Le toman el pelo al magisterio

Guatemala, 29 de Octubre del 2008

La sangre de dos maestras abona el terreno de las luchas magisteriales

Dos maestras de PRONADE, María del Carmen y Lizandra Tesucum, murieron en la madrugada de hoy y 45 más resultaron heridas en un accidente de tránsito que se originó en el kilómetro 375, aldea Canchacán, jurisdicción de Poptún, Petén.

Las dos compañeras fallecidas, así como las 45 que resultaron heridas, regresaban a Petén desde la Ciudad Capital, adonde habían acudido a expresar su protesta por el incumplimiento del Gobierno a una de las tantas promesas que ya han incumplido.

Al igual que lo hicieran previamente los Gobiernos de Portillo y de Berger, ahora el de Colom también opta simple y sencillamente por engañar a los maestros y maestras por contrato. En esta ocasión, las autoridades del Gobierno proceden todavía con mayor cinismo, porque el trasladar a los maestros por contrato desde el renglón 0-21 hasta el 0-11 del presupuesto no sólo fue una de sus promesas de campaña, (hecha con el único propósito de atraer votantes ingenuos a sus filas, es decir, de engañar a la gente para obtener su voto), sino que es uno de los tantos compromisos incumplidos que adoptaron las nuevas autoridades durante los primeros días de ejercicio del poder.

El tema de los trabajadores por contrato, adoptado como eje central de la política laboral, es relativamente reciente en la historia de las relaciones laborales entre el Estado y quienes sirven en el sector público. Para el caso del magisterio, su historia se remonta a hace apenas una década. Fue el Gobierno de Álvaro Arzú quien dio vida a esta nefasta figura laboral y luego, uno tras otro, los gobiernos consecutivos han venido fortaleciéndola y multiplicándola:




Alfonso Portillo, de manera irresponsable, justo un día antes de entregar la banda presidencial a su sucesor e irse de fuga para México, emitió un Acuerdo Gubernativo en el cual creaba 13 mil plazas presupuestadas para los maestros y maestras por contrato que heredaba su Gobierno. Esa medida no pasó de ser más que una irrespetuosa tomadura de pelo, porque no existía ninguna línea presupuestaria que así lo permitiera y, por lo tanto, el Acuerdo no era más que humo de pajas, una muestra más del populismo engañoso al que Portillo acudía con tanta frecuencia.

Luego Berger, de la mano con la Ministra Aceña, (de ingrato recuerdo), les volvieron a dar atol con el dedo a maestros y maestras, al crear una mesa de alto nivel, integrada por autoridades ministeriales y delegados de los maestros por contrato, mientras que, paralela y silenciosamente, presentaban ante la Corte de Constitucionalidad un recurso contra el Acuerdo Gubernativo que creaba las plazas. Una vez que la CC falló en contra del Acuerdo, pues la Ministra procedió a disolver esa mesa, bajo el argumento de que no podían discutir alrededor de un Acuerdo que fue declarado ilegal.

Y ahora Colom, dueño de un discurso populista quizás incluso peor, más falso que el de Portillo, les repite la amarga dosis de engaños, les toma el pelo y les incumple todo lo que les había prometido durante la campaña electoral. Incluso, los 300 millones de quetzales a los que podían acudir para presupuestar a maestros y maestras, primero los trasladaron oficialmente al rubro de reparaciones y, luego, 150 millones simplemente los pasaron a la CONRED, dejando así al magisterio por contrato una vez más con un palmo de narices.

Cabe, entonces, preguntarse: ¿Hasta cuándo los sectores de poder les quiere seguir pidiendo a los maestros y maestras por contrato que pongan mansa y resignadamente la otra mejilla? ¿Cuánta sangre de maestros y maestras debe teñir los suelos de Guatemala para que las autoridades hagan lo correcto?

Es importante encontrar una explicación al hecho de que a lo largo de cuatro gobiernos consecutivos el Ministerio de Educación haya adoptado una política laboral idéntica. La respuesta es sencilla: quienes tienen el poder real así lo han impuesto y las autoridades responden obedientes ante su voluntad. Las políticas educativas, en este y en otros terrenos, siguen fielmente las directrices que emanan desde “Empresarios por la Educación”, grupo nacido desde el CACIF y que representa sus intereses y su concepción del mundo. El poder real, no el poder formal, es el que hay que develar como autor de este continuismo en el desarrollo de su modelo neoliberal.

