miércoles, 30 de abril de 2008

COMUNICADO 1º DE MAYO

Guatemala, 1 de Mayo 2008

A retomar el contenido de clase del Primero de Mayo

Año tras año, en Guatemala, el CACIF ha hecho uso de todas sus herramientas, sobre todo de los grandes medios de prensa, para desvirtuar la naturaleza del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y ha procurado convertirlo simplemente en el “Día Internacional del Trabajo”. Con ello, lo que buscan las derechas es quitarle al Primero de Mayo del indiscutible contenido de clase con el cual nació esta fecha. Pretenden, así, castrar las posibilidades de que, en el país, cada Primero de Mayo contribuya a generar un mayor nivel de conciencia política en el seno del pueblo trabajador. “Que se rinda homenaje al trabajo, pero no a los trabajadores”, es la intención que subyace tras esta deformación inducida desde los que detentan el poder para su exclusivo beneficio.

Hay que decir que en promover esa distorsión han tenido bastante éxito. Hoy son miles y miles de personas las que entienden que el Primero de Mayo es apenas el día del trabajo y que, para rendirle honores, se realiza entonces una rutinaria y repetida marcha, a lo largo de la cual las organizaciones sindicales se limitan a plantear un conjunto de reivindicaciones, sobre todo de carácter económico, sin ir más allá que eso. Una parte de la población trabajadora, entonces, va a la marcha. Otra parte, quizás mayoritaria, aprovechándose del mal llamado feriado, más bien se va para el Puerto.

Es obvio, además, que en un país marcado por el sello de la aguda crisis derivada de las políticas neoliberales y de la codicia desmedida de unos pocos pero poderosos grupos, las demandas económicas y sociales que emanan desde el seno del pueblo y sus legítimas organizaciones conforman un listado inmenso: alzas constantes en el costo de la vida, privatización progresiva de los servicios públicos, violación creciente de los derechos laborales, criminalización de las luchas sociales, sumisión de la soberanía nacional ante la voracidad de las transnacionales, incremento en los niveles de violencia e inseguridad, carencia de acceso a la tierra y a la vivienda digna, defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, aumento en los índices de desnutrición crónica, etc.

La lista de demandas puede seguir y seguir casi hasta el infinito, y, sin duda, cada una de las reivindicaciones planteadas en la misma es válida y requiere respuesta, en muchos casos urgente. Cada una de esas líneas debe convertirse, por sí misma, en bandera de lucha que debe ser enarbolada con dinamismo y vigor por parte de quienes forman parte de los sectores populares. Pero ello resulta del todo insuficiente.

Porque el éxito de las derechas reside en que se invisibiliza la causa principal desde la que emana cada una de las injusticias presentes en esa lista: el ejercicio hegemónico del poder por parte de las derechas. Es decir, se ignora el hecho de que el sistema imperante en Guatemala, cuando menos desde 1954, es la fuente generadora de cada una de esas lacras sociales y que éstas seguirán profundizándose en la medida en que los actores del poder sigan siendo los mismos. A las derechas parece no preocuparles que de vez en cuando se cuestionen los efectos derivados del sistema, en la medida en que no se cuestione al sistema en sí mismo. Y, al parecer, a veces las organizaciones populares caemos ingenuamente en ese juego.

La crisis que hoy vive Guatemala es por causa del sistema, es debido al poder absoluto que ejercen las derechas sobre prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, así como en la sumisión del Gobierno ante las imposiciones externas que, en términos nacionales, convienen solamente a esas mismas derechas. Lo triste es que los costos y efectos de esa horrenda crisis caen, con gran peso y de manera exclusiva, sobre los hombros del Pueblo.

Por lo tanto, el Primero de Mayo debería convertirse en un momento en el cual el clamor del pueblo no sólo sea por las principales reivindicaciones coyunturales, sino, sobre todo, convertirse en un grito conciente y beligerante que llame a la transformación de fondo: a la transformación en las estructuras de poder dominantes. En la medida en que el sistema siga siendo el mismo, sus efectos negativos seguirán reproduciéndose, siempre en perjuicio de los sectores populares.

“El pueblo al poder”, debería ser, entonces, el tema central de todas las luchas que se emprendan, incluida cada marcha del Primero de Mayo. Para el país es realmente urgente que las organizaciones populares en general, y las sindicales en particular, reencontremos nuestro compromiso de clase y, a partir de esa identidad común, desarrollemos entonces algo que, hasta esta fecha, sigue siendo una de las grandes carencias: vocación de poder. Más específicamente, vocación de poder popular, con todo lo que ello lleva implícito.

Las derechas han sabido sembrar, en la conciencia colectiva, la idea equivocada de que el pueblo no puede ni debe ejercer el poder, sino que su ejercicio está reservado, por designio divino, a aquellos políticos de turno que la propia derecha señala. Han educado en la falsedad de que hay quienes nacen llamados a servir, (en donde ubican al pueblo), en tanto otros son los llamados a servirse, (en donde se colocan ellos mismos). A partir de esa idea que por supuesto es incorrecta, se sirven ellos a manos llenas en tanto, para el pueblo, sólo siembran pobreza, desnutrición, exclusión, explotación e injusticia.

Ese esquema hay que cuestionarlo y abrirle, entonces, espacio al sentido mismo de la democracia, que no significa otra cosa más que “poder popular”. Dice una conocida y certera consigna que “sólo el pueblo salva al pueblo”. Ello implica que, si realmente se quiere abrir espacios a la construcción de una Guatemala diferente, justa, digna y humana, se debe entonces saltar desde la lucha reivindicativa hasta un nuevo y superior peldaño: la lucha por el poder.

En el contexto actual de Guatemala, esta lucha debe darse en tiempos de paz, con las armas propias de los tiempos de paz, pero debe enfrentarse desde una gran diversidad de trincheras, cada una de las cuales es en sí misma importante. Las marchas, incluidas la del Primero de Mayo, son una de esas trincheras. En consecuencia, habrá que encontrar las vías para rescatar el Primero de Mayo y volver a darle sus contenidos de lucha, que deben ir mucho más allá de lo solamente reivindicativo. Se trata en esencia de la lucha de los explotados y oprimidos contra los explotadores y opresores. No hay otra forma de decirlo. Debemos impregnar nuestra marcha de contenido de clase, con lo cual adquirirá, entonces, una nueva dimensión que sólo puede calificarse como auténticamente revolucionaria.


¡La Lucha Sigue!
FNL

lunes, 28 de abril de 2008

Solidaridad con Honduras

Guatemala 25 de Abril de 2008


En las vísperas del Primero de Mayo, como cínico mensaje de impunidad y prepotencia, los grupos paramilitares al servicio de la clase explotadora asesinan a una mujer, a una sindicalista quien dedicara su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores.

Pareciera que se hubiera vuelto el calendario 50 o 60 años atrás al tener que pagar con la vida, la defensa de los derechos más elementales. Sin embargo, no es el pasado, es el presente. Es el presente modelo neoliberal y sus defensores los que no lo piensan dos veces al teñir de sangre sus manos con tal de defender a toda costa sus privilegios, sus prebendas y sus comodidades, posibles sólamente como producto de la explotación del sudor ajeno.

Denunciamos el vil y cobarde asesinato de la compañera Rosa Altagracia Fuentes Gómez, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. Llamamos a las organizaciones a no bajar la guardia y a seguir en la lucha porque debemos recordar que ¡a mayor represión, mayor organización!

Desde el Frente Nacional de Lucha, enviamos un solidario abrazo a los compañeros y compañeras trabajadores de Honduras y les instamos a que este Primero de Mayo la oligarquía Hondureña y las empresas transnacionales explotadoras, sepan que

Rosa Altagracia está: ¡Presente en la Lucha!

