viernes, 27 de diciembre de 2013

Nacionalizar: unica respuesta popular

Guatemala, 27 de Diciembre del 2003

Nacionalizar: única respuesta del Pueblo

El fin del año trajo, para el pueblo guatemalteco, una mala noticia. Nos enteramos, vía Prensa Libre, que tendremos que pagar 28.6 millones de dólares, (223.3 millones de quetzales) ni más ni menos que a la Teco Energy, por concepto de una demanda que interpuso en contra del Estado guatemalteco y por negarse éste a la tarifas y cobros de esta empresa. Así como suena. Deberá agregarse los costos legales $ 7,520 millones; una tasa “preferencial”, un 2% adicional por intereses… en suma, este despilfarro de recursos financieros se deben a la inoperante institucionalidad del Estado y de su comprometida Comisión de Energía.

“TECO Guatemala Holdings, LLC ("TGH"), una corporación de los Estados Unidos, alega que la República de Guatemala injustamente interfirió con la inversión de su filial indirecta, en una empresa de distribución de electricidad en Guatemala. TGH alega CAFTA-DR violación del artículo 10.5 (nivel mínimo de trato).” http://www.state.gov/s/l/cafta15/c55184.htm; Es que la Teco Energy, a tono con su estilo, se sintió molesta porque Guatemala hacía valer sus derechos, y procedió legalmente, como es obvio, en territorio propio de los Estados Unidos. Molestia que se deriva porque los márgenes de ganancia no eran los que ellos esperaban. Como siempre deberán cobrarle “este resarcimiento” del dinero del pueblo guatemalteco.

Guatemala se ha caracterizado por ser un país de esquemas de alta discriminación económica y política. El Estado, a través de la representación gubernamental, ha logrado en la historia económica y social determinar y mantener los niveles de pobreza y pobreza extrema. La dominación de esta política se observa en la alta acumulación del capital en proyectos de uso de los recursos naturales y posterior cobro por la venta de los servicios y venta de los productos que de ella emanan, con la finalidad de mantener altos niveles de beneficios y utilidades empresariales a costa de la población guatemalteca.

La paz justificó la presencia del TLC-CAFTA y la liberación de la economía a todo lo ancho. En el afán de atender los negocios “transnacionales” vemos a los gobiernos títeres del mercado internacional doblegarse ante las urgentes necesidades de inversión nacional. Con la constante amenaza que en otros países no se pagan impuestos, se subsidia, se dan ventajas legales, se desprecia totalmente el desarrollo autónomo y soberano en Guatemala, marginando a su población a la pobreza. Es un país en el que preocupa más la salud de las economías de las empresas que la salud y alimentación de la niñez.

Recientemente, se observaba el despojo de fincas o propiedades comunales para impulsar monocultivos; la expulsión y compra engañosa de tierras con depósitos de minerales a través del engaño y subvalorando los precios de las propiedades, el uso de los ríos y despojando de este líquido vital a las comunidades para riegos y uso intensivo en la producción de energía eléctrica. En todos los casos, el Estado muestra una ausencia de protección social total y determina una política de discriminación a todo lo que es comunitario y social. De tal manera que vemos desalojos “legales”, asesinatos inexplicables de dirigentes comunitarios y posterior amenaza de las comunidades, el montaje de Estados de Sitio ficticios, la criminalización injustificada y la ausencia de un Gobierno autónomo. Con gran pompa y a la vez agresión hacia dirigentes comunitarios se abrió paso el megaproyecto del Canal Tecnológico, y esto hoy, ha caído por su propio peso y en vergüenza: recientemente se destapó el gran fraude detrás de las empresas vinculadas al proyecto,

No tenemos un Gobierno que vele por la seguridad social, el trabajo, la libertad sindical, la independencia institucional, la protección del ciudadano, salarios y compensaciones dignas. Los ingresos financieros y económicos de las empresas transnacionales son irrisorios para esta patria que llamamos Guatemala y que vergonzosamente ostenta el primer lugar en desigualdad en el continente.

Vemos un Gobierno entreguista que no tiene la mínima identidad nacional, la solvencia por la política y los proyectos sociales. Un Gobierno señalado de altísima corrupción y dominado por dos castas: militares y funcionarios empresariales.

Sin duda alguna, el tema de la seguridad sigue estando entre las principales preocupaciones de la población. Pese a que ha sido tema de promesas de campaña de distintos candidatos y gobernantes, la situación no mejora y lejos de ello, se complica más. Es necesario analizar el tema desde tres aspectos o situaciones distintas: Lo que se dice, lo que se hace y los efectos.

Lo que se dice, de parte del gobierno y sus instituciones es lo que aparece en el despliegue informativo sobre algunas acciones, operativos y capturas. En estas informaciones se procura maximizar el rol de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narco tráfico y el crimen organizado. Se publicita bastante la imagen de algunos funcionarios como si se tratase de hazañas extraordinarias cuando en realidad, están sencillamente cumpliendo su función como servidores públicos. Con lo que se dice, se pretende crear la imagen de una institucionalidad que trata de generar seguridad ciudadana y que combate al crimen.

Sin embargo, falta que ver en realidad, qué es lo que se hace. Entre lo que se hace está el proteger sobre manera los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Se instalan operativos de fuerzas combinadas justo allí donde las comunidades se pronuncian y actúan para defender los bienes naturales y la vida. Mientras tanto, el ciudadano común está desprotegido y a su suerte. Tiene seguridad el que puede pagarla de manera privada. Existe una permisividad casi cómplice hacia el actuar de fuerzas paramilitares contratadas por las empresas nacionales y extranjeras quienes hacen el trabajo sucio: intimidan, agreden, secuestran, y asesinan dirigentes. Muy pocos casos, llegan a proceso y menos llegan a sentencia.

Las acciones de defensa del territorio son etiquetadas como acciones terroristas, mientras las agresiones de las empresas y los desalojos de los grandes terratenientes en contra la población son respaldados por las fuerzas de seguridad.

En esencia, es una política que protege a los poderosos, solapa a los criminales y desprotege a los débiles y ataca a quienes cuestionen el orden injusto de las cosas.

Los efectos, son que la población al sentirse desamparada, vive en terror, toma la justicia por sus propias manos y cada vez cree menos en el sistema injusto. Otro efecto es que en muchos lugares, la población cada vez se organiza más y lucha por sus derechos. Ya son bastantes las comunidades que se han organizado para defender sus territorios.

En lo internacional, la imagen de Guatemala tiene dos caras. Por un lado, al país se le promueve para atraer la inversión privada, comprometiendo entre otras cosas, los recursos naturales, los derechos laborales y la soberanía, y por el otro, se le conoce como uno de los países con mayor corrupción e injusticia.

Cuando por fin, una noticia circuló en el mundo en la que se daba a conocer que a un genocida se le había enjuiciado y sentenciado, brincaron los sectores poderosos y quienes estaban o se sentían comprometidos e involucrados, con toda una campaña mediática de agresión contra el juicio, contra los jueces, contra activistas de derechos humanos y en contra de la comunidad internacional que coopera para el desarrollo y la justicia del país.

Hay por lo tanto, dos visiones desde afuera y dos visiones del papel de la comunidad internacional. Para nosotros, es importante y debe reconocerse a la comunidad internacional que colabora y coopera con el desarrollo, la justicia y los derechos humanos, respetando la soberanía y la dignidad del país. La otra, se puede interpretar como injerencia con intereses de control y de aprovechamiento económico.

Ante estas situaciones desastrosas, el pueblo guatemalteco se ve totalmente aislado de una participación política real que tenga vida antes, durante y después de los procesos electorales. La carencia de un instrumento político legítimo y representativo de los sectores populares hace que tengan acceso al poder político, sectores impopulares, corrompidos y mediatizadores. Esto se evidencia en las necesidades e intereses de la población, que se ven postergadas y agredidas.

Hoy más que nunca necesitamos que los sectores sociales cuenten con una representación autentica y honesta que defienda el interés nacional a través de su unidad y lucha. Un Pueblo Unido que conozca sus derechos y que se organice para hacerlos valer.

¡¡¡La Lucha Sigue!!!

martes, 10 de diciembre de 2013

Derechos Humanos

Con la firme convicción de seguir en la lucha, compartimos este afiche que rinde homenaje a los y las luchadoras por los derechos de todos y todas en este 10 de Dicembre, 2013.

FNL

Derechos Humanos2

jueves, 24 de octubre de 2013

Es Genocida y merece castigo

Guatemala, 23 de Octubre del 2013

¡Pero qué ridículo hacemos, como país, ante el mundo!

Sólo en Guatemala, los funcionarios se dan a la tarea de colocar al país en el peor de los ridículos ante el mundo entero. Por una parte, el propio Presidente de la República afirma que “Estamos sufriendo, al igual que los mexicanos, al ver que la selección de México todavía no está en el mundial”. Por otra parte, cuando ya se creía que empezaban a verse algunos visos de justicia e institucionalidad en el país, suceden estas cosas que parecieran sacadas de un libro de historia antigua. Ahora resulta que Ríos Montt puede ser considerado absuelto. Sólo aquí se llora en público por una selección de fútbol de otro país, mientras se trata de absolver a los asesinos locales.

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al ex General Ríos Montt por los delitos de los que con toda razón y justicia se le acusa y por los cuales recientemente fue ya juzgado, independientemente de las manipulaciones para retroceder el proceso judicial.

La misma ley a la que hace alusión el amparo otorgado por parte de la Corte de Constitucionalidad expresa que:

“La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta Ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles…”

Entonces, ¿qué hace una Corte de Constitucionalidad otorgando un amparo de este tipo? ¿Qué hace una prensa manejada por el poder colocando en primeras planas la noticia como si se tratase de la absolución del genocida? No se puede dar amnistía por genocidio, tan simple como eso.

La Corte de Constitucionalidad dejó ver su oscuro rostro tras este fallo que ha emitido. Bien sabemos, todos y todas, quién manda en Guatemala. Aquí si hubo justicia. Incuestionablemente. Un 10 de Mayo se dictó un fallo que brota desde la voz misma del pueblo.

