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lunes, 16 de febrero de 2009

Sobre las tarifas del Transporte Público

Guatemala, 6 de Febrero del 2009

Empresarios voraces no quieren ceder ni un centavo de sus ganancias

Hoy, desde tempranas horas de la mañana, los empresarios privados que operan rutas cortas de transporte extraurbano optaron por paralizar sus actividades, en rechazo a la nueva tarifa definida por el Ministerio de Comunicaciones.

Debe aclararse que esta tarifa emana como producto de la lucha emprendida meses atrás, básicamente por las organizaciones populares que forman parte de la Plataforma Urbana y del Frente Nacional de Lucha, FNL. No se trata, pues, de una generosa concesión dada desde el Gobierno, sino que es el resultado de meses de lucha, negociaciones y debates dados en el seno de una Comisión Multipartita, dentro de la cual la voz de las dos instancias mencionadas siempre supo plantear, con firmeza y como prioritarios, los derechos e intereses de la población.

En síntesis, en el 2008, cuando a nivel mundial se presentó la escalada en los precios del petróleo, los transportistas privados, ni lerdos ni perezosos, acudieron a este argumento para elevar las tarifas en todas las rutas que atienden y en todas las unidades que las cubren. Pero, una vez que los precios de los combustibles volvieron a su nivel normal, estos mismos empresarios se han negado tercamente a rebajar ni un centavo en las tarifas que cobran.

Debido a ello, los vecinos de Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Villa Nueva, Fraijanes, Amatitlán y otras localidades cercanas a la Ciudad Capital, con toda razón se fueron a las calles en demanda de sus derechos ciudadanos. Exigían, simple y sencillamente, que la tarifa del transporte se ajustara a los costos reales y no que fuera impuesta por la codicia sin límite propia de los empresarios privados del transporte. Estas acciones condujeron a la creación de la mesa de negociación multipartita a la que nos hemos referido, en la cual Plataforma Urbana y el FNL representaron los intereses de los sectores populares.

En consecuencia, la nueva tarifa definida debe considerarse como una importante conquista del pueblo, la cual, por lo tanto, debe defenderse. Por lo menos 500 mil personas hacen uso cotidiano de estos servicios. Son las familias de los sectores populares las que cargan, sobre sus hombros y presupuestos, con los costos del transporte. Son sus derechos los que deben de defenderse.

Los voraces empresarios, sin embargo, se niegan a aceptar la nueva tarifa, a pesar de que los estudios técnicos explican con claridad cómo se conforma, y se van al paro de sus unidades.

Cuando las organizaciones populares se van a las calles en lucha por cualquiera de sus derechos, esos mismos empresarios se suman al coro de voces que, desde las filas de todas las derechas, acusan a los pobladores de violar todo lo que se les ocurra. Lanzan en contra de la población que lucha los cargos de que son bochincheros, de que están manipulados por fuerzas oscuras, de que atentan contra la libre circulación, de que no saben de lo que están hablando, de que son una pila de haraganes que no quieren trabajar, en fin, han construido una sarta de epítetos a los que acuden invariablemente cada vez que el pueblo lucha. Además, rápido están de acuerdo con que intervengan las fuerzas de seguridad y aplauden la represión cuando es el pueblo el que lucha

Habrá que ver cómo se aplican estos criterios a sí mismos ahora que estos empresarios han optado por suspender la prestación de sus servicios.

Hoy, el debate sobre el tema del transporte enfrenta dos posiciones antagónicas: por un lado los derechos del pueblo y, por otro, la codicia desmedida de los empresarios privados. En todo caso, el problema de fondo va más allá de una mera cuestión tarifaria. Por ende, no encontrará solución mientras no se eliminen las causas generadoras del actual conflicto.

Es un hecho que en Guatemala, salvo contadas excepciones, no se puede hablar del servicio de transporte público, por cuanto su prestación es privada. Al ser privada, opera con fines de lucro. Toda iniciativa empresarial privada existe en función de generar ganancias para sus propietarios. Nadie crea una empresa privada con el fin de perder. Y las ganancias saldrán, siempre, desde los bolsillos de los usuarios o consumidores, es decir, desde los clientes.