La Lucha Sigue


Adjuntamos nota del Heraldo de Honduras:

Asesinada Secretaria General de la CTH de Honduras
De acuerdo a las primeras pesquisas de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), por “encargo” acribillaron el día de ayer a la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Rosa Altagracia Fuentes Gómez (65). Las otras víctimas eran su “chofer”, Juan Bautista Aceituno, y la ex fiscal de la CTH, Virginia García de Sánchez. El asesinato de Rosa Altragracia Fuentes y sus acompañantes genera un impacto negativo para la clase obrera de este país, afirmó Israel Salinas, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). Honduras ha venido acumulando una serie de aspectos negativos, como ser los altos niveles de atraso, de analfabetismo, de desempleo, de hambre y ahora de una violencia que no excluye a nadie.

miércoles, 23 de abril de 2008

100 días de más de lo mismo

Guatemala, 24 de Abril del 2008

En 100 días han sabido darle muerte a la esperanza

Hoy por hoy, el país se encuentra sumergido en una aguda y peligrosa crisis que desborda, por mucho, el ámbito de lo solamente económico y afecta, de manera dramática, las condiciones sociales en medio de las cuales de desarrolla la vida cotidiana de cada ciudadano y ciudadana, así como la misma estabilidad política, aproximándose ya a un punto cercano a la ingobernabilidad.

Esta crisis, en cada una de sus múltiples causas y efectos, es hija directa del sistema imperante. Su padre es el capitalismo salvaje y su madre es la codicia desmedida de unos pocos. El modelo de sociedad que se promueve tanto desde el Estado, como desde los sectores minoritarios que detentan el poder, sigue marcado por el sello de la exclusión de amplias mayorías al disfrute de los bienes y servicios sociales. Guatemala sigue siendo, como desde hace algunos años lo definen los Obispos Católicos, una sociedad que genera “ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres”.

Por otra parte, los sectores que dentro del país controlan hegemónicamente el poder, es decir, que controlan para su exclusivo beneficio la economía, las armas, los instrumentos de poder ideológico y al aparato burocrático estatal, han devenido en meros cipayos de la voluntad imperial, y se someten mansamente ante cada una de las imposiciones que emanan desde el Gobierno estadounidense y desde las grandes corporaciones transnacionales, las cuales les permiten recoger del suelo las migajas que les sobran del despojo y de la rapiña. La ratificación del TLC, del Plan Maya-Jaguar, la vigencia del Plan Puebla Panamá, así como la entrega abyecta de las riquezas nacionales a manos extranjeras son las muestras más evidentes de cómo la soberanía y el interés nacional han sido cedidas ante la codicia desmedida de voluntades foráneas, en detrimento del derecho del pueblo guatemalteco a una vida justa, digna y humana.

El modelo neoliberal imperante, inherente al sistema, ha mostrado ser absolutamente ineficiente y generador de tales injusticias que cada día son más los ciudadanos y ciudadanas que lo cuestionan, con sólidos argumentos extraídos desde sus propias y angustiantes vivencias. La realidad misma, entonces, se está convirtiendo en fuente generadora de una nueva pero aún embrionaria conciencia de cambio en el seno de nuestro pueblo.

El pasado 14 de Enero en el país hubo cambio de Gobierno, pero es evidente que no hubo, sin embargo, cambio de poderes. Independientemente de quién gobierne, en el país siguen mandando los mismos de siempre, sin que nada ni nadie los haga ceder ni una migaja en el disfrute de sus enormes privilegios. El sistema dominante sigue siendo el mismo, con los mismos actores y con idénticos efectos.

Las alzas constantes en el costo de la vida, la privatización progresiva de los servicios públicos, la violación creciente de los derechos laborales, la criminalización de las luchas sociales, el progresivo retorno de la represión, la sumisión de la soberanía nacional ante la voracidad de las transnacionales, el incremento en los niveles de violencia e inseguridad, la carencia de acceso a la tierra y a la vivienda digna, la entrega de los recursos naturales y la desprotección del medio ambiente, el aumento en los índices de desnutrición crónica, la subida en los precios de la energía, la ausencia de servicios básicos urbanos y rurales, etc., son algunos de los efectos más visibles derivados del sistema. La población no sólo los percibe sino que, peor aún, los padece y, por lo tanto, comienza a cuestionar esos efectos y a sentirse a disgusto, sin llegar aún a plantearse, en profundidad, cuáles son las causas generadoras de los mismos.

El hambre, con todos sus dolorosos efectos, se ha convertido ya en compañera cotidiana de la mayoría de las familias que forman parte de los sectores populares, al punto de que las frías estadísticas indican que ¡un 49.3% de la infancia padece de desnutrición crónica!, cifra que coloca a Guatemala como el país con mayor desnutrición en todo el Continente Americano. Andrés Botrán, cuando fungía como Secretario de Seguridad Alimentaria, de manera oficial agregó que, dados los índices de desnutrición imperantes, en Guatemala por lo menos 30 de cada 100 niños y niñas padecen de algún nivel de retardo mental. Esas solas cifras, en sí mismas, claman a gritos por la urgente necesidad de cambios estructurales.

La crisis en el agro no sólo no tiende a encontrar soluciones sino que, por el contrario, más bien se agudiza, sobre todo debido a las implicaciones derivadas del proyecto de desarrollo rural propio de los sectores poderosos, que apunta hacia la aún mayor concentración de la tierra en pocas manos, a efectos de ampliar la capacidad de producción de bienes exportables, particularmente etanol. Es decir, que en el país de la desnutrición la idea de los ricos es que la tierra se destine a producir bio-combustibles para llenar tanques de vehículos en otros países, en vez de producir alimentos para llenar los estómagos vacíos de nuestros niños y niñas. Sólo el Ingenio Palo Gordo exporta ya más de 20 mil barriles diarios de etanol.

La nula oferta de empleo que genera el sistema prevaleciente ha provocado que hoy, en el país, el primer rubro de exportación sea su gente, nuestro pueblo. Es tanta la población que, por razones de sobrevivencia económica, se ve forzada a irse al exilio a buscar trabajo, que ya la remesa familiar sobrepasa los US$ 11 millones al día, convirtiéndose así en el inesperado factor que genera estabilización y contribuye a evitar el desencadenamiento de un anárquico estallido social, de consecuencias impredecibles. Los y las migrantes conforman un inmenso ejército de compatriotas expatriados de nuestro propio suelo, quienes son perseguidos, encarcelados, acosados, explotados y expulsados sobre todo en Estados Unidos, y quienes, a pesar de ello, son hoy la principal fuente generadora de divisas. Más de 6 mil guatemaltecos y guatemaltecas han sido deportados de Estados Unidos sólo en los tres primeros meses del año, sin que el Estado diga ni media palabra al respecto para defender sus derechos. Y, peor aún, desde el Estado se le ha dado rienda suelta a la banca privada para que cobre lo que le venga en gana por el manejo de las transferencias que conforman la remesa familiar.

El incremento constante en los niveles de violencia pone al descubierto la incapacidad de las autoridades estatales para hacerle frente al creciente poder del crimen organizado, que ha penetrado ya las estructuras del propio Estado a sus más altos niveles. Diputados narcotraficantes, alcaldes vinculados a bandas criminales, ministros llevados a la cárcel por ladrones, incluso dos expresidentes se encuentran prófugos de la justicia. El actual Gobierno empleó, como una de sus consignas de campaña electoral que, “la violencia se combate con inteligencia”. Ya va siendo hora de que den por lo menos una mínima muestra de tenerla porque, hasta el momento, esa anunciada inteligencia ha brillado por su ausencia.

En el campo energético, estratégico en la vida de cualquier país, Guatemala también pasa por una situación alarmante. Todo parece indicar que el Estado se apresta, de manera casi secreta, a privatizar la producción de energía eléctrica, con lo cual completaría el desastre iniciado por el Gobierno de Arzú, que privatizó inicialmente la distribución de la electricidad, entregándosela a la empresa extranjera Unión Fenosa. Esta misma empresa española, a pesar de la pésima administración en la prestación de sus servicios actuales, podría convertirse además en la principal productora de energía, con el agravante de que la generaría a partir de carbón, es decir, a partir de la peor y más dañina forma de producir energía eléctrica. Guatemala requiere energía, pero esta debe producirse en respeto a nuestra soberanía y en respeto irrestricto, además, a los derechos del pueblo.

Por otra parte, las modificaciones que introdujo el actual Gobierno a la Tarifa Social al reducir su cobertura de 300 a 100 kwh producen, como efecto inmediato, que alrededor de 402 millones de quetzales del subsidio que se ahorra el Estado, sean absorbidos directamente desde el precario bolsillo de poco más de 600 mil familias, sobre cuyos hombros recae un implacable aumento en sus facturas mensuales. Si asumimos que en el país la familia promedio es de 5 miembros, entonces podemos deducir que este incremento tarifario afecta a más de 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. ¡La cuarta parte de la población nacional!

