martes, 20 de abril de 2010

Artículo de Prensa en España

Guatemala, 20 de Abril del 2010

Así se aprecia la lucha del pueblo guatemalteco en el mundo

Compartimos el artículo de prensa que fue publicado el pasado 15 de Abril en España por periódico quincenal “Diagonal”, en el cual se describe y analiza la lucha emprendida por nuestro pueblo en pro de la expulsión de Unión FENOSA, la nacionalización de la energía eléctrica, la creación de empresas municipales de energía y la reforma a la Ley General de Electricidad.

El ejercicio de un periodismo responsable logra, con respecto a la realidad guatemalteca, que en Europa se conozca lo que aquí la prensa calla.

Desde el FNL felicitamos a Diagonal y al autor, periodista Martín Cuneo, por la objetividad con que recopila y expone los hechos. ¡Cuánta falta nos hace en Guatemala un periodismo que no sirva exclusivamente a los intereses de los grupos minoritarios, pero poderosos, que han hecho de Guatemala su feudo particular!

_______________________

 

clip_image002

MULTINACIONALES |

Ocho activistas opuestos a Unión Fenosa asesinados en seis meses en Guatemala

Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vínculos de la compañía con el narcotráfico.

Martín Cúneo (Redacción)

Jueves 15 de abril de 2010.  Número 124

El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salía de la oficina donde atendía a los vecinos damnificados por DEOCSA, una de las dos filiales de Unión Fenosa en el país. El asesinato de este destacado opositor local a la eléctrica española conmovió Malacatán, un municipio situado en el departamento de San Marcos, a 250 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con México.

El conflicto había comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, había alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca había determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.

90.358 demandas

El 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Entre las irregularidades recogidas, además de la violación del dictamen de la Corte, el texto documentaba “cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicio”. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañía. “Las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio no ha dejado de empeorar. Han sido presentadas innumerables denuncias por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energía sin aviso previo y el abuso de autoridad de sus funcionarios ante los reclamos de las poblaciones rurales”, relata a DIAGONAL Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad.

La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado. “Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40.000 vacunas destinadas para los niños y niñas de los municipios afectados”, relatan desde el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). A pesar de que Unión Fenosa adujo problemas técnicos, para la prensa guatemalteca la causa del corte del fluido eléctrico en varias comunidades de San Marcos, entre ellas Malacatán, había que buscarla en los 7,5 millones de euros que los vecinos debían a la compañía: 60.000 personas llevaban un año en huelga de pago como forma de protesta por los “abusos” de Unión Fenosa.

clip_image004

El corte de suministro eléctrico días antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres días sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala. Se sucedieron tomas de carretera, plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. El Gobierno de Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), organización a la que pertenecía Víctor Gálvez antes de ser asesinado, de ser responsable de conexiones ilegales, una práctica muy común en la región. El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavía vigente, con el que quedaron suspendidas la mayoría de las libertades y derechos civiles.

Hasta el momento el estado de prevención, decretado en principio para 15 días, ha sido prorrogado en seis ocasiones. “De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Madriz, de la Comisión Política del FNL. “Los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población ‘o pagan o los matamos’. Al día siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Con ello, lanza un claro mensaje al pueblo”.

Mantener el negocio

Para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo del Estado para resolver el ‘problema’ del servicio eléctrico en el Departamento y la posibilidad de que DEOCSA-Unión Fenosa pudiera mantener su negocio”.

El 13 de enero de 2010, Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de FRENA en Chiquirines (Retalhuleu), volvía en coche de la capital hacia su casa, en el municipio de Ocós, en San Marcos. Durante dos días se había reunido con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del país.

Entre los kilómetros 206 y 208 de la Carretera del Pacífico, una camioneta Ford Pick Up blanca con los vidrios polarizados interceptó el coche. Los disparos mataron a Evelinda Ramírez e hirieron a dos de sus acompañantes. También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energía en su pueblo, San Pablo. Pocos días atrás, García había denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.

La historia se repite

Un final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del FRENA, del FNL y uno de los principales líderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa. El asesinato de su cuñado, Víctor Gálvez, y las amenazas de muerte recibidas, le llevaron a presentar un recurso de protección a la Corte Suprema el 20 de enero. En la tarde del 17 de febrero, mientras Roblero cerraba la puerta de su negocio en la estación de autobuses de Malacatán, fue acribillado por desconocidos desde un coche. Este cuarto asesinato volvió a trascender las fronteras de Guatemala.