En cualquier sociedad moderna el transporte público de personas debe concebirse, sin lugar a dudas, como un servicio básico, esencial para la población y para el desarrollo, (como también deben serlo la salud, la educación, la seguridad y la vivienda, para mencionar algunos ejemplos). El problema en Guatemala es que ese servicio, que debería ser público, prestado por el Estado y sin fines de lucro, se ejerce de manera privada por parte de empresarios voraces y con claros fines de lucro desmedido.

La verdadera solución a este problema no reside, por ende, en subir o bajar las tarifas cada vez que se llegue a una situación de conflicto, sino en proceder a la inmediata nacionalización del transporte, a la creación de empresas municipales que presten el servicio (que no sean propiedad de los alcaldes o sus familiares- aló Arzú) y a la generación de mecanismos que permitan el ejercicio de la incidencia política y de la auditoría social desde el seno de la población y de sus legítimas organizaciones, a efectos de ser parte en la definición de las políticas que se apliquen en este campo y en la fiscalización de la calidad y del manejo financiero. Así, nadie podrá meter la pata ni, mucho menos, la mano. Deben, pues, crearse empresas municipales que aseguren para el pueblo un servicio de calidad y a bajo costo.

Debe saberse que los actuales empresarios a favor de quienes se han concesionado las rutas han generado, además, un sistema de trabajo profundamente lesivo en perjuicio de quienes manejan las unidades o ayudan en cada una de las mismas. Los choferes en realidad alquilan a cuota fija cada camioneta, y deben trabajar a todo gas, jornadas de 12 o más horas para poder cubrir la cuota diaria y que les quede algo para sus familias. En la mayoría de los casos son los choferes quienes cubren, desde lo que van cobrando a cada usuario, el costo de los combustibles. No los ampara la legislación laboral vigente, por lo cual no disfrutan de derecho a vacaciones, a bono 14, a aguinaldo, de acceso al IGSS, a pensión ni a ninguna otra prestación laboral vigente por ley. Es decir, que los empresarios concesionarios de las líneas han diseñado un sistema que les permite operar sin asumir las responsabilidades a las que obliga la ley. Son, pues, violadores de la ley en materia laboral.

Tampoco invierten ni un centavo en procesos de capacitación al personal. A los empresarios no les interesa la calidad del servicio, sino que buscan solamente el incremento de sus ganancias. ¿Para qué, entonces, van a invertir en cursos que formen a conductores y a ayudantes?

Y no gastan, tampoco, más allá del mínimo indispensable en el mantenimiento de sus unidades. Por ello, tras cada accidente en el que se ven involucradas, se determina que la causa fueron los frenos mal atendidos u otras fallas mecánicas previsibles. La gran mayoría de las decenas de muertes que han ocurrido en las carreteras deben atribuirse, entonces, a una clara e intencionada negligencia empresarial, alimentada por la codicia.

En declaraciones hechas públicas por Prensa Libre en su edición de hoy, como argumento para justificar el paro empresarial y la no aceptación de la nueva tarifa, el vocero de los transportistas expresa lo siguiente:

“Carlos Díaz, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), indicó que prestan un servicio en el que arriesgan la vida de pilotos y ayudantes, además de pagar extorsiones”

Esas declaraciones son el colmo del descaro. Este señor Díaz sabe perfectamente que a ellos, los empresarios, jamás les han importado los derechos de pilotos y ayudantes, y que, a pesar de que vienen cobrando a cada cliente una tarifa ilegal desde hace meses, nunca han invertido siquiera un centavo en materia de seguridad para choferes y ayudantes. Ni son ellos, tampoco, quienes pagan las extorsiones, cargo que absorben precisamente los pilotos y ayudantes con el dinero que paga el usuario. Ni seguridad ni extorsiones han representado, para los empresarios, costo alguno. En todo caso, eso no justifica, en absoluto, que se sostenga una tarifa por encima de lo que sea razonable. No son los usuarios los que deban correr con los costos que implicaría enfrentar la violencia.

Como análisis adicional, el transporte es uno de los factores que encarece los costos a los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela. De poco sirve cacarear desde el Estado la “gratuidad” en relación con cobros escolares, si los niños y niñas ni siquiera tienen los recursos para llegar ni a la esquina del establecimiento educativo.

La única solución real reside, pues, en la nacionalización del transporte privado, para que realmente pase a ser transporte público.

La decisión de rebajar la tarifa del transporte extraurbano de rutas cortas debe ser respaldada y sostenida desde las organizaciones populares.

