Guatemala, 3 de Junio del 2008¡Un barril de pólvora, con la mecha encendida!Incluso para aquellas personas que a lo largo de sus vidas habían optado por permanecer indiferentes, hoy resulta evidente que Guatemala, como sociedad, está al borde del abismo. Aún quienes afirmaban no interesarse por lo que pasara en el país, quienes sostenían ingenua y equivocadamente que lo que ocurriera en la política no tenía nada que ver con ellas, ya muestran signos de alarma por el futuro del país, por el de sus familias y por el suyo propio. En el seno de nuestra sociedad, la inconciencia y la apatía van rápidamente cediendo el paso a un malestar cada vez más generalizado. El descontento nace, crece y se multiplica a diario.
Sin duda alguna, la población tiene sobrada razón al preocuparse. Porque es cierto que el país va mal. Guatemala marcha por rumbos errados en cada uno de los campos sustantivos propios de la vida de cualquier sociedad. Los consecutivos gobiernos controlados por las derechas, (tanto la derecha militar como la derecha empresarial), simplemente no muestran la menor intención de ejercer la autoridad que les confiere el voto, en absoluto, en beneficio de los derechos e intereses de los sectores populares que precisamente los eligen. Por el contrario, persisten en su compromiso de gobernar de manera exclusiva a favor de minorías pequeñas pero poderosas, dueñas de una codicia sin límites, a las que no les importan, para nada, las condiciones de vida del pueblo y a las que, en función de la acumulación de sus capitales, tampoco les importa siquiera mirar hacia el futuro amargo que su avaricia genera. Guatemala es un país gobernado, de manera egoísta, por el poder del dinero, que se concentra en pocas manos.
Por lo tanto, no es aceptable, en absoluto, el argumento de que la crisis nace a partir del alza internacional en los precios del petróleo. Porque desde 1954 Guatemala camina, con pasos cada vez más rápidos, hacia ese despeñadero en cuyo mismísimo borde nos encontramos hoy en día. Las principales causas que han conducido al país hasta este alarmante punto en el que hoy se encuentra no se derivan de la crisis mundial del petróleo ni de la de los alimentos, sino que se ubican en las raíces mismas de la propia realidad nacional:
• La exclusión de las mayorías del acceso al disfrute de los bienes y servicios sociales;
• la existencia de políticas públicas discriminatorias, que violentan un día sí y otro también cada uno de los derechos básicos de la población;
• la ausencia de espacios reales de participación ciudadana a partir de los cuales sea posible forjar una auténtica democracia;
• la creciente presencia del crimen organizado y de múltiples formas de corrupción en la conducción de todos los hilos propios de la vida nacional y en prácticamente todas las estructuras del Estado;
• la sumisión abyecta ante las diversas imposiciones foráneas, provenientes tanto desde la voracidad los grandes consorcios internacionales, como desde la política exterior estadounidense, que nos considera su patio trasero;
• la violencia convertida ya en pan nuestro de cada día, y no solamente la referida a la delincuencia común, sino la que nace desde todas las formas de injusticia y exclusión, por ejemplo, la que obliga a millones de niños a padecer de desnutrición crónica;
• el retorno progresivo de la represión política en todas sus nefastas expresiones, que fuera parte integral de las políticas de Estado desde 1954, pero que debería ya quedar sepultado en el pasado y que, sin embargo, se alimenta y crece a partir de una permanente impunidad;
• el predominio de un sistema de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de corte neoliberal, que produce unos pocos ricos cada vez más ricos, a costa de millones de pobres cada vez más pobres.
Estos, entre otros factores afines, provocan que Guatemala sea un país a punto de desmoronarse. El mal que nos aqueja reside en las raíces. No es responsable buscar explicaciones en causas externas, cuando la enfermedad radica dentro del propio cuerpo de la sociedad guatemalteca. Si, cuando menos desde el 54, como país hemos sido adictos a la injusticia, no culpemos entonces al mundo exterior del cáncer que esa injusticia interna nos genera.
Esa realidad ya resulta intolerable cada vez para más y más personas. El malestar que brota desde la aguda crisis puede desembocar incluso en estallidos sociales violentos y ausentes de conducción, de los cuales los grandes ganadores podrían ser, precisamente, las mismas derechas que han generado la crisis.
En consecuencia, las organizaciones que representan los derechos e intereses de los distintos sectores populares tenemos hoy la obligación irrenunciable de analizar con detenimiento los componentes que dan forma a esta aguda e inaceptable crisis, a efectos de plantear propuestas sólidas que cambien de manera positiva el rumbo de las cosas. Debemos pensar, definir y luchar por la construcción de una Guatemala diferente, como con todo derecho y razón la han soñado, larga y postergadamente, los sectores populares.
