EL PAÍS SE DESANGRA

Alegres las campañas,
mientras el país se desangra

El crimen organizado, el narcotráfico
y los crímenes de los terratenientes Widmann,
permanecen inmunes e impunes

Condenamos enérgicamente la grave falta de seguridad y justicia amparada en la impunidad que impera en al país. Millones se han gastado desde mucho antes del banderazo de salida para la campaña electoral, incluido el partido en el Gobierno, quien ha descuidado su obligación de velar por la seguridad ciudadana, de combatir al crimen organizado y de proteger el derecho a la vida, la salud y la seguridad alimentaria de la población.

El terrible hallazgo de 26 campesinos, entre ellos dos mujeres, en Los Cocos, La Libertad, Petén, sólo demuestra la impunidad con que operan estas bandas de asesinos en el país, sin que haya una política de seguridad coherente y efectiva. De nadie es desconocido que, en muchos casos, estas bandas cuentan con el apoyo y complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional Civil como del mismo Ejército, a quienes algunos quisieran pintar como la fuerza que dará seguridad al país.

Nos solidarizamos con las familias de los campesinos masacrados, lamentando que nuestro país se siga desangrando por la negligencia de las autoridades que no han cumplido su papel. Demandamos se actúe de inmediato para investigar a fondo el caso y que se proceda a la ejecución pronta de la justicia, sea quienes sean los que resulten implicados y responsables, incluyendo por supuesto a funcionarios nacionales y locales. Es obligación del Estado velar por las viudas y los niños que han quedado en orfandad a causa de este terrible hecho.

De igual manera, condenamos la criminal agresión de que son objeto los campesinos q’eqchies en el área del Polochic, perpetrada por la empresa de la familia Widmann y sus mercenarios.


El 13 de mayo, desde tempranas horas se hicieron presentes 30 agentes de seguridad uniformados de la empresa Chabil Utzaj, (de la familia Widmann), disparando con armas de grueso calibre contra la población. Después, sobrevolaron helicópteros y lanzaron granadas quemando las siembras, milpas y otras que no habían sido destruidas en el desalojo violento del 15 de marzo recién pasado. Los campesinos se habían acercado para tratar de rescatar algo de alimentos para dar de comer a sus familias. Preguntamos ¿dónde está el Gobierno en este caso, si su función es velar por el bienestar de la población y asegurar su derecho a la alimentación?

Al igual que hace 33 años, Panzós se tiñe de rojo, los terratenientes arrebatan a sangre y fuego la vida, la tierra y el alimento de gente inocente, y lo que es peor, actúan amparados por las fuerzas de seguridad del Estado (desalojo violento del marzo), que utiliza balas, bombas y equipo adquirido con el impuesto del mismo pueblo para agredirlo en lugar de defenderlo.

Al igual que hace 33 años, El Gobierno, el Ejército, Policía y terratenientes se toman de las manos manchadas de sangre campesina para satisfacer la avaricia y sed de acumulación, en la zona del Polochic.

Llamamos a las organizaciones sociales y populares a seguir denunciando estos hechos y a los partidos políticos, para que asuman un papel y posición auténticamente responsable, fijando claramente su posición en torno a estos hechos. En estos casos, el silencio es cómplice, la tibieza y falta de posición es acomodamiento cómplice.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que tome conciencia de la situación del país haciendo las denuncias correspondientes. Es necesario desenmascarar lo falaz de un Gobierno que se pinta el rostro de socialdemócrata mientras ha remilitarizado al país, para brindar protección a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Un Gobierno que permite el baño de sangre perpetrado por el crimen organizado mientras desvía fondos para su campaña electoral. También, el descaro de militares vinculados al pasado criminal de la contrainsurgencia que ahora pretenden llegar al gobierno ofreciendo combatir la inseguridad que ellos mismos construyeron a través de sus aparatos clandestinos y paramilitares durante años.

¡Alto a la impunidad!
¡Demandamos justicia!
¡Alto a la represión!
¡La Lucha Sigue!

Primer Aniversario de Colom

Guatemala, 20 de Diciembre del 2008

Con mucho más pena que gloria
Diez aspectos iniciales para evaluar el quehacer del Gobierno

Ha transcurrido ya prácticamente un año desde que el actual Gobierno asumió la conducción de las riendas del país el pasado 14 de Enero. En síntesis, la gestión gubernamental a lo largo de estos 12 meses puede calificarse como una mera continuidad de la aplicación de las políticas neoliberales iniciadas por sus predecesores, matizadas en este caso con onerosos e insustanciales parchecitos populistas, con los cuales las autoridades de Gobierno no pretenden otra cosa más que, infructuosamente, taparle el ojo al macho y, al mismo tiempo, granjearse una base social de apoyo para su partido político.

1.- Ha sido un año en el que al pueblo se le ha recetado más de lo mismo, pero con denodados esfuerzos desde el Gobierno por disfrazarlo o, cuando menos, por disimularlo. Un año más de políticas públicas a favor de los ricos y en contra de los intereses y derechos del pueblo, pero cargado de limosnas y caridades lanzadas con bombos y platillos, que no sirven sino como elementos distractores, los cuales no sólo no modifican, en absoluto, la estructura que siembra injusticia en perjuicio de los sectores populares, sino que la consolidan. Ninguno de los grandes problemas que aquejan a los sectores populares ha sido enfrentado “con inteligencia”, como lo prometieron durante el recién pasado circo electoral y, a causa de ello, el acceso de la gran mayoría de la población al disfrute de los bienes y servicios sociales se ha puesto cada vez más difícil. El país marcha por malos rumbos en prácticamente todos los campos de la vida nacional, y nada se hace desde el Estado para siquiera paliar un tanto la aguda crisis que pesa sobre los hombros de los sectores populares.

2.- Ha sido un año de discursos ambivalentes que siembran confusión en el seno del pueblo, pero discursos que no marchan, para nada, a tono con la esencia y los efectos derivados de las políticas que implementan desde el Gobierno. Por ejemplo, se afirma e incluso se publican Acuerdos para que el acceso a la salud sea gratuito pero, paralelamente, se reducen los presupuestos para asegurar su prestación desde el Estado, se desabastece aún más al sistema de salud y se entregan hospitales completos a manos de Fundaciones privadas para que los administren. El país se encuentra colocado ante una dualidad en la cual la práctica concreta resulta antípoda del discurso oficial, evidenciándolo como demagogo.

3.- Un año de desconcertantes, abruptos e impredecibles giros del timón, como el que aconteció, por ejemplo, con las Escuelas Normales, a las cuales el Ministerio de Educación invitó a un diálogo que se prolongó durante meses, del cual salieron acuerdos que fueron bien asumidos por ambas partes e incluso con entusiasmo por los docentes, estudiantes y padres de familia normalistas. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, las autoridades ministeriales dan marcha atrás, unilateralmente lanzan los acuerdos adoptados al cesto de la basura y retoman tranquila e impunemente la línea dictada por el grupo “Empresarios por la Educación”, contraria a lo convenido, dejándose a la Comunidad Normalista con un palmo de narices. Aplicaron la vieja trampa consistente en hacer uso de los diálogos y de las mesas de negociación como medios para desmovilizar a los gremios y tomarles el pelo.

