La sangre de dos maestras abona el terreno de las luchas magisteriales
Dos maestras de PRONADE, María del Carmen y Lizandra Tesucum, murieron en la madrugada de hoy y 45 más resultaron heridas en un accidente de tránsito que se originó en el kilómetro 375, aldea Canchacán, jurisdicción de Poptún, Petén.
Las dos compañeras fallecidas, así como las 45 que resultaron heridas, regresaban a Petén desde la Ciudad Capital, adonde habían acudido a expresar su protesta por el incumplimiento del Gobierno a una de las tantas promesas que ya han incumplido.
Al igual que lo hicieran previamente los Gobiernos de Portillo y de Berger, ahora el de Colom también opta simple y sencillamente por engañar a los maestros y maestras por contrato. En esta ocasión, las autoridades del Gobierno proceden todavía con mayor cinismo, porque el trasladar a los maestros por contrato desde el renglón 0-21 hasta el 0-11 del presupuesto no sólo fue una de sus promesas de campaña, (hecha con el único propósito de atraer votantes ingenuos a sus filas, es decir, de engañar a la gente para obtener su voto), sino que es uno de los tantos compromisos incumplidos que adoptaron las nuevas autoridades durante los primeros días de ejercicio del poder.
El tema de los trabajadores por contrato, adoptado como eje central de la política laboral, es relativamente reciente en la historia de las relaciones laborales entre el Estado y quienes sirven en el sector público. Para el caso del magisterio, su historia se remonta a hace apenas una década. Fue el Gobierno de Álvaro Arzú quien dio vida a esta nefasta figura laboral y luego, uno tras otro, los gobiernos consecutivos han venido fortaleciéndola y multiplicándola:
Alfonso Portillo, de manera irresponsable, justo un día antes de entregar la banda presidencial a su sucesor e irse de fuga para México, emitió un Acuerdo Gubernativo en el cual creaba 13 mil plazas presupuestadas para los maestros y maestras por contrato que heredaba su Gobierno. Esa medida no pasó de ser más que una irrespetuosa tomadura de pelo, porque no existía ninguna línea presupuestaria que así lo permitiera y, por lo tanto, el Acuerdo no era más que humo de pajas, una muestra más del populismo engañoso al que Portillo acudía con tanta frecuencia.
Luego Berger, de la mano con la Ministra Aceña, (de ingrato recuerdo), les volvieron a dar atol con el dedo a maestros y maestras, al crear una mesa de alto nivel, integrada por autoridades ministeriales y delegados de los maestros por contrato, mientras que, paralela y silenciosamente, presentaban ante la Corte de Constitucionalidad un recurso contra el Acuerdo Gubernativo que creaba las plazas. Una vez que la CC falló en contra del Acuerdo, pues la Ministra procedió a disolver esa mesa, bajo el argumento de que no podían discutir alrededor de un Acuerdo que fue declarado ilegal.
Y ahora Colom, dueño de un discurso populista quizás incluso peor, más falso que el de Portillo, les repite la amarga dosis de engaños, les toma el pelo y les incumple todo lo que les había prometido durante la campaña electoral. Incluso, los 300 millones de quetzales a los que podían acudir para presupuestar a maestros y maestras, primero los trasladaron oficialmente al rubro de reparaciones y, luego, 150 millones simplemente los pasaron a la CONRED, dejando así al magisterio por contrato una vez más con un palmo de narices.
Cabe, entonces, preguntarse: ¿Hasta cuándo los sectores de poder les quiere seguir pidiendo a los maestros y maestras por contrato que pongan mansa y resignadamente la otra mejilla? ¿Cuánta sangre de maestros y maestras debe teñir los suelos de Guatemala para que las autoridades hagan lo correcto?
Es importante encontrar una explicación al hecho de que a lo largo de cuatro gobiernos consecutivos el Ministerio de Educación haya adoptado una política laboral idéntica. La respuesta es sencilla: quienes tienen el poder real así lo han impuesto y las autoridades responden obedientes ante su voluntad. Las políticas educativas, en este y en otros terrenos, siguen fielmente las directrices que emanan desde “Empresarios por la Educación”, grupo nacido desde el CACIF y que representa sus intereses y su concepción del mundo. El poder real, no el poder formal, es el que hay que develar como autor de este continuismo en el desarrollo de su modelo neoliberal.
Se suman a este escenario los millonarios programas de la USAID, desde donde provienen las principales directrices para las políticas tanto de privatización como de imposición de un sistema, contenidos y esquema educativo, que resultan totalmente contrarios a la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz y que fue validada en dos amplios y legítimos procesos nacionales de consulta.