Como otro hecho relevante, destaca el asesinato del dirigente campesino Mario Caal el pasado 15 de Marzo a manos de fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Este es un hecho que no puede ni debe quedar sepultado en el olvido. Se trata, según lo evidencian las investigaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de una indiscutible ejecución extrajudicial. Sin embargo, el Ministerio Público ha hecho todo lo posible por excusar a los autores materiales e intelectuales y, con ello, salvaguardar el manto de impunidad que ampara toda suerte de atropellos y vejámenes en contra del pueblo.

La propuesta formal planteada por el Gobierno para que en el país el salario mínimo sea definido por las Municipalidades, a la cual el propio Álvaro Colom denomina pomposamente “salario diferencial”, no pasa de ser otra cosa más que un mecanismo para que en todo Guatemala se rebaje el salario mínimo, hoy establecido en alrededor de Q47, a pesar de que es bien sabido que los costos de la canasta básica lo duplican. El Presidente de la República, en declaraciones públicas, plantea que “si una Municipalidad lo fija en, por ejemplo, Q30, se le llena de maquilas”. La intención explícita de bajar el salario mínimo para el trabajo agrícola y el no agrícola en el país se basta para desnudar a quiénes favorece este Gobierno con sus políticas públicas.

Hay que señalar que el nuevo Gobierno llegó al poder acompañado de enormes expectativas por parte de los sectores populares. Es muchísima la población que, de manera errónea, incluso lo ubica como un Gobierno de izquierda, a partir del falso discurso con el que sus principales figuras pretenden presentarse ante el país y ante el mundo como de ideología social-demócrata.

Ese falaz discurso cae hecho añicos a partir de lo que demuestran los propios hechos consumados por las nuevas autoridades:

(i) el gabinete de Gobierno fue designado, casi ministro a ministro, por el propio CACIF. Varios de los Ministros y altos funcionarios que lo conforman han dado declaraciones públicas en las que afirman no comulgar con el pensamiento social-demócrata ni ser miembros siquiera de la UNE.

(ii) El Gobierno da continuidad e incluso profundiza las políticas neoliberales y antipopulares precedentes en cada uno de los principales campos de la vida nacional, limitándose a la adopción de unas cuantas medidas cosméticas, que no varían la forma ni el fondo, pero que se encarga de cacarear con bombos y platillos con el propósito de ganar imagen ante la opinión pública nacional e internacional.

(iii) Ha aplicado la represión como práctica para enfrentar el descontento popular. No le ha temblado el pulso ni siquiera para llenarse sus manos con sangre del pueblo cuando ha tenido que defender los intereses de los poderosos. Ha procurado hacer del terrorismo de Estado un instrumento de desmovilización social, como ha ocurrido en Livingston y en San Juan Sacatepéquez.

(iv) Mantiene un profundo divorcio entre un discurso populista que todo promete y una práctica neoliberal que nada concede, como si todavía estuviera sumergido en plena campaña electoral. Esta ambigüedad al principio resultaba generadora de confusión en el seno de la conciencia popular, pero progresivamente se le va interpretando como lo que es: la clara evidencia de una franca hipocresía.

(v) Sus principales figuras han contribuido a dar declaraciones irresponsables con las cuales se criminalizan las luchas sociales, llamándole “terroristas” a los dirigentes de las organizaciones populares.

(vi) Las múltiples promesas de campaña, formuladas con el único propósito de captar votos, no sólo no se cumplen, sino que el pueblo mismo es testigo de cómo las políticas de Gobierno avanzan en dirección contraria a las mismas. Dentro de éstas destaca la afirmación de que éste sería un “Gobierno con rostro Maya y con olor a tamal”, que al final ha quedado convertida en una tomadura más de pelo a la identidad, derechos e intereses de los pueblos indígenas.

(vii) El CACIF le dice al Gobierno qué puede hacer y qué no, reservándose el rol de poder detrás del trono. Así ocurrió, claramente, cuando la Presidencia de la República anunció la adopción de un conjunto de medidas para paliar la crisis. Ante ese anuncio, el CACIF llamó a cuentas al Gobierno y le dictó los límites de lo que podrían aceptar. Álvaro Colom mansa y obedientemente aceptó seguir los mandatos que le dictaban las Cámaras. Cuando miles de campesinos marchan hasta la Capital, ni siquiera se digna a recibirlos, pero si lo llaman los poderosos del CACIF, sale corriendo a donde quiera que lo convoquen, a la hora que sea y les rinde absoluta sumisión.

En consecuencia, las altas expectativas iniciales comienzan ya a desmoronarse y a traducirse en desamores y crecientes descontentos. Ese descontento popular, en ausencia de claridad política respecto a las causas generadoras de la crisis, puede conducir hacia estallidos sociales ausentes de dirección, de los cuales los grandes ganadores podrían resultar siendo los enemigos de clase del propio pueblo. Las derechas del país cuentan con habilidad y con experiencia en el ejercicio del poder suficientes para capitalizar en su exclusivo provecho una ola de anarquía heredada de la inconformidad. Ellas mismas podrían estar interesadas en generar un caos cada vez mayor, en provocar un nivel tal de ingobernabilidad que les permita romper el orden constitucional vigente para, desde esa ruptura, parir una nueva concepción del Estado, cortado a gusto de sus intereses, de sus codicias y de sus ambiciones sin límites.

Han pasado ya, pues, los famosos 100 días de tregua que pidió este Gobierno. Salvo contadas excepciones, todas las políticas y acciones adoptadas no pasan de ser más que una mera continuidad de lo que ya venía dándose, es decir, han sido 100 días de más de lo mismo. El sistema imperante, como tal, simplemente no se ha modificado un ápice.

Quizás, en honor a la justicia, hay que señalar como positivas tres acciones gubernamentales: la gratuidad de los servicios de salud, al prohibirse los cobros ilegales que hacían los Patronatos, la firma del Pacto Colectivo con el magisterio nacional y el anuncio de que se presupuestarán los maestros y maestras que estaban bajo contrato. Sin embargo, estas medidas son el producto, en primer lugar, de las luchas emprendidas por el gremio de los trabajadores salubristas y por el propio magisterio. Y falta, aún, que las cumplan. Por lo pronto, son poco más que promesas.

La tregua solicitada ya venció. El beneficio de la duda que solicitó y le fue otorgado ya no deja la menor duda y genera, tras el análisis de estos primeros 100 días, un amargo sabor de boca, un doloroso deterioro en las condiciones de vida del pueblo, un notorio desencanto con respecto a las expectativas iniciales y una profunda frustración en términos de lo que a futuro pueda esperarse. En sólo 100 días, han sabido darle muerte a la esperanza.

Urge, pues, desnudar al actual Gobierno como lo que es: Un Gobierno claramente de derecha, sumiso ante la voluntad de los poderosos locales, dispuesto a agachar la cabeza ante las imposiciones de las transnacionales y del imperio, que privilegia los intereses de los ricos por encima de los del pueblo y, peor aún, que adopta todas esas prácticas políticas rodeándolas de un discurso farisaico y populista.

Pero no basta con poner en evidencia al actual Gobierno. Más allá que eso, es preciso que el pueblo tome conciencia de que, en la medida en que las derechas, (ya sea la derecha militar, la derecha empresarial o la derecha populista) continúen en el ejercicio del poder, la estructura del sistema seguirá siendo la misma y, en consecuencia, los efectos seguirán siendo también los mismos, sólo que empeorándose cada vez más, siempre en perjuicio de los sectores populares.

La crisis que hoy padecemos empezó a sembrarse en 1954, con el movimiento contrarrevolucionario de Castillo Armas, y es el resultado de más de 5 décadas de gobiernos consecutivos de derecha. El actual Gobierno es culpable de no hacer nada real ni efectivo por cambiar las cosas, por modificar el sistema, pero debe decirse que los componentes de esta crisis son el acumulado de 50 años de pésimos gobiernos de derecha, que responden siempre sólo a favor de los mismos sectores e intereses y que ignoran los planteamientos y los derechos del pueblo.