4.- Un año caracterizado por el descarado traslado de considerables recursos financieros desde las instituciones públicas hacia una nueva instancia ilícita denominada “Cohesión Social”, que está a cargo de la Primera Dama quien, por esa vía, se ha convertido en la persona con más poder dentro del Gobierno, sin que nada la acredite para ocupar semejante posición. Estos fondos se manejan, además, bajo criterios de clientelismo político y, por esa razón, no se orientan hacia la solución real de problemas nacionales, sino, más bien, hacia la compra de conciencias y, con ello, de base social que favorezca a la UNE. Comedores solidarios que son negocio de unos cuantos; centros de salud ambulantes dotados con todos los recursos, mientras en los centros de salud del Ministerio no se consigue ni una aspirina; partidas de hasta 300 quetzales mensuales a unas familias sí y a otras no sobre la base de lealtad político-partidaria; bolsas escolares distribuidas con idénticos criterios; en fin, desde Cohesión Social se ha hecho todo lo necesario para contribuir a la destrucción del tejido social, para colocar al pueblo en calidad de limosnero y para quebrar la auto-estima en el seno de los sectores populares.

5.- Un año de incertidumbre en el rumbo de las políticas públicas, que parecieran ir de la seca a la meca, pero que en la práctica, son secas en términos de satisfacer derechos e intereses superiores del pueblo y, por ende, devienen en la Mecca del CACIF y de los grandes consorcios internacionales. Así ha ocurrido, como un claro ejemplo, en el campo de los recursos naturales. La verborrea oficial habla de la defensa de las áreas protegidas cuando se trata de criminalizar las luchas campesinas e indígenas, pero no duda en emplear la fuerza pública con lujo de violencia contra el pueblo cuando se trata de proteger los intereses de los grandes empresarios nacionales o extranjeros.

6.- Un año de evidente incremento en los niveles de violencia. Y no nos referimos solamente a la violencia delincuencial, que ha escalado a niveles intolerables, extendiéndose como un cáncer que corroe a casi todos los rincones del país. El crimen organizado, en sus distintas expresiones, ha devenido en uno de los principales actores de poder real a lo largo y ancho del país. Las bandas de secuestradores, las maras, el narcotráfico y muchas otras expresiones criminales se han multiplicado y su presencia se ha hecho más fuerte y más evidente. Los efectos negativos de esta descomposición se dejan sentir en todos los campos de la vida nacional. El Estado, en su conjunto, ha demostrado una absoluta ausencia de voluntad política para combatir de manera efectiva este flagelo. Se ha limitado a medidas cosméticas, como el nombramiento de una mujer al frente de la PNC, pero no ha apuntado (y es claro que no quiere apuntar), hacia el corazón de la bestia.

7.- Un año de consagración de la impunidad como manto bajo el cual se abrigan toda suerte de atropellos contra el pueblo. La violencia en contra del pueblo, de sus organizaciones y de sus dirigentes ha cobrado preocupantes bríos en estos doce meses. Las fuerzas combinadas del ejército y de la policía se han empleado como instrumentos de represión abierta y brutal. Los casos de Puntarenas, en donde estas fuerzas asesinaron al campesino Mario Caal, o de San Juan Sacatepéquez, en donde 2 mil efectivos incursionaron en busca de 12 dirigentes de organizaciones comunitarias, son sólo la punta del iceberg. Al Presidente Álvaro Colom no le ha temblado el pulso para desplegar fuerzas represivas e, incluso, llenarse sus manos con sangre del pueblo, cuando así se lo han requerido sus amos del CACIF y del Imperio. Durante su gestión han sido asesinados numerosos dirigentes sindicales, campesinos y comunitarios, en casos que, sin excepción, son rápidamente atribuidos por el Ministerio Público a la delincuencia común. Este Gobierno, junto con el anterior, ha abierto de par en par las puertas al retorno de la represión y de la violencia contra el pueblo. Paradójicamente, ha sido un año de “mano dura” contra las legítimas organizaciones del pueblo.

8.- Un año que, sin dudas ha sido destacado por la suspensión de las garantías constitucionales, que se ha dictado ya en cuatro ocasiones:
(i) en todo el país, como respuesta a las demandas de los transportistas;
(ii) en Izabal, para desalojar al pueblo q’eqchí de sus tierras;
(iii) en San Juan Sacatepéquez, para defender los intereses de la familia Novella y;
(iv) en Coatepeque, para forzar a los trabajadores por cuenta propia al desempleo.
Cada supresión de las garantías ha implicado la entronización del terror como práctica contraria al pueblo y aplicada desde el Estado. Esa violencia institucional, absurda, es la negación misma del espíritu de la paz que fuera firmado 12 años atrás. El Gobierno, al desencadenarla, retrocede décadas en el proceso de construcción del modelo social que se dibuja en los Acuerdos de Paz y, con ello, deviene en el principal enemigo de la letra y del espíritu de estos Acuerdos.

9.- Un año destinado a la re-militarización del Estado. Bajo la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo se han reabierto bases militares en lugares en donde las luchas populares y los Acuerdos de Paz habían logrado su cierre. El propio Vicepresidente Espada anunció en Febrero que, como política del Gobierno, se duplicará el tamaño del Ejército. El presupuesto del Ministerio de Defensa se ha visto beneficiado por traslado de partidas y por un sensible incremento en el monto asignado para el 2009. Guatemala se ha convertido en un paraíso del tráfico de armas y de municiones. La privatización de la seguridad pública ha llegado a un punto tal en el que hoy los efectivos de las empresas privadas de seguridad se convierten en la fuerza armada más grande en términos de su número. Se ha sacado al Ejército a las calles cada vez que la población ha luchado por alguno de sus derechos sustantivos. En resumen, este Gobierno, siguiendo instrucciones emitidas desde Washington, afila sus uñas y prepara sus garras en el marco de los Planes Maya-Jaguar y Mérida, ninguno de los cuales responde, para nada, a las necesidades propias de Guatemala. Ambos fueron diseñados exclusivamente en función de satisfacer necesidades propias de la estrategia militar del Imperio.

10.- Un año de entrega sumisa de nuestra soberanía. Este Gobierno no ha sido sumiso sólo ante la voluntad del Gobierno de Bush, sino, además, ante la codicia desmedida de los grandes consorcios transnacionales. Destaca, en ello, la absurda medida de entregar la producción energética a empresas como la Duke Energy, sancionada incluso por el propio Gobierno de los Estados Unidos como empresa altamente contaminadora del medio ambiente. A partir de compromisos asumidos por el Gobierno con empresas extranjeras, se concedieron permisos para la construcción y puesta en operaciones de cinco plantas carboneras en Escuintla, con lo cual los precios de la electricidad quedan condenados a depender, durante décadas, de la importación de carbón mineral. Las afectaciones ambientales negativas que se derivarán de la operación de estas plantas causarán daño no sólo en el Departamento de Escuintla, sino en todo el país e incluso en países vecinos, que se verán afectados por la lluvia ácida. Por otra parte, ello condena al INDE a su pronta desaparición.