Se suman a este escenario los millonarios programas de la USAID, desde donde provienen las principales directrices para las políticas tanto de privatización como de imposición de un sistema, contenidos y esquema educativo, que resultan totalmente contrarios a la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz y que fue validada en dos amplios y legítimos procesos nacionales de consulta.

Como puede apreciarse en la tabla que se presentó en la página anterior, en diez años, que son apenas un pestañeo en términos históricos, las políticas oficiales han llegado a generar una cifra de maestros y maestras por contrato que llega ya casi a la mitad del total de docentes que laboran en el país. En el momento actual, de esos 32 mil maestros desprotegidos laboralmente, cerca de 17 mil trabajan bajo el esquema de los PRONADE y los 15 mil restantes bajo otras formas de contratación igualmente inciertas, como contratados por Municipalidades, por Patronatos, por Juntas Escolares o por otras figuras patronales.

Esa situación no es otra cosa más que el resultado de una voluntad política concreta por parte de los sectores que detentan el poder en Guatemala: restarle fuerza al gremio magisterial. Es decir, limpiar la cancha para que, durante la aplicación de sus planes y programas educativos (que responden plenamente al modelo neoliberal), no corran el riesgo de que el magisterio se les interponga en el camino.

Temen que, si los maestros y maestras del país se llegan a dar cuenta de lo que está ocurriendo en materia educativa, su conciencia podría llevarlos a constituirse en una fuerza opositora a semejantes modelos, por cuanto los convierte en cómplices. De manera tal que parten de la premisa de que, si hay más maestros por contrato, serán una fuerza más controlable porque tienen que cuidar su puesto de trabajo. Un trabajador o trabajadora por contrato se ve en la obligación de pensarlo dos veces antes de protestar por las injusticias que se cometen en su contra y en perjuicio de su familia, porque siempre se corre el albur de que no le renueven el contrato. Es decir, el despido pesa sobre ellos como una espada de Damocles.

Claro que este fenómeno de debilitamiento de una fuerza laboral dentro del Estado no se da solamente en el ámbito del magisterio. Ni ha sido la figura del trabajador por contrato la única a la que han acudido:

• Un fenómeno similar se produce, por ejemplo, en el campo de la seguridad pública: Hoy, las fuerzas contratadas por las empresas privadas de seguridad suman 115 mil efectivos, mientras que en la PNC apenas se llega a los 22 mil. Hace 10 años las cifras eran las inversas.

• Hace 10 años, en Caminos laboraban 45 mil trabajadores, y hoy si acaso llegan a ser 4 mil 500, mientras que COVIAL y otras empresas privadas han absorbido a los que el Estado va dejando en la calle, pero los contratan sin garantías laborales ni sociales de ningún tipo.

• En Salud, hace 20 años la cantidad de trabajadores y trabajadoras salubristas presupuestados era prácticamente la misma que hoy existe, de manera que, para atender la demanda, el crecimiento en las plazas ha sido bajo la figura de trabajadores por contrato o por la vía de tercerizar los servicios. (Contratar a empresas privadas como prestadoras de servicios). Es decir, en 20 años prácticamente no se han creado plazas presupuestadas.

• En campos como la energía eléctrica, la telefonía, correos, telégrafos, vivienda, políticas y programas de desarrollo rural y otros, la presencia del Estado se ha ido reduciendo aceleradamente, cediéndole su espacio a las empresas privadas y, con ello, debilitando la fuerza laboral del sector público y condenando a una cantidad cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras a vivir condiciones laborales precarias.

Estos casos se bastan para demostrar que una parte sustantiva del modelo neoliberal se basa en el debilitamiento de los diferentes gremios de trabajadores y trabajadoras del sector público. Al final, esto conduce a que decenas de miles de trabajadores pierdan la posibilidad de ejercer los derechos que la legislatura laboral vigente les confiere. Los va dejando, progresiva y aceleradamente, en el más absoluto desamparo.