El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la “actividad social” de las víctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSA”, así como “al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos”.

Al mismo tiempo, la carta apuntaba a “la responsabilidad del Gobierno español en la impunidad de estos asesinatos” ya que ante estas denuncias “no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y políticas necesarias para esclarecer y frenar esta situación”. Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres líderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete” en el municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, según un comunicado conjunto del FNL, Plataforma Agraria y la organización ecologista Ceiba. Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años, habían dedicado su activismo a la expulsión de Unión Fenosa del país y al derecho de las comunidades al libre acceso al agua potable.

Intervención del Ejército

Al día siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel día por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.

El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de líderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.

“La Policía y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa”, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechos”.


Historia de una privatización

JESÚS CARRIÓN (ODG)

Unión Fenosa desembarca en Guatemala a raíz del proceso de privatización que se impulsó por recomendación expresa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de los ‘90. Aduciendo falta de competencia en el sector, recomendaron fraccionar la generación, el transporte, la distribución y consumo final de la energía eléctrica, para que existiera competencia. Pero el resultado de dicha apertura ha sido que la distribución en el país ha quedado en manos de dos empresas españolas: Unión Fenosa e Iberdrola. Para evitar ser acusada de monopolio, Unión Fenosa creó dos empresas: DEOCSA se encargaría de la parte occidental y DEORSA de la parte oriental, cubriendo 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En Nicaragua actuó de la misma forma creando DISNORTE y DISSUR. Coincidiendo con la entrada de las transnacionales españolas en Centroamérica, los diferentes Gobiernos españoles han utilizado créditos FAD que contabilizan en parte como Ayuda Oficial al Desarrollo para financiar infraestructuras eléctricas que han favorecido a dichas compañías.

Las organizaciones de defensa de los servicios públicos critican el carácter fraudulento de la privatización, a un valor claramente inferior al tasado. La compra contó con el visto bueno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quienes luego fueron destituidos por la Corte Superior por abuso de poderes en el ejercicio de sus funciones.


La multinacional con sangre entra

Dentro de la dinámica de persecución sindical ejercida por Unión Fenosa, en Colombia han sido documentados hasta la fecha los asesinatos de 27 sindicalistas en el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos eléctricos en la Costa Caribe.

Por otra parte, también se tienen documentadas las muertes de 150 personas electrocutadas en Colombia por la negligente política de mantenimiento de redes de distribución eléctrica de Unión Fenosa. Por la misma razón, se tienen registrados casos en Nicaragua. Unión Fenosa no tiene la exclusividad en esta materia. En el informe de Amnistía Internacional de 2004 Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia) se acusa a Repsol-YPF y a la empresa estadounidense Oxy de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano “con vínculos probados” con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más militarizada de Colombia, donde se cometen “abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla”. Estos hechos fueron suficientemente documentados en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos: Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006 - 2008 y en la sesión de Lima en mayo de 2008

______________________

Valoramos en alto grado el trabajo de investigación periodística realizado y hecho público por Diagonal. Lo consideramos un aporte relevante a la lucha que sostiene nuestro pueblo y que se enriquece con la solidaridad internacional.

¡La Lucha Sigue!

lunes, 19 de abril de 2010

Aprueban una Ley profundamente anti-popular

Guatemala, 16 de Abril del 2010

¡Aprueban una Ley monstruosa!

Atentado flagrante contra el derecho a la tierra y al territorio

El pasado 13 de Abril los diputados de todas las bancadas de derecha aprobaron la tristemente célebre Ley de Concesiones, a la que le cambiaron de nombre por el de “Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura”. Pero este cambio de nombre es cuestión sólo de forma. Al final, viene a resultar la misma mona con distinto collar. Se trata del mismo lobo, aunque ahora pretendan disfrazarlo con piel de oveja.

Los diputados de la UNE, de la Gana, del PAN, del Unionista, del Patriota, del FRG, de Líder, de Encuentro por Guatemala, de la Bancada Guatemala, de la UD, de la UCN, de CASA, en fin, las derechas a una sola voz, dieron sus votos favorables a esta propuesta que ya hoy es Ley.