Y, de manera paralela, tenemos el deber de aunar esfuerzos para evitar que el egoísmo y la codicia de las derechas terminen de empujar al país hasta el fondo del abismo al que están a punto de lanzarnos. Hay que dar una lucha firme y decidida para evitar que el neoliberalismo de sus últimos zarpazos en contra de los sectores populares. El país simplemente no puede ya seguir transitando por los mismos rumbos adoptados desde 1954.
Naturalmente, factores de naturaleza estructural como los mencionados en líneas anteriores son la principal causa generadora de injusticias, de hambre, de dolor y de violencia social. Pero también conviene detenerse a analizar, con sentido de responsabilidad, las situaciones negativas de orden coyuntural que hoy predominan; es decir, aquellas que, en el actual momento histórico, pesan con mayor fuerza sobre los de por sí ya cansados hombros de los sectores populares.
En este orden de ideas, los principales problemas que hoy vive, soporta y sufre el pueblo guatemalteco pueden agruparse en cuatro grandes categorías. Obviamente, ninguno de esos problemas existe aislado de los otros. Todos se dan en un contexto nacional que los determina y los concatena estrechamente, hasta el punto que resulta un ejercicio complejo el separarlos para efectos de análisis.
Estos cuatro grandes ejes problemáticos son:
1.- ALZA EXORBITANTE EN EL COSTO DE LA VIDA.Es un hecho indiscutible que el costo de la vida ha subido hasta llegar a cifras ya inalcanzables para la mayoría de la población, que a duras penas sobrevive. A principios de este año, 2008, la canasta básica vital tenía oficialmente un costo equivalente a dos salarios mínimos, lo cual en todo caso resultaba ya inaceptable. Pero esa relación se ha modificado sustantivamente a lo largo de los primeros meses del año en curso, debido a un incesante y acelerado incremento en el precio de los principales componentes de esa canasta básica.
A.- Transporte: Dentro de este campo del alza al costo de la vida destacan, como detonantes de malestar social, las pretendidas alzas en el precio del transporte público, que en el país es un negocio que ejerce la empresa privada. Eso es lo primero que se debe tener en claro: el transporte es para el público, pero, en la gran mayoría de los casos, se trata de un negocio privado. Por lo tanto, los empresarios que lo controlan prestan el servicio con fines de lucro, como ocurre con toda actividad empresarial privada que se emprenda.
Y es allí en donde comienza el problema. Porque desde esa realidad se derivan intereses contrapuestos: por una parte, los de la población, que espera recibir un servicio de calidad y a bajo costo (al cual, por lo demás, tiene derecho), y, por otra, los de los empresarios, que como principal objetivo buscan obtener ganancias, para lo cual pretenden subir los precios e invertir el mínimo posible en la calidad del servicio.
Para confirmar lo anterior, basta ver las desastrosas condiciones de la inmensa mayoría de las unidades que circulan, que más parecen reliquias de museo mal conservadas que buses destinados al transporte de personas. Y del afán de lucro se deriva, además, la nula preparación del personal que opera estas unidades, puesto que los dueños no invierten ni un centavo en capacitarlos para que presten buena atención a los usuarios. Así mismo, la relación laboral que el empresario establece con los conductores y ayudantes es injusta, al punto de ser casi inhumana, ausente de seguridad social y de derechos laborales. Simplemente les alquilan los buses a cambio de una cuota diaria, con lo que los someten a una fuerte presión de tiempo con la que deben lidiar para ganarse un salario decente. Esto los obliga a manejar con pocas consideraciones hacia los pasajeros e incluso con continuo irrespeto a las regulaciones del tránsito. Pésimo mantenimiento, sumado a la obligación de correr en busca de pasaje, a personal no calificado trabajando bajo presión y, encima, bajo el constante temor de ser asesinados en cualquier momento, suman una receta diabólica que ha demostrado ser generadora de severos accidentes viales, los cuales han cobrado ya la vida de cientos de personas.
Pero hoy el principal malestar de la población gira alrededor del hecho de que los empresarios ahora pretenden hacer su agosto a partir del incremento internacional en los precios del combustible, por la vía de establecer tarifas que van mucho más allá de lo que ese incremento amerita. Es decir, ven en la crisis del petróleo una oportunidad óptima para incrementar sus ganancias privadas, a costa, claro está, del público usuario del servicio.
Eso la mayoría de la población del país simplemente no lo acepta y responde incluso con violencia ante semejante atropello. Los hechos recientes ocurridos en Fraijanes, en Pajón, San Juan Sacatepéquez y en otros muchos rincones de Guatemala, lo ponen en evidencia.
El alza en las tarifas del transporte privado que debería estar al servicio del público se constituye, por lo tanto, en parte integral de esa mecha encendida cuyo fuego avanza implacablemente hacia el barril de pólvora en el que hoy se ha convertido Guatemala.
En la medida en que no se resuelva esa contradicción existente entre derechos de la población e intereses privados, el problema seguirá agudizándose. Es obvio que en este, como en otros casos, el Estado deberá optar: o está a favor de los derechos del pueblo, o está con los intereses de los empresarios.