Naturalmente, el análisis de cada uno de estos diez aspectos puede y debe ampliarse, a efectos de profundizarlo y encontrar, desde las organizaciones populares, cuál debe ser la posición y, por ende, la lucha que debe darse al respecto. En estas páginas sólo presentamos, para cada aspecto, los elementos más visibles, con la esperanza de que sirvan para invitar al debate y a la adopción de posiciones consecuentes.

En resumen, el actual Gobierno, que llegó al poder tras una costosa campaña electoral en la cual derramó promesas a diestra y siniestra, ha sabido en pocos meses destrozar cada una de las expectativas que generó con su discurso populista y demagógico.

Por ello, sostenemos una vez más nuestra consigna, a sabiendas de que sólo con la lucha consciente y decidida será posible defender los derechos del pueblo ante la voracidad sin límite de las derechas que siguen ejerciendo el poder.

¡La Lucha Sigue!

De nuevo sobre el recorte presupuestario‏

Agregamos una nueva idea gráfica respecto a la intención de rebajarle 1.336 millones al presupuesto de Salud y subirle 1.200 millones al del Ejército.

Sobre el recorte presupuestario en Salud‏

Sobre el recorte presupuestario en Salud y el aumento para el Ejército.

Severo recorte al presupuesto

Guatemala, 23 de Septiembre del 2008

Un contraste que llora sangre:
Se recorta el presupuesto de Salud pero se duplica el del Ejército

En la vida política de Guatemala ocurren hechos que resultan casi increíbles, pero que son parte integral de una triste realidad que incluso desborda la imaginación del más fantasioso escritor de novelas de ficción. Una de ellas gira alrededor de las recientes medidas adoptadas ante el proyecto de presupuesto que se presentó para el año 2009 y que debe ser aprobado por el Congreso de la República.

Se tomó ya la decisión de recortarle a la solicitud del Ministerio de Salud la suma de 1.336 millones de quetzales y, paralelamente, la de duplicar el presupuesto asignado para los gastos del Ejército, subiéndolo para el 2009 en más de mil 200 millones de quetzales.

Esto, a todas luces, es una barbaridad. Veámoslo en sus detalles;

• El anteproyecto de presupuesto que presentó el Ministerio de Salud planeaba 4.750 millones de quetzales para el año próximo. Se recortó en 1.339 millones de quetzales.

• Esta reducción pasa por alto el aumento en la población, la necesaria extensión en la cobertura de los servicios, el actual nivel de desabastecimiento del sistema de salud pública, las necesidades urgentes de mantenimiento y construcción, además del crecimiento constante en la inflación.

• Este recorte afectará severamente servicios esenciales, lo que impactará de manera negativa en las condiciones de vida del pueblo, de lo cual pueden derivarse consecuencias desastrosas. Entre estas afectaciones deben mencionarse las siguientes:

o Cada día se quedarán sin atender mil emergencias hospitalarias y dos mil consultas externas.

o Se quedarán sin atender 1 de cada 3 personas que necesiten hospitalización. 146 mil en el año.

o Más de un millón de habitantes quedarán sin acceso a la Atención Primaria en Salud. Sólo en este rubro, el recorte presupuestario alcanza los 62 millones de quetzales.

o Cada día se dejarán de cubrir 4 mil viviendas, que no serán tratadas contra los vectores que causan la malaria, el dengue y Chagas, con el consecuente riesgo de incremento de epidemias.

o De las personas que viven con diabetes o con hipertensión y que buscan servicios de salud, tendrán que ser rechazadas mil por día.

o El personal médico y salubrista no tendrá posibilidad alguna de incrementar sus salarios para compensar el alza en el costo de la vida.

o Se pierde la posibilidad de invertir en la capacitación del personal de salud y de mejorar, así, la calidad de los servicios.

o Desaparece la posibilidad de trasladar al renglón 0-11 a los miles de trabajadores de salud que hoy están por contrato.

Es evidente, pues, que el recorte anunciado en el presupuesto del Ministerio de Salud se convierte en una severa agresión contra los derechos e intereses del pueblo. Como puede verse, son los sectores populares los que cargarán sobre sus ya cansados hombros con el pesado fardo de consecuencias nefastas que se derivan de esta absurda medida que plantean los sectores de derecha.

Esa estrategia de debilitamiento del sistema de salud pública no es casual, sino que obedece a la voluntad política, por parte de esas derechas, de generar condiciones que justifiquen la privatización de los servicios. Sin recursos suficientes, la calidad de la atención en salud será deficiente y, por lo tanto, podrán aducir que el Estado es un mal prestador de servicios y que, por lo tanto, lo conveniente será entregárselos a manos de la empresa privada.

Sin embargo, al mismo tiempo que se plantea este recorte y se afecta, con ello, un derecho esencial del pueblo, los mismos sectores, con toda impunidad y descaro, proceden a proponer la duplicación del presupuesto del Ejército para el año 2009.

En Junio, durante los actos del Día del Ejército, el propio Presidente, Álvaro Colom hace pública su voluntad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa de Q1 mil 265 millones hasta Q2 mil 200 millones, lo que implica, en números redondos, un aumento de un mil millones de quetzales, casi una duplicación de su presupuesto total actual.

El 1 de Septiembre las nuevas autoridades ratifican que, antes de que termine el año, el Gobierno pretende incrementar el número de la tropa, para lo cual cuentan ya con un incremento presupuestario de Q26 millones para este mismo año 2008.

Claro que, como argumento, aducen que este incremento será para combatir al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado. Pero bien se sabe que, para esos propósitos, lo que se necesita es fortalecer y depurar la Policía. La tropa de cualquier ejército del mundo no recibe preparación alguna que los faculte para cumplir con éxito con tareas de esa naturaleza. La seguridad interna es competencia del Ministerio de Gobernación y no del de Defensa.

Destaca el hecho de que el anuncio de esta duplicación del Ejército lo realiza el Vicepresidente Espada, durante una conferencia de prensa en la que aparece rodeado de oficiales del Ejército de los Estados Unidos. No hay ni un solo guatemalteco acompañándolo. Esta disposición política nunca fue parte de las promesas de campaña electoral ni de los planes de Gobierno de la UNE, de manera que resulta altamente sospechoso que sea durante la visita de estos militares extranjeros que, sorpresivamente, el Gobierno opta por duplicar el Ejército.

Ante esta situación, cada ciudadano o ciudadana, con todo sentido de responsabilidad, debe preguntarse:

• ¿En qué necesita gastar más el país, en pertrechos militares o en medicinas y equipos de salud?

• ¿Qué es más urgente, subir los costos de la alimentación en los cuarteles o en los hospitales?

• ¿Se necesita invertir en más soldados o en mejorar los servicios de salud?

• ¿Qué será prioritario, dotar de más camas a los destacamentos militares o dotar de más camas a los hospitales?

• ¿En el país se necesitan más ambulancias o más tanquetas, más balas o más medicinas, más especialistas en explosivos o en armas o más médicos y enfermeras?

• ¿Con qué se debe contar, con más personal entrenado para matar o más facultado para salvar vidas y curar?