Como puede apreciarse en la tabla que se presentó en la página anterior, en diez años, que son apenas un pestañeo en términos históricos, las políticas oficiales han llegado a generar una cifra de maestros y maestras por contrato que llega ya casi a la mitad del total de docentes que laboran en el país. En el momento actual, de esos 32 mil maestros desprotegidos laboralmente, cerca de 17 mil trabajan bajo el esquema de los PRONADE y los 15 mil restantes bajo otras formas de contratación igualmente inciertas, como contratados por Municipalidades, por Patronatos, por Juntas Escolares o por otras figuras patronales.
Esa situación no es otra cosa más que el resultado de una voluntad política concreta por parte de los sectores que detentan el poder en Guatemala: restarle fuerza al gremio magisterial. Es decir, limpiar la cancha para que, durante la aplicación de sus planes y programas educativos (que responden plenamente al modelo neoliberal), no corran el riesgo de que el magisterio se les interponga en el camino.
Temen que, si los maestros y maestras del país se llegan a dar cuenta de lo que está ocurriendo en materia educativa, su conciencia podría llevarlos a constituirse en una fuerza opositora a semejantes modelos, por cuanto los convierte en cómplices. De manera tal que parten de la premisa de que, si hay más maestros por contrato, serán una fuerza más controlable porque tienen que cuidar su puesto de trabajo. Un trabajador o trabajadora por contrato se ve en la obligación de pensarlo dos veces antes de protestar por las injusticias que se cometen en su contra y en perjuicio de su familia, porque siempre se corre el albur de que no le renueven el contrato. Es decir, el despido pesa sobre ellos como una espada de Damocles.
Claro que este fenómeno de debilitamiento de una fuerza laboral dentro del Estado no se da solamente en el ámbito del magisterio. Ni ha sido la figura del trabajador por contrato la única a la que han acudido:
• Un fenómeno similar se produce, por ejemplo, en el campo de la seguridad pública: Hoy, las fuerzas contratadas por las empresas privadas de seguridad suman 115 mil efectivos, mientras que en la PNC apenas se llega a los 22 mil. Hace 10 años las cifras eran las inversas.
• Hace 10 años, en Caminos laboraban 45 mil trabajadores, y hoy si acaso llegan a ser 4 mil 500, mientras que COVIAL y otras empresas privadas han absorbido a los que el Estado va dejando en la calle, pero los contratan sin garantías laborales ni sociales de ningún tipo.
• En Salud, hace 20 años la cantidad de trabajadores y trabajadoras salubristas presupuestados era prácticamente la misma que hoy existe, de manera que, para atender la demanda, el crecimiento en las plazas ha sido bajo la figura de trabajadores por contrato o por la vía de tercerizar los servicios. (Contratar a empresas privadas como prestadoras de servicios). Es decir, en 20 años prácticamente no se han creado plazas presupuestadas.
• En campos como la energía eléctrica, la telefonía, correos, telégrafos, vivienda, políticas y programas de desarrollo rural y otros, la presencia del Estado se ha ido reduciendo aceleradamente, cediéndole su espacio a las empresas privadas y, con ello, debilitando la fuerza laboral del sector público y condenando a una cantidad cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras a vivir condiciones laborales precarias.
Estos casos se bastan para demostrar que una parte sustantiva del modelo neoliberal se basa en el debilitamiento de los diferentes gremios de trabajadores y trabajadoras del sector público. Al final, esto conduce a que decenas de miles de trabajadores pierdan la posibilidad de ejercer los derechos que la legislatura laboral vigente les confiere. Los va dejando, progresiva y aceleradamente, en el más absoluto desamparo.
La figura del trabajador por contrato atenta, además, contra el sistema de pensiones y jubilaciones, por cuanto reduce el aporte de quienes deberían cotizar para que el sistema se mantenga. De modo que, cada vez que se acude a esta figura laboral para llenar una plaza, se afecta un derecho esencial de quienes si están presupuestados. Así, el régimen de pensiones simplemente llegará a colapsar, con lo cual se afectan los derechos y el futuro de miles y miles de familias a lo largo y ancho del país.
Desde el FNL nos oponemos firmemente a esta situación y demandamos la inmediata contratación, bajo el renglón 0-11, de todas aquellas personas que han sido víctimas de estas figuras ilegales de relaciones laborales. A todas estas personas el actual presidente les prometió, por escrito, que les iba a cumplir. Ya es hora de que honre alguna vez su propia palabra.
No es aceptable que el luto de las familias de las maestras fallecidas o las angustias de las familias de los docentes heridos deba sumarse al costo de la lucha que el magisterio por contrato ha emprendido.
Llamamos a la población a respaldar las luchas que han emprendido los maestros por contrato, por cuanto son luchas a favor de la educación de sus hijos.
Los consecutivos gobiernos de derecha ya han hecho demasiado daño y es hora de detenerlos en su claro propósito de destruir los servicios públicos, incluido el sistema educativo.
No es aceptable que se le siga engañando a la gente como hasta el momento han venido haciéndolo.
¡LA LUCHA SIGUE!