Por lo pronto, al parecer este Gobierno, al igual que los anteriores, ha optado por colocarse al lado de los intereses de los empresarios, a quienes ofrece pagar un subsidio para que sigan adelante con su negocio. Es decir, destinar una parte de los impuestos que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, para entregárselos a los empresarios del transporte, sin exigirles que mejoren para nada la calidad del servicio.
B.- Costo de los alimentos: En Guatemala, para los sectores populares el alimentarse se ha convertido en cosa casi de puro milagro. La mayoría de la población simplemente padece hambre. Las cifras oficiales lo demuestran de manera clara y contundente: el 49.3% de los niños y niñas del país padecen de desnutrición crónica. No de desnutrición pura y simple, sino de desnutrición crónica. Y agregaba Andrés Botrán, en su condición de Secretario de Seguridad Alimentaria que, a partir de esos datos, por lo menos el 40% de la niñez padece de retardo mental, debido a que no se alimentan lo necesario para desarrollar su cerebro, lo cual genera daños irreversibles. Esa sola realidad, en sí misma, llora sangre.
Porque esos indicadores reflejan mucho más de lo que dicen los fríos números. Son el resultado de una tragedia largamente acumulada, de una permanente injusticia en la distribución de la riqueza nacional. Son el resultado de décadas de padecer hambre los muchos, para que engorden los menos.
Un país que somete impunemente al hambre y a la desnutrición a millones de sus niños y niñas, es, sin duda alguna, un país enfermo. Una sociedad que no se conmueve ante el hecho dramático de que la mayoría de sus hijos e hijas simplemente no comen, es una sociedad a todas luces enferma. Enferma, entre otras cosas, de una aguda indiferencia y de apatía crónica. Enferma por cuanto genera condiciones de vida en las que a millones todo les falta, para que a unos pocos todo les sobre.
El hambre, como cualquier otro mal, si no se le combate, se agudiza. Pero en Guatemala, en lugar de combatírsele, más bien desde el Estado se adoptan e implementan políticas que, por el contrario, la fomentan. Políticas que reducen la capacidad familiar de compra y, con ello, la capacidad de que en el seno de cada familia sus miembros puedan alimentarse como es debido.
No es válido, entonces, aceptar que esa cruda realidad se deba solamente a causas externas, derivadas de la subida en el precio internacional de algunos alimentos, como ahora se argumenta. Esa realidad precede cualquier alza internacional que nos afecte hoy en día.
También en el caso de los alimentos, la población se ve sometida a la codicia empresarial. Las grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos, con la transnacional Walmart a la cabeza, ven en la crisis internacional la excusa que puede permitirles aumentar implacablemente su tasa de ganancias. No sólo por la vía de incrementar los precios más allá de lo que la situación amerita, sino, además, a través de la mera especulación, del acaparamiento de productos y de los manejos malintencionados del mercado. No debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, que el Guatemala la voracidad y la codicia de unos cuantos multipliquen el hambre, incrementen la desnutrición y fomenten la miseria.
De nuevo, en este caso el Estado guatemalteco debe optar: o está a favor de los derechos e intereses de la población, o, por el contrario, está con los de los empresarios nacionales y extranjeros que lucran con el hambre del pueblo.
C.- Energía más cara y de menos calidad: El actual Gobierno ya hizo pública su política referida a la producción y distribución de energía eléctrica. Es simple y sencillamente desastrosa. Esta política, claramente errada y de corte anti-popular, se podría sintetizar en los siguientes enunciados:
• Reducción en la cobertura de la Tarifa Social, que implicó ya el encarecimiento de la factura eléctrica para más de 600 mil familias a lo largo y ancho del país. Esta arbitraria disposición se aplica desde inicios del pasado mes de Marzo. Hasta esa fecha, la Tarifa Social cubría a todos los usuarios que consumieran entre 0 y 300 kwh. Ese techo de cobertura se redujo de manera tal que hoy sólo cubre a quienes consumen entre 0 y 100 kwh. Esto, con el agravante de que el Gobierno lo presenta públicamente como si fuera beneficio para el pueblo, mediante una costosa, falsa y demagógica campaña de publicidad que incluye elaborados spots televisivos. Esta reducción en la cobertura de la Tarifa Social le ahorra al Estado la suma de 402 millones de quetzales anuales, que tendrán que ser pagados desde el menguado presupuesto familiar de esas 600 mil familias que consumen entre 100 y 300 kwh y que, desde Marzo, ya han quedado fuera del subsidio que les debería otorgar el Estado.
• Producción de energía a partir de la quema de carbón mineral, lo que implica no sólo convertir a Guatemala en severo contaminante del ambiente, sino que, además, condena al país a depender del carbón que deberá importarse desde Estados Unidos, Canadá o Colombia. Guatemala no produce carbón mineral ni existen en nuestro suelo yacimientos de ese material. Por lo tanto, dependeremos de quien quiera vendérnoslo y tendremos que pagar el precio que nos cobren.