Entonces es allí, en dotar al pueblo y a sus organizaciones de esa claridad todavía ausente, en donde reside una de las principales tareas que debe abordarse desde las fuerzas que están auténticamente comprometidas con la defensa de los derechos e intereses del pueblo. Construir esa conciencia en el seno del pueblo implica abrir las puertas al proceso revolucionario y, al mismo tiempo, crearle barreras a los planes sediciosos que puedan plantearse en secreto las derechas.

Forjar esa conciencia es una labor urgente para cuya realización no se requieren mayores recursos financieros, no es una tarea que se subordine a la existencia de proyectos, no tiene horarios fijos sino que debe comprenderse y practicarse como un quehacer constante.

Lo único que requiere es que, desde el seno de cada una de las personas que sí son dueñas de esa conciencia, se adopte una actitud de beligerancia revolucionaria. Es el trabajo cotidiano de persona a persona, la labor de hormiga y, además, el predicar con el ejemplo. Estar al lado del pueblo en cada lucha, apoyándolo, contribuyendo a que, desde la lucha misma, se genere cada día en más conciudadanos esa nueva e indispensable conciencia. Debemos, como revolucionarios que somos, marchar al lado del pueblo por sus mismos caminos y llenarnos las botas del mismo polvo con las que se las llena el pueblo.

Desde sus orígenes mismos, por definición el Frente Nacional de Lucha es una propuesta de vocación y convicción revolucionarias. Ello implica que, como cuestión de principios, entendemos que la fuerza motriz de la revolución es el propio pueblo y que, dentro de la misma, el papel que corresponde desempeñar a las legítimas organizaciones populares es, sin duda alguna, relevante. No puede concebirse siquiera una sólida construcción revolucionaria si, en el proceso, no se cuenta con el aporte decidido y dinámico de las organizaciones en las que se aglutinan cada uno de los diferentes sectores populares.

Lo anterior significa que, para impulsar la pronta génesis de la revolución, debemos comprender con claridad el rol que es propio de las organizaciones populares y debemos, asimismo, procurar fortalecerlo con pensamiento y acciones prácticas concretas.

A efectos de estar en capacidad de brindar ese aporte, es indispensable que conozcamos y comprendamos la realidad en medio de la cual, hoy en día, se desarrolla el quehacer de las organizaciones populares no sólo en nuestro país sino, incluso, en otras latitudes que nos son cercanas y desde cuyas propias experiencias debemos extraer lecciones que enriquezcan nuestro propio proceso de construcción revolucionaria.

Es un hecho indiscutible que en épocas recientes, a lo largo y ancho de América Latina, las organizaciones populares han crecido en sus niveles de conciencia y, por ende, en su vocación de acceso al poder popular. Los hechos políticos acaecidos en Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua y, claro Cuba, son claras muestras del cambio que se ha venido gestando en nuestro Continente. América Latina se viste de rojo y son los movimientos generados desde los sectores populares quienes le van dando ese nuevo ropaje.

Prácticamente en todos los casos, los cambios ocurridos han sido posibles a partir de la sólida alianza entre fuerzas sociales y fuerzas político partidarias, construidas sobre la base, entre otros factores, de la voluntad y vocación de poder por parte de las auténticas organizaciones populares existentes en cada uno de esos países.

En Guatemala, apenas se comienzan a dar pasos en esa dirección. En general, luego de la firma de los Acuerdos de Paz las organizaciones populares se han limitado a protagonizar importantes y necesarias luchas de carácter reivindicativo, alrededor de temas esenciales de la vida nacional que inciden de manera directa y negativa sobre las condiciones materiales y espirituales de vida del pueblo, pero sin plantearse la toma del poder como una de sus metas ni verse a sí mismas, entonces, como actoras en la construcción revolucionaria.

Cada una de estas luchas es válida en sí misma y, desde el 2003, pueden identificarse importantes victorias populares. La exitosa lucha contra la Ley de Concesiones, las victorias cosechadas tras numerosas consultas populares, el haber detenido las leyes nacidas desde el Plan Visión de País o la nefasta Ley del Agua, la suscripción de numerosos Pactos Colectivos, el rechazo a la propuesta de Ley del Servicio Civil, son claras muestras de que la capacidad de resistencia popular ha ido creciendo. Pero ello no se traduce, automáticamente, en conciencia política ni en vocación de poder popular. Esas son condiciones que aún están por construirse.

Del 2003 y hasta la fecha, numerosos sectores populares han protagonizado relevantes y victoriosas luchas: El gremio magisterial, las organizaciones que formamos parte del FNL, varias de las más combativas organizaciones campesinas, las comunidades indígenas encabezadas por los 48 Cantones Indígenas de Totonicapán, los sectores progresistas de la Iglesia Católica y de algunas otras profesiones religiosas, las organizaciones comunitarias que se han colocado al frente de las consultas populares y de otras luchas locales, algunas ONGs realmente comprometidas con la base social a la que están llamadas a servir, todos estos actores han demostrado que la capacidad de lucha del pueblo es creciente.

Ante ese repunte en la capacidad de lucha reivindicativa, los sectores de la derecha, actuando codo a codo con las autoridades del nuevo Gobierno, han emprendido una peligrosa campaña mediante la cual se empeñan en crear, en el imaginario social, la falsa idea de que lucha social y terrorismo son sinónimos. Esta campaña debe enmarcarse dentro de las acciones emprendidas por el nuevo Gobierno en sus primeros 100 días.

Haciendo uso de todos los poderosos medios a su alcance, en primer lugar de los grandes medios de prensa escrita, radial y televisiva, buscan sembrar la idea, por ejemplo, de que el movimiento campesino es una pieza del tablero que se mueve a voluntad de los carteles del narcotráfico, y que son los campesinos quienes amenazan el medio ambiente y destruyen los bosques. Afirman, además, que el movimiento sindical es obsoleto, que día con día se debilita y está, incluso, a punto de desaparecer.

Esta campaña, preñada hasta la médula de falsedades, se fundamenta en el principio goebeliano de que “una mentira, repetida hasta el infinito, pasa a ser verdad”. De ahí que insisten un día sí y otro también en difundir sus mentiras. Lo hacen precisamente porque identifican en las organizaciones populares a sus mayores adversarios. Buscan, con esta campaña, reducir el creciente liderazgo que asumen numerosas organizaciones populares. Buscan deslegitimar las conquistas que se van alcanzando mediante la lucha, presentándolas ante la opinión pública bajo el epíteto de “privilegios”. Buscan, en síntesis, limpiar la cancha para que su modelo neoliberal no encuentre obstáculos en su implementación y desarrollo.

Habrá que enfrentar esa campaña negra con sólidas ideas y con hechos consecuentes. Para ello, una de las más urgentes y apremiantes tareas a emprenderse es la de contribuir a que cada ciudadano y ciudadana se quite la venda de los ojos y comprenda qué es lo que está pasando en el país y, sobre todo, por qué es que esas barbaridades están pasando.

La actual crisis, por lo tanto, podemos entenderla como un crisol desde el cual puede emanar una nueva conciencia popular, superior, en la medida en que cada uno de nosotros y nosotras contribuya a gestarla. Por lo demás, desde la perspectiva revolucionaria, esa es la mejor manera de enfrentar esa crisis y convertirla en núcleo generador de las transformaciones que tanto urgen al pueblo y que no deben seguir postergadas.

Hoy, la cantinela que esgrimen a coro tanto los funcionarios de Gobierno como los voceros de los sectores empresariales es que la crisis actual se deriva de factores externos, como el alza internacional en los precios del petróleo o la crisis económica que sufre el pueblo estadounidense. Y sostienen que, ante esos hechos, poco o nada puede hacerse desde el país, razón por la cual lo que aquí corresponde es resignarse pasivamente a soportar los efectos negativos que se generan. “La culpa no es nuestra”, reza su discurso.

Pero saben que mienten. Saben perfectamente que las causas principales de la crisis nacen desde un sistema generador de injusticias en perjuicio de las grandes mayorías, mientras que beneficia sólo a unos pocos. En Guatemala, a millones todo les falta, precisamente porque existe un pequeño grupo al cual todo le sobra. Y ese grupo, pequeño pero poderoso, no quiere, bajo ninguna circunstancia, que las cosas cambien.