Por lo tanto, hacemos un llamado a la población, a las organizaciones y a la comunidad internacional a que no acepte estas tretas y manipulaciones de los violadores de derechos humanos a través de magistrados vendidos.

¡Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados!

Nuestra venganza es la continuidad de las luchas hoy en día, por la vida, por la justicia y la memoria histórica de nuestros pueblos.

Hasta que no haya justicia…

¡La Lucha Sigue!

lunes, 19 de agosto de 2013

ISP REALIZA VISITA POR ALTOS INDICES DE ASESINATOS CONTRA SINDICALISTAS

INFORMACIÓN SOBRE VISITA DE MISIÓN DE LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS A GUATEMALA

Para su información, abajo encontrarán los enlaces de varios artículos de prensa escrita sobre la misión recientemente realizada por la ISP a Guatemala los días 12 al 15 de agosto con motivo de externar nuestra profunda preocupación a las máximas autoridades de ese país por los 58 asesinatos de líderes sindicales que a la fecha aún permanecen en estado de impunidad. El Sr. Presidente Otto Pérez Molina, reconoció en una audiencia en su despacho celebrada el día 14 de agosto con las y los integrantes de la misión, que para Guatemala y su Gobierno es una “vergüenza” que su país figure actualmente en el ámbito internacional como el países más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo. Aspecto que reconoció con profunda preocupación y al mismo tiempo aclaró tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los líderes sindicales y sus familias en ese país, por lo que existe una directriz en ese sentido a los miembros de su gabinete, especialmente con sus Ministros de Trabajo y de Gobernación (Interior). La ISP/PSI emprenderá una nueva visita en marzo del 2014 a Guatemala con el objeto de reevaluar la situación sindical en ese país.

clip_image002Fotografía publicada en el periódico “Prensa Libre”, Guatemala: 15 de agosto 2013

http://www.prensalibre.com/noticias/Alarman-muertes-pais_0_974902526.html

http://www.agn.com.gt/index.php/world/politics/item/7495-presidente-de-guatemala-ratifica-ante-isp-apoyo-a-libertad-sindical

http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/182185-actualizacion-sindicalistas-extranjeros-demandaran-respuestas-a-otto-perez

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=347306&Itemid=116

http://www.theguardian.com/world/2013/aug/14/guatemala-trade-unionist-murders

También pueden descargar y compartir fotos del día 1 de nuestra misión en  http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/www.world-psi.org/es

En solidaridad,

Oscar Rodríguez L.
Secretario Subregional de ISP
México, Centro América, Panamá, República Dominicana y Cuba
E-mail: oscar.rodriguez@psi-ca.org; oscar.rodriguez@world-psi.org; psicosta@racsa.co.cr
http://www.psi-ca.org/ / http://www.world-psi.org/
Tel/Fax: ++506 2248-1938; P.O.Box: 782-3000, Heredia, Costa Rica

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La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

La Lucha Sigue

sábado, 1 de junio de 2013

Inmensa Marcha Nacional de Salubristas

Guatemala, 1 de Junio del 2013

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Ayer, en horas de la mañana, marchó el SNTSG en demanda de cuestiones fundamentales para el gremio, como lo son el nombramiento de 17.000 empleados en carácter permanente, además de otras reivindicaciones igualmente importantes.

A las fuerzas del Sindicato se sumaron comunidades del FNL que marcharon, también, en pro de la lucha nacional por la nacionalización de la energía. Las luchas de las comunidades son las luchas de los y las trabajadoras en tanto el pueblo unido es más fuerte si une sus luchas.

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La marcha, precedida por una brigada de mototaxis del FNL, recorrió las principales arterias de la capital, partiendo del Ministerio de Salud hasta Casa Presidencial. La marea roja se podía ver a la distancia desde varios puntos.

Estuvieron presentes, delegaciones de la mayoría de los Departamentos del país.

La lucha por un empleo digno y estable es un derecho, no un privilegio.

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Al demandar la contratación a renglón fijo de los trabajadores por contrato, El SNTSG y el FNL rechazan categóricamente las formas de contratación que disfrazan la relación laboral, generan angustia, inestabilidad en el sector público y fomentan la corrupción y el tráfico de influencias políticas.

Sumado a ello, también se demanda la reinstalación de 210 trabajadores despedidos injustamente y el cumpli-miento del Pacto Colectivo.

Todas las demandas son derechos establecidos en la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo.

A las tres de la tarde una comisión fue atendida el Gobierno y se obtuvo de parte de los Ministros de Salud y del Trabajo el compromiso de atender las demandas.

¡El Pueblo Unido, Jamás será Vencido!

La Lucha Sigue

sábado, 11 de mayo de 2013

El Juicio por Genocidio

Guatemala, 11 de Mayo del 2013

El caso sobre Genocidio:

Una puerta que se abrió, por la cual pueden pasar muchos.

Terminó, como debía, el juicio sobre genocidio y crímenes contra la humanidad. El primer enjuiciado cargó con ochenta años de sentencia, en tanto el segundo, Jefe de Inteligencia Militar, salió libre. Los detalles del Juicio no vale la pena detallarlos. Resulta que en todo el país, (y fuera de nuestras fronteras), es más que bien sabido que en Guatemala sí hubo genocidio. Nadie lo duda. Y es justo, pues, que paguen los culpables. Ahora bien, ¿de qué culpables se trata?

Evidentemente destaca, como uno de ellos, el General Ríos Montt. Pero hay que ver, también, quién o quienes lo financiaron y con abrumadora solvencia. Quién o quienes pagaron, de sus propios bolsillos, lo que costó esa guerra, los costos de cada crimen, y obtuvieron grandes beneficios por hacerlo. Todos ellos, absolutamente, tienen que pagar su cuota de culpa.

Ahí caben los asesores militares internacionales que se hicieron presentes, porque vinieron a probar, aquí, que sus tácticas eran mejores o peores para enfrentar a la guerrilla. Caben, también, los financistas nacionales y extranjeros quienes, con las vidas de parte de nuestro pueblo, demostraron que la fuerza se impuso sobre el grito silenciado que brotaba, precisamente, desde esos nuestros pueblos. Caben los militares que, con saña, insuflaban aire en sus pulmones, gracias al que robaban de millares de sencillos pobladores quienes ya no podrían respirarlo.

Está bien, muy bien, que llegue a haber justicia, pero todavía faltan los otros. Los que financiaron los crímenes, es decir, los ricos que aquí tienen el poder y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que es responsable directo de tanta barbarie. Ellos, que idearon y dirigieron las torturas, como, por ejemplo, el G-2. Ellos, que se aprovecharon y robaron tierras a los desplazados y ahora son finqueros en esas tierras. Faltan los otros militares extranjeros, de otras regiones, que vinieron aquí a hacer sufrir al pueblo. Argentinos, israelitas, estadounidenses, etc. Faltan otros a los que también debe aplicarse la justicia, con todo el peso que se deriva de ello. Mientras no se les pase la cuenta, no puede haber Paz en Guatemala. Lo que ocurrió en el juicio es apenas un primer paso. Podemos interpretar que, quizás, lo que se ha dado marca el principio del fin de la impunidad, pero eso está por verse.

Son muchas las personas que pueden pasar por esa puerta, que quedó abierta y habrá que mantenerla abierta. Y no serán solamente los militares. No todos vistieron el uniforme oficial durante la guerra. Ya hablan, por supuesto, de que los guerrilleros también cometieron hechos de sangre que claman por justicia. Y, sin duda, hay hechos que son señalables cometidos por los guerrilleros. También tendrán que pagar por ello.

Pero no nos llamemos a engaño. Un 98% de los crímenes de guerra fue acometido por el Ejército, frente a un 2% por la guerrilla. Así lo dicen los dos informes que, con toda la información disponible, emanaron después de la firma de la Paz: el de la REHMI y el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Hay que creerles. No podemos, ni debemos, olvidar lo que nos dicen las cifras. Monseñor Gerardi fue, en esto, un claro ejemplo a seguir. Él pagó, con su sangre, al anunciar el error cometido durante tanto tiempo. Él dijo, a un costo muy alto, que no era cierto que nos encontrábamos sumergidos entre dos demonios; que sólo había un demonio.

En fin, acabar con la impunidad no será fácil en esta Guatemala. Porque hoy somos, a diario, testigos de la repetición de los crímenes en contra de los defensores del pueblo. Desapariciones forzosas escondidas bajo el yugo del crimen organizado. Viles asesinatos cometidos a la usanza de los años del siglo pasado, pero en pleno Siglo XXI. Estados de Sitio que vienen y van, al compás de los clamores del CACIF, llenando de terror al pueblo. Y podríamos seguir mencionando los hechos de sangre y dolor que nos depara el Estado de derechas, pero así está bien. Es suficiente.

No pasa un día sin que alguien, por “causas desconocidas”, se vea forzado a entregar su vida. Ponemos entre comillas la expresión, porque no podemos creer que, tras tantos casos, sólo hay como indicadores que cayeron, todos, por “causas desconocidas”. Es decir, quizás tengamos que esperarnos treinta y pico de años para que se identifique legalmente a los culpables, cuando, en realidad, bien sabido es hoy quienes son. Así, exactamente, le pasó a Ríos Montt. Ojalá ello no ocurra, pero, si por la víspera se saca el día, que nos agarren confesados. Las fechas podrían repetirse.

La Lucha Sigue

viernes, 3 de mayo de 2013

¡Firmemos la carta!

Guatemala, 3 de Mayo del 2013

En cuatro Municipios de Jalapa y Santa Rosa las cosas están mal. El Gobierno ha decretado un Estado de Sitio que durará cuando menos un mes. Esto significa que, por ejemplo, no habrá reuniones de más de tres ciudadanos. Si son cuatro los que se reúnen, pueden ser tomados presos, sin que medie ninguna orden judicial. Queda prohibida la portación de cualquier cosa considerada un arma, so pena de captura y cárcel. Es ilícito moverse sin papeles, porque no portar documento de identificación es pecado, con pena de cárcel. La situación está, como decíamos, mal, malísima.