La aprobación de esta nefasta Ley, que se clasifica como Decreto 16-2010, es parte del compromiso que, en los diálogos recientes, asumieron el Gobierno, los partidos políticos de derecha y el CACIF. Así, el Gobierno recibe el respaldo del CACIF en el tema de los bonos y, a cambio, el Estado les aprueba su Ley de Alianzas Público-Privada. Los medios de prensa escritos, radiales y televisivos abundaron en información pública al respecto. Bajo la excusa de que la ley se aprueba para atraer inversión extranjera, los diputados, a solicitud del Gobierno, dan vida a un instrumento legal que, entre otras aberraciones, entrega las riquezas del país a manos del mejor postor.

Pero lo peor de esta ya aprobada ley es que crea instituciones que actuarán en beneficio exclusivo de las empresas, nacionales y extranjeras, pero en claro perjuicio de los derechos que son patrimonio irrenunciable de los sectores populares. Por ejemplo, en el artículo 67 se establecen un conjunto de preceptos profundamente lesivos para los derechos e intereses de los sectores populares en su conjunto. Conviene analizar este bodrio desagregado en cada una de sus partes:

…Se declaran de utilidad colectiva, beneficio social e interés público las expropiaciones necesarias para realizar proyectos de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica…

Este enunciado, que ahora es ley, establece que, cuando cualquier empresa privada nacional o extranjera entre en alianza con el Gobierno y quieran desarrollar una obra de infraestructura, podrán proceder a expropiar sin más ni más los terrenos que requieran para hacerlo. En este párrafo se establece que la expropiación en sí misma, (no la obra de infraestructura ni la propiedad, sino la expropiación), se considerará de utilidad colectiva, beneficio social e interés público. La expropiación será en función no del desarrollo nacional, sino del desarrollo de infraestructura económica.

…En caso de requerirse expropiaciones, y el establecimiento de derechos de vía, la Dirección Ejecutiva (de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica), tendrá facultades para gestionar por sí misma o a través de la Institución Contratante del Estado, la expropiación de las propiedades necesarias…

Se crea, por ley, una institución nueva, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, cuya Dirección Ejecutiva está facultada para gestionar por sí misma las expropiaciones que esa misma institución considere necesarias. O, si fuera preciso, podrá expropiar a través de la institución que contrate el Estado. Es decir, el sector privado podrá expropiar lo que quiera, cuando quiera.

Ahora bien, la ley que fue aprobada establece algunas reglas rectoras de la expropiación, que caen en el extremo de lo absurdo:

…La Dirección Ejecutiva iniciará el expediente y lo elevará al Consejo con el objeto de que éste, mediante Acuerdo fundado adoptado por mayoría de sus integrantes, declare la utilidad colectiva, el beneficio social o el interés público, sobre el bien o bienes objeto de expropiación…

Esto significa que el manejo de los expedientes de expropiación estará, en su totalidad, en manos de la institución que han creado para ese propósito. El Consejo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica queda facultado para definir, desde sí mismo, cuándo una propiedad va a ser expropiada y podrá declararla de utilidad colectiva, beneficio social o interés público.

…el cual deberá publicarse en el Diario Oficial dentro de los ocho días siguientes a su emisión y notificarse al propietario del bien o bienes afectados, a fin de que éstos realicen sus propuestas y designen, dentro del perentorio plazo de quince días, a un perito valuador autorizado por la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas a efecto de que realice, en representación de la Agencia, la justipreciación del bien o bienes que se necesita expropiar en proyectos de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica a valores de mercado…

Se establece que la Agencia debe publicar en el Diario Oficial que una propiedad va a ser expropiada y notificar al propietario en un plazo de ocho días, dándosele al propietario, es decir, al perjudicado, 15 días para que hagan dos únicas cosas:

1.- Realicen sus propuestas, es decir, planteen su posición al respecto, que no podrá ser de oposición a la expropiación, sino simplemente de gestión de venta. La Ley descarta cualquier mecanismo de oposición, limitando los derechos de la persona al de ponerle un precio a sus bienes, y,

2.- Designen un perito que, actuando en nombre de la Agencia, defina el precio del bien a expropiarse. Es decir, el que fija el precio lo hará actuando en nombre de quien expropia y no de a quien expropian.