• Privatización acelerada de la producción de energía, con lo cual se condena a muerte al INDE y desaparecerá, así, otra institución pública llamada, en beneficio de la población, a prestarle servicios sin fines de lucro. Todas las empresas privadas a las que el Gobierno les han abierto de par en par las puertas para que produzcan energía lo harán, lógicamente, con el propósito de obtener ganancias, las cuales al final saldrán de los bolsillos de las familias consumidoras.
• Indiferencia e irrespeto a la voz emanada del pueblo en múltiples consultas populares sobre el tema de la construcción de plantas hidroeléctricas. Los proyectos de construcción de plantas hidroeléctricas se han concebido en ausencia de respeto a los derechos e intereses de la población que se verá afectada por los embalses. Incluso en ausencia de diálogo y de consulta con la población que se verá afectada por las obras.
Es obvio que los pueblos no tienen por qué cargar sobre sus hombros con los costos económicos, sociales y culturales que les pretende imponer la construcción de obras privadas destinadas a generarle ganancias, de manera exclusiva, a empresas extranjeras y a sus socios nacionales.
• Sumisión de Guatemala ante las imposiciones externas contenidas en el Plan Puebla Panamá y en otros planteamientos afines. Este Gobierno, igual a como han actuado los anteriores, simplemente agacha mansamente la cabeza ante los mandatos de sus amos del Norte. Todas estas aberraciones contenidas en las anunciadas políticas energéticas nacen y se establecen en el texto del Plan Puebla Panamá, así como en compromisos adquiridos por el propio Ing. Álvaro Colom, incluso desde antes de asumir la Presidencia de la República. La soberanía energética del país simplemente no cuenta. Primero Arzú, mediante un oscuro negocio, entregó la distribución a la Unión Penosa, y ahora quieren entregar la producción a manos de poderosos consorcios transnacionales.
Los costos económicos y sociales de cada uno de estos desatinos contenidos en la política energética anunciada terminaremos pagándolos los sectores populares, a quienes, por efecto de cascada, quizás hasta nos corresponda pagarlos por partida doble.
D.- Reducción del salario y violación de derechos laborales: Entre todas las barbaridades que ha propuesto de manera pública el actual Gobierno, debe destacarse el anuncio formal de que se procederá a rebajar el salario mínimo. El propio Presidente Álvaro Colom se encargó de dar declaraciones oficiales al respecto, que luego las ratificó su Ministro de Trabajo. La propuesta presidencial sobre este particular sugiere que el salario mínimo se establezca en Q30, es decir, 17 quetzales menos que el actual salario mínimo vigente. Ni siquiera Berger, cuyo compromiso con el sector empresarial era público, claro e indiscutible, se atrevió a tanto.
Es notorio el hecho de que, en el país, la única mercancía a la que los sectores poderosos, codo a codo con el Gobierno, buscan afanosamente bajarle el precio, es al salario. Resulta evidente que, para ellos, el trabajo humano es lo que menos vale. Si algo han aprendido a hacer con eficiencia los empresarios guatemaltecos con el paso del tiempo, es a hacerse ricos a partir de la explotación de lo que ellos emplean como el recurso natural renovable más barato y abundante: el sudor ajeno.
“Que todo suba, pero que el salario baje” es la síntesis de lo que en la práctica se proponen los ricos del país, quienes, para lograrlo, emplean como instrumento idóneo a los Gobiernos que ellos controlan, quitan y ponen desde hace décadas. Sube la comida, sube el transporte, sube la energía, sube toda la canasta básica vital, pero el salario, por el contrario, que se reduzca Con ello, es obvio que el resultado inmediato es la reducción de la capacidad de compra del ingreso familiar que se genera como producto del trabajo honrado. A partir de esa realidad, muchos ciudadanos y ciudadanas, colocados contra la pared por esas políticas públicas neoliberales, se preguntan: “Entonces, ¿para qué sirve dedicarse al trabajo honrado?”. Cuando a una persona se le acosa hasta el punto de que llega a perder hasta la paciencia, cuando se le somete a extremos de miseria, exclusión, hambre y desconcierto, se siembran semillas de discordia que pueden germinar en cualquier momento y transformarse en fuentes de mayor violencia. Mucho más peligroso aún cuando ello ocurre en contra de todo un pueblo. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo en Guatemala a lo largo de las últimas décadas.
Pero el problema no reside solamente en que se baje el salario nominal, es decir, la cantidad de salario que recibe cada trabajador y trabajadora. Esa política, en sí misma, es una flagrante agresión contra los derechos de toda la clase trabajadora. Si paralelamente se encarece el costo del transporte, se privatizan los servicios públicos esenciales como salud y educación, sube la tarifa eléctrica, como está ocurriendo, pues entonces se obliga a cada familia a gastar más de su salario en otras cosas, con lo cual lo que se sacrifica es la comida. En un país cuyos índices de desnutrición ponen al desnudo la injusticia dominante, forzar al pueblo a comer menos es simplemente inaceptable.