Ayer fueron desplegados 8.500 efectivos militares, quienes, luego de su trabajo, reportan 16 prisioneros. Se trata de 16 ciudadanos, los cuales son privados de toda libertad. Ayer fueron realizados impunemente 53 allanamientos. Se trata de 53 viviendas que fueron, en la práctica, sometidas a cateo profundo por parte de las autoridades, simplemente porque sí. En síntesis, se vive una situación sumamente difícil.

Este es el segundo Estado de Sitio que decretan las autoridades gubernamentales. Al parecer, ya se les olvidaron las nefastas consecuencias que se derivaron del primero, en Santa Cruz Barillas.

Por lo tanto, para evitar que este nuevo desmán genere costos mayores, solicitamos su contribución voluntaria. Firmemos, todos y todas, una carta al Presidente de la República y enviémosla, sin más, a la siguiente dirección y con el siguiente texto:

Otto Pérez Molina

Presidente de la República de Guatemala

Sus Manos

Estimado Señor:

Permítanos, ante todo, expresarle nuestro saludo.

Nos dirigimos a Usted, en primera instancia, para solicitarle se sirva deponer el Estado de Sitio que su Gobierno ha decretado sobre los Municipios de Jalapa, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y Casillas.

Hasta el momento nunca, en la historia, un Estado de Sitio ha servido a los altos propósitos de la Paz y la resolución de conflictos. Por el contrario, solamente han dado vuelo a las aspiraciones guerreristas de grupos de la derecha.

Hasta el momento nunca, en la historia, un Estado de Sitio ha sido útil para alcanzar mejores niveles de desarrollo. Por el contrario, sólo han servido para contribuir a incrementar los estados de subdesarrollo.

Hasta el momento nunca, en la historia, un Estado de Sitio ha contribuido, ni en un ápice, a elevar la justicia. Por el contrario, han sido empleados como arma para perpetuar las injusticias e inequidades de todo tipo.

Hasta el momento nunca, en la historia, un Estado de Sitio ha realizado su aporte para combatir el hambre. Por el contrario, han servido, más bien, para que se patententicen las huellas de la hambruna y de la muerte.

Este es el segundo Estado de Sitio que decreta su Gobierno. Ya va siendo hora de que se haga la luz y que así, por fin, cesen ustedes en sus prácticas, para beneficio del pueblo guatemalteco.

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted, atentamente,

Firma

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Bien sabemos que una carta así no se basta para enfrentar las balas. Una carta como ésta serviría, eso sí, para decirle al Presidente que, entre otras cosas, su gestión está siendo evaluada y que, como tal, pasará a la historia.

 

La Lucha Sigue

El Diálogo del Gobierno es a través de la mira de un fusil

Guatemala, 3 de Mayo del 2013

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Si la excusa del Gobierno para imponer Estados de Sitio en varios municipios que se oponen a la depredación y saqueo de nuestros recursos y bienes naturales, es combatir hechos criminales e ilegales, nos hacemos las siguientes preguntas y con todo derecho:

- ¿Por qué no se persigue con igual celeridad y despliegue de fuerzas a los criminales que han secuestrado y dado muerte a dirigentes sindicales, representantes de los pueblos, activistas de derechos humanos y ambientales?

- ¿Por qué no se persigue de igual forma a los criminales disfrazados de guardias de seguridad privada de las empresas mineras, bananeras y demás transnacionales, por idénticas razones?

- ¿Por qué no se procesa judicialmente a las empresas por tener entre sus empleados a criminales?

- ¿Por qué no se procesa a las empresas mineras por cometer el crimen de contaminar las aguas de las comunidades impunemente?

- ¿Por qué no se procesa a Energuate por estar haciendo cobros ilegales y abusos contra la población usuaria?

- ¿Por qué no se procesa a las empresas y finqueros que cometen ilegalidades al no pagar el salario mínimo y realizar despidos injustificados?

- ¿Por qué…?

En respuesta a las preguntas anteriores, sólo nos queda concluir que la aplicación de ley, es manipulada de acuerdo a la intención de defender el actuar impune de los verdaderos criminales. Está claro que en este país, las fuerzas de seguridad defienden al más rico y poderoso, mientras los pobres que reclaman justicia, defensa de la soberanía nacional y de los bienes del país, son aplastados por la bota militar.

Los Estados de Sitio, podrán ser legalizados bajo este régimen, pero de ninguna manera son justos.

Rechazamos enérgicamente la implantación de Estados de Sitio, acomodados a los intereses de las empresas.

Rechazamos enérgicamente las detenciones, acomodadas a los intereses de las empresas.

Guatemala es hoy una vergüenza ante el mundo. Igual que en los años de la guerra, hay un ejército que actúa en contra de su misma población.

Hay un Estado que reprime a su población en defensa de intereses foráneos. Hay un Estado que llama al diálogo, pero tras la mira de un fusil.

 

¡No a la remilitarización del país!

¡La Lucha Sigue!

miércoles, 1 de mayo de 2013

10 Mentiras

1. EN GUATEMALA NO HUBO GENOCIDIO.

MENTIRA. Lo dicen los documentos que recogen la historia del conflicto armado y el Gobierno y el Ejército estuvieron de acuerdo con este informe. Lo dicen las Naciones Unidas en sus declaraciones y es un delito por el cual el juicio procedió hasta donde llegó antes que lo interrumpieran las bestias.

 

2. LOS DOS BANDOS (EJÉRCITO Y GUERRILLA), FUERON LO MISMO Y COMETIERON LOS MISMOS CRIMENES. ASÍ QUE NO HAY QUE DEFENDER O ACUSAR NI A UNO NI A OTRO, YA SE FIRMÓ LA PAZ.

MENTIRA. Ambos informes, el Guatemala Nunca Más y el Informe de Esclarecimiento Histórico, atribuyen un 97% de autoría de las violaciones a derechos humanos al Ejército y al Estado. El que se haya firmado la Paz no quiere decir que deba haber impunidad en delitos de lesa humanidad. No hay registros de que la guerrilla hubiese aniquilado aldeas enteras, o asesinado niños, mujeres y ancianos, ni que hubiesen tenido secuestradas mujeres y niñas para violarlas constantemente. Todo eso SI LO HIZO EL EJÉRCITO. POR LO TANTO, NO FUERON LO MISMO.

 

3. EL EJÉRCITO ACTUÓ DEFENDIENDO A LA PATRIA.

MENTIRA. No se acepta que defender la patria implique: llevar a cabo masacres contra población civil; arrasar con pueblos enteros de población desarmada; mantener a poblaciones enteras en campos de concentración; asesinar mediante los métodos más crueles a mujeres, ancianos y niños no combatientes; la violación sistemática y continuada de mujeres y niñas; el secuestro y venta de niños; el robo y saqueo de aldeas. ESTO NO ES DEFENDER LA PATRIA. NI SON “UNOS CUANTOS EXCESOS”. SON MILES.

 

4. SI CONDENAN AL EXGENERAL Y SU EX G2, SE DESATARÁ LA VIOLENCIA DE NUEVO Y HABRÁ GRAN CONFLICTO…LA PAZ ESTÁ AMENAZADA.

MENTIRA. Está demostrado que quienes sí pueden generar más violencia son los mismos militares y ex militares y sus bandas para-militares, financiadas por sus amos de las derechas. Lo demuestra el JUEVES NEGRO, las camionetas de acarreados (engañados con oferta de bolsa segura y fertilizantes). Así que si se desata el caos, ya sabemos quiénes son y de dónde vino. Por otro lado, la violencia en general ya está instalada, por la falta de capacidad del Gobierno de brindar seguridad a la ciudadanía. La paz se construye sobre bases de justicia y verdad. No puede estar amenazada la paz si se aplica la justicia.

 

5. LA GUERRILLA USABA A LA POBLACION DE ESCUDO Y POR ESO FUE QUE EL EJÉRCITO TUVO QUE MATAR A LA GENTE.

MENTIRA. Fue el ejército el que instaló los llamados polos de desarrollo y aldeas modelo (verdaderos campos de concentración). Ellos fueron los que usaron a la población como escudo. Fue el ejército el que organizó las PAC, las armó y obligaba a la población a realizar los patrullajes que sus VALIENTES soldados y oficiales no se atrevían a hacer.

Cualquier mando militar tiene el poder en sus manos para decidir si actúa o no actúa, si abre fuego o si ataca cuando hay población civil de por medio. Ellos no sólo tomaron la decisión de actuar, sino que DELIBERADAMENTE ATACARON POBLACIÓN DESARMADA, AÚN EN CASOS CUANDO LA GUERRILLA ESTABA A KILÓMTROS DE DISTANCIA O NO ESTABA DEL TODO. EL PRETEXTO ES VERGONZOSO E INVALIDO.

 

6. LOS ACUERDOS DE PAZ SE NEGOCIARON SÓLO ENTRE LOS JEFES DE AMBOS BANDOS Y SÓLO SE BENEFICIARON ELLOS.

MENTIRA. Aun en medio de las dificultades que un contexto de guerra presenta, hubo participación amplia de varios sectores de la población, lo demuestra la existencia y rol de la Asamblea de la Sociedad Civil. Los programas de incorporación, aunque tuvieron sus deficiencias, no contemplaban únicamente a la dirigencia de la guerrilla. La firma de la paz era, en su contenido, mucho más que el proceso de incorporación. Cuando se reduce todo a decir “beneficios de los jefes”, se hace a un lado todo lo sustantivo de los Acuerdos de Paz en relación con una agenda consensuada para abordar los problemas que dieron origen a la guerra. Era una agenda para iniciar el avance hacia un estado mejor. Que no haya habido voluntad de encaminar el país hacia la paz y el desarrollo con justicia social, por parte de todos los gobiernos posteriores, es otra cosa. Esos sí hubiesen sido beneficios. Pero los beneficios no se pueden medir con el ojo de quien ve sólo el beneficio económico en algo. Esta visión, es muy propia de los mercaderes que tienen como su guía los preceptos del neoliberalismo y su Dios, el mercado.