La figura del trabajador por contrato atenta, además, contra el sistema de pensiones y jubilaciones, por cuanto reduce el aporte de quienes deberían cotizar para que el sistema se mantenga. De modo que, cada vez que se acude a esta figura laboral para llenar una plaza, se afecta un derecho esencial de quienes si están presupuestados. Así, el régimen de pensiones simplemente llegará a colapsar, con lo cual se afectan los derechos y el futuro de miles y miles de familias a lo largo y ancho del país.

Desde el FNL nos oponemos firmemente a esta situación y demandamos la inmediata contratación, bajo el renglón 0-11, de todas aquellas personas que han sido víctimas de estas figuras ilegales de relaciones laborales. A todas estas personas el actual presidente les prometió, por escrito, que les iba a cumplir. Ya es hora de que honre alguna vez su propia palabra.

No es aceptable que el luto de las familias de las maestras fallecidas o las angustias de las familias de los docentes heridos deba sumarse al costo de la lucha que el magisterio por contrato ha emprendido.

Llamamos a la población a respaldar las luchas que han emprendido los maestros por contrato, por cuanto son luchas a favor de la educación de sus hijos.

Los consecutivos gobiernos de derecha ya han hecho demasiado daño y es hora de detenerlos en su claro propósito de destruir los servicios públicos, incluido el sistema educativo.

No es aceptable que se le siga engañando a la gente como hasta el momento han venido haciéndolo.

¡LA LUCHA SIGUE!

Por fin un par de aciertos

Guatemala, 13 de Septiembre del 2008

En Educación, un par de aciertos
Falta mucho camino por recorrer, claro está, pero por esa senda irían bien

En fechas recientes, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Educación, ha adoptado un par de medidas las cuales, desde el análisis del Frente Nacional de Lucha, deben calificarse como acertadas.

La primera fue la reversión del Acuerdo Ministerial 004-2007, que desorganizaba y, en la práctica, condenaba a muerte a las Escuelas Normales, impuesto en Enero del 2007 por la anterior Ministra, Ingeniera María del Carmen Aceña, a quien debe calificársele, para las páginas de la historia, como quizás una de las peores funcionarias públicas que ha tenido el país en materia educativa, casi al nivel del tristemente conocido Coronel Putzeys, quien también fuera Ministro de Eduación.

La segunda medida reciente consistió en garantizar la aplicación de lo que establece la legislación vigente, empezándose por la propia Constitución de la República, mediante declaraciones de la Ministra y del propio Presidente, en las que ambos sostienen que, en educación pública, todo cobro es ilegal.

Estas dos disposiciones gubernamentales destacan, precisamente porque son como luces en medio de tanta oscuridad. Tras casi un año de continuos desaciertos e irresponsables improvisaciones, de políticas erráticas y erradas en prácticamente todos los campos propios de la vida nacional, siempre a favor de los poderosos y en perjuicio de los sectores populares, ya iba siendo hora de que las nuevas autoridades le atinaran en algo.

Las Escuelas Normales retornan, pues, a su sistema de tres años. Ojalá que el daño infringido a la formación de docentes a lo largo del 2007 y del 2008, período durante el cual estuvo vigente la voluntad política de cerrar estas escuelas, no sea irreversible. Porque dos años de implementación de un plan suicida deja huellas, todas ellas negativas. Bajó el promedio de matrícula; se desorganizó el pensum de estudios; se cerraron jornadas vespertinas y matutinas; se perdieron para la educación miles de vocaciones; se generaron dudas e incertidumbres entre estudiantes, padres de familia y docentes de las Normales, en fin, fueron dos años de sensible retroceso.

Hay que recordar, sin la menor duda, que los argumentos que hoy condujeron al actual Gobierno hasta la reversión de la medida adoptada a inicios del 2007, uno tras otro, son exactamente los mismos que esgrimió la organización estudiantil de secundaria, ONEG, en la dura lucha que, con toda gallardía, dieron durante el segundo semestre del 2006. El tiempo, pues, viene a colocar las cosas en su justa dimensión. Como país habrá que reconocer que a los patojos del 2006 los acompañaba, entonces, la razón. Esa lucha, iniciada más de dos años atrás por jóvenes conscientes y comprometidos con el futuro del país, por fin se ha terminado de resolver y a su favor, o, si queremos ser más precisos, a favor de los derechos e intereses del pueblo. El tiempo, de manera absoluta e irrefutable, les dio la razón. Le corresponde ahora al Gobierno reconocerlo.