Por otra parte, la única propuesta que, en términos de generación de empleo, se le ha escuchado a las autoridades del Estado, ha sido la de multiplicar las maquilas y convertirlas en una plaga de cobertura nacional. Es decir, multiplicar a lo largo y ancho de toda Guatemala la presencia del salario por productividad; consagrar como válida la ausencia de garantías sociales; anular los derechos a bono 14, a aguinaldo, a vacaciones, a IGSS, incluso a estabilidad laboral; acabar con la jornada laboral de 8 horas; negar a cada trabajador y trabajadora el derecho a soñar siquiera con llegar a pensionarse; ponerle fin a la existencia de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos laborales, etc. En síntesis, incrementa aún más los niveles de explotación en perjuicio de la clase trabajadora. En pleno siglo 21, es hacer girar las ruedas de la historia 100 años atrás, en beneficio del capital y de sus dueños.
Esta posición adoptada por las autoridades en materia de empleo refleja, de manera clara y contundente, su carencia de compromiso alguno a favor del pueblo y pone al descubierto, una vez más, la forma sumisa en que están dispuestas a servir a los intereses de los ricos, en este caso, por la vía de abolir los derechos laborales. El propio Ministro de Trabajo actual, en declaraciones oficiales, se dejó decir la barbaridad de que “el Código de Trabajo vigente no sólo está obsoleto, sino que está muerto”.
Debe tenerse presente que esta agresión atenta no sólo contra los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos, sino que lo hace en perjuicio de todas las personas que tienen un trabajo, estén o no organizadas, se trate de un trabajo agrícola o no agrícola. Afecta, de manera negativa y dramática, a cada persona y cada familia que vive o aspira a vivir con dignidad a partir del fruto de su trabajo, negándole ese derecho.
2.- PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:En la actual coyuntura, el segundo gran eje generador de problemas para cada familia que forme parte de los sectores populares se ubica en el campo de los servicios públicos. En primer lugar, debe tenerse presente que el Gobierno de Colom no plantea otra cosa más que la continuidad de la política neoliberal adoptada por sus antecesores. Y es lógico que así ocurra, porque los gobiernos de derecha simplemente sirven a los intereses de la derecha, tanto nacional como extranjera, y sería hasta ingenuo esperar que modifiquen el rumbo de las políticas en beneficio del pueblo.
En Guatemala, el poder real lo tienen desde hace décadas los sectores minoritarios pero poderosos de la derecha, los cuales, a su vez, son sumisos ante los mandatos de Washington. Aquí no mandan los gobiernos, sino que lo hacen los ricos nacionales y las grandes transnacionales.
Eso explica que las principales líneas de los últimos gobiernos se sujeten a los contenidos del Plan Visión de País. Este plan construye una Guatemala hecha a gusto y conveniencia de los del CACIF, pero contraria a todos los intereses del pueblo. Nunca lo consultaron con ninguna organización popular. Lo hicieron los grandes finqueros, los banqueros, los grandes industriales y los más poderosos comerciantes. Nadie más participó.
Obviamente, un plan que se construye de manera excluyente busca la generación de beneficios de manera exclusiva, a favor de quienes lo formularon. La elaboración del Plan Visión de País fue un proceso que les tomó tres años de debate y de búsqueda de acuerdos, (2004 al 2006), al final del cual obtienen, como resultado, una visión conjunta respecto al modelo de país que los sectores burgueses buscan construir para Guatemala. Es decir, el Plan Visión de País no es, en absoluto, un planteamiento coyuntural. En sus entrañas lleva una propuesta para construir un país aún más excluyente e injusto que el que ya tenemos, y lo proyecta por lo menos hasta el año 2050. En síntesis, es un atentado no sólo contra los derechos de quienes hoy vivimos, sino contra los de nuestros nietos y nietas.
De este Plan Visión de País nacieron cuatro leyes nefastas, con las que aspiran a darle marco jurídico a las políticas neoliberales y anti-populares que han adoptado de hecho:
• Ley Marco de Salud;
• Ley Marco de Educación;
• Ley Marco de Desarrollo Rural, y,
• Ley Marco de Seguridad.Cada una de estas cuatro leyes es una agresión directa contra los derechos e intereses superiores de la población, en especial de los sectores sociales más pobres, a los que empuja hasta el sótano de la pobreza y, por ende, hasta un punto muy cercano al estallido social.
A.- La Ley Marco de Salud entrega el sistema de salud, es decir, los Hospitales, los Centros y los Puestos de Salud, a manos de los voraces consorcios privados nacionales y extranjeros, que en numerosos países han hecho de la prestación de servicios de salud un jugoso negocio. Es decir, privatiza la salud.