La voracidad y prepotencia de los empresarios privados no puede imponerse sobre los derechos e intereses del pueblo.

¡Por la nacionalización del transporte!
¡La Lucha Sigue!

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Prensa Libre, 6 de Febrero del 2009
Nacional
Empresarios de rutas cortas amenazan con paro de buses


Los transportistas afirman que no acatarán lo dispuesto por el Ministerio de Comunicaciones.

Por sandra valdez periodismo comunitario

Empresarios del transporte extraurbano de rutas cortas del departamento de Guatemala informaron que a partir de hoy paralizarán ese servicio, en rechazo a la imposición de una rebaja de tarifas por parte del Ministerio de Comunicaciones.
Carlos Díaz, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), indicó que prestan un servicio en el que arriesgan la vida de pilotos y ayudantes, además de pagar extorsiones.

También argumentó que el alza de precios de los repuestos, lubricantes y llantas incrementa el costo de sus operaciones y disminuye sus ganancias.

Díaz, en representación de los propietarios de las mil 750 unidades que circulan en el departamento de Guatemala, afirmó que si aceptan las tarifas contenidas en el acuerdo 16-2009, lo harán con pérdidas, y eso es inaceptable.

Tarifa técnica
Augusto Marroquín, director general de Transportes (DGT), reiteró que se trata de una tarifa técnica, que depende de un estudio apegado al costo de operación y ocupación.

Advirtió que si la Gretrucex suspende el servicio, tiene contemplado agilizar permisos temporales para que buses urbanos cubran el servicio de las rutas cortas.

Sin embargo, Luis Gómez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, indicó que no tienen conocimiento al respecto, pues nunca han estado en conversaciones con la DGT.

Explicó que no descartan esa posibilidad, y aseguró que tienen la capacidad para hacerlo, pero carecen de la jurisdicción de esas rutas.

Policía vigilará
Marlene Blanco, directora de la Policía Nacional Civil, aseguró que no permitirá disturbios por parte de los autobuseros de rutas cortas.

“No vamos a permitir que a los usuarios se les vede el derecho del transporte”, expresó. Agregó que destacará agentes para evitar que les obstaculicen las vías a las empresas que sí van a prestar el servicio.

Gamaliel Chin, presidente de la Gretrucex, afirmó que podrían interponer recursos legales contra el citado acuerdo, incluso en la Corte de Constitucionalidad.

Otto Rivas, también empresario de buses extraurbanos, calificó a Marroquín de irresponsable e incapaz en su trabajo, por lo que solicitó su suspensión del cargo.
Marroquín dirigió ayer operativos en las rutas a El Salvador, Pacífico y Atlántico, donde advirtió a los pilotos que deben bajar las tarifas.


viernes, 16 de enero de 2009

Jalapa exige que el INDE asuma la distribución de la energía‏

Guatemala, 16 de Enero del 2009

Jalapa exige que el INDE asuma la distribución de energía

El pasado 12 de Enero el pueblo de Jalapa realizó una multitudinaria marcha en demanda de que la distribución de la energía eléctrica pase a manos del INDE, por cuanto desde hace más de una década vienen recibiendo un mal servicio, han sido víctimas de cobros ilegales y, además, de abusos de autoridad, soberbia y prepotencia por parte de empleados que atienden ese servicio.

Esta acción no se da de manera aislada. Las auténticas organizaciones populares de San Marcos, de Santa Rosa, de Jalapa, de Chiquimula, de Zacapa, del Quiché y de otros Departamentos y Municipios del país han expresado, en las calles, su repudio a la privatización de los servicios de distribución de la energía eléctrica. Se trata, pues, de un clamor que alcanza ya una dimensión nacional. Esta lucha la encabeza el pueblo de San Marcos, en donde la población, con toda la razón y con todo derecho, se niega incluso a pagar los recibos ilegales que reciben mes a mes de parte de Unión FENOSA mientras no se resuelva la situación anómala e ilegal.

El grito de “FUERA UNIÓN FENOSA”, así como la consigna de “NO PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ”, han ido aceleradamente cobrando fuerza en la conciencia del pueblo y se han convertido en banderas de lucha.