 

7. LAS ONGS SE INVENTARON EL GENOCIDIO Y LOS CARGOS CONTRA RÍOS MONTT Y SU G2.

MENTIRA. Las ONGs, no se dieron a la tarea de ir sigilosamente en la noche BURLANDO LOS SISTEMAS SEGURIDAD DEL EJÉRCITO, a enterrar cientos y miles de cadáveres y osamentas en los destacamentos militares para hacer quedar mal al ex general o al ejército. Las evidencias son las evidencias. No es invento de ONGs. No sólo es mentira esta afirmación, es RIDÍCULA.

 

8. LAS ONGS SE HACEN MILLONARIAS CON EL JUICIO CONTRA RÍOS MONTT.

MENTIRA. Lo que más se gana con la aplicación de la ley es que haya justicia. Ni es cierto que son millonadas lo que reciben las ONGs, ni es ese el fondo del asunto. Aunque no existieran las ONGs, SI EXISTE EL EJÉRCTIO Y SI EXISTEN SUS CRÍMENES. No es el exceso de cáncer el que produce cigarrillos…es al revés. Muchas ONGs han tenido que surgir y existir, porque del lado de las víctimas, NO HAY EL APOYO QUE SÍ TIENEN LOS MILITARES, y estos SÍ SON MILLONARIOS, entiéndase CACIF.

 

9. PÉREZ MOLINA NO TUVO NADA VER CON LO SUCEDIDO EN EL ÁREA IXIL.

MENTIRA. Hay documentos históricos, documentales, entrevistas y testimonios que así lo demuestran. Por más que lo quiera negar, no puede.

 

10. PARA QUE HAYA PAZ, ES MEJOR DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN, NO HAY QUE SER VENGATIVOS.

MENTIRA. Sólo puede haber paz si hay justicia. Buscar la justicia POR MEDIOS LEGALES no es ser vengativos. Si se tratara de venganza, todos los militares, G2, ex judiciales, los financiadores del terror y cuerpos paramilitares, estarían en la mira para que fueran asesinados a golpes, torturados, sus hijos y nietos masacrados, sus casas y bienes quemados, etc. Buscar la justicia, no es venganza.

Dejar las cosas como están, es dejarlas mal. Es no empezar a sanar las heridas y seguir alimentando el odio y el rencor, pues si la gente no confía en el sistema judicial, acude a otros medios, y todos sabemos a lo que eso conduce. Las cosas no pueden dejarse como están, porque sencillamente NO ESTÁN BIEN.

martes, 30 de abril de 2013

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA

Guatemala, 1 de Mayo del 2013

Día Internacional de los Trabajadores

Este Primero de Mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Millares de trabajadoras y de trabajadores marcharemos entonces, en todo el territorio nacional, para darle a este día el valor que se merece. Pero vale la pena fijarnos en tres cosas: 1), lo que el CACIF ha hecho para desdibujar la fecha; 2), la situación en la que nos encontramos trabajadoras y trabajadores y 3), lo que hay que hacer.

En primer lugar, los grupos de poder y sus medios de comunicación le han dado a llamar “Día Internacional del Trabajo”, con lo cual pretende restarle impacto e importancia al papel de los y las trabajadores y sus luchas en relación con esta fecha. Pero no lo logra. Quieren que celebremos partidos de futbol, que hagamos una fiesta, pero no lo logran. Buscan que las trabajadoras y los trabajadores pierdan una fecha que los representa y, así, se queden cada vez más solos. Pero no es del Trabajo: Es de los Trabajadores y las Trabajadoras. Como dice la consigna, este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Y esto nos lleva al segundo punto. Poco o nada que celebrar, pero sí mucho por qué luchar.

Hoy, más que nunca, cobran vigencia y tienen legitimidad nuestras luchas y las de las organizaciones sindicales, que luchan por los derechos de los y las trabajadoras, sin venderse o acomodarse a sentarse en la orilla de la mesa de los gobernantes de turno o los oligarcas de siempre. Hoy, cuando pareciera que no ha pasado más de un siglo en el que se luchaba por la jornada de ocho horas, por condiciones dignas y un salario justo, nos encontramos precisamente luchando por casi las mismas cosas. La precarización de las condiciones laborales en los centros de trabajo han hecho que, en la práctica, la jornada de trabajo se prolongue por medio de la exigencia de las cuotas de producción o rendimiento en ventas que se expresan en los pagos por productividad y no por horas que obligan a miles de trabajadoras y trabajadores en las fincas, en maquilas, en los call-centers, en los centros financieros y bancos. Si el trabajador o trabajadora ha de ajustar un salario que apenas alcance a cubrir la canasta básica, ha de prolongar su jornada laboral a diez, doce y catorce horas o más. En la práctica, no hay salario mínimo que se aplique.

Encima de esto, hay otras dos situaciones que son abominables: la persecución anti- sindical y la criminalización de las luchas sociales. Cada vez que un trabajador o trabajadora lucha por sus derechos o se vincula a la lucha por los derechos de otros sectores, como lo hacemos desde el FNL, se es víctima de la agresión, de la persecución, el secuestro, el asesinato y de la difamación por todos los grandes medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Varios dirigentes han sido secuestrados, asesinados, perseguidos o encarcelados en todo el país. Entre ellos nuestro compañero luchador por las causas sindicales y por la defensa de la madre tierra en contra de las transnacionales: Carlos Hernández. El secuestro y asesinato de líderes del pueblo Xinca, el secuestro y asesinato de Daniel Pedro, y otros más, son muestras de la respuesta que se da cuando la población reclama sus derechos y se atreve a defender los bienes nacionales en contra de la depredación y avaricia de las transnacionales.

No hay seguridad para los derechos y la vida de la ciudadanía pero sí hay fuerzas de seguridad al servicio de las transnacionales.

Los despidos injustificados en las instituciones públicas para que funcionarios y diputados paguen facturas políticas, ha sido otra práctica a la que nos hemos opuesto y contra la que hemos luchado constantemente.

El Estado como empleador y como prestador de servicios, está en deuda con los trabajadores y trabajadoras y con el pueblo en general. No hay inversión significativa en salud, educación, vivienda ni en programas de empleo. A cambio de ello, se persigue al trabajador sindicalizado y se pone alfombra roja para que la iniciativa privada se aproveche de procesos solapados y a veces abiertos, de privatización de servicios públicos. La tercerización también ha hecho grandes daños a los derechos de los y las trabajadoras, lo cual ha devenido en el deterioro de los derechos laborales.

Hoy en día, sumado a lo anterior, hay serias amenazas para todos y todas las trabajadoras y el pueblo en general. Hay, en curso, un juicio que busca justicia para las víctimas de masacres y genocidio durante el conflicto armado. Este juicio ha sido descalificado y ha sido objeto de manipulación, violentando la independencia del organismo judicial a través de argucias de jueces vendidos.

En el Congreso de la República hay un paquete de leyes propuestos para su aprobación que lesionan los intereses y derechos de los y las guatemaltecas: Estas son las llamadas leyes de inversión y empleo. No son leyes que nosotros hayamos pedido que se aprobaran, no nacen ni obedecen a nuestras demandas como pueblo. Son en cambio, leyes que sí han pedido los señores del CACIF para su beneficio. Por lo tanto, prevenimos sobre el grave riesgo de aprobar un conjunto de leyes que lesionan los derechos de los trabajadores y del pueblo en general, que otorgan beneficios, bienes, estructuras y cantidad alarmante de exenciones en impuestos al sector privado. Mientras tanto, no hay voluntad de aprobar otras leyes que sí pueden contribuir en abordar las causas de la pobreza. Una de ellas es la ley de desarrollo rural integral.

Otra acción sería la nacionalización de la generación y distribución de la energía eléctrica ante los abusos de las transnacionales, así como la revisión de las licencias a las mineras, que no sólo se aprovechan y se llevan nuestros recursos, sino que actúan en total impunidad al enviar a sus guardias a reprimir y asesinar a los dirigentes comunitarios.

Como se ve, la situación es grave y en este primero de mayo queremos entonces hacer un llamado a la lucha por defender nuestros derechos y libertad sindical, los servicios públicos de calidad, los recursos naturales y nuestro derecho a la vida y seguridad.

¡No más represión!

¡Alto a la impunidad!

¡Sí a la aplicación de la justicia!

¡A mayor represión, mayor organización y lucha!

La Lucha Sigue

jueves, 25 de abril de 2013

Analisis y posición sobre paquete de leyes

Guatemala, 25 de Abril del 2013

El FNL analiza paquete de leyes

En Enero del 2013 el Ejecutivo presentó, ante el Congreso de la República, un paquete de nueve leyes para ser aprobadas por los diputados. De estas, cuatro se vinculan, de manera directa, con el tema laboral. Es más, hay que decirlo, estas cuatro lesionan, de manera sensible, los derechos laborales que son patrimonio del pueblo.

El Gobierno, actuando de la mano con el CACIF, envió este paquete de leyes al Congreso, lo que generó una notoria reacción contraria proveniente de todos los sindicatos. Todos dijeron que no. Algunos se manifestaron por que habría que introducirles reformas, otros, como nosotros, fuimos más rotundos en nuestra negativa.

Todas las leyes, sin excepción, marchan en contra de lo que necesita y le es urgente a la clase obrera. Las nueve se constituyen en un serio agravio. Sin embargo, cuatro de ellas ameritan el rechazo total, porque son directamente las más graves. Son las que mayor daño generan. Son, sin que quepa la menor duda al respecto, una cuarteta nefasta, hecha al gusto de los oligarcas de siempre. Es decir, contrarias, totalmente contrarias, a lo que reclaman las y los trabajadores.

En este caso, el CACIF sacó sus garras y, de manera impune, se dispone a arrebatar a los trabajadores sus derechos laborales. Uno tras otro van desfilando y perdiéndose, en un largo e interminable camino que les genera, a ellos, considerables beneficios. Derechos que se han llegado a asumir como imperdibles, que fueron conquistados tras mucha lucha en el período de la Revolución de Octubre.

Llama la atención, en todo caso, que en estas leyes el CACIF da su verdadera cara. Parecen ya no estar dispuestos a ocultarse tras las faldas de sus achichincles de siempre y, más bien, salen como miembros de cuanta Junta Directiva aparece. Esto es novedoso. Que el CACIF esté dispuesto a tomar las riendas de lo que les interesa, que es la economía del país, no resulta sorprendente. Lo que sí lo es, es que, para hacerlo, se dispongan a dejar atrás años de injerencia disimulada. Hasta el momento, las han tenido sin necesidad de salir del fondo.