En el marco de esa misma y acertada disposición debe destacarse el papel jugado por el Viceministro Carlos Aldana, quien supo escuchar a los y las estudiantes, a los y las docentes y a padres y madres de familia de la Comunidad Normalista y tomar en cuenta sus criterios. Sin duda, su actitud le acarreará las fobias y animadversiones de grupos poderosos e influyentes como “Empresarios por la Educación” cuya posición, totalmente a la derecha, es decir, antipopular, era y sigue siendo plenamente compatible con la de la Ministra Aceña. Su modelo neoliberal y privatizante sufre un duro golpe con la reversión del Acuerdo Gubernativo 004-2007.

La segunda medida, consistente en asegurar la eliminación de toda forma de cobro en la educación pública, en realidad no significa otra cosa más que la de aplicar lo que establecen las Leyes vigentes en materia educativa. La lucha que varias organizaciones nacionales, incluido el FNL, hemos dado por lograr esa meta ha sido larga y, ahora, fructífera.

Al Estado le corresponde ser garante del cumplimiento cabal de las leyes. En el campo educativo, la gratuidad en la educación pública se establece como un derecho, cuando menos desde 1985, fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución Política de la República.

A partir de ese entonces, cada cobro, incluso los que se han disfrazado de contribuciones voluntarias, ha sido ilegal, violatorio de la Ley. 25 años de cobros ilegales son muchos años y representan una multimillonaria cantidad que es birlada desde los bolsillos del pueblo. Desde el nacimiento del FNL, en Abril del 2005, hemos venido denunciando estos abusos:

Volante que circuló en el 2005

Ahora, el mismo Gobierno tiene la obligación de informar debida y suficientemente a la población para que nadie se vea sorprendido por esos cobros ilegales.

Está obligado, además, a crear mecanismos de control mediante los cuales se garantice el ejercicio del derecho a educación pública gratuita, lo que debe incluir vías ágiles para interponer denuncias y para sancionar a quienes violenten, de una u otra manera, este derecho. En apego a lo que mandata la ley, se deben establecer mecanismos de resolución temprana de conflictos que puedan surgir desde los intereses de grupos o instancias que administraban los fondos cobrados a los padres para evitar un retroceso.

Debe saberse, de manera clara, que la gratuidad de la educación no es, en absoluto, una generosa política adoptada por el actual Gobierno. No se trata entonces, tampoco, que ahora las autoridades educativas o cualquier partido político se vistan con sombrero ajeno. Simplemente se hará cumplir la ley, lo cual es obligación ineludible del Estado.

Es de esperarse una ofensiva fuerte proveniente desde “Empresarios por la Educación” y otros grupos afines, que en sus documentos propositivos, con una dosis de inaudito cinismo, plantean lo siguiente:

“Optimizar el financiamiento de la Educación
Se recomienda impulsar el aumento de la inversión nacional en la educación, incentivando a los padres a invertir en la de sus hijos…”
Página 21, segundo párrafo, documento “Una propuesta para Impulsar la Educación”, hecho público en Octubre del 2003 por Empresarios por la Educación, con el respaldo del CIEN, de la PREAL y de la USAID.

Es decir, estos grupos plantean que, en cuanto se refiere a educación, los padres deben gastar más, invertir más, en síntesis, que deben pagar. De esa manera, se ahorran costos al Estado y los asumen, en su defecto, las familias.

Es obvio que estas dos medidas a las que nos referimos, aunque acertadas, no implican, en absoluto, que desde el Ministerio se haya retomado la letra y el espíritu de la Reforma Educativa que nace desde los Acuerdos de Paz y que se nutre y responde a los dos procesos de diálogo y construcción de consensos que se realizaron a nivel nacional a inicios de la presente década.