Por ello, estos primeros 100 días no han pasado de ser, desde la perspectiva del pueblo, más que otra amarga cucharada de la misma medicina. Y, si por la víspera se saca el día, al parecer se avecinan tiempos aún peores, para los cuales, como pueblo, debemos estar debidamente preparados.

¡La Lucha Sigue!

domingo, 20 de abril de 2008

Rotundo NO a la minería

Con un rotundo NO culminó la consulta comunitaria contra la minería en Sibinal, San Marcos. Participaron alrededor de 34 comunidades, con una asistencia de unas 15 mil personas. Desde tempranas horas los pobladores de las distintas comunidades se presentaron a expresar su rechazo a la explotación minera. En la consulta participaron también organizaciones afiliadas al FNL.

Durante su visita a San Marcos, el Presidente Colóm dijo:

“Las consultas son buenas; cuando un pueblo no quiere algo que está en contra de ellos, se deben hacer escuchar y expresar su inconformidad” 1


Instamos a la población organizada a no cejar en su lucha y a tomarle la palabra al Presidente para que no sean palabras al viento y él sea consecuente en su práctica con lo que dice en sus discursos.

Felicitamos al heroico Pueblo de Sibinal en este nuevo triunfo y hacemos un llamado a las organizaciones para que estemos al tanto del desenlace así como para apoyar cualquier otra acción encaminada a evitar que se entregue la soberanía y nuestros recursos naturales a las empresas extranjeras.

No a la destrucción de nuestro ambiente

Desarrollo sí, pero con soberanía y respeto a nuestras comunidades.

¡Adelante San Marcos!


¡La Lucha Sigue!

________
1.- Prensa Libre, 19 de Abril de 2008.

Solidaridad

Guatemala, 18 de Abril del 2008

La lucha sigue en Mixco

Mientras se desvanecen ante la dura realidad las promesas electorales, no hay entidad que le siga la pista a los abusos y medidas anti-populares del Alcalde de Mixco, Amilcar Rivera.

Muchos han sido los ofrecimientos del Alcalde de solucionar el problema del agua. Sin embargo, en lugar de resolver, y sin haber concluido el plan de agua para todo el municipio, aumenta el cobro del servicio sin decir “agua va”.

Lamentablemente, los vecinos han tenido que recurrir al legítimo derecho de la manifestación pública para llamar la atención del Alcalde quien se ha negado al diálogo. Consideramos que cerrar las puertas al diálogo y al consenso es una medida de hecho como cualquier otra y por lo tanto, la primera medida de hecho ha sido de parte del Alcalde.

Desde el Frente Nacional de Lucha, manifestamos nuestra entera solidaridad y apoyo a los vecinos de Mixco, les felicitamos por no dejarse intimidar y por emprender una lucha justa en la defensa de sus derechos.

Adjuntamos abajo nota de Prensa Libre

¡La Lucha Sigue!

lunes, 14 de abril de 2008

MP hace el ridículo

Guatemala, 12 de Abril del 2008

MP se desnuda y muestra su verdadero rostro

Las declaraciones oficiales hechas públicas por el Ministerio Público con relación al vil asesinato del compañero Mario Caal y difundidas con amplio despliegue por el matutino Prensa Libre en su edición del día de hoy, sólo pueden calificarse como un pavoroso ridículo, como un fallido intento de burla a la inteligencia nacional y, peor aún, como una burda trama tras la cual lo que se oculta es la voluntad de consagrar la impunidad como manto cobertor de los crímenes cometidos por el propio Estado.

Los hechos criminales ocurridos en la aldea de Puntarenas el pasado 15 de Marzo, en
el marco de la incursión de una fuerza combinada de alrededor de 500 efectivos del Ejército y de la PNC, realizada con lujo de violencia en varias comunidades de Río Dulce, fueron esclarecidos con detalle por la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, institución que, tras una seria investigación, estableció que la muerte del compañero Caal sólo puede calificarse como “ejecución extrajudicial”.

Sin embargo, hoy se publican declaraciones oficiales de parte del Fiscal Distrital de Izabal, José Cabrera, quien, con total desparpajo, afirma que este homicidio fue realizado por los propios vecinos de Mario Caal, como un acto de represalia. En sus infelices declaraciones, este vocero formal del Ministerio Público incurre en tal sarta de contradicciones e inconsistencias, que por sí mismas se bastan para poner en evidencia el grado absoluto de estupidez que reviste semejantes afirmaciones.

En primer lugar, este funcionario sostiene que en el Ministerio Público “creen que fue asesinado por otros campesinos, cuando descubrieron que él los había delatado a la Policía”. Debería saber el Fiscal que, en materia de investigación criminalística y de aplicación de la justicia, creer en algo es absolutamente insuficiente. El esclarecimiento de los hechos, alrededor de cualquier causa penal, no puede basarse en lo que ninguna de las partes crea o se imagine, sino en los hechos o situaciones que se prueben de manera irrefutable. Claro que al funcionario, en su calidad de persona, lo asiste el derecho de creer lo que a él le de la regalada gana; puede creer en la inmortalidad del cangrejo, en que la especie humana viene de Las Pléyades o en que la Selección Nacional, ahora bajo la dirección del Primi, sin duda alguna va a ganar el próximo Mundial; ese es su derecho y habrá que respetárselo por estúpidas que sean sus creencias. Pero sus credos no pueden ni deben constituirse, de ninguna manera, en elementos que permeen y desvirtúen la objetividad que precisa el proceso de investigación judicial.

Luego el Fiscal afirma que “Mario Caal…fue uno de los que inició el ataque contra agentes, cuando se les perseguía”. Debe destacarse que, hasta este momento, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el Ejército y la Policía habían ni mencionado siquiera que se hubiera generado un ataque en su contra. ¿De dónde saca este Fiscal ese inventado ataque? A pesar del cateo profundo, no se reportó que hubiera una sola arma decomisada, no hay un solo casquillo de bala encontrado, no hay un machete incautado, no hay un solo lesionado leve en las filas de las fuerzas agresoras, en síntesis, ni un solo indicio que permita a la Fiscalía sostener que se dio un ataque contra agentes por parte de la población o de cualquiera de los pobladores. ¿Será que Mario Caal les gritó malas palabras, les hizo gestos o caras feas?

Por otra parte, la invención de este inexistente ataque al que, con total irresponsabilidad, se refiere el vocero del Ministerio Público, pareciera haber sido creada con el fallido propósito de justificar ante la opinión pública una acción en legítima defensa por parte de las fuerzas combinadas. De ser así, resulta claro, entonces, que lo que infructuosamente pretenden es legitimar la ejecución extrajudicial que con firmeza señaló la PDH. Esta alegada acción, este ataque inventado viene a resultar, más bien, como un claro indicio de que las autoridades del Estado se la inventan porque son sabedoras de su propia culpa.

Pero la cadena de idioteces sostenidas por el Fiscal y publicadas por Prensa Libre, escrito por Coralia Orantes, no termina ahí. Además, el funcionario afirmó que “…Mario Caal y la esposa de Ramiro Choc…intentaron desviar la atención de la Policía y con palos, machetes y piedras provocaron a la Policía y, cuando agentes los intentaron detener, se tiraron de la lancha y huyeron”. La escena que describe el Fiscal sobrepasa los límites de lo absurdo. Parece más bien extraída de un guión de película de acción barata, lo cual lleva a pensar que el Señor Fiscal pasa demasiado tiempo frente a la pantalla de su televisor, con pobre criterio respecto a la selección de la programación por la que opta.

En síntesis, desde su propia perspectiva, denuncia que un hombre y una mujer, en momentos en que se despliega sobre el terreno un enorme operativo para dar con ellos y capturarlos, en lugar de ocultarse en lo profundo de las montañas adyacentes que les son familiares, más bien optan por, desde la precariedad de una lancha para turistas y armados de machetes, palos y piedras, ponerse a desafiar a la Policía y al Ejército, que se movilizaban fuertemente armados en lanchas rápidas, y que, dada la respuesta de los uniformados ante sus provocaciones, se dan a la fuga ¡a nado!.