Este artículo, en su conjunto, resulta un absoluto atropello al derecho del pueblo a la tierra. Para expropiar cualquier propiedad en el país no se tomará en consideración, en absoluto, si se trata de tierras comunitarias debidamente registradas. Si requieren derecho de vía para obras de infraestructura, la expropiación va y punto. Y el precio final lo define un perito que actúa en representación de la Agencia.

Las legítimas organizaciones populares tienen la obligación de analizar con seriedad y tomar posición ante esta monstruosidad, porque se trae al suelo un vasto conjunto de derechos del pueblo. Y esa posición debe trasladarse a las bases, por cuanto es urgente que la población sepa sobre esta avalancha que se le viene encima.

Por ejemplo, los conceptos de territorio y territorialidad que tanto ha costado defender, simplemente se desvanecen. Esto, en cualquier lugar del país. La ley aprobada desconoce la existencia del Convenio 169 de la OIT, que obliga a la consulta a las comunidades indígenas cuando se les afecte de manera directa.

Hay que tener claro, además, que esta ley se aprueba, en primerísimo lugar, para facilitarle a las grandes empresas transnacionales la implementación de los diversos contenidos contemplados dentro del Plan Puebla Panamá, al cual, (al igual que a la Ley a la que nos referimos), le han cambiado de nombre por el de Plan Mesoamérica, pero sigue siendo la misma barbaridad con idénticos propósitos e intenciones.

Recordemos que este plan, letra a letra, fue formulado desde Washington, sin que se tomaran en consideración, en absoluto, las necesidades sentidas de los pueblos que afecta, ni se tomaran en cuenta, tampoco, los problemas básicos que afectan a la población. Este plan responde, de manera exclusiva, a los intereses y a la codicia de los grandes consorcios y de los cipayos locales que les sirven mansamente.

El canal tecnológico es el proyecto más beneficiado por los contenidos de esta nueva Ley. Los pueblos de Chiquimula, Zacapa, Izabal y Jutiapa deben, urgentemente, analizar este proyecto, enmarcarlo en esta Ley y adoptar una posición beligerante al respecto. Reproducimos el artículo del matutino El Periódico, publicado en su edición del 4 de Diciembre último, puesto que allí se anuncia, con claridad, para qué inicialmente es esta Alianza Público-Privada.

ElPeriódico - 4 de Diciembre del 2009

Economía:

Alianza público-privada

Por: L. ÁLVAREZ

clip_image002

Foto:  Archivo el canal seco atravesará 47 municipios del oriente.

Representantes de nueve mancomunidades de municipios, el embajador de EE.UU. en Guatemala, y empresarios participaron ayer en la presentación del proyecto de infraestructura Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) que comunicará un puerto en el Atlántico con otro en el Pacífico,  una inversión de US$12 millardos.

El Puente Terrestre Interoceánico que se concluirá en 2015 incluye la construcción de un puerto de carga en San Luis Moyuta, Jutiapa y otro en Puerto Barrios, Izabal, para atender a  barcos de más de 8 mil contenedores, que se unirían mediante una vía ferroviaria de 237 kilómetros de longitud, un poliducto y una autopista de cuatro carriles que cruzará Chiquimula, Zacapa, Izabal y Jutiapa.

Las alcaldías agrupadas en 9 mancomunidades podrán suscribir el 32 por ciento de las acciones del megaproyecto, el 60 por ciento corresponden a la Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (Odepal) y el 8 por ciento para la Asociación Poder para Todos que son socios estratégicos en esta obra. En el proyecto participarán inversionistas japoneses, suizos y españoles.

El primer golpe ya lo dieron: la aprobación de la Ley. Ahora es el turno del pueblo y de sus legítimas organizaciones.

¡La Lucha Sigue!

martes, 13 de abril de 2010

Sobre la crisis alimentaria

Guatemala, 12 de Abril del 2010

Cuatro niños mueren de hambre en El Estor

La irresponsabilidad del Gobierno provoca este nuevo luto

Desde Septiembre del año pasado el Frente Nacional de Lucha, de manera formal, por múltiples vías y en decenas de ocasiones, ha venido insistiendo ante la Instancia de Consulta y Participación Social, INCOPAS, ante la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN y ante el Ministerio de Salud, respecto a la crítica situación que, en materia alimentaria y de salud, padecen los vecinos de la Comunidad Nuevo Amanecer, en el Municipio de El Estor, Departamento de Izabal, justo en el corazón de lo que hoy las autoridades han dado a llamar el “Corredor Seco”.

