partido que más insiste en la atención de enfermos de VIH, discapacitados y se muestra a favor de impulsar una campaña de educación sexual.

Incluye en su plan de salud la atención de los programas de salud mental al igual que la UNE y Encuentro por Guatemala.

El Gobierno de Rigoberta Menchú pretende concentrar la mayoría de sus esfuerzos en el área rural en donde el 60 por ciento de las comunidades no cuenta con una clínica.

La Gana también tiene sus propios planes para descentralizar. Su reforma se basa en tres modelos: el departamental basado en el desarrollo de planes prioritarios de salud de la mujer, de los niños y de ampliación de cobertura. El segundo es el metropolitano que descansa en el diseño de redes coordinadas que dependerán de la cantidad de la población a la que cubran los servicios de salud. El tercero es el rural que contempla la participación de las comunidades.

Si de descentralizar se trata, los galenos Víctor Marroquín y Elmer Marcelo Núñez, quienes forman parte del equipo que diseña el Plan de Salud para el Partido Patriota, hablan de un nuevo ordenamiento del Ministerio de Salud. El primero es el Viceministerio administrativo financiero al que se incorpora la unidad de transparencia. El técnico normativo regulará y vigilará el funcionamiento de los programas de salud preventiva y curativa, y un tercero de prestación de servicios ejercería las funciones de vigilancia, control de enfermedades y de este dependería la red de centros de salud y hospitales con una nueva unidad de monitoreo. Desaparece la Dirección General de Servicios de Salud.

Propuesta radical

Esa es la de Eduardo Suger de Casa. El Ministerio de Salud, como tal, desaparecería y sería sustituido por la Secretaría de Salud adscrita al Ministerio de Desarrollo Humano. Suger propone un sistema de inventario en línea para garantizar el abastecimiento.

Una idea que no es esbozada por los demás partidos es la de aumentar el número de hospitales escuela en el interior del país para aumentar la cantidad de galenos que quieran trabajar ahí.