El mismo artículo de Prensa Libre que recoge estas declaraciones informa que el MP había solicitado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que analizara la causa de la muerte de Caal. En su informe “establecieron que había muerto a causa de una hemorragia interna, debido a un golpe fuerte en el tórax. Luego se solicitó ampliación del informe, y ésta —según Cabrera— establece que el golpe pudo haberse asestado con un objeto cilíndrico, el cual podría ser una bomba lacrimógena”. Más claro no canta un gallo. Ya no es sólo la PDH, sino también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quien establece, sin que quepan dudas al respecto, la causa de la muerte.

La angustia del Fiscal por excusar a toda costa a los culpables explica su siguiente idiotez, que es digna de pasar al Salón de la Fama de las imbecilidades: el Fiscal, en la entrevista, expresa que “No se puede decir que un policía haya disparado a propósito contra Caal, sino que el problema es que un disparo de una bomba lacrimógena no tiene dirección definida, sino una trayectoria caprichosa”. Es decir, que la culpa la tuvo la bomba que, por caprichosa, fue a caer justo en el pecho de Mario Caal, ocasionándole su muerte. Ante semejante disparate cabe preguntarse: ¿Será que la culpable es la bomba por bruta, o será más bien que el Fiscal es quien se quiere pasar de listo, o quizás, será que este empleado del MP cree equivocadamente que el resto del país es tan idiota como él mismo ha mostrado serlo?

Y lo peor es que, a pesar de todo lo indicado, por encima de lo que expresa la investigación de los hechos, ignorándose los dictámenes de dos instituciones respetables, a pesar de lo que dictan el más elemental sentido común y el uso de siquiera un mínimo de inteligencia, este Fiscal se deja decir que “se cuenta con declaraciones de testigos que afirman que Caal fue asesinado por sus propios compañeros, después que descubrieran que éste había delatado al grupo con las autoridades”. En sus declaraciones, este malhadado Fiscal primero presenta a Mario Caal como el valiente personaje que desafía a las autoridades desde una lancha y se les escapa a nado. Luego como quien, a mano limpia, encabeza un inventado ataque contra las fuerzas combinadas y, al final, como un delator que fue ajusticiado por su propia gente.

Lo cierto es que las desventuradas declaraciones de ese tal José Cabrera se constituyen, por su propio peso, en una clara evidencia de la forma retorcida, malintencionadamente tergiversada, en que las autoridades públicas abordan de manera oficial el tema de la justicia.

Sus disparates ponen al desnudo la firme voluntad del Estado guatemalteco por hacer prevalecer la impunidad como manto protector de sus propias atrocidades.
La sangre de Mario Caal gotea desde las manos del Gobierno y tiñe de rojo encendido la conciencia nacional, especialmente la de los sectores populares. Guatemala, como país, está sentada sobre un barril de pólvora que tiene la mecha encendida. Las declaraciones de este Fiscal no hacen otra cosa más que añadirle leña a la hoguera del descontento nacional y, con ello, contribuyen a la creación de un clima político marcado por el sello de la inestabilidad, muy cercano a la ingobernabilidad y a la anarquía.

Desde nuestros impuestos no se le debe pagar el sueldo a semejante imbécil. Si los dueños de chalets en Río Dulce u otros actores afines le quieren pagar para que diga tales estupideces, allá ellos. Pero lo que corresponde actuar al Estado es el inmediato despido de este irresponsable, no sólo porque incumple con el buen desempeño de las funciones para la cual todos los ciudadanos y ciudadanas le pagamos su sueldo, sino porque, peor aún, con sus hechos se constituye en un obstáculo para que en el país florezca la justicia.

Es obligación del Estado, además, el abrirle proceso penal a los autores materiales e intelectuales del asesinato extrajudicial cometido en contra de Mario Caal. No existe excusa alguna para no proceder de inmediato. El Presidente de la República, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, para mencionar algunos cargos relevantes, tienen la obligación ética e irrenunciable de responder ante la Ley por los hechos que acontecen bajo su mandato.

Para que se imponga la Justicia, se debe poner punto final a todas las prácticas que consagran la impunidad.

¡No más impunidad!

¡La Lucha Sigue!



Adjuntamos el artículo de Prensa Libre al cual se ha hecho referencia, así como un buen análisis del caso publicado en El Periódico, también en la edición del día de hoy.


Prensa Libre, 12 de Abril del 2008

Nacional
Proceso: Hipótesis de investigadores descarta ejecución extrajudicial, y analiza ataque de compañeros en represalia

MP ve como homicidio muerte de campesino
Campesinos observan el lugar donde apareció muerto Mario Caal. Inspecciona un auxiliar de la Procuraduría de los DD. HH.

Opinión
“No es real”

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, expresó ayer que le cuesta comprender cómo se puede librar de responsabilidad a las fuerzas de seguridad.

“Me parece una declaración no ajustada a la realidad, cuando esa persona ni siquiera llegó al lugar de los hechos. Nosotros seguimos sosteniendo que tenemos indicios racionales de que al menos un agente de la Policía fue el que causó la muerte del campesino”, expresó Morales.

Además, aseguró que no se puede descartar que Caal participase en el secuestro de los turistas belgas, pero que eso no justifica su muerte.

Síntesis
Hipótesis

Detalles de las hipótesis del MP respecto de la muerte de un campesino en Lívingston:

• Creen que fue asesinado por otros campesinos, cuando descubrieron que él los había delatado a la Policía.

• Subidos en la lancha robada a los turistas, intentaron desviar la atención de la Policía y, cuando los siguieron, se tiraron de la lancha.

• Mario Caal participó en el secuestro de los turistas belgas, y fue uno de los que inició el ataque contra agentes, cuando se les perseguía.


Por coralia orantes
El Ministerio Público (MP) determinó calificar como homicidio la muerte del campesino Mario Caal, ocurrida en Puntarenas, Lívingston, Izabal, durante la búsqueda de cuatro turistas belgas —el 14 de marzo último— secuestrados por invasores de áreas protegidas.

La decisión del MP es un revés para Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, quien había afirmado en declaraciones públicas que agentes de la Policía habían cometido el delito de ejecución extrajudicial.

El MP señala que una de las hipótesis es que ese campesino participó en el secuestro de los cuatro turistas, un guía y un lanchero (estos dos, guatemaltecos).

Según José Cabrera, fiscal distrital de Izabal, se cuenta con declaraciones de testigos que afirman que Caal fue asesinado por sus propios compañeros, después que descubrieran que éste había delatado al grupo con las autoridades.

Al parecer, Caal dio información de dónde se encontraban secuestrados los turistas belgas.

También se ha establecido que la camiseta que se encontró alrededor del cuello del campesino no fue usada para estrangularlo, sino que la portaba para taparse el rostro en el momento del incidente.

Otra de las hipótesis con que cuenta la Fiscalía es que, después del secuestro, los campesinos pintaron la lancha robada a los turistas, e intentaron usar una trayectoria diferente para distraer a la Policía.

En esa lancha, aparentemente, viajaban Caal y la esposa de Ramiro Choc, quienes con palos, machetes y piedras provocaron a la Policía y, cuando agentes los intentaron detener, se tiraron de la lancha y huyeron.

El MP también había solicitado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que analizara la causa de la muerte de Caal.

En su informe establecieron que había muerto a causa de una hemorragia interna, debido a un golpe fuerte en el tórax.

Luego se solicitó ampliación del informe, y ésta —según Cabrera— establece que el golpe pudo haberse asestado con un objeto cilíndrico, el cual podría ser una bomba lacrimógena.

“No se puede decir que un policía haya disparado a propósito contra Caal, sino que el problema es que un disparo de una bomba lacrimógena no tiene dirección definida, sino una trayectoria caprichosa”, expresó Cabrera.

Uno de los principales problemas es que la escena estuvo altamente contaminada, dijo el MP.
___________

El Periódico, 12 de Abril del 2008

Opinión:
Por qué mataron a Mario Caal
No es la primera vez que esto sucede.

Por: Rosalinda Hernández Alarcón

El ambiente está nublado, turbio… Las especulaciones son muchas: quién y por qué mataron al ex asesor del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, cinco días después de ser relevado de su cargo y que, según algunos conocedores del tema, fue muy eficiente en casos de secuestros, extorsiones y robo de furgones. La exigencia a que dicho asesinato no quede impune es unánime.