Hoy estas leyes son objeto de análisis por parte del Frente Nacional de Lucha. Las hemos visto con detalle, y ratificamos nuestro criterio inicial: No existe ninguna razón válida para que cualquiera de las cuatro sea aprobada. Lucharemos para que así ocurra.

Adjuntamos, para mejor proveer, el documento de análisis que elaboramos y, además, el Power Point que usamos para presentar los resultados del análisis.

EL DOCUMENTO SE PUEDE BAJAR DE AQUÍ: http://fnl.org.gt/content/documento-de-analisis-de-cuatro-proyectos-de-ley

 

La Lucha Sigue

martes, 23 de abril de 2013

¿Negociación?, Vamos, pues.

Guatemala, 23 de abril del 2013

Las acciones populares, cuando se adoptan en serio, deben ser escuchadas por las autoridades. No cabe duda de que, cuando se llama a un paro nacional por la nacionalización de la energía, se habla de uno de los temas que se toma más en serio por las comunidades a lo largo y ancho del país. Así ocurrió la última convocatoria que lanzamos el pasado Jueves 4 de Abril de los corrientes. El país se vio paralizado, de costa a costa y de frontera a frontera. Fueron 22 los sitios en los que la población salió a las calles, a decir, firmemente, “la nacionalización va”.

Las autoridades gubernamentales, ante ello, no dudaron en convocar a los suyos para que dieran respuesta a la demanda que estaban sintiendo. Y llamaron, obviamente, a un diálogo a las autoridades del Frente Nacional de Lucha. Llegamos, así, a una mesa de negociación, en la cual se sentaban el Ministro de Trabajo, los del Ministerio de Energía y Minas, además de otros, y se inició un proceso en el que, hay que decirlo, las posiciones han sido encontradas.

Era, de nuevo, una mesa de negociación en la que iría a debatirse el tema de la energía, y, cuando menos desde el FNL, había ya la experiencia acumulada de varias otras mesas anteriores sobre esta materia. Primero fue Oscar Berger quién creó un espacio dizque de diálogo, en el cual lo que se hablaba, simplemente, era un eco del planteamiento de Unión Fenosa, que se hallaba presente. De esa mesa nos salimos. Vino, entonces, Álvaro Colom, quien le dio seguimiento al tópico, pero generó otra mesa, en la cual las autoridades de gobierno coreaban todas la misma canción, haciéndonos recordar la que había creado su predecesor. Y ahora le toca el turno a Otto Pérez Molina, quien también crea una mesa para el diálogo, en la cual, hasta el momento, no se han hecho presentes los funcionarios de ENERGUATE.

Ya sabemos, pues, lo que los gobiernos entienden por mesas de diálogo. Esta nueva mesa no tendrá sorpresas. Acudiremos, porque, por lo pronto, no ha habido ni una, salvo que no se ha hecho presente la contraparte. Acudiremos porque, hasta el momento, hemos podido platicar tranquilamente sobre el tema. Acudiremos porque, hasta este momento, el Gobierno ha querido escucharnos.

Compartimos con todos quienes se interesen el comunicado que discutiremos en la mesa:

 

¿Por qué el clamor popular exige “Fuera Energuate”?

Desde inicios del 2009 y a lo largo de todo el período posterior, la lucha popular por la nacionalización de los servicios de energía eléctrica ha ido cobrando cada vez más fuerza a lo largo y ancho del país. Esto no es producto de la casualidad ni obedece a razones antojadizas. Las organizaciones populares, al demandar primero la expulsión de Unión FENOSA y luego la de Actis, (aunque se pase a llamar “Energuate”), sintetizan en esa consigna generalizada el malestar acumulado tras más de una década de atropellos, de abusos y de ilegalidades cometidas siempre en perjuicio exclusivo del pueblo.

Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo. Cada mes, son miles las familias que deben dejar de comprar sus alimentos con tal de poder pagar la luz.

Con posterioridad, en Febrero del 2011, Unión FENOSA pasó sus activos a ACTIS. Es decir, vendió sus acciones a ACTIS, y, con ello, trasladó todos sus problemas a esta nueva empresa. Vemos aquí como una empresa británica y una española se sienten dotadas de la facultad de comprar y vender la energía disponible en el país como si fuera cualquier cosa. Lo cierto es que la energía eléctrica es propiedad del país, y, por ende ningún extranjero está facultado para negociarla. Menos aún para venderla y que los habitantes de ese país sólo se enteren y de segunda fuente, como ocurrió en Guatemala. En esta transacción no medió la consulta popular como elemento; ni siquiera la consulta formal con el Gobierno, o, cuando menos, éste nunca lo informó a la comunidad. Simplemente se reunieron las dos empresas y, como si se tratara de cualquier cosa, optaron por vender sus acciones. Aquí, en Guatemala, ya nos daríamos por enterados.

Varios hechos concretos se bastan para constatar, de manera incuestionable, que la razón asiste a las comunidades y a sus legítimas organizaciones y que, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas que han elevado sus voces tienen pleno derecho de hacerlo:

A.- Primero, fue la venta de la distribución de la energía eléctrica o, si queremos ser más precisos, de la privatización de la distribución de la electricidad. Ya desde ese punto se inicia el saqueo de la riqueza nacional.

En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, hace ya más de quince años, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos empresarios españoles. Lo que el INDE les vendió (que es patrimonio del pueblo aunque el Presidente Arzú fue quién decidió venderlo), tenía un valor de US$ 250 millones registrados en libros, y se les vendió en sólo US$ 101 millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas. Es decir que como pueblo le regalamos a los dueños de Unión FENOSA, sin ser nunca consultados, la suma de Q101 por persona. Una familia de 5 miembros les regaló, de manera inconsulta y sin saberlo siquiera, ni más ni menos que Q 505,00.

Con esa venta el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE, con lo cual el país hace progresiva entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales, los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel. Por lo demás, queda en claro que no se había secado aún la tinta con la cual el Presidente Arzú firmó los Acuerdos de Paz, cuando se lanza a violarlos flagrantemente.

La privatización del INDE se gesta en el marco de una fuerte escalada neo-liberal, que implicó, en el mismo período, la venta de la telefonía, de la construcción y mantenimiento de carreteras, de correos y telégrafos, en fin, de una amplia cantidad de empresas públicas a manos del sector privado.

B.- Luego, una vez instaladas las transnacionales, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, se inventan el VAD, (Valor Agregado de Distribución), concepto que antes no existía en las tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas españolas, codo a codo con los entonces integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje técnico que les permite tirar la piedra y esconder la mano.

A efectos de justificar el VAD, con la venia del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, en la Ley General de Electricidad se agregan artículos del todo incomprensibles, como el 71, el 72 y el 73, todavía vigentes a esta fecha, en los que se afirma lo siguiente:

Artículo 71.- …El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada.

No hay nadie, en este mundo, capaz de traducir a términos comprensibles semejante enunciado legal. Implica un interminable conjunto de interpretaciones antojadizas y conduce, obviamente, a sembrar una suerte de arenas movedizas jurídicas, en las cuales se hunden los derechos de la población.

Pero, no satisfechos con esta inconsistencia anterior, insisten en complicar el marco legal y agregan a la Ley:

Artículo 72.- El VAD deberá contemplar al menos las siguientes componentes básicas:

a.- Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;

b.- Pérdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;

c.- Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por unidad de potencia suministrada.

Artículo 73.- El costo de capital por unidad de potencia se calculará como la anualidad constante de costo de capital correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo de una red de distribución dimensionada económicamente. La anualidad será calculada con la vida útil típica de instalaciones de distribución y la tasa de actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas. El costo de operación y mantenimiento corresponderá al de una gestión eficiente de la red de distribución de referencia”.

Con semejante galimatías tecnocrático o cantinflesco, (que si no fuera trágico en sus efectos, hasta risa daría), tanto las empresas extranjeras como la propia CNEE procuran darle sustento técnico a las ganancias y buscan que nadie comprenda que este VAD no es otra cosa más que un bien diseñado instrumento para esquilmar al pueblo. En otras palabras ni más ni menos que su “GANACIA”. (VAD podría entenderse como iniciales de “Vamos A Despojarolos”)

La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas le esquilman al pueblo US$ 400 millones, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año.

C.- En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que cobros realizados por las transnacionales, y autorizados por la CNEE eran ilegales y ordenó, de manera clara y concreta, tres cosas:

· la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;

· la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y;

· la suspensión inmediata de los cobros ilegales.

De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrándolo.

Hasta la fecha han cobrado, pues, quince años de facturas ilegales. Más de 200 meses de facturas ilegales.

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Prensa Libre, Miércoles 10 de Noviembre del 2004

CC ordena destituir a Comisión de Energía

Además, exige reintegrar diferencia en cobro a consumidores

Por: Sonia Pérez

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El presidente de la CNEE, Luis García Pinot, y otros dos directores deben ser sustituidos por orden del máximo tribunal constitucional.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y la devolución del cobro realizado por consumo de electricidad basado en la Tarifa Social (TS), reestructurada a partir del 1 de mayo pasado.

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En síntesis, estas empresas extranjeras, con tal de continuar robando sin límites, se toman la libertad de desatender mandatos judiciales emitidos por la propia Corte de Constitucionalidad, es decir, de colocarse en desacato y desafiar abiertamente el orden jurídico vigente.

Entre tanto, las autoridades de cinco Gobiernos consecutivos (Arzú, Portillo, Berger, Colom y Pérez Molina), testigos mudos de este multimillonario latrocinio, hacen lo de los monitos de la famosa caricatura: no ven, no escuchan y no hablan.

¿Qué le pasaría a cualquier ciudadano o grupo proveniente de los sectores populares si el Gobierno interpreta que actúa en desacato de la Ley? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los hechos recientes: les cae sobre sus hombros el peso de la represión, como aconteció Santa Cruz Barillas a inicios de año, en Malacatán el 25 de Diciembre del 2008 y, si fuera preciso, desde el Estado se les suspenden sus garantías constitucionales, como ha ocurrido en San Juan Sacatepéquez, en Izabal, en Coatepeque y en el propio Departamento de San Marcos, en donde la suspensión de garantías el Gobierno de Álvaro Colom la prolongó ocho veces consecutivas.