Son apenas una señal positiva. Con el propósito de aportar al proceso que debe emprenderse, agregamos las 12 principales políticas educativas que, desde las organizaciones que conforman el FNL, fueron consensuadas como prioritarias a fines del 2007, e invitamos a las autoridades educativas a tomarlas en cuenta en la definición de las políticas públicas a emprenderse en este campo:

LAS 12 PRINCIPALES POLÍTICAS EDUCATIVAS

1.- Rescatar e impulsar la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz.
a.- Transformación curricular a efectos de contar con un currículo pertinente en lo cultural, en lo político, en lo social y en lo económico.
b.- Formación de los y las docentes en servicio activo a efectos de que apliquen de manera adecuada todos los componentes de la Reforma Educativa.
c.- Reforma consensuada al pensum de las Escuelas Normales, con miras a formar docentes facultados para responder a los requerimientos educativos de Guatemala como país multicultural, pluricultural y multilingüe y del Siglo XXI.
d.- Descentralización educativa funcional y presupuestaria, fortaleciéndose el ejercicio local en el ámbito educativo.

2.- Detener la Contrarreforma Educativa de corte neoliberal que impulsa el Ministerio con el respaldo del BID y del BM.
a.- Revertir los procesos privatizadores que se han emprendido.
b.- Detener el progresivo traslado de funciones y obligaciones que corresponden al Ministerio, sobre hombros de padres y madres de familia.
c.- Incorporar contenidos humanistas y en función de la responsabilidad social, indispensables que establezcan balance con respecto a la actual visión predominante, orientada solamente hacia la productividad y la competitividad.
d.- Promover la adopción de valores, actitudes y prácticas que contrarresten la individualización que hoy se promueve desde el aula y desde la sociedad en su conjunto.

3.- Garantizar la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles.
a.- Detener la política de cobros ilegales a padres y madres de familia, disfrazados ahora bajo la figura de “contribuciones voluntarias”.
b.- Asegurar que no se cobre a padres y madres de familia por fotocopias para exámenes, textos de estudio ni otras formas de cobro que caen en la ilegalidad.
c.- Controlar y regular los cobros diversos que se realizan en los centros privados de educación.

4.- Incrementar el presupuesto de Educación hasta un 6% del PIB.
a.- Asegurar transparencia y pleno acceso a la auditoría social en la ejecución presupuestaria de los fondos destinados a educación.
b.- Garantizar la completa, eficaz y eficiente ejecución de los fondos asignados, tanto desde el Presupuesto de Ingresos y Egresos como desde cualquier otra fuente de financiamiento a la que se tenga acceso. No es aceptable que el Ministerio “ahorre” recursos que luego se trasladen a un fondo común y se destinen a cubrir cualquier otro gasto.
c.- Asegurar la no transferencia de fondos destinados a educación a ninguna otra cartera ministerial ni a ninguna otra instancia del Estado o no gubernamental.
d.- Impedir que se haga propaganda disfrazada a los colegios privados con fondos del Ministerio.

5.- Impulsar y fortalecer el Sistema de Consejos de Educación.
a.- Construir espacios de verdadera participación ciudadana, mediante los cuales sea viable la formulación de políticas públicas que tomen en cuenta el sentir y el pensar de toda la Comunidad Educativa.
b.- Impulsar y consolidar un proceso que dé cohesión a la Comunidad Educativa, entendida la misma como el conjunto de actores que, tanto en el plano local como nacional, se encuentran vinculados al tema.
c.- Generar mecanismos para el ejercicio pleno de la auditoría social.
d.- Promover la alianza natural que debe darse entre el personal docente y padres y madres de familia.
e.- Modernizar el sistema de educación pública en consulta con la Comunidad Educativa.

6.- Reformar y modernizar el marco jurídico vigente en materia educativa, mediante procesos de consulta y construcción de consensos.
a.- Someter a consulta las leyes existentes en materia educativa, involucrándose en la misma a todos los actores que conforman la Comunidad Educativa.
b.- Promover la construcción de consensos respecto a las reformas legales que resulten pertinentes.
c.- Proponer, ante el Congreso de la República, la aprobación de las reformas pertinentes o de las nuevas leyes que la Comunidad Educativa estime necesarias.