Este hecho está generando variadas reacciones que relegan otros temas, quizás porque las personas beneficiadas por la actuación de Rivera tienen gran peso político y económico; entre ellos, destacan algunos empresarios que reivindican su derecho a la seguridad pública. No es la primera vez que esto sucede, así han sido desdibujadas exigencias sociales y denuncias contra instituciones públicas o se desplazan problemáticas como el aumento de precios en los alimentos y la falta de soluciones a la conflictividad agraria y rural. La conmoción que está provocando el asesinato de Rivera probablemente apagará otras consignas como la enarbolada por Prensa Libre, el domingo pasado, en la que exige seguridad porque varias regiones del país están “bajo el acoso incesante de delincuentes disfrazados de líderes comunitarios y quienes, junto a sus hordas, se han convertido en una pesadilla para personas particulares y el propio Estado”; o suceda algo extraordinario y hechos silenciados salgan a la vista pública.

Quizás a ese diario ahora le interese dar pormenores de los operativos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil en Livingston, en los que no han encontrado armas en las comunidades campesinas, pero sí han sido robadas pertenencias de sus habitantes. Asimismo, informe quiénes son las personas en contra quiénes se han girado órdenes de captura como supuestos “terroristas”, ya que algunas no existen y otras gozan de una honorabilidad probada por sus vecinos.

Seguramente los medios darán seguimiento al caso del asesinato de Rivera, ojalá igual lo hagan con las injusticias que viven las comunidades en Livingston. Entonces será posible saber que mientras personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos buscaba dialogar con las autoridades de Gobernación, encargadas de facilitar la salida del país de cuatro turistas belgas, sus agentes –antes de asesinar a Mario Caal–, intentaron asesinar a otro campesino que encontraron a su paso. También conocer detalles de la actuación de los uniformados, quienes empuñaron sus armas para amedrentar a un grupo de mujeres que “armadas” de valor les gritaron “si vienen a matarnos, aquí está nuestro pecho, no somos delincuentes”. Además, percatarse que las tres personas capturadas (una de ellas menor de 18 años) por elementos policíacos fueron durante cinco horas amenazadas, y a una de ellas le robaron sus pertenencias; agresiones que en ningún momento sufrieron los belgas. Si se continúa informando con veracidad, la opinión pública tendrá elementos para calificar la validez de las demandas de estas comunidades indígenas.

miércoles, 9 de abril de 2008

DOS relevantes denuncias

Compartimos con Ustedes dos denuncias de relevancia. La primera es un análisis serio sobre lo que en el fondo ocurre en Río Dulce, presentada mediante un magnífico video que hoy recorre el mundo, mostrando a todos y todas una parte de esa triste realidad propia de Guatemala.

Para ver el video, basta con darle click a su dirección web. La dirección electrónica es la siguiente:

http://www.youtube.com/watch?v=AkrUPwqT7Do

Recomendamos no sólo verlo, sino compartirlo con quienes sea posible.
__________________________
__________________________

La segunda, es la denuncia pública planteada por comunidades de Chimaltenango, sobre una estafa a la que han sido sometidas.

Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas
del Área Kaqchikel –CDIK-
Colonia las Victorias, Chimaltenango.

Tel. 78201947. E-mail: cindigkaqchi@yahoo.com.mx
Miembro activo de CNP-TIERRA.


Guatemala 08 de abril de 2008

Denuncia pública

Por este medio denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que los señores: Juan Tuyuc Velásquez con cédula de vecindad C-3 17,859 con domicilio en el municipio San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango, Joel Maximiliano Itzep Tojin con cedula de vecindad N-14 17,959 con domicilio en el municipio de Nebaj del departamento del Quiché ambos dirigentes de la Asociación Kumol, miembros de la Plataforma Agraria y el Licenciado Rolando Reyes de la Asociación para la Vida y el Desarrollo de los Guatemaltecos -AVIDESGUA-. Han estafado a 341 familias en Chimaltenango y en Patulul Suchitepequez.

En octubre del 2006 las personas mencionadas llegaron en los municipios de San José Poaquil, San Juan Comalapa, Tecpan Guatemala, Santa Cruz Balanyá del departamento de Chimaltenango y a la comunidad 9 de enero del municipio de Patulul del departamento de Suchitepequez a ofrecer fertilizantes a mitad de precio y fijando fechas de entrega de la misma, ante esa oferta varias familias reunieron el dinero y lo depositaron en una cuenta dado por ellos, que en total suma la cantidad de ciento once mil novecientos cincuenta y cinco quetzales (111,955.00).

Sin embargo pasaron los días fijados estos no se hicieron presentes, se logró comunicación con ellos para que concretaran dicho compromiso y siempre nos han puesto una justificación; ante esa situación iniciamos con ellos un dialogo pero nos han dejado la espalda, por tanto nos vimos obligados a presentar la denuncia ante el Ministerio Publico de Chimaltenango agotando nuestros intentos de conciliación el 2 de abril de 2008, no haciéndose presente los señores señalados.

Ante esta situación alertamos a las comunidades y líderes y liderezas en Chimaltenango y otros departamentos a no dejarse engañar y sorprender por estas personas e instituciones.

Así mismo exigimos a las autoridades judiciales que llevan el caso, que procedan como lo demanda la ley vigente.

Los abajo firmantes somos los representantes de las comunidades afectadas.

•Estanislao Sey Coroy, cedula de vecindad C-3 3,220 de Santa Cruz Balanyá.

•Julian Mux, cedula de vecindad C-3 17,886 de San Juan Comalapa.

•Francisca María, cedula de vecindad C-3 12,982 de San José Poaquil.

•Marta Lídia Sanic Sisimit, cedula de vecindad C-3 16,067 de San José Poaquil.

•David Sisimit Cutzal, cedula de vecindad C-3 12,392 de San José Poaquil.

•Cristóbal Oscal Patzan, cedula de vecindad E-5 8,293 del municipio de Patutul del departamento de Suchitepequez.

•Cruz Chonay Espantzay cedula de vecindad C-3 40,762 de Tecpan Guatemala.

•Gregorio Cua, cedula de vecindad C-3 27,569 de Tecpan Guatemala.

•Enrique Muchuch Simón, cedula de vecindad C-3 18,522 de San Juan Comalapa.


¡Demandamos justicia, no mas impunidad!

martes, 8 de abril de 2008

Una familia que reclama y merece justicia

Guatemala, 4 de Abril del 2008

¡No más impunidad!

La compañera que vemos en la foto se llama Catarina Xi Maquín. Como puede apreciarse, se trata de una mujer joven, de apenas 26 años, bajita de estatura y dueña de un rostro en el que se pone de manifiesto la dignidad propia de su pueblo. Es la orgullosa madre de Mario, quien tiene 11 años y es un magnífico alumno de 5º primaria, y de Santos, el menor, quien con sus escasos 4 años recién cumplidos, tenía como única tarea el dedicarse a disfrutar la vida.

La foto se las tomó su papá, durante un reciente viaje que hicieron a Río Dulce en fechas recientes. En ese entonces, eran una típica familia q’eqchí, feliz y unida. El que la discriminación y la exclusión los obligaran a vivir en condiciones de precaridad no se bastaba para que dejaran de gozar el privilegio de estar juntos y de habitar en un lugar cuya belleza lo podría calificar como un auténtico paraíso: la comunidad de Puntarenas, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.

Pero su padre, Mario Caal, ya no podrá tomarles más fotos. El pasado 15 de Marzo fue asesinado a golpes por cuerpos militares que actuaron a las órdenes del Gobierno. A Catarina la convirtieron en viuda y a sus hijos en huérfanos. Su vida anterior, todos sus sueños comunes, sus aspiraciones familiares y sus sonrisas se vieron truncadas de repente por la violencia asesina desplegada por las fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía.

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido clara y enfática al atestiguar que se trató de una ejecución extrajudicial, término técnico bajo el cual se disimula el concepto de “asesinato a manos del Estado”.
La autopsia hecha al cuerpo del compañero Caal muestra que su muerte fue producto de una golpiza, que le fracturaron sus costillas, que le desprendieron sus órganos internos y le generaron una hemorragia interna masiva.