Pero a las empresas extranjeras y a sus socios locales no les pasa nada, absolutamente nada. Operan, roban, esquilman, estafan rodeadas de absoluta impunidad. Peor aún, lo hacen bajo la protección de las fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército, a las cuales las han colocado en calidad de cobradores armados de las cuentas de una empresa extranjera.

D.- En Febrero del 2008, el Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cobertura lo reducen de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores populares.

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Prensa Libre, 14 de Febrero del 2008

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Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de 762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores. Quienes cobraron y cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA, IBERDROLA y ACTIS o Energuate, que resultan así las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.

Esta reducción en el techo de la Tarifa Social al final se traduce en mayores penas para las familias consumidoras de energía eléctrica. Las obliga, sobre todo, a reducir sus gastos en alimentación con tal de que no les corten la luz. Con ello, esta política contribuye a la multiplicación de la desnutrición crónica entre los niños y niñas del país y, paralelamente, agudiza la crisis que afecta a los sectores populares.

F.- El colmo ocurre durante el mes de Enero del 2009, cuando estas empresas extranjeras tienen el descaro de acusar a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el TLC, bajo el argumento de que el Gobierno no las deja ganar lo que les da la gana.

Esta acusación puede obligar al Gobierno a pagarles una fuerte indemnización y, peor aún, a dejarlas subir el VAD hasta donde su ilimitada codicia les mandate.

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Prensa Libre, 22 de Enero del 2009

Económicas

EEGSA inicia proceso para arbitraje contra Guatemala  

   

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Segundo caso, luego de Ferrovías, que se anuncia bajo normas del TLC

Por leonel díaz , Rosa m. Bolaños y E. Godoy

Teco Energy Inc., una de las tres compañías accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), inició un proceso para alcanzar un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala, por el cambio en el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado en el 2008.

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Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA, tras que deben, cobran. Semejante desfachatez resulta realmente inaudita. Tratándose de empresas cuya sede reside en España, acuden al TLC con Estados Unidos para demandar al país. Y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese nefasto Tratado. Es decir, se las agencian para manipular incluso el ámbito jurídico internacional y acomodarlo a sus codicias. Actis, naturalmente, se acoge a un resultado que sus antecesores conquistaron.

G.- A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, etc.

No es la primera vez, ni la única, en que el pueblo ha denunciado esto o ha hecho sus reclamos, siempre en el marco de la ley. Desde hace años existen numerosas denuncias a las cuales las autoridades han dicho que resolverán pero no se ha concretado en nada. Promesa tras promesa, mesa de diálogo va y viene y el abuso sigue a toda velocidad.

Compartimos con Ustedes las cifras que ponen al desnudo el desastre nacional que han generado. Los números no mienten. Ahí están los datos oficiales, como fiel reflejo de una realidad que resulta alarmante y a todas luces inaceptable, sobre todo porque los costos sociales de la misma los pagan, sobre todo, los sectores populares. Los números indican, con claridad irrefutable, que estas empresas extranjeras se han convertido en lesivas para el país y que, por lo tanto, debe expulsárseles cuanto antes.

De conformidad con los datos oficiales aportados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, la situación concreta es la siguiente:

Reclamos presentados a las distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA (2009-2010)

Tipo de Reclamo

Iberdrola

Unión FENOSA

EEGSA

DEOCSA

DEORSA

Alumbrado público

2

-

-

Atraso en la conexión

18

34

59

Atraso en la reconexión

179

1,268

1,790

Bajo voltaje

5

865

1,039

Cambio de nombre o dirección en factura

7

-

-

Cobros altos

215

14,999

8,584

Corte sin razón

101

36

45

Deficiente atención de llamadas de emergencia – atraso

2

-

-

Fallas de contador

4

6,833

6,597

Inconformidad con tarifa

15

1,316

127

Interrupciones en el servicio

8,001

104,762

83,679

Mala atención en oficinas

50

138

115

No atienden llamadas de emergencia

1

-

-

No conexión del servicio

5

-

-

No recibe factura

89

19,073

9,575

Otros motivos

691

3,704

3,432

Reclamos por facturación

39

16,818

9,919

Señalamiento alterar instrumentos de medición

13

-

-

Señalamiento consumo fraudulento

37

-

-

TOTALES

9,474

169,846

124,961

La tabla anterior pone en claro que se trata de empresas con un alto nivel de ineficiencia, generadoras de hondo malestar entre la población del país y provocadoras, por ende, de preocupantes niveles de cólera social.

294,807 de esos reclamos son contra Unión FENOSA y 9,474 son contra Iberdrola. Aunque la cifra de reclamos es considerablemente mayor para el caso de DEORSA y DEOCSA, subsidiarias de Unión FENOSA, ello no significa que estemos ante un caso de la empresa mala y la empresa buena. Lo único es que a una de las dos, a partir de sus resultados, debe calificársele muy por debajo de pésima.

Se hace público el dato de que, en un año, 304.281 usuarios del país se han visto obligados, a partir de un mal servicio, a presentar reclamos formales contra estas distribuidoras. Esta cifra debemos analizarla, para dimensionar lo que, en la práctica, significa: Si entendemos que el año laboral tiene un poco menos de 260 días hábiles, estamos frente a la presentación de 1.170 reclamos al día. Es decir, 146 reclamos por hora, asumiendo una jornada de 8 horas laborales. Casi tres reclamos por minuto.

Cualquier empresa que reciba semejante alud de reclamos debe considerársele, cuando menos, como ineficiente. Tratándose de un servicio básico como lo es el de la electricidad, y tomando en consideración los efectos sociales perniciosos que ha generado esa ineficiencia manifiesta, la presencia de estas transnacionales debe entenderse, entonces, como claramente lesiva para el interés nacional.

Debe tomarse en cuenta, además, que por cada “usuario” que se toma la molestia de interponer un reclamo formal, existe una cantidad indeterminada, pero sin duda alguna superior, que simplemente, por diversas razones, se traga su cólera amarga y no procede a plantear queja alguna.

El propio Presidente Colom, cuando aún era Presidente, insistía en señalar, de manera pública pero equivocada, que el malestar generalizado alrededor del tema de la energía encuentra sus orígenes en el problema del cobro ilegal del alumbrado público, el cual deben pagarlo, quiéranlo o no, decenas de miles de usuarios que no lo reciben. Sin embargo, debe destacarse el hecho de que, en aquel momento, en lo referido al alumbrado público, eran solamente dos los reclamos tramitados. Apenas dos (2) de 304,281.

El Señor Presidente debió, entonces, y con carácter de urgencia, buscarse otra excusa para pretender justificar sus favoritismos hacia las transnacionales. Lo que la población reclama, de manera formal y por escrito, son otras cosas muy distintas. No es lo del alumbrado público lo que genera los reclamos, sino otros conceptos.

Alguien podría pensar que se trata de reclamos infundados por parte de los usuarios, planteados por el simple gusto de reclamar. Pero también sobre este particular los datos públicos aportados por la CNEE demuestran, sin lugar a equívocos, que en su proceder a la población la asiste la razón y que, por ende, su demanda de que primero Unión FENOSA y luego Actis sean expulsadas del suelo nacional tiene absoluto sustento. De 304,281 reclamos formulados desde la población, 261,355 han sido resueltos a favor de los usuarios. Es decir, ni más ni menos que un 85.8%. La propia CNEE reconoce así que la inmensa mayoría tenían la razón de su lado.

Si interpretáramos estas cifras en calidad de instrumento jurídico, estaríamos ante el hecho cierto de que, en un año, a 261,355 familias les fueron violados sus derechos por parte de las distribuidoras.

Los reclamos resueltos a favor de los usuarios que la CNEE califica como “Cobros altos”, “Reclamos por facturación”, “Fallas de contador”, “Inconformidad con tarifa” y otros rubros afines, (que sobrepasan los 64 mil reclamos), pueden sintetizarse, sin duda alguna, como descarados intentos de robo por parte de las transnacionales.

Pero hay millares de casos en los que la gente, tras recibir el recibo, se limita a pagar ese robo, por temor a represalias, por desconocimiento de sus derechos o por cualquier otra razón y, en esos casos, Unión FENOSA y Actis simplemente se quedan con el monto robado en sus manos. El traslado de acciones no supone la adopción de cambios que las perjudiquen.

En todo caso, cabe preguntarse por qué una empresa que, en el lapso de un año, ha sido 64 mil veces denunciada desde sus clientes por intentos de robo, no está acusada ante Tribunal alguno sino que, por el contrario, el Gobierno la respalda incluso con tropas que la defiendan.

64 mil intentos de robo significan 64 mil agresiones directas contra familias que hacen uso de la luz y que, hasta el momento, no se niegan a pagar el servicio, pero sí protestan y reclaman cuando descubren que pretenden robarles. Esto, tomando solamente la cifra de los reclamos presentados. Cuánto es el robo, en realidad, no es posible determinarlo porque mucho ocurre en silencio. La población tiene el derecho de llorar en silencio. Nadie puede obligar a ciudadano alguno a hacerse respetar cuando pretenden asaltarlo. Pero también tiene el derecho de ejercer resistencia ante semejantes procederes. Resistencia pacífica, por supuesto, que ya en miles de casos se expresa en la firme decisión de resistirse a seguir siendo robados por las empresas.