De aprobarse esta iniciativa de ley, el acceso a la salud se convertirá en privilegio sólo de las familias que puedan pagar por ello. En Guatemala, la persona que se enferme y no pueda pagar, aunque sea de una enfermedad curable, simplemente estará condenada a muerte. Se trata, en consecuencia, de una propuesta de ley que, sin temor a equivocarse, puede calificarse como criminal, por cuanto conduce a la muerte de miles y miles de personas por el hecho de que no tenían en sus bolsillos el dinero necesario para pagar por el derecho a seguir vivas.
Esta propuesta ya está en la Comisión de Salud del Congreso de la República para que los diputados emitan un dictamen al respecto. Si el dictamen resulta favorable, sólo faltaría, entonces, que el pleno del Congreso la apruebe, para que se convierta en ley vigente, de cumplimiento obligatorio para todos y todas. Debe quedar claro para toda la población que, si la aprueban, desaparece el sistema de salud pública.
B.- La Ley Marco de Educación tiene idénticas intenciones y propone, para la educación, mecanismos similares a los que plantea para el caso de la salud. Nace de las mismas fuentes y, por ende, busca privatizar la educación, por la vía de entregar las escuelas y los institutos a manos de empresas privadas. En consecuencia, si se aprueba esta ley, en el país sólo estudiarán los hijos e hijas de las familias que tengan cómo pagar por el derecho a la educación. Las familias que no tengan verán a sus niños y niñas condenados al analfabetismo. ¿Cuántos miles y miles de niños y de niñas en todo el territorio nacional se quedarán fuera del sistema educativo solamente porque sus familias no tienen cómo pagar por ello?
Es importante señalar que el Ministerio de Educación ha dado declaraciones en las que afirma que van a hacer desaparecer a los PRONADE y que van a presupuestar a los maestros por contrato. Esas dos ofertas no son, de ninguna manera, producto de iniciativas de Colom ni de la UNE, sino que nacen como el resultado de las constantes luchas dadas desde el 2003 por padres y madres de familia, por el magisterio y por el propio FNL. En consecuencia, estas declaraciones ministeriales pueden tener la intención de confundir a la opinión pública y a las organizaciones que han protagonizado esas relevantes luchas por conseguir ambos objetivos. Incluso de mediatizarlas y desmovilizarlas.
Porque, mientras por una parte hablan de que van a desaparecer a los PRONADE, por otra han iniciado ya a darle impulso, con toda energía, a un proceso de municipalización del sistema educativo, lo cual no es otra cosa más que la de pronadeizar la educación, poniéndole otro nombre. La Ley Marco de Educación abre de par en par las puertas para que se establezcan políticas educativas idénticas a las de PRONADE, aunque les cambien el nombre.
Por otra parte, la Ley Marco de Educación plantea el desarrollo de un modelo educativo que, en sus contenidos, normas y procedimientos, resulta totalmente promotor del modelo neoliberal. Es decir, educa para el neoliberalismo, con lo cual se contrapone, de manera absoluta, al modelo propio de la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz.
C.- La Ley Marco de Desarrollo Rural es la peor de todas estas propuestas que nacen desde el Plan Visión de País. Busca que la tierra del país sirva para producir dólares, en lugar de producir comida. Sobre todo, quieren que Guatemala produzca bio-combustibles, es decir, gasolina y diesel que se sacan de la caña de azúcar, del maíz, de la yuca y de la palma africana. Es importante conocer que, para producir un galón de gasolina, se ocupan 440 libras de maíz, o sea, lo que consume una familia durante un año.
En un país en el que hay tanta desnutrición, destinar la tierra a producir cosas para enviar a otros países en lugar de los alimentos que necesita el pueblo, es condenar a millones a sufrir más hambre y más pobreza. ¿Para qué debería emplearse nuestra tierra?: ¿Para llenar los tanques de vehículos en otros países, o para llenar los estómagos vacíos de nuestra niñez desnutrida?
Este modelo de desarrollo rural que se expresa en la Ley Marco a la que hacemos referencia propone que, cuando se emplee la tierra para producir alimentos, se trate de alimentos para la exportación, es decir, para que los consuman en otros países, principalmente en Estados Unidos. Productos como la okra, la arveja china, la alcachofa, la nuez de macadamia, los espárragos o los anturios, entre otros productos agrícolas similares, son los que deben generarse a partir del esfuerzo del trabajo agrícola. A ello le llaman “agricultura diversificada”, nombre tras el cual ocultan que lo que pretenden es que nuestro pueblo trabaje para alimentar a otros y no a nosotros mismos.