Desde la óptica del FNL, las respuestas a esas y otras preguntas afines son obvias: El presupuesto debe destinarse, sobre todo, a la mejora en las capacidades del Estado para la prestación de servicios básicos, y, a todas luces, los de salud deben considerarse prioritarios. Los impuestos que pagamos a diario, (que son las fuentes que nutren al presupuesto), deben regresar al pueblo en forma de servicios de calidad, y esa disposición de recortar el de Salud y, por el contrario, subir el del Ejército, es claramente violatoria de uno de los derechos esenciales del pueblo. Es, además, un absurdo.

Aún sin que se recorte el presupuesto de Salud, el sólo pensar en duplicar el del Ejército ya es, de por sí, un absurdo. Pero es peor si, para incrementar el gasto militar se recorta el de Salud, como están proponiéndolo.

Esta propuesta se convierte en una flagrante agresión contra los sectores populares y, como tal, no debe permitirse que lo hagan. En este, como en otros casos, los sectores populares tenemos la obligación de tomarnos la palabra y actuar con determinación para impedirlo. El silencio nos haría cómplices de este nuevo atropello.

Desde el FNL demandamos enfáticamente, ante el Estado y las instancias correspondientes, la reversión de estas absurdas y antipopulares medidas presupuestarias.

El presupuesto del Ministerio de Salud debe aprobarse por los montos que fueran inicialmente solicitados. El presupuesto del Ministerio de Defensa no debe incrementarse en ni un centavo. Por el contrario, más bien deberían ya irse planteando la abolición del Ejército, puesto que esa muy costosa institución no le ha dejado al país más que secuelas de sangre, dolor y sufrimiento. Combatir al crimen organizado lleva implícito investigar y sancionar a muchos de los integrantes de la cúpula militar a la que ahora quieren duplicarle su presupuesto.

Por ello, las organizaciones del FNL marcharemos en la ciudad capital el próximo 7 de Octubre, entre otros temas, exigiéndole a las autoridades que aprueben los presupuestos que los sectores populares del país realmente necesitan. Saldremos del frente del IGSS a las 8:30 a.m., y marcharemos hasta el Congreso de la República, para hacer entrega de un pliego que retoma las demandas del 26 de Junio y exige la aprobación del presupuesto que el Ministerio de Salud necesita.

¡La Lucha Sigue!

Adjuntamos, para mejor proveer, los múltiples artículos de prensa que conducen a estas reflexiones.
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Prensa Libre, 28 de Febrero del 2008
Esperan llegar a los 30 mil efectivos
Duplicarán número de efectivos del Ejército

El vicepresidente Rafael Espada, junto a la comitiva oficial de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa.

Visita
Preocupados por inseguridad

Quince oficiales del Ejército de Estados Unidos visitaron ayer al vicepresidente Espada, para discutir sobre los problemas de seguridad y migración y acerca del fortalecimiento de las fuerzas armadas.

“Fue una visita de cortesía. Hablamos de la seguridad del país. Ellos plantearon sus preocupaciones por el tema”, explicó Espada. La reunión duró aproximadamente una hora.

James Derham, embajador de Estados Unidos en el país, habló en nombre de la comitiva y declaró que apoyarán al Gobierno en el fortalecimiento del Ejército. Anunció que el próximo mes arribarán cuatro helicópteros destinados al combate del crimen organizado.

Especiales
Por hugo alvarado

El vicepresidente Rafael Espada informó ayer que dentro del plan de modernización del Ejército se incluye duplicar el número de efectivos militares, con el objetivo de combatir al crimen organizado.

La visión del Gobierno es aumentar gradualmente el número de efectivos castrenses, por lo que el plan empezará a funcionar a partir del próximo año, y consiste en el entrenamiento de nuevos integrantes y del personal actual.

El vicemandatario manifestó que de 15 mil miembros, la institución castrense pasaría a 30 mil, en los próximos años.

Para poner en marcha el plan, que fue presentado por el Ministerio de la Defensa, Espada explicó que recibirán ayuda de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Brasil.

Daniel Domínguez, vocero de la referida cartera, confirmó que existe la propuesta y que ya le fue presentada al presidente Álvaro Colom. “Nosotros solo esperamos órdenes para iniciar con la ejecución del plan”, expuso.

Al inicio de la conferencia, Espada dijo que el objetivo es que al final de esta administración exista avance en el aumento de efectivos, pero, ante las constantes preguntas de los periodistas, aseguró que no habría por qué preocuparse en este momento por la cantidad y el presupuesto que la medida representaría para el Ministerio, ya que “lo ideal” es que en los próximos 25 años el Ejército tenga 30 mil miembros.

Justificó que en gobiernos anteriores se ha reducido exageradamente a la institución castrense, y no como lo estipulan los acuerdos de paz, por lo que retomarán el compromiso, que es del 33 por ciento.

Domínguez refirió que la modernización del Ejército no consiste solo en la capacitación técnica y tecnológica, sino también se requiere incrementar el recurso humano.

El vocero militar comentó que antes de la firma de los acuerdos de paz, en 1996, la fuerza militar era de 45 mil efectivos, y actualmente es de 15 mil 500.
De 1996 a la fecha, la reducción ha sido del 66 por ciento. La primera se efectuó en el 2002, y la otra, en el 2004.

En las fronteras

El vicegobernante detalló que los nuevos castrenses serían asignados para resguardar las fronteras y las aduanas, a fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

“Como estamos en tiempos de paz, los militares tendrán asignaciones en áreas sociales, como parte de su especialización”, afirmó.

Decisión lamentable

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, lamentó la intención del Ejecutivo de elevar la cantidad de militares. “Con esa disposición van a debilitar el papel de la Policía Nacional Civil. Estaríamos retrocediendo”, opinó.

Eleonora Muralles, activista de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, dijo que no le encuentra lógica a la propuesta del Gobierno. Destacó que en lugar de aumentar el número de militares, se debe de incrementar el de agentes policiales.
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Prensa Libre, 1 de Julio del 2008
Nacional

Buscarán aumentar presupuesto militar
Por césar león

En la conmemoración del Día del Ejército, el presidente Álvaro Colom anunció que para el 2009 propondrá que el presupuesto para el Ministerio de la Defensa aumente a Q2 mil 200 millones, para financiar el equipamiento y la modernización de las unidades castrenses.

Luego de los actos en la Brigada Mariscal Zavala, por el 137 aniversario de la Revolución de 1871, Colom explicó que este incremento sería para “la modernización de las unidades del Ejército, que no se han atendido desde 1996. Esto da debilidad a la capacidad de reacción de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, el cual estamos combatiendo”, expresó.

Para este año el presupuesto aprobado para Defensa fue de Q1 mil 265 millones, que no incluye fondos para adquirir equipos, vehículos y naves para la Infantería y las fuerzas Aérea y Naval.

Apenas el viernes último, el ministro de la Defensa, Marco Tulio García, dijo que necesitan aumentar el Ejército.

Desfiles militares

La marcha castrense por el Día del Ejército no recorrió ayer las calles capitalinas, como ha ocurrido en años anteriores.

Organizaciones pro derechos humanos, algunas de las cuales causaron disturbios en el desfile del año recién pasado, habían pedido su cancelación.

Sin embargo, la decisión de marchar solo dentro de las bases militares obedeció, según el Ministerio de la Defensa, a razones de austeridad.