Las cifras que se expresan en la siguiente tabla también son claras:

Reclamos resueltos a favor de los usuarios del total de reclamos presentados contenidos en la tabla anterior

Tipo de Reclamo

Iberdrola

Unión FENOSA

EEGSA

DEOCSA

DEORSA

Alumbrado público

-

-

-

Atraso en la conexión

3

21

47

Atraso en la reconexión

51

915

1,616

Bajo voltaje

-

507

678

Cambio de nombre o dirección en factura

2

-

-

Cobros altos

83

9,344

6,552

Corte sin razón

22

13

8

Deficiente atención de llamadas de emergencia – atraso

-

-

-

Fallas de contador

2

3,458

3,514

Inconformidad con tarifa

4

2

16

Interrupciones en el servicio

7,996

98,496

78,576

Mala atención en oficinas

8

18

18

No atienden llamadas de emergencia

-

-

-

No conexión del servicio

2

-

-

No recibe factura

1

17,688

9,127

Otros motivos

229

2,247

2,114

Reclamos por facturación

36

10,400

7,533

Señalamiento alterar instrumentos de medición

-

-

-

Señalamiento consumo fraudulento

5

-

-

TOTALES

8,444

143,109

109,802

Recordemos que, de Enero a Mayo del 2009, la cantidad de reclamos interpuestos alcanzaba la cifra de 90,538. Ante ese alud, Unión FENOSA procedió al cierre de 11 de sus oficinas, que estaban instaladas precisamente en los lugares que mayor conflictividad le generaban. Sólo 7 oficinas quedaron funcionando. De esa forma, obligaron al usuario a pagar en la ventanilla de un banco, sin posibilidad de plantear, ante el cajero, reclamo alguno.

Sin embargo, a pesar de que así limitaron sobremanera la cantidad de reclamos que la población podía presentar, vemos cómo se llegó a los 304,281, cantidad sin duda alguna significativa. Y, en 261,355 de esos casos, el reclamante tenía la razón.

Las empresas españolas se reían en nuestras caras, mientras las autoridades que debieran defender nuestros derechos miraban hacia otro lado y algunas quizá hasta recibiendo sobornos. Pues hemos dicho basta ya, la paciencia tiene un límite; nuestra dignidad y nuestro bolsillo no aguanta más.

H.- Debe destacarse, también, la agresión constante, (vaya Usted a saber por parte de quién), en contra de los líderes comunitarios que encabezan esta lucha. Víctor Gálvez, Evelinda Ramírez, Octavio Roblero, Mario Caal, Carlos Leonel Maldonado, Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar, Santiago Gamboa, Carlos Hernández, entre otros nombres, figuran, con su sangre, en el listado de Héroes y Mártires del Pueblo. Ellos dieron su vida en la causa por la nacionalización de la energía. Pagaron un altísimo precio por ejercer un derecho del pueblo.

I.- Por si lo anterior fuera poco, el Gobierno anunció su política de incrementar la producción de energía eléctrica mediante la autorización para la construcción de cinco plantas generadoras privadas que operarán a partir de carbón mineral.

Ya dos de estas se están construyendo en Escuintla, con un costo, entre ambas, de US$ 800 millones, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminaremos pagándolos las familias consumidoras, mas la ganancia que las empresas extranjeras quieran sacarle.

Considérese, además, que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto, supeditar la generación energética a la disponibilidad de este producto implica subordinar al país al precio internacional del carbón. Si éste sube, sube el recibo de cada familia en el país.

Autorizar desde el Gobierno la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente, la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más reducida. La desaparición del INDE significaría el total desprendimiento del Estado del tema energético.

Pero lo peor de producir electricidad a partir de la quema del carbón reside en el hecho de que este proceso es altamente contaminante. Los deshechos inyectan a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensan en las nubes y bajan sobre las personas y sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Eso implica envenenar los suelos de cultivo y el aire que respiramos.

A lo largo del invierno del 2010, el país fue golpeado, una vez más, por una intensa temporada lluviosa, generadora de una serie de desastres que muchas personas y medios, de manera irresponsable y equivocada, califican como “naturales”. Hay que ser claros: No se trata simplemente de que “la naturaleza nos castigó”, de que “el invierno ha sido más fuerte de lo esperado”, ni nada por el estilo.

Todas las pérdidas ocurridas son dolorosas. En ese período más de 44 personas perdieron su vida, 16 han desaparecido y miles resultaron perdiendo sus medios materiales de sobrevivencia.

Pero estas pérdidas no ocurren debido a las copiosas lluvias. Las lluvias son el efecto, no la causa. El aumento constante en el rigor de los inviernos tiene, como causa principal, la avaricia de algunos grupos, minoritarios pero poderosos, a quienes lo único que les importa es la multiplicación de sus riquezas, sin consideración alguna respecto al daño que le causan al Planeta en el que todos y todas vivimos. Estamos padeciendo las consecuencias de un enfrentamiento entre “ganancias versus medio ambiente”, cuyos costos y efectos los terminan pagando, sobre todo, quienes forman parte de los sectores populares, debido a la mayor vulnerabilidad en la que viven.

Los guatemaltecos y guatemaltecas debemos, con urgencia, tomar conciencia de que lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años no es, de ninguna manera, un fenómeno natural.

Es el producto de la acción y la irresponsabilidad humana sobre la naturaleza. Es el fruto anunciado que se recoge después de una larga siembra de destrucción, de contaminación y de despojos, realizados todos a partir de la codicia desmedida de unos cuantos. Es la cosecha inevitable que se produce después de décadas de atentar, de manera directa y continua, contra el entorno que nos rodea.

Estamos, pues, recogiendo lo que, como humanidad, hemos sembrado.

Quizás no somos todos los seres humanos quienes incidimos de manera directa en la generación de estos cambios, pero muchos, aunque no seamos grandes industriales depredadores ni dueños de empresas contaminantes, somos también co-responsables por cuanto nuestro silencio nos hace cómplices.

La indiferencia manifiesta de las grandes mayorías ante el cambio climático las hace cómplices de los desastres anti-naturales que hemos venido cosechando. La apatía y el desinterés evidente ante el calentamiento global convierte a casi todos y todas en responsables de lo que ha venido ocurriendo. “¿Que el clima está cambiando? A mí qué me importa. Además, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Nada”, ha sido la actitud predominante entre la mayoría de la población y, a partir de ello, no sólo nos desatendemos del tema, sino que continuamos contribuyendo a la generación de nuevos desastres. Lo más preocupante es que sea el mismo Estado el que asuma esta actitud de no importarle este desastre al seguir tolerando en nuestro territorio a estas empresas y sus prácticas.

Si en Japón o en Estados Unidos los grandes industriales contaminan la atmósfera, las dolorosas consecuencias terminan pagándolas los vecinos de Puerto San José o de Nueva Concepción cuando se inunda el pedacito del planeta en el que viven.

Si en Europa o en China insisten en seguir adelante en su política de destrucción del medio ambiente, los costos terminan pagándolo los pasajeros de un bus que queda sepultado bajo un alud en cualquier carretera de Guatemala.

La agresión contra el Planeta nos conecta a todos y a todas. El daño que le hacemos a la atmósfera, entre otros daños afines, terminamos pagándolo todos y todas. Peor aún si es desde Guatemala que nace parte de esa agresión y nada hacemos para evitarlo.

Ese es, exactamente, el caso. En Guatemala se están construyendo y están prontas a entrar en operación varias plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan carbón mineral para su funcionamiento. Es decir, plantas altamente contaminantes del entorno, generadoras de millones de toneladas de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, profundamente lesivas con respecto al calentamiento global. ¡Estamos, pues, sembrando desde aquí las semillas de nuestra propia destrucción! Ello con el agravante de que, ni como pueblo ni como Nación, hacemos algo al respecto.

El pasado 7 de Junio del 2010, Prensa Libre publicó los resultados de una investigación sobre el tema de las plantas carboneras en Guatemala. Entre los datos publicados destacan los siguientes, que resultan una clara confesión:

“De acuerdo con datos del informe de impacto medioambiental presentado por Jaguar Energy al Ministerio de Ambiente, la nueva carbonera emitirá cerca de dos millones de toneladas de CO2 al año. La central carboeléctrica La Libertad emite 33 mil 313 toneladas, y San José, un millón 193 mil.

Tan solo estas emisiones suman más de tres millones de toneladas de CO2 y duplicarían las actuales en la producción energética ofrecidas por el MARN —dos millones 758 mil toneladas—.

“En cuanto a los gases de efecto invernadero, la producción de energía mediante carbón es la que más gases produce por unidad de masa”, afirmó Edwin Castellanos, director del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle. “El carbón tiene mucho azufre, que puede producir lluvia ácida e incluso problemas de hollín”, expuso”

Está claro, pues, cuál es el rumbo emprendido por Guatemala. El Estado optó por permitir que las empresas extranjeras, encabezadas por Unión FENOSA, ahora Actis (que es la transnacional que otorga las licitaciones respectivas), utilicen el suelo nacional para acumular sus ganancias y dañar el medio ambiente.

El propio Presidente, Álvaro Colom, (cuando aún estaba en el ejercicio de su cargo), colocó la primera piedra de estas nefastas construcciones. ¿Cuántos nuevos deslaves, nuevas inundaciones, nuevas muertes se estarán generando con esas plantas carboneras?

En vista de todo lo anterior, demandamos de las autoridades del Estado lo siguiente:

1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe y para cuyo cumplimiento fue creado.

2.- La declaratoria de que todas las empresas extranjeras vinculadas a este tema resultan lesivas para el interés nacional y, por lo tanto, se les debe expulsar del país, por cuanto:

· Estafaron al pueblo al momento de la compra de los activos del INDE.

· Han incumplido con lo que la Ley les mandata, incluidos los fallos de la propia Corte de Constitucionalidad.

· Han robado al pueblo de manera continua durante 15 años.

· Han abusado de las facultades que les confiere la Ley.

· Han acusado penalmente al país que les abrió las puertas y que los recibió en su suelo.

· Han iniciado la construcción de plantas carboneras, que las pagaremos entre todos y todas, con las cuales envenenan el aire, el agua y la tierra.

3.- Que antes de irse del país estas empresas paguen a Guatemala los montos que se han robado a lo largo de 15 años de latrocinio indiscriminado.

4.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución de este servicio público, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la verdadera participación ciudadana.

5.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado el espíritu de cada una de estas demandas anteriores.

6.- El pronto y debido esclarecimiento de los casos de violencia en contra de los dirigentes populares.

Por otra parte, la nacionalización de la energía debe concebirse y aplicarse de manera tal que, como país, no sustituyamos un ladrón extranjero por otro nacional.