Se ha dado la alerta, se han formulado propuestas para atender la emergencia, se han presentado solicitudes escritas, se han entregado listados de cada una de las familias residentes en la Comunidad, se han atendido docenas de reuniones específicas para tratar el tema con estas instituciones, pero todos los esfuerzos emprendidos han sido en vano. Un muro de burocracia, de apatía y de cálculos politiqueros e inhumanos se ha levantado, imbatible, ante todos y cada uno de los esfuerzos realizados.

Desde Septiembre, es decir, hace ya casi ocho meses, el delegado del movimiento sindical ante la INCOPAS, compañero Luis Ovidio Ortiz, ha insistido, tercamente, en que las instituciones del Estado deben intervenir allí con carácter de urgencia. En respuesta, los funcionarios públicos de las instituciones mencionadas lo han tenido del tingo al tango, refiriéndolo de una oficina a otra, y cada una lavándose tranquilamente las manos, en el más puro estilo de Poncio Pilatos. Al final, todo lo actuado ha caído en oídos sordos.

Hoy, esa descomunal irresponsabilidad de las instituciones del Estado ha costado ya la vida de cuatro menores de la Comunidad Nuevo Amanecer: Sonia Flor Ical Choc, de 3 años; Norma Asucena Tut Chiquín, de 1 año; Rosario Tut Ical, de 9 años, fallecieron a principios de Abril, y se suma un cuarto niño, cuyo nombre no tenemos, que murió el pasado 8 de Abril.

La muerte de estos niños ha sido largamente anunciada y pudo perfectamente prevenirse.

Es probable que la causa oficial de la muerte sea alguna enfermedad curable. Pero el verdadero responsable es el Gobierno y las instituciones que se negaron a atender la situación de crisis que pesa sobre los hombros de los vecinos de El Estor y de otras comunidades a lo largo y ancho del país.

El dirigente comunal de Nuevo Amanecer, al informarnos sobre los tristes hechos ocurridos, indicó que los menores presentaron un cuadro de fiebre, diarrea y vómitos antes de fallecer. Esos síntomas pueden corresponder a una amplia gama de enfermedades, la mayoría fácilmente tratables.

Sin embargo, dados los antecedentes, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que estas muertes encuentran, como causas generadoras principales, las siguientes:

· Inseguridad alimentaria y la consecuente desnutrición crónica, de las que se derivan estados de alta vulnerabilidad ante la presencia de cualquier dolencia, sobre todo entre la población infantil.

· Inasistencia médica por parte del Ministerio de Salud, institución pública responsable de garantizar el acceso a la salud por parte del pueblo, que no ha hecho ni el menor esfuerzo por intervenir, a pesar de los constantes llamados que se le vienen planteando desde Septiembre del 2009.

· Ineficiencia, incapacidad, desinterés y falta absoluta de sentido humano por parte de la INCOPAS y de la SESAN, quienes tuvieron conocimiento del tema desde hace ocho meses y no movieron un dedo para cumplir con las funciones para las que estas instituciones fueron creadas.

· Politiquería barata por parte del Gobierno, que se niega a atender cualquier caso sobre el cual la UNE no tenga control político, asumiendo así, como guía para su quehacer, el cálculo electoral más crudo e inhumano.

· Presencia en el Gabinete de un Ministro de Salud incapaz no sólo de cara al ejercicio de su cargo sino, además, insensible ante las necesidades y demandas que emanan desde el seno del pueblo en función de sus necesidades apremiantes.

La muerte de estos cuatro menores, entonces, no es causada por la gripe, el dengue ni el rotavirus. Es, sobre todo, una flagrante y criminal violación al derecho humano a la salud, así como al derecho, también humano, a la seguridad alimentaria. Los responsables de estas muertes son aquellos que, pudiendo haber intervenido a tiempo, más bien optaron por violar esos derechos.

Ayer mismo el Presidente Colom y su esposa estuvieron presentes en un “Gobernando con la Gente” en Izabal, pero no dijeron ni media palabra sobre lo que está aconteciendo en El Estor, a pesar de que conocían de sobra lo acontecido. Este silencio los vuelve cómplices, porque, como con sabiduría lo afirma el refranero popular, “quien calla, otorga”.