Durante la ceremonia en Mariscal Zavala, el presidente pasó revista a la tropa. En los actos fue ascendido a general de brigada el comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Juan José Ruiz Morales, y a vicealmirante, el comandante de la Marina, Roberto Campos Sánchez. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, James Derham, recibió la Cruz de Oro de Primer Grado.

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Prensa Libre, 1 de Septiembre del 2008
Nacional
En marcha plan para subir número de tropa

A. Colom, presidente.

Por conié reynoso

El aumento de las filas castrenses empieza a tomar forma. Mientras la Comisión de Finanzas del Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q26 millones al Ejército para finalizar este año, el Gobierno pretende incrementar el número de la tropa.

En visitas realizadas a la provincia, el presidente Álvaro Colom ha argumentado la necesidad de elevar el número de miembros del Ejército, porque requieren de mayor presencia en las fronteras.

También justifica tal incremento, porque los alcaldes le han pedido más presencia militar en sus comunidades. No obstante, aseguró que en cuanto sea fortalecida la Policía Nacional Civil (PNC) se reducirá el Ejército.

En principio, se prevé que llegue a 25 mil efectivos en forma gradual, según un proyecto de seguridad del Ejecutivo.

A la fecha, 15 mil 500 integrantes militan en las fuerzas de Aire, Mar y Tierra, el aumento significativo será para el último grupo.

El plan del Ejecutivo no es nuevo, desde el inicio de esta administración, el vicepresidente Rafael Espada anunció que, como parte del programa de modernización del Ejército, se elevaría la tropa hasta 30 mil miembros, en forma gradual.

Tal disposición no es aceptada por grupos civiles; Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viuda de Guatemala, califica de incoherente el plan, porque si se está trabajando en fortalecer el poder civil no tienen ninguna justificación una ampliación del contingente ni de presupuesto para la institución armada.

Insuficiente para cobertura

Jorge Ortega, vocero del Ministerio de la Defensa, explicó que la medida se debe a que el número de integrantes de la institución es insuficiente para resguardar las zonas fronterizas, pues el país tiene amenazas emergentes y regionales, que son el narcotráfico y el crimen organizado.

“Este es un trabajo de sumar esfuerzos. El Estado hace su mejor esfuerzo para evitar el incremento del crimen organizado y la violencia”, manifestó.

En el país existen 45 destacamentos militares, además, 352 soldados resguardan 19 cárceles, mil 800 en áreas estratégicas y 242 en misiones de paz en el extranjero.
Aparte está el grupo de los tres mil efectivos destinados para los patrullajes combinados de seguridad ciudadana, quienes salieron de las reservas del Ejército, y el pago para este contingente se obtiene de un rubro de Q120 millones anuales que el Estado designa solo para ese fin.

La ampliación de las fuerzas militares también supone un incremento del presupuesto, por lo que el presidente Colom también explicó que junto a la estrategia territorial de cobertura del Ejército analizará de dónde sacará los fondos.

En julio recién pasado, el presidente también anunció la intención de multiplicar el presupuesto de Defensa para el próximo año a Q2 mil 200 millones, para financiar el equipamiento y modernización de la institución. El presupuesto de este año es de Q1 mil 265 millones.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo que “las fuerzas militares están aprovechando la situación dramática de violencia y criminalidad que vive el país, para asegurarse más presupuesto y fortalecer la institución”.

“Hemos tenido patrullajes combinados, y colaboración del Ejército a la Policía, pero está probado que no ha habido un cambio positivo, porque la tendencia es que la violencia y criminalidad van en incremento”, enfatizó.

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La Hora
Nacionales
Lunes, 22 de Septiembre de 2008

Asignación para 2009 será mayor que este año
Ejército duplicaría su presupuesto
Gabriel Herrera
lahora@lahora.com.gt

El ministro de la Defensa, Marco Tulio García Franco, en reciente visita al Congreso de la República justificó la asignación presupuestaria de su cartera.

El militar reiteró la cifra que el presidente Álvaro Colom habría dado como solicitud para la cartera castrense: 2 mil millones de quetzales.

"Ese sería el presupuesto que estaríamos pidiendo, los Acuerdos de Paz establecen un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para el presupuesto de la defensa, [...] [?] el presupuesto actual ejecutable es alrededor de Q900 millones, porque lo que se nos asigna es el 0.33% y lo que dicen los Acuerdos de Paz, es el 0.66%", refirió el jefe castrense.

La seguridad ciudadana que cumple el Ejército, que se ve reflejada en los patrullajes combinados, utiliza Q120 millones, gasto que podría aumentar con la supuesta elevación de efectivos para ese propósito en 2009, se informó.

El titular del ministerio de la Defensa Nacional, explicó que el aumento presupuestario es preciso porque hay necesidades materiales que son necesarias, "nosotros no tenemos movilidad, no tenemos transmisiones, al hablar de movilidad se habla de naves aéreas, de mar, si es necesario", justificó.

Ven crecimiento

La bancada Encuentro por Guatemala, no comparte que se vea un crecimiento del poder del Ejército y debilitamiento del poder civil, ya que dicen que las fuerzas armadas obtuvieron Q248 millones de incremento a su presupuesto 2008, aprobados por los diputados en la reciente ampliación presupuestaria, el pasado martes 9 de septiembre.

Según Nineth Montenegro, Q26 millones le fueron asignados al Ejército para que cumpla la misión de entregar ayuda en ciertos programas que promueve el proyecto de Cohesión Social.

"Se está repartiendo maíz, frijol, arroz, aceite, pero se está repartiendo a manos del Ministerio de la Defensa, de mano en mano, pero todavía cobra por hacer ese servicio, cuando tiene un presupuesto más grande que el Ministerio de Salud", aseguró la parlamentaria.

Dos disparates del Gobierno‏

Guatemala, 1 de Septiembre del 2008

Dos nuevos desatinos

Los medios de prensa escrita informan a la opinión pública que el actual Gobierno ha dado ya pasos concretos en dirección a poner en marcha y consolidar dos de sus políticas erradas y antipopulares. Se trata de un par de disparates monumentales anunciados desde hace meses por el Gobierno:


1.- Más fondos para aumentar el tamaño del Ejército:

El primer absurdo consiste en la disposición de duplicar el número de efectivos del Ejército, acción que inicialmente anunció el Vicepresidente Espada desde el pasado 28 de Febrero, durante una conferencia de prensa a la que compareció rodeado por oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. (en febrero se publicó un comunicado al respecto: http://estamosdefrente.blogspot.com/2008_02_01_archive.html)

Posteriormente en Junio, durante los actos del Día del Ejército, el propio Presidente, Álvaro Colom hace pública su voluntad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa de Q1 mil 265 millones hasta Q2 mil 200 millones, lo que implica, en números redondos, un aumento de un mil millones de quetzales, casi una duplicación de su presupuesto total actual.

Y en un tercer acto de esta tragedia nacional, hoy ratifican que, antes de que termine el año, el Gobierno pretende incrementar el número de la tropa, para lo cual cuentan ya con un incremento presupuestario de Q26 millones.