Por otra parte, esta Ley busca que la tierra se concentre todavía en menos manos. Es decir, parte de la afirmación de que el campesino es una figura económica no rentable, que no genera ganancias y que, por lo tanto, debe desaparecer. Obviamente, plantea que esas cuerdas y parcelas se manejen, entonces, como unidades productivas de un solo dueño, mecanizables, fumigables vía aérea, que dejen más ganancias porque producen bienes destinados para la exportación y no para consumirse en el país.
La Ley es omisa en cuanto a resolver los agudos problemas en cuanto al uso y tenencia de la tierra que ya existen en el país, cuando menos desde 1954. Los excesos, la ausencia de Tribunales Agrarios o de una Ley de Regularización, la carencia de un Código Agrario a partir del cual sea posible aplicar justicia en el tema de la tierra, simplemente se omiten en la propuesta del Ley Marco de Desarrollo Rural.
La Ley de Desarrollo Rural, al igual que la de Salud, ya se encuentra en Comisión en el Congreso de la República. Por lo tanto, está a un paso de aprobarse y de consagrar como válidos todos los atropellos que se han venido cometiendo reiteradamente en contra de la población campesina e indígena en el país.
3.- ACCESO A LA TIERRA Y ENTREGA DE LOS RECURSOS NATURALES:Ahora, grandes empresas extranjeras, aliadas con empresarios nacionales, quieren apoderarse del agua del país y de las riquezas que existen en las entrañas de la Madre Tierra. Esos recursos naturales son patrimonio irrenunciable del pueblo. Es evidente que la población rural ha rechazado, de manera fehaciente, tanto a la exploración como a la explotación minera. Igualmente claro ha sido el rechazo popular a las iniciativas de ley que buscan privatizar un recurso vital como, sin duda alguna, lo es el agua. Y en San Juan Sacatepéquez la población, prácticamente a una sola voz, ha puesto de manifiesto su rechazo a la pretensión de la familia Novella de instalar una planta cementera en el Municipio.
Los gobiernos, así como los ricos que han controlado a cada uno de los últimos gobiernos, (incluido el actual, claro está), tienen que aprender a respetar la voz del pueblo, que se ha expresado en las consultas populares y ha dicho claramente que ¡NO! al saqueo de nuestras riquezas. Estas consultas no solamente tienen fundamentos éticos, sino que las amparan sólidos estamentos jurídicos, como el Convenio 169 de la OIT e incluso la propia Constitución Política de la República.
La Corte de Constitucionalidad, como instrumento del Estado que sirve a los intereses de los poderosos, emitió una resolución con la cual pretenden restarle valor a las consultas populares, declarándolas válidas pero de resultados no vinculantes. Es decir que, según la CC, la población del país puede decir lo que quiera, a eso tiene pleno derecho, pero que eso que diga la población no obliga a nadie a nada. Es decir, que lo que quiera que resuelvan las comunidades mediante procesos de consulta, no sirve para nada más que no sea para saber cómo es que piensan.
La tierra misma es un recurso natural que también es patrimonio del pueblo. Debemos oponernos a todos los planes que buscan quitarle al campesino su tierra e incluso que criminalizan sus luchas por ejercer el derecho a la tierra.
Ahora las derechas, tanto la empresarial como la militar, han desplegado una fuerte y falsa campaña de medios mediante la cual pretenden presentar a las organizaciones campesinas e indígenas como aliadas del narcotráfico y promotoras de la destrucción del medio ambiente. Con ello, quieren sentar las bases que justifiquen la escalada represiva en la que se han sumergido. Buscan que, en el imaginario social, se establezca un sinónimo entre campesino y criminal, de manera que la población no se sorprenda ni se moleste cuando se les reprima. Bien sabido es que quienes más daño causan al ambiente son las grandes empresas, sobre todo las madereras, las ganaderas, las industrias de extracción y las productoras de energía eléctrica a base de carbón mineral.
4.- PERPETUACIÓN DE LA IMPUNIDAD:Los principales males que aquejan al país encuentran, entre una de sus principales causas generadoras, la prevalencia de un estado de impunidad que ampara bajo su manto todo tipo de atropellos. La impunidad es el abrigo tras el cual se ocultan todas las formas de corrupción y de violencia que hoy se han convertido en el pan nuestro de cada día.
La impunidad protege a los empresarios privados para que realicen quiebras fraudulentas de sus empresas y lesionen, con ello, a miles de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados y vulnerables. Así ocurrió, por ejemplo, con el cierre del Bancafé y del Banco de Comercio, que permitieron el robo de los ahorros de decenas de miles de clientes, a quienes el Estado no sólo no ofrece compensación alguna, sino que ni siquiera protección ante el vandalismo empresarial.
La impunidad permite que los inescrupulosos se dediquen al acaparamiento de productos básicos, con lo cual se alteran los precios, siempre en beneficio de unos pocos empresarios y en perjuicio de centenares de miles de personas que forman parte de los sectores populares.
La impunidad auspicia la voracidad de los empresarios especuladores, que buscan subir los precios indiscriminadamente, argumentando que ello se debe a la crisis internacional del petróleo o a la de los alimentos.