7.- Presupuestar a los más de 35 mil maestros y maestras que hoy trabajan por contrato.
a.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales que son patrimonio irrenunciable de cada maestro o maestra del país, tanto en el sector público como en el privado.
b.- Detener la política de debilitamiento del gremio magisterial que se ha puesto en práctica desde el Ministerio mediante el incremento del número de maestros y maestras por contrato.
c.- Lograr que la totalidad de trabajadores y trabajadoras de la educación queden cubiertos por la Ley Escalafonaria y de Dignificación del Magisterio.

8.- Negociar y suscribir el pacto colectivo entre el gremio magisterial y el Estado, como vía para dignificar la carrera docente.
a.- Asegurar que los trabajadores y trabajadoras de la educación de Guatemala cuenten con un instrumento legal, adicional al Decreto 1485, mediante el cual estén facultados para defender y promover sus derechos laborales, sociales, políticos, culturales y económicos.
b.- Contribuir a hacer de la carrera docente una profesión atractiva y digna para quienes aspiren a desarrollarse profesionalmente en la misma.

9.- Mejorar la cobertura en primaria hasta 6º grado completo e incrementar las presencia del Estado en básicos y diversificado.
a.- Incrementar las presencia de instituciones de primaria en las áreas rurales del país, generando la infraestructura y los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para tornar la educación accesible a todos y todas.
b.- Absorber desde el Estado los Institutos por Cooperativa, y dotarlos de todas las condiciones necesarias para que incrementen su cobertura.
c.- Desarrollar el programa de Institutos Tecnológicos, suspendido desde el 2004 por las actuales autoridades educativas.
d.- Incrementar la cobertura en los niveles básico y diversificado, poniéndose el énfasis en el perfeccionamiento de habilidades y destrezas que faciliten la inserción laboral, así como de actitudes y prácticas que contribuyan al rescate de la diversidad como componente de la identidad nacional y a la convivencia armoniosa y coherente, dada en un marco de justicia.

10.- Mejorar la calidad educativa
a.- Lograr la plena pertinencia del currículo académico, en un triple nivel: Un macro-currículo que cubra temas comunes de interés nacional, un meso-currículo de carácter regional y un micro-currículo a desarrollarse de manera local, en cada escuela y en cada aula.
b.- Dotar a cada centro educativo de los recursos materiales y técnicos que permitan el desarrollo satisfactorio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
c.- Aumentar el personal docente en servicios, a efectos de abolir progresivamente el ejercicio del multigrado y contribuir a la reducción numeraria de alumnos por aula.
d.- Mejorar y hacer accesible a todos y todas los servicios de apoyo, como la refacción escolar, (hoy limitada a aquellas escuelas en las que los padres y madres se han sometido a la imposición de formar Juntas Escolares), el bono de transporte, los paquetes de útiles escolares, los programas de becas, etc.
e.- Desarrollar el campo de la educación de adultos, no sólo en términos de lecto-escritura, sino mediante la implementación de programas educativos adecuados a la realidad concreta en medio de la cual se desarrolla la vida de los aprendientes, y que responda, por ende, a sus necesidades sentidas.

11.- Promover la identidad y los derechos de los pueblos indígenas:
a.- Fortalecer la DIGEBI, técnica y presupuestariamente, a efectos de convertir la educación bilingüe en un instrumento de rescate y dignificación de nuestra diversidad cultural.
b.- Integrar la realidad histórica y cultural en el currículo educativo, en todos sus niveles.

12.- Impulsar la educación inclusiva:
a.- Asumir como política educativa la promoción de la educación inclusiva, con miras a facilitar el acceso de la población con discapacidad en edad escolar al sistema educativo.
b.- Crear la Dirección de Educación Especial, y dotarla de los recursos humanos calificados, así como de los medios materiales, técnicos y presupuestarios que aseguren el cumplimiento de su misión.
c.- Desarrollar una campaña de sensibilización social que permita a la comunidad nacional, en su conjunto, entender y respaldar el proceso de educación inclusiva.}

¡LA LUCHA SIGUE!