Conviene analizar algunas de las incoherentes declaraciones hechas públicas por el Primer Mandatario, citadas por Prensa Libre:

“En visitas realizadas a la provincia, el presidente Álvaro Colom ha argumentado la necesidad de elevar el número de miembros del Ejército, porque requieren de mayor presencia en las fronteras.
También justifica tal incremento, porque los alcaldes le han pedido más presencia militar en sus comunidades. No obstante, aseguró que en cuanto sea fortalecida la Policía Nacional Civil (PNC) se reducirá el Ejército”

Según reza en la Constitución Política de la República, el Ejército existe para salvaguardar las fronteras ante cualquier intento de invasión extranjera. Es decir, protege las fronteras desde adentro y hacia fuera, y no al revés. Se deduce entonces, de las declaraciones presidenciales, que algún país amenaza la integridad territorial o se dispone a invadirnos, razón por la cual debe incrementarse el número de efectivos militares destacados en las fronteras.

¿Quién ha oído hablar de que Belice, México, Honduras o El Salvador hayan dado muestras de pretender adentrar sus ejércitos en suelo guatemalteco? ¿Quién nos amenaza desde afuera? ¿O será, quizás, que el Estado se dispone a emplear tropas guardafronteras para impedir el ingreso de millares de gringos indocumentados que buscan colarse en Guatemala ante la ausencia de oportunidades de construir una vida digna en su propio país?

Colom agrega que incrementará el número de efectivos militares a solicitud de varios alcaldes, que han pedido la presencia del Ejército en sus municipios. No dice, claro está, cuáles son los que le formulan tal demanda. En todo caso, de inmediato agrega que, una vez que se fortalezca la PNC, se reducirá el Ejército. Es decir, que contratará tropas temporales, a las que despedirá una vez que la PNC pueda sustituirlas. No aclara, sin embargo, de cuánto tiempo serán esos contratos. Ya el Estado ha tenido que enfrentar constantes problemas por la creación de los maestros y los salubristas por contrato. ¿Habrá entonces que agregar una nueva categoría denominada “soldados por contrato? En todo caso, el más elemental sentido común llama a preguntarse ¿cuándo se va a fortalecer y depurar la PNC si en lo que se invierte es en aumentar el tamaño y presupuesto del Ejército? Es igual a decir “le doy de comer a mi mula para que engorde mi caballo”.

Llama la atención el reiterado empleo de la palabra “provincias”, para referirse a los Departamentos. En Guatemala no existen las provincias. El solo empleo de este vocablo exógeno pone en evidencia el origen externo de estas políticas adoptadas por el Estado, pero probablemente concebidas más allá de nuestras fronteras.

En el mismo artículo de Prensa Libre Jorge Ortega, vocero del Ministerio de la Defensa, para justificar este disparate agrega elementos que resaltan por absurdos:
“…explicó que la medida se debe a que el número de integrantes de la institución es insuficiente para resguardar las zonas fronterizas, pues el país tiene amenazas emergentes y regionales, que son el narcotráfico y el crimen organizado.
“Este es un trabajo de sumar esfuerzos. El Estado hace su mejor esfuerzo para evitar el incremento del crimen organizado y la violencia”, manifestó.

¿Desde cuándo el narcotráfico o el crimen organizado se combaten con tropas guardafronteras o son amenazas emergentes localizadas en los bordes fronterizos? Si en realidad las autoridades militares tuvieran la mínima intención de combatir estos flagelos, es fácil orientarlos para que sepan dónde y a quienes buscar dentro del territorio nacional. Ellos mismos deben saberlo muy bien. En la historia reciente del país hemos tenido diputados narcotraficantes, alcaldes vinculados a redes delincuenciales, ministros líderes de grupos criminales, empresarios privados responsables de escandalosas estafas, incluso dos Presidentes de la República dados en vergonzosa fuga.

En todo caso si, como con terca insistencia decían hace algunos meses, “la violencia se combate con inteligencia”, pues ya va siendo hora de que las actuales autoridades den siquiera una muestra de tenerla. Estas medidas más bien apuntan en la dirección contraria.

Para mejor proveer, al final de este comunicado hemos adjuntado los artículos de prensa en los que se hacen del dominio del público las informaciones a las que hemos hecho referencia.




PLAN MÉRIDA, MAYA JAGUAR

2.- Energía a partir de carbón mineral:

Tanto el matutino El Periódico como su colega Prensa Libre nos hace saber que el Presidente de la República colocó la primera piedra de la planta generadora de energía eléctrica que construye una empresa extranjera, la Duke Energy. ¿Desde cuándo al Presidente de la República le corresponde dar por iniciadas las obras de ninguna empresa privada, nacional o extranjera? Menos aún cuando se trata de una empresa que muestra el siguiente palmarés:

En 1999, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos inició una acción legal contra la empresa Duke Energy, por cuanto esta violaba el cumplimiento del “Acta de Aire Limpio". Tras un prolongado e intenso juicio, el caso llegó hasta la instancia superior y, finalmente, el 2 de Abril del 2007, la Corte Suprema falló de manera unánime contra la Duke Energy y a favor de los grupos ambientalistas. (Enviromental Defense vs. Duke Energy Corp., case 05-848).

En el año 2002, investigadores de la Universidad de Massachusetts identificaron a la empresa Duke Energy como la 46ava corporación productora de contaminación ambiental en los Estados Unidos, puesto que anualmente liberaba cerca de 36 millones de químicos tóxicos en el aire. Los mayores contaminantes señalados en el estudio incluyen ácido sulfúrico, ácido hidroclorídrico, componentes de cromo, CO2 y otras sustancias nocivas para la vida humana y para la sobrevivencia del planeta. En el 2008, la empresa Duke Energy subió a la posición 13 de esa lista negra, al haber más que duplicado su liberación de químicos tóxicos en la atmósfera, llegando a 80 millones de libras por año.

Y es a semejante monstruo al que el presidente de la República le destina su tiempo para colocarle una primera piedra de su inversión de 150 millones de dólares. Es a ese tipo de sádicos depredadores a quienes el Gobierno les ha abierto de par en par las puertas del país y les recibe con alfombra roja. ¡Triste papel de lacayos serviles el que hacemos ante los ojos del mundo!

Es obvio que a esa empresa lo que menos le importa es el bienestar del país. Lo que pretenden es invertir su dinero y sacar la mayor ganancia en el menor plazo posible, sobre todo porque saben que se trata de invertir en un país en el que las regulaciones ambientales son mínimas y en el que, además, pueden comprar autoridades con sólo arrojarles un par de maníes.

Los datos que hemos aportado sobre esta nefasta empresa extranjera los obtuvimos tras una breve investigación en fuentes públicas. Por lo tanto, es evidente que las autoridades del Gobierno los conocen perfectamente. ¿Por qué, entonces, los ocultan?

El propio Presidente de la empresa, Richard McGee, quien estuvo en los actos de colocación de esa vergonzosa primera piedra, “anunció que de manera voluntaria la compañía Duke Energy aportará Q2 millones anuales para un programa de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que causará la planta, que utilizará la tecnología más avanzada para reducir la contaminación”. Con ello, lo único que hace es reconocer que la planta será generadora de emisiones tóxicas que deberán ser mitigadas, es decir, cuyo efecto nocivo deberá reducirse. Pero se refiere solamente a uno de los tóxicos que estarán produciendo a partir del momento en que inicien operaciones. ¿Y qué pensarán hacer con todos los otros químicos tóxicos que estarán esparciendo sobre todo el territorio nacional?