La impunidad cubre a los funcionarios corruptos que no mueven un dedo si no media una mordida dada por debajo de la mesa, así como a los altos funcionarios, igualmente corruptos, que trafican influencias.
La impunidad abre espacios al retorno de la represión como práctica política desde el Estado. Los últimos años, sobre todo del 2004 en adelante, han estado marcados por el sello doloroso y oscuro del regreso progresivo y creciente de la represión. Los asesinatos de dirigentes sindicales y populares, la imposición por la fuerza del modelo neoliberal, la represión contra las organizaciones populares, entre otras prácticas similares, deben cesar.
El caso del asesinato del compañero Mario Caal, ocurrido recientemente en Livingston, Izabal, se convierte en un caso paradigmático. Al compañero Caal le dan muerte durante un operativo de fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía Nacional. Fallece a causa del impacto de una granada de gases lacrimógenos en su pecho, que le provoca severa hemorragias internas y lo revienta por dentro. Ante esos hechos incuestionables, que incluso llevan a la Procuraduría de los Derechos Humanos a calificar este crimen como “ejecución extrajudicial”, el Ministerio Público, en boca del Fiscal de Izabal, da declaraciones que caen en lo absurdo. Afirma que
“no se puede culpar a la policía ni al ejército, porque la trayectoria de una granada de gases es irregular”. Semejante estupidez no busca otro propósito más que el de perpetuar la impunidad e impedir, así, que se aplique la justicia en contra de los autores materiales e intelectuales de este horrendo crimen.
En tan solo cinco meses, el actual Gobierno ha desplegado masivamente tropas en Livingston, en San Juan Sacatepéquez, en Fraijanes y en Pajón. En ningún caso en persecución de delincuentes o de narcotraficantes, sino con el propósito de capturar dirigentes populares y de sembrar terror en el seno de las comunidades.
Por todo lo anterior, las organizaciones campesinas e indígenas del país, las organizaciones sindicales, las organizaciones comunitarias, las estudiantiles, las de mujeres, las juveniles, en síntesis, las fuerzas propias de los sectores populares, hemos optado por manifestar de manera enfática nuestro descontento. Para ello, en cada departamento del país realizaremos acciones concretas y distintas, que llevarán al Estado y a sus instituciones a aprender a escuchar la voz del pueblo.
A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS, MARCHEMOS CON ALEGRIA Y CON FIRMEZA ESTE PRÓXIMO 26 DE JUNIO, PARA QUE, COMO PUEBLO, NOS TOMEMOS LA PALABRA, ¡Y NOS HAGAMOS ESCUCHAR!
Hace algunas semanas, en Suchitepéquez, numerosas organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, hartas ya de que el pueblo sea constantemente atropellado en el ejercicio de sus derechos, tomaron la decisión de agruparse en lo que hoy denominan “Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala”, MOINCAGUA.
En Santa Lucía Cotzumalguapa, por ejemplo, las organizaciones populares locales, aglutinadas en el “Frente Unido por los Derechos del Pueblo Luciano”, al final de su nutrida Marcha sostuvieron una reunión con miembros del Concejo Municipal, ante quienes plantearon su rechazo al incremento de tasas y arbitrios municipales, decretado ilícita y unilateralmente por la Alcaldía, en un Reglamento ya publicado incluso en el Diario Oficial.
En Santa Cruz del Quiché las organizaciones populares, unidas en el “Frente Indígena, Campesino y Sindical del Quiché”, entregaron al Gobernador Departamental dos memoriales: el primero en solidaridad con el pueblo de San Juan Sacatepéquez, exigiendo el retiro de las fuerzas combinadas que han ocupado la Aldea Las Trojes, así como la liberación de los 43 compañeros detenidos y la suspensión del Estado de prevención. El segundo expresa su rechazo a que este Gobierno utilice la pobreza, opresión, militarización, saqueo e impunidad, como armas que continúan exterminando a los pueblos con énfasis a los pueblos indígenas.
La indignación que entre el pueblo ha causado esta militarización decretada por el Gobierno en contra de la población de San Juan Sacatepéquez quedó puesta de manifiesto en el principal medio de comunicación con el que cuentan las organizaciones populares: las paredes de la ciudad. Las pintas, una vez más, mostraron ser el medio legítimo para que la voz del pueblo, a gritos, se exprese con
Esta fotografía, publicada en la página 10 de Nuestro Diario del 27 de Junio, muestra sólo un segmento de la marcha que recorrió las calles capitalinas. Pero muestra, también, la manta que expresa una de las principales demandas planteadas por los pobladores ante el Estado: el esclarecimiento y la aplicación de la justicia en el caso tanto de la desaparición forzada del dirigente campesino Héctor Reyes, como de la masacre que cometieron autoridades públicas en la Finca Nueva Linda el 31 de Agosto del 2004.