Por su parte el Gobierno, como era de esperarse, ha insistido en que no sabe nada del asunto y procura empantanar cualquier proceso rodeándolo de todo tipo de vericuetos y procurando, además, condenarlo al olvido.

La muerte de Mario Caal, ocurrida impunemente en Puntarenas, tiñe de sangre las manos de Colom. ¿Será que a Don Álvaro no le importa pasar a la historia con idéntico expediente que el de tantos criminales y dictadorzuelos que han gobernado a Guatemala?

Este asesinato pesa sobre los hombros y sobre la conciencia del actual Gobierno. Álvaro Colom vetó la pena de muerte, pero la aplica sobre Mario Caal sin que medie juicio alguno, ni siquiera culpa alguna de su parte.

El hecho incuestionable es que el Gobierno ha cometido un crimen. Además, un crimen horrendo, en el marco de una acción militar durante la cual 400 efectivos sembraron el terror en una pacífica y bucólica comunidad q’eqchí. Ello no puede ni debe quedar impune.

Demandamos del Gobierno y sus instituciones el cese de estas nefastas prácticas represivas en contra del pueblo, que tienden a establecer la violencia como pauta. Hechos como los de Livingston y San Juan Sacatepéquez no deben repetirse.

Demandamos del Estado el inmediato esclarecimiento del caso, lo que debe incluir el señalamiento de los autores materiales e intelectuales de este asesinato y la imposición de las acciones jurídicas pertinentes.

Invitamos al distinguido Colegio de Abogados y a sus miembros a que, entre sus filas, encuentren un colega dueño de la dignidad y del coraje suficientes como para emprender una querella contra el Estado, a fin de que en el país se ponga fin a la impunidad, la cual no puede seguir siendo el manto bajo cuyas tenebrosas sombras se esconden todas las formas de crimen y de corrupción.

Invitamos a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el Gobierno para exigirle que proceda según lo dictan no sólo el más elemental sentido de justicia sino, además, los múltiples Convenios ratificados por Guatemala.

Instamos a las organizaciones populares del país y del mundo a reclamar de las autoridades del Estado guatemalteco que destinen los recursos necesarios para identificar a los culpables y establecer las penas que se hagan del caso.

Pedimos a las organizaciones que estarán presentes en la próxima Mesa Agraria a que incluyan el tema de la impunidad en la agenda a discutirse y a que tomen muy en cuenta el caso específico del compañero Mario Caal.

La viuda y los hijos del compañero Mario Caal no demandan lástima, caridad ni limosnas. Lo que piden es justicia. La familia doliente, junto con los vecinos de Puntarenas, no aceptan que prevalezca la impunidad. La brutal acción gubernamental emprendida en su contra les ha generado un trauma que no podrán superar mientras los asesinos sigan libres y mientras estas prácticas puedan repetirse. De hecho, Puntarenas fue de nuevo acosada por fuerzas militares pocos días después del asesinato del compañero Caal. Se ha llegado a un punto tal de terror, sembrado desde el Gobierno, en el cual los niños y niñas menores lloran con sólo escuchar el sonido de un motor de lancha acercándose a sus muelles.

Invitamos a la comunidad nacional a que, como grito nacido desde lo más profundo de nuestras conciencias, hagamos nuestra la consigna de los jóvenes que forman parte de la organización HIJOS:

¡No olvidamos!
¡No perdonamos!
¡No nos Reconciliamos!

¡La Lucha Sigue!

martes, 1 de abril de 2008

Honor a quien honor merece

Guatemala, 1 de Abril del 2008

El CACIF, con la Cámara del Agro y Carlos Zúñiga en la vanguardia, se ha dedicado ahora, entre otras de sus múltiples estrategias antipopulares, a deshacerse de aquellas personas que, por una u otra razón, se constituyen en obstáculo para la imposición de su modelo neoliberal. Y no procura solamente descabezar al movimiento sindical por la vía de desprestigiarlo ante los ojos de la opinión pública, ni sólo al movimiento campesino mediante una intensa y malintencionada campaña con la cual pretenden vincularlo artificialmente al narcotráfico.

También se ensañan en contra de ilustres ciudadanos y ciudadanas que son parte de la intelectualidad nacional quienes, con toda hidalguía, acompañados por la razón y en pleno ejercicio de sus derechos, han adoptado posiciones a favor de los sectores populares y, por ende, contrarias a las codicias y egoísmos propios de los grandes empresarios que han hecho de Guatemala su finca particular y se niegan a ceder en ninguno de sus privilegios.

Así ocurre hoy en el caso del Magistrado Rodolfo De León Molina, distinguido jurista nacional quien, en el ejercicio de su profesión y debido a los múltiples cargos que ha desempeñado, descubrió y conoció a fondo las causas estructurales desde las que se deriva uno de los mayores problemas que afectan al país: el tema agrario, con énfasis en la tenencia, uso y distribución de la tierra.

Ello lo llevó a asumir posiciones convergentes con los planteamientos que emanan desde el seno de las auténticas organizaciones campesinas y a expresar, de manera pública, su desacuerdo con la perpetuación de un sistema plagado de irregularidades e injusticias. Esta actitud adoptada a conciencia por el Magistrado de León Molina, obviamente, no fue del gusto del CACIF, del de la Cámara del Agro ni del de Carlos Zúñiga, razón por la cual las tres instancias se han dedicado, con empeño, a procurar no sólo su destitución de la Corte Suprema de Justicia sino, además, su desprestigio.

Le cobran el haber sido el Magistrado que expresó su criterio respecto a que, entre otras medidas, como parte de la solución del problema de la tierra en el país se deben regularizar los excesos, se deben promulgar leyes que permitan la existencia de Tribunales Agrarios, se debe implementar un Catastro que refleje la justicia, se debe construir un marco institucional público que permita que la razón y el derecho se impongan sobre la codicia y la fuerza bruta.

Conviene conocer, cuando menos brevemente, las múltiples trincheras desde las cuales el Magistrado no sólo fue forjando su posición al lado de los intereses del pueblo, sino, además, desde las cuales ha hecho escuchar su voz firme y decidida a favor de la justicia, de la dignidad y del derecho.


1. Vice presidente del INFOM
2. Directivo de INDECA
3. Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Económico y Social
4. Director de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo.
5. Asesor de las Municipalidades
6. Miembro de la Junta Directiva del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Transformación Agraria
7. Asesor Jurídico del Instituto Nacional de Cooperativas
8. Asesor Jurídico de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
9.Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
10. Magistrado Coordinador del Tema Agrario por parte de la Corte Suprema de Justicia
11. Responsable y coordinador de la mesa del Diálogo Nacional
Agrario Intersectorial.
12. Como resultado del Diálogo, responsable técnico jurídico del anteproyecto de legislación agraria generada en dicho conglomerado de sectores, en el que trató de armonizar los aspectos de controversia entre el sector privado y el sector campesino.
13. En la actualidad, es miembro asesor de la Comisión Iberoamericana de Ética Jurídica.

Mañana Miércoles 2 de Abril, en la Corte de Constitucionalidad, se ventila la vista pública de la causa del Magistrado De León. La historia, incluso los hechos recientes, no permiten al pueblo y a sus organizaciones depositar su confianza en los fallos de esa Corte. Suelen no ser apegados al derecho, sino responder más bien a compromisos de naturaleza de clase. Así ocurrió, para mencionar dos notorios ejemplos, con el recurso contra el nefasto Tratado de Libre Comercio y cuando, también de manera absolutamente cuestionable, declaran el carácter no vinculante de las consultas populares.

En todo caso, con independencia de lo que emane desde los procesos jurídicos, lo relevante es que el país, y en particular las organizaciones indígenas y campesinas, tengan claro que es el CACIF quien está detrás de estas maniobras deshonestas, así como que el Magistrado De León sepa que, precisamente desde esas organizaciones y desde los sectores populares, se reconoce y se aplaude su labor.

Digan lo que digan las Cortes, el Magistrado debe tener presente, siempre, que en el seno del pueblo hay miles de personas que aprecian su quehacer, que lo consideran valioso y que saben que nada, absolutamente nada, podrá empañar su destacada trayectoria.

¡La Lucha Sigue!