Las organizaciones populares y el pueblo, en su conjunto, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante semejante irresponsabilidad criminal.

Bien sabido es que vienen ya los tiempos más difíciles: Abril, Mayo y Junio, en los que ya a las familias se les han agotado sus reservas de alimentos, en los que el agua escasea de manera dramática, en los que la hambruna se vuelve compañera cotidiana de las comunidades enteras. Tanto así que, en el hoy llamado “Corredor Seco”, a este período la gente le dice “los meses de la muerte”, y suelen afirmar que, si alguien, sobre todo los niños, logran sobrevivir a estos meses, pues ya se ganó un año más de vida, hasta que llegue el próximo período similar.

El Gobierno ha recibido millones de dólares de cooperación internacional destinados a la atención de la hambruna. Por lo pronto, se han invertido en programas clientelistas, concebidos de cara a la captura de votantes para la próxima contienda electoral.

Ya es hora de que se administren para cumplir con los fines para los cuales fueron presupuestados: Responder a las necesidades alimentarias del pueblo.

Instamos a las agencias y organismos de cooperación internacional a que ejerzan fiscalización efectiva para que los fondos que donan no se desvíen de los destinos para los cuales fueron donados porque, si ello ocurriera, (como de hecho ocurre), estarían, entonces, más bien contribuyendo a profundizar la corrupción y la venalidad imperantes.

Desde el FNL señalamos a las autoridades de Gobierno como responsables de estas muertes, debido a su incompetencia manifiesta.

Exigimos de la INCOPAS y de la SESAN un funcionamiento adecuado, oportuno, eficiente, acorde al mandato para cuyo cumplimiento existen.

Reclamamos la apertura de espacios reales para el ejercicio de la incidencia política y de la auditoría social desde el seno de las legítimas organizaciones populares.

Demandamos del Presidente de la República la remoción del Ministro de Salud, por haber demostrado su absoluta incapacidad para honrar la cartera que equivocadamente fue puesta a su cargo.

La muerte de estos niños no puede ser en vano.

¡La Lucha Sigue!

viernes, 2 de abril de 2010

Alto a la Violencia y a la Impunidad

Guatemala, 2 de Abril del 2010

¡Alto a la represión!

En el presente documento exponemos, uno a uno, los hechos de muerte que las organizaciones populares y las familias de los compañeros y compañeras asesinados hemos tenido que enfrentar desde Enero del 2010 y hasta la fecha. Es decir, durante apenas el primer trimestre del año en curso. La más absoluta impunidad sigue abrigando a los autores materiales e intelectuales de cada uno de estos crímenes.

Los hechos que se narran, en sí mismos, son suficientemente elocuentes y ratifican el retorno de la represión, en sus múltiples formas, como instrumento al servicio de grupos poderosos para enfrentar la creciente marea de organización popular y lucha.

Hechos:

1.- El 13 de Enero, en el Kilómetro 206 de la carretera a Tecún Umán, alrededor de las 8 p.m. sicarios emboscan y asesinan a la compañera Evelina Rodríguez, cuando, tras reunirse con autoridades de Gobierno para discutir sobre la nacionalización de la energía y la salida del país de Unión FENOSA, regresaba hacia su casa, en el Municipio de Ocós, San Marcos. En la acción resultan heridos de bala tres compañeros más: Jorge Lorenzo, Freddy Rodas y Leonel de León.

2.- El 29 de Enero, mientras se transportaba de su oficina hacia su casa, alrededor de las 8:15 p.m. desconocidos atacan a tiros al compañero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Malacatán, San Marcos, y activo dirigente en la lucha por la expulsión de Unión FENOSA en su comunidad. En el lugar de los hechos se recogieron 23 casquillos de bala. Pocos días atrás, Pedro había denunciado serias irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.

3.- El 1 de Febrero dan muerte a machetazos al compañero Santos Cruz Nájera, destacado dirigente comunitario del Municipio de San Carlos Alzatate, Departamento de Jalapa, quien cometió el “delito” de defender los derechos de su pueblo ante la avaricia de la Alcaldía, que quiere contratar un préstamo leonino, acción ante la cual la organización comunitaria ha ejercido presiones fuertes para impedirla.