De ser así, poco se avanzaría en términos del respeto a los derechos del pueblo. Es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde la obligación de suministrar a la población servicios eléctricos suficientes, de calidad y de bajo costo. Y estas tareas, además, deben realizarse sometidas a control social.

En la Ley General de Electricidad que se proponga, por lo tanto, deben concebirse y plasmarse mecanismos ágiles y permanentes que le permitan a la población y a sus legítimas organizaciones el ejercicio pleno tanto de la incidencia política como de la auditoría social.

Hoy el pueblo está en lucha por expulsar del país a los émulos de Pedro de Alvarado quienes, al igual que hace 500 años, vienen a Guatemala con el único propósito de robarnos nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio. Y, en esa lucha, venceremos.

Debemos sacar del país a esa gavilla de desalmados que, durante más de una década, no han hecho otra cosa más que violar las leyes para saquear impunemente los bolsillos del pueblo.

Debemos darle a Guatemala lo que todo guatemalteco se merece: Energía a un precio justo.

Ya es hora de que cese este vejamen.

¡Fuera Energuate!

¡Por la nacionalización de la energía!

¡La Lucha Sigue!

viernes, 19 de abril de 2013

¡Qué vergüenza!

Una vez más, Guatemala nos tiñe de vergüenza. Ahora fue el desarrollo del juicio contra Ríos Montt y el Jefe de Inteligencia Militar de su gobierno. Dos claras cabezas que dirigieron las prácticas de genocidio acometidas por el Ejército durante el conflicto armado, quienes enfrentaban la justicia, acusados de serios cargos de los que, a todas luces, resultaban culpables.

Pero una Juez, sencilla y simplemente, decidió dejarlo en suspenso. Así como suena. No le importó el rango internacional que tomaba la medida; no le importó el impacto que el juicio causaba en los medios nacionales; no le importó nada, en absoluto. Ella decidió que estaba en su poder suspenderlo, y retroceder el proceso dos años atrás, con una burda maniobra a través de la cual se extralimita en sus funciones e intenta beneficiar a los acusados.

Esa medida, por lo demás ilegal, no cabe entre los avatares del juicio. Se trata de un hecho absolutamente irresponsable, acometido por una Juez que cuenta ya a su favor con una serie de fallos igualmente ilícitos. No hay duda.

Los militares, colocados así ante un fallo que aparentaba beneficiarlos, procedieron cautelosamente. Pero, con juicio o sin él, son culpables. Cometieron genocidio, y no sólo en contra de mil setecientos y pico de casos, sino que cabe abrirles muchos más. Que, en el colmo del descaro, permanezcan ahí, negando el genocidio, es muestra de que carecen de la estatura moral para enfrentar los cargos.

Triste es la comparación, pero la historia da cuenta de algunos acusados de genocidio en Nuremberg que mostraron más vergüenza a la hora de tener que enfrentar la justicia por sus crímenes cometidos. Estos, los de Guatemala, en lugar de asumir su situación en el juicio como un hecho consecuente con sus actos, se colocan en posición de víctimas, lloriquean cobardemente alegando que se violan sus derechos humanos, acusan de manera estúpida a las ONGs que acompañan a las víctimas de ser las causantes de todo. Como si las osamentas de los masacrados se hubiesen encontrado en las oficinas de las organizaciones y no en los destacamentos militares. Tal como decía Goebbels: repite una mentira tantas veces para que se convierta en verdad. Valiente ejemplo el que eligen seguir.

Ya es hora que actúen como los hombres que dicen que son y no como ombres, que no mostraron respeto a los derechos humanos de niños, mujeres, ancianos y población indefensa, que murió en medio del grito silenciado de su horror y dolor. Ellas, las víctimas, no tuvieron juicio, ni abogados. Ellas, las víctimas no tuvieron jueces vendidas. ¡Valientes soldados, kaibiles, oficiales y Generales!

Lo más riesgoso, de prevalecer la impunidad, es la reacción que pueda haber desde la población que se sienta traicionada.

Quien siembra vientos cosecha tempestades.

¡Basta ya de intentar manipular la justicia y la verdad!

¡No a la cobardía de los que a todas luces son culpables!

La Lucha Sigue

sábado, 6 de abril de 2013

Un día de acciones y de Lucha

Guatemala, 5 de Abril del 2013

Un día de acciones y logros

El Frente Nacional de Lucha y sus organizaciones salieron ayer a marchar, en demanda de tres consignas básicas: (1) El cese de la impunidad, (2) una pronta respuesta al despido de tantos trabajadores de salud así como los insumos para la atención de la salud de la población y, (3) naturalmente, la nacionalización de la energía. Sumado a esto, salieron otras demandas de la población que encontraron abrigo en las acciones del FNL.

Los puntos en donde hubo presencia del FNL, entre otros, fueron: La Virgen, San Marcos (más de 1500 personas), Las Victorias (2000 personas), Colomba, Nahualate (1000), en donde hubo enfrentamiento con el antimotines, El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, Cabecera de Zacapa, La Arenera, Asunción Mita Jutiapa, Sololá, San Pedro Necta, Huehetenango, El Boquerón (2000 personas), Alta Verapaz y en la Ciudad Capital en donde hubo una marcha.

Tal como lo anunciamos, pareciera que si no se opta por este tipo de medidas, el Gobierno no escucha.

El Estado se apresuró en dar una orden a sus funcionarios para hacer lo necesario para poner fin a la situación, y convocó a la Comisión Política del Frente a una reunión a las tres de la tarde, en la que estarían todos ellos. Obviamente, acudimos y comunicamos a nuestras bases el inicio del diálogo con lo que alrededor de las 12 del día se retiraron los compañeros y compañeras de los distintos puntos.

Aunque es un reinicio de temas anteriores, los acuerdos más relevantes son los siguientes:

- En cuanto a la investigación de los asesinatos, violencia y persecución de dirigentes, la instalación de una Comisión FNL-Gobierno para asegurar la agilización de las investigaciones y dar respuestas este mes.

- En cuanto al tema de la energía eléctrica, se abre una serie de encuentros en los que conocerán a fondo, cuáles son las políticas encaminadas de parte del Gobierno y las propuestas y demandas, del Gobierno y el FNL, respectivamente.

- Ante la situación del IGSS se planteó la creación de una comisión para asegurar la transparencia y legalidad de las acciones y el actuar de la institución así como para que cumpla sus funciones debidamente.

- En relación con salud y la ola de despidos, hay un convenio suscrito y que no se ha terminado de cumplir por parte del Gobierno, que viene desde octubre del año pasado. Esta situación se verá en la mesa de diálogo y hay compromiso de detener la ola de despidos en el sistema de salud y corregir la situación de los compañeros y compañeras afectadas. Se seguirá con la demanda del proceso de traslado a renglón permanente de los contratos temporales. Otro compromiso es la dotación de insumos para la atención de la población.

Estos son pues, los principales resultados. De cualquier manera, estamos vigilantes a través de las comisiones instaladas pero también a través de los ojos y oídos de todos los miembros de las organizaciones y comunidades, en relación con el actuar de las autoridades y los incumplimientos.

¡Un Pueblo Unido, Jamás Será Vencido!

La Lucha Sigue

Abajo, la Nota de Prensa Libre

clip_image00105/04/13 - 00:00 Departamental

Salubristas exigen sueldos e insumos

Integrantes del Frente Nacional de Lucha (FNL) y salubristas bloquearon ayer seis tramos carreteros del país, suspendieron servicios en las consultas externas de los hospitales nacionales y efectuaron caminatas para exigir al Gobierno el pago de sueldos atrasados, insumos para hospitales y el cese de la persecución de sus líderes, entre otras demandas.

Salubristas e integrantes del FNL se enfrentan a agentes de la Policía, en el bloqueo del kilómetro 36.5 de la ruta al Pacífico, aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepéquez.

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Manifestantes permanecen en el km 142 de la ruta al Atlántico.

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inconformes tapan el paso vehicular en el km 213 de la ruta al Pacífico, en Colomba.

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Salubristas participan en marcha.

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La consulta externa del Hospital Nacional de Huehuetenango luce vacía, por el paro laboral.

POR CORRESPONSALES Departamental

En horas de la mañana, los salubristas e integrantes del FNL bloquearon el paso vehicular en los kilómetros 136.5 de la ruta al Pacífico, aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepéquez; en el km 213, Colomba, Quetzaltenango; y en el 247, Cruce de la Virgen, Pajapita, San Marcos.

También en el km 84 de la ruta al Atlántico, aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y en el km 142 en la cabecera de Zacapa.

Además, en el kilómetro 131.5, aldea La Arenera, Asunción Mita, Jutiapa; y en el 320 de la ruta Interamericana, aldea El Boquerón, San Pedro Necta, Huehuetenango.

Largas filas de vehículos se formaron en estas rutas y muchas personas se vieron obligados a caminar o trasbordar para llegar a su destino.

Los salubristas también suspendieron la atención en las consultas externas de los hospitales nacionales de Cobán, Alta Verapaz; San Pedro Necta y la cabecera de Huehuetenango, lo que causó que centenares de pacientes se quedaran sin atención médica.

Demandas

Silman Palacios, uno de los manifestantes en Huehuetenango, dijo que exigen el cumplimiento del pago de sueldos atrasados desde enero a salubristas que laboran por contrato. Además, solicitan insumos médicos para los distintos servicios de salud y que se cumpla el pacto colectivo de condiciones de trabajo, firmado por el Gobierno y ese sector.

Mario Aguilar, del FNL, señaló que están inconformes con el servicio que presta Energuate y que exigen la nacionalización de la energía eléctrica, ya que en manos privadas las tarifas se salen de control.

También piden que cese la persecución de líderes sindicales y que se investiguen los crímenes contra sindicalistas.

Carlos Cabrera, dirigente del FNL, también refirió que están en contra de la exploración y explotación minera.

Desalojo

En la aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepéquez, un contingente de la Policía Nacional Civil se enfrentó al grupo de salubristas que bloqueaba la ruta al Pacífico, y luego de unos minutos lograron despejar la vía.

Cerca del mediodía, los líderes de las protestas acordaron conformar una mesa de diálogo con el Gobierno, en la que se plantearán las demandas de los manifestantes, por lo que fueron levantados los bloqueos.