Debe tenerse presente, en todo caso, que “mitigar” no es sinónimo de eliminar. Apenas significa moderar, aplacar parcialmente, disminuir un tanto o suavizar algo que causa problemas. ¿Para qué necesita Guatemala que se mitigue el efecto de una planta que todavía no existe? Lo que debe hacerse es impedir que la fuente generadora de problemas llegue a existir, así no habrá necesidad de mitigar nada en absoluto.

Por otra parte, y dado que son cinco las autorizaciones para la construcción y puesta en servicio de plantas generadoras de energía a partir de carbón mineral, debe denunciarse el hecho de que, con esa política, se condena al país a depender de la importación de una materia prima que aquí no existe y, por ende, de los precios internacionales que les de la gana fijar a los países productores de carbón mineral, entre los que destaca Estados Unidos.

En el mismo artículo de prensa “Romeo Rodríguez, viceministro de Energía, informó que en el mes de noviembre se prevé que inicien los trabajos de construcción de la planta de carbón de Jaguar Energy de 300 MV y una inversión de US$650 millones”. Es decir, que las otras cuatro plantas ya vienen y vienen cerca.

De esta política, a la población del país, con especial peso sobre la de Escuintla, le quedará la carga contaminante y sus múltiples efectos nocivos. Nuestros paisajes dejarán de ser atractivo turístico debido a la presencia creciente de la lluvia ácida. Nuestras áreas de cultivos se verán severamente afectadas. Nuestra tierra se envenenará debido a los tóxicos que le agregará la lluvia. Incluso los productos agrícolas correrán el riesgo de resultar portadores de sustancias tóxicas. Todo ello a cambio de que Duke Energy incremente su capital y acumule más ganancias.

La política energética que se ha puesto en marcha conduce, inexorablemente, hacia la privatización de lo que queda del INDE. De esa manera, una empresa estatal, es decir, propiedad del pueblo, que existe para asegurar la prestación de un servicio básico, se verá sustituida por empresas privadas, que existen para hacer de ese servicio básico una fuente de lucro.

Colom debería ir, con todo su gabinete ministerial y su flamante Ministro de Energía a la cabeza, a quitar esa primera piedra que ya puso. Debería, además, revertir de inmediato esa insensata política energética que ha consagrado con su firma, a no ser que inconfesables compromisos adquiridos se lo impidan.

El pueblo guatemalteco tiene la obligación ética de expresar, a una sola voz, su firme repudio ante estos disparates que se impulsan desde el Estado y que solamente convienen a intereses de pequeños pero poderosos grupos, cuya codicia amenaza con llevar al país hasta un punto de ingobernabilidad y de descontento del cual pueden desprenderse situaciones incontrolables.

¡LA LUCHA SIGUE!

Adjuntamos, también, los artículos de prensa que conducen a estas reflexiones.
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Prensa Libre, 28 de Febrero del 2008
Esperan llegar a los 30 mil efectivos
Duplicarán número de efectivos del Ejército



El vicepresidente Rafael Espada, junto a la comitiva oficial de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa.

Visita
Preocupados por inseguridad

Quince oficiales del Ejército de Estados Unidos visitaron ayer al vicepresidente Espada, para discutir sobre los problemas de seguridad y migración y acerca del fortalecimiento de las fuerzas armadas.
“Fue una visita de cortesía. Hablamos de la seguridad del país. Ellos plantearon sus preocupaciones por el tema”, explicó Espada. La reunión duró aproximadamente una hora.
James Derham, embajador de Estados Unidos en el país, habló en nombre de la comitiva y declaró que apoyarán al Gobierno en el fortalecimiento del Ejército. Anunció que el próximo mes arribarán cuatro helicópteros destinados al combate del crimen organizado.

Especiales
Por hugo alvarado

El vicepresidente Rafael Espada informó ayer que dentro del plan de modernización del Ejército se incluye duplicar el número de efectivos militares, con el objetivo de combatir al crimen organizado.
La visión del Gobierno es aumentar gradualmente el número de efectivos castrenses, por lo que el plan empezará a funcionar a partir del próximo año, y consiste en el entrenamiento de nuevos integrantes y del personal actual.
El vicemandatario manifestó que de 15 mil miembros, la institución castrense pasaría a 30 mil, en los próximos años.
Para poner en marcha el plan, que fue presentado por el Ministerio de la Defensa, Espada explicó que recibirán ayuda de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Brasil.
Daniel Domínguez, vocero de la referida cartera, confirmó que existe la propuesta y que ya le fue presentada al presidente Álvaro Colom. “Nosotros solo esperamos órdenes para iniciar con la ejecución del plan”, expuso.
Al inicio de la conferencia, Espada dijo que el objetivo es que al final de esta administración exista avance en el aumento de efectivos, pero, ante las constantes preguntas de los periodistas, aseguró que no habría por qué preocuparse en este momento por la cantidad y el presupuesto que la medida representaría para el Ministerio, ya que “lo ideal” es que en los próximos 25 años el Ejército tenga 30 mil miembros.
Justificó que en gobiernos anteriores se ha reducido exageradamente a la institución castrense, y no como lo estipulan los acuerdos de paz, por lo que retomarán el compromiso, que es del 33 por ciento.
Domínguez refirió que la modernización del Ejército no consiste solo en la capacitación técnica y tecnológica, sino también se requiere incrementar el recurso humano.
El vocero militar comentó que antes de la firma de los acuerdos de paz, en 1996, la fuerza militar era de 45 mil efectivos, y actualmente es de 15 mil 500.
De 1996 a la fecha, la reducción ha sido del 66 por ciento. La primera se efectuó en el 2002, y la otra, en el 2004.

En las fronteras

El vicegobernante detalló que los nuevos castrenses serían asignados para resguardar las fronteras y las aduanas, a fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
“Como estamos en tiempos de paz, los militares tendrán asignaciones en áreas sociales, como parte de su especialización”, afirmó.

Decisión lamentable

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, lamentó la intención del Ejecutivo de elevar la cantidad de militares. “Con esa disposición van a debilitar el papel de la Policía Nacional Civil. Estaríamos retrocediendo”, opinó.
Eleonora Muralles, activista de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, dijo que no le encuentra lógica a la propuesta del Gobierno. Destacó que en lugar de aumentar el número de militares, se debe de incrementar el de agentes policiales.
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Prensa Libre, 1 de Julio del 2008
Nacional
Buscarán aumentar presupuesto militar
Por césar león

En la conmemoración del Día del Ejército, el presidente Álvaro Colom anunció que para el 2009 propondrá que el presupuesto para el Ministerio de la Defensa aumente a Q2 mil 200 millones, para financiar el equipamiento y la modernización de las unidades castrenses.
Luego de los actos en la Brigada Mariscal Zavala, por el 137 aniversario de la Revolución de 1871, Colom explicó que este incremento sería para “la modernización de las unidades del Ejército, que no se han atendido desde 1996. Esto da debilidad a la capacidad de reacción de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, el cual estamos combatiendo”, expresó.
Para este año el presupuesto aprobado para Defensa fue de Q1 mil 265 millones, que no incluye fondos para adquirir equipos, vehículos y naves para la Infantería y las fuerzas Aérea y Naval.
Apenas el viernes último, el ministro de la Defensa, Marco Tulio García, dijo que necesitan aumentar el Ejército.