4.- El 17 de Febrero, al atardecer, fue vilmente asesinado nuestro compañero Octavio Roblero, dirigente de Malacatán, Departamento de San Marcos. Sicarios lo asaltaron cuando cerraba su negocio y le propinaron 16 impactos de bala. Octavio destacaba como uno de los principales dirigentes departamentales en la lucha por la nacionalización de la energía y por la consecuente expulsión de Unión FENOSA. Era casado con una hermana del compañero Víctor Gálvez, a quien habían también acribillado el pasado 24 de Octubre. De manera que a la familia le han impuesto ya un luto doble. Octavio era, además, compositor y, en los últimos meses, había compuesto varias canciones populares contra Unión FENOSA y contra la impunidad imperante en el país.

5.- El 6 de marzo del 2010, a la altura de la Aldea Del Cid, en la carretera que conduce a Chixoy, Departamento de Alta Verapaz, fue encontrado el cadáver del compañero Luis Felipe Chó, que en el mes de enero había entregado su cargo como miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz del Departamento de Alta Verapaz por amenazas de todo tipo relacionadas con su actividad sindical. El Sindicato de la Municipalidad de Santa Cruz es una organización de base de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala –UNSITRAGUA- y del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-. El cadáver del compañero presentaba múltiples perforaciones de proyectil de arma de fuego en el cráneo, 10 por lo menos,  la amputación de las dos orejas, los dos ojos y de la lengua y, aparte de eso, sus asesinos le hicieron cortes para separar la piel del rostro del cuero cabelludo y desprendieron la piel de la cara corriéndola hasta el nivel del maxilar dejando al descubierto su calavera.

Semejante nivel de brutalidad y de saña sólo puede ser concebido por mentes severamente enfermas pero, sobre todo, con la clara intención de enviar un mensaje de terror a quienes se organizan para defender sus derechos y los de su pueblo. Ese estilo no resulta, para nada, ajeno a las tácticas contrainsurgentes del pasado, que fueron perfiladas y puestas en ejecución por el Ejército, por los grupos paramilitares y sus asesores internacionales.

6.- El 21 de Marzo fueron salvajemente asesinados a bala y machete los compañeros Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y la compañera Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años. En esa bestial acción resultó herido de gravedad el compañero Saúl Hernández Aceituno, de 45 años de edad.

Las tres personas asesinadas, así como el compañero herido, eran dirigentes de la Comunidad de Limoncitos, Municipio de Ocós, Departamento de San Marcos. Estaban al frente de dos luchas relevantes: 1.- La lucha por la nacionalización de la energía y la consecuente expulsión de Unión FENOSA del país y; 2.- La lucha alrededor del derecho de su comunidad al agua para el consumo humano. Eran miembros del Comité Comunitario de Desarrollo, COCODE, y de la Asociación de Vecinos pro Mejoramiento del Agua.

7.- El 22 de Marzo, en la aldea Las Brisas, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos, fue muerto, por balas del ejército, el compañero Santiago Gamboa Paz, de 65 años de edad, dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica de la comunidad de Santo Domingo 1. Se registraron, además, 6 compañeros heridos de bala, a quienes fue preciso sacar del Hospital Nacional de Malacatán, en donde estaban recibiendo atención médica, por cuanto se supo que los iban a poner bajo custodia, acusándolos de quién sabe cuántas falsedades. Efectivamente, pocos minutos después de que abandonaron el Hospital, efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército llegaron allí con órdenes de captura, pero no dieron con ellos. También fueron detenidos por lo menos 7 compañeros, quienes guardaron prisión en las cárceles de la cabecera departamental de San Marcos. Hoy están libres tras el pago de una multa de 10 mil quetzales a cada uno.

8.- El 26 de marzo del año 2009 aproximadamente a la 19:00 horas fue asesinado el compañero Samuel Ramírez Paredes, Secretario General del Sindicato de trabajadores bananeros del distrito de Panchoy, SITRABI, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala CUSG,  y del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-. El Asesinato se produce justo en el marco de la Reunión que los compañeros del MSICG , sostenían con miembros del Gobierno de Estado Unidos con ánimo de interponer quejas en el marco del CAFTA contra el Estado de Guatemala por las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales que acontecen el sector bananero del país.