Desfiles militares

La marcha castrense por el Día del Ejército no recorrió ayer las calles capitalinas, como ha ocurrido en años anteriores.
Organizaciones pro derechos humanos, algunas de las cuales causaron disturbios en el desfile del año recién pasado, habían pedido su cancelación.
Sin embargo, la decisión de marchar solo dentro de las bases militares obedeció, según el Ministerio de la Defensa, a razones de austeridad.
Durante la ceremonia en Mariscal Zavala, el presidente pasó revista a la tropa. En los actos fue ascendido a general de brigada el comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Juan José Ruiz Morales, y a vicealmirante, el comandante de la Marina, Roberto Campos Sánchez. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, James Derham, recibió la Cruz de Oro de Primer Grado.

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Prensa Libre, 1 de Septiembre del 2008
Nacional
En marcha plan para subir número de tropa

A. Colom, presidente.

Por conié reynoso
El aumento de las filas castrenses empieza a tomar forma. Mientras la Comisión de Finanzas del Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q26 millones al Ejército para finalizar este año, el Gobierno pretende incrementar el número de la tropa.
En visitas realizadas a la provincia, el presidente Álvaro Colom ha argumentado la necesidad de elevar el número de miembros del Ejército, porque requieren de mayor presencia en las fronteras.
También justifica tal incremento, porque los alcaldes le han pedido más presencia militar en sus comunidades. No obstante, aseguró que en cuanto sea fortalecida la Policía Nacional Civil (PNC) se reducirá el Ejército.
En principio, se prevé que llegue a 25 mil efectivos en forma gradual, según un proyecto de seguridad del Ejecutivo.
A la fecha, 15 mil 500 integrantes militan en las fuerzas de Aire, Mar y Tierra, el aumento significativo será para el último grupo.
El plan del Ejecutivo no es nuevo, desde el inicio de esta administración, el vicepresidente Rafael Espada anunció que, como parte del programa de modernización del Ejército, se elevaría la tropa hasta 30 mil miembros, en forma gradual.
Tal disposición no es aceptada por grupos civiles; Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viuda de Guatemala, califica de incoherente el plan, porque si se está trabajando en fortalecer el poder civil no tienen ninguna justificación una ampliación del contingente ni de presupuesto para la institución armada.

Insuficiente para cobertura

Jorge Ortega, vocero del Ministerio de la Defensa, explicó que la medida se debe a que el número de integrantes de la institución es insuficiente para resguardar las zonas fronterizas, pues el país tiene amenazas emergentes y regionales, que son el narcotráfico y el crimen organizado.
“Este es un trabajo de sumar esfuerzos. El Estado hace su mejor esfuerzo para evitar el incremento del crimen organizado y la violencia”, manifestó.
En el país existen 45 destacamentos militares, además, 352 soldados resguardan 19 cárceles, mil 800 en áreas estratégicas y 242 en misiones de paz en el extranjero.
Aparte está el grupo de los tres mil efectivos destinados para los patrullajes combinados de seguridad ciudadana, quienes salieron de las reservas del Ejército, y el pago para este contingente se obtiene de un rubro de Q120 millones anuales que el Estado designa solo para ese fin.
La ampliación de las fuerzas militares también supone un incremento del presupuesto, por lo que el presidente Colom también explicó que junto a la estrategia territorial de cobertura del Ejército analizará de dónde sacará los fondos.
En julio recién pasado, el presidente también anunció la intención de multiplicar el presupuesto de Defensa para el próximo año a Q2 mil 200 millones, para financiar el equipamiento y modernización de la institución. El presupuesto de este año es de Q1 mil 265 millones.
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo que “las fuerzas militares están aprovechando la situación dramática de violencia y criminalidad que vive el país, para asegurarse más presupuesto y fortalecer la institución”.
“Hemos tenido patrullajes combinados, y colaboración del Ejército a la Policía, pero está probado que no ha habido un cambio positivo, porque la tendencia es que la violencia y criminalidad van en incremento”, enfatizó.
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Prensa Libre, 29 de Agosto del 2008
Últimas noticias
Colom coloca primera piedra de planta carbonera
El presidente Álvaro Colom asistió hoy a la colocación de la primera piedra de la construcción de una planta generadora de energía, en Escuintla.
La planta de la empresa Duke Energy estará ubicada en el kilómetro 63 de la antigua carretera que conduce al Puerto de San José.
Esta instalación generará 85 megavatios y para la misma se hará una inversión de US$150 millones. Se espera que la planta esté lista en 2010.
Los personeros de Duke Energy dijeron estar complacidos de ampliar su presencia en Guatemala y afirmaron están seguros de que esta planta va a ayudar a tener disponibilidad de suministro eléctrico en el país.
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El Periódico, 30 de Agosto del 2008
Economía:
Duke Energy invierte US$150 millones en planta eléctrica

El presidente Colom conversa con su ministro de Energía durante la inauguración de la planta.
Foto: Johan Ordóñez


Inaugura construcción de la planta ubicada en Escuintla, que generará inicialmente 20 megavatios a partir de noviembre y 85 al concluirse en 2010.
La compañía estadounidense Duke Energy inauguró ayer los trabajos de construcción de Las Palmas II, su nueva central de generación a base de carbón, la cual generará 85 megavatios de energía.

La inversión de US$150 millones en Las Palmas II es un voto de confianza en el país y sus autoridades, señaló Richard McGee, presidente de Duke Energy Internacional; al acto asistió el presidente Álvaro Colom, el ministro de Energía, Carlos Meany, y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Carlos Colom Bickford, quienes inauguraron los trabajos de construcción de la planta que generará 2 mil empleos entre directos e indirectos.

La planta localizada en Escuintla generará inicialmente 20 megavatios a partir de noviembre y 85 MV al estar concluida en el primer semestre de 2010.

El presidente Álvaro Colom resaltó que la construcción de la planta marca el inicio de la transformación de la matriz energética del país, que actualmente se basa en un 65 por ciento en derivados del petróleo, y recordó que en un plazo de 20 meses se concretarán otros proyectos como la hidroeléctrica Xacbal, que aportará 90 MV y la interconexión con México, que garantizará el abastecimiento eléctrico del país y reducirá su costo para los usuarios.

Romeo Rodríguez, viceministro de Energía, informó que en el mes de noviembre se prevé que inicien los trabajos de construcción de la planta de carbón de Jaguar Energy de 300 MV y una inversión de US$650 millones.

Responsabilidad ambiental

Richard McGee anunció que de manera voluntaria la compañía Duke Energy aportará Q2 millones anuales para un programa de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que causará la planta, que utilizará la tecnología más avanzada para reducir la contaminación.

Marco Cerezo Blandón, director de Fundaeco, sostiene que la utilización de carbón genera además de CO2, dióxido de azufre que produce la lluvia ácida. Sin embargo, el ministro Carlos Meany, señaló que la emisión de CO2 por parte de la planta de Duke no será significativa.