Para mejor proveer, adjuntamos el comunicado de convocatoria para la exitosa marcha realizada en Santa Rosa, el volante que circula en los Municipios de San Marcos y el artículo hecho público por el matutino Prensa Libre en su edición del pasado 13 de Enero. Los dos primeros ponen en claro las razones por las cuales el pueblo se ha ido a la lucha contra esta empresa extranjera.

Desde el FNL nos solidarizamos con el sentir de nuestro pueblo e instamos a las organizaciones que aún no lo han hecho a que se sumen a esta batalla por la nacionalización de la energía.

¡Fuera UNIÓN FENOSA!
¡LA LUCHA SIGUE!


ATENCIÓN, ATENCIÓN, ATENCIÓN

A TODAS Y TODOS LOS VECINOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULILLA, GUAZACAPAN, TAXISCO Y SAN JUAN TECUACO, EL FRENTE DE UNIDAD SINDICAL DEL SUR ORIENTE, FUSSO, LES INVITA A PARTICIPAR EN LA GRAN MANIFESTACIÓN, EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN TOTAL RECHAZO A LOS COBROS ILEGALES, ABUSOS, VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS Y A LA SOBERANÍA NACIONAL, POR PARTE DE LA EMPRESA PRIVADA DEORSA- DE LA CORPORACIÓN ESPAÑOLA UNIÓN FENOSA.

LA GRAN MANIFESTACIÓN SALDRÁ A LAS OCHO DE LA MAÑANA, DEL CAMPAMENTO DE CHIQUIMULILLA, EL DIA MIÉRCOLES 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

POR LO QUE INVITAMOS A JÓVENES, AMAS DE CASA, CAMPESINOS, ESTUDIANTES, VENDEDORES DE MERCADOS, SINDICALISTAS, INDÍGENAS, COOPERATIVISTAS, MAESTROS, ARTESANOS, EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES SOCIALES, IGLESIAS, ETC.

NO DEJES QUE NOS ROBEN, ABUSEN, VIOLEN NUESTROS DERECHOS… HACE MAS DE 500 AÑOS LOS ESPAÑOLES NOS CONQUISTAN Y NOS ROBAN EL ORO CON COMPLICIDAD DE TRAIDORES. HOY EN DIA LA HISTORIA SE REPITE Y NO SE LLEVAN ORO, SE LLEVAN EL DINERO QUE CON ESFUERZO TRABAJAMOS DÍA A DÍA PARA PAGAR MULTAS Y COBROS QUE JAMÁS EXISTEN.

COMPAÑERA, COMPAÑERO, ÚNETE A LA LUCHA ESTE MIÉRCOLES 14 DE ENERO, A LAS 08:00 DE LA MAÑANA EN EL CAMPAMENTO, INGRESO A CHIQUIMULILLA.

¡ POR QUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO !
POR QUE MIENTRAS HAYA PUEBLO… HABRÁ REVOLUCIÓN




Prensa Libre, 13 de Enero del 2009
Departamentales
Marcha en contra de comuna de Jalapa



Campesinos de Jalapa exigen a Concejo que recupere empresa municipal de Electricidad.

Por hugo oliva
Jalapa


El Frente Nacional de Lucha (FNL), que aglutina sindicatos de ese departamento, protestó ayer contra la Municipalidad de Jalapa por la intervención de la Empresa Eléctrica, que data desde hace más de 12 años, y en contra de empleados que tratan mal a los usuarios, informó Marco Antonio García Zetino, líder del movimiento.

La marcha comenzó, a las 9.30 horas, en el barrio San Francisco, sede del movimiento popular, y se dirigió sobre la Calle Tránsito Rojas hacia la sede de Gobernación Departamental y la comuna de Jalapa, donde efectuaron un mitin en el que informaron el motivo de la protesta.

El líder del FNL, Marco Antonio García, declaró que, entre las peticiones a las autoridades, está que se recupere la Empresa Eléctrica, que lleva más de 12 años de intervención debido a una deuda millonaria.

“Sabemos que la deuda con el Instituto Nacional de Electrificación es de más de Q21 millones, y nada se ha hecho para cambiar las cosas”, aseguró García.

Algunas peticiones concretas son que las autoridades del Concejo aprueben la entrega de la Empresa Eléctrica en fideicomiso al Instituto Nacional de Energía, hasta que sea cancelada la deuda.

Además, que sean removidos de sus cargos William Morales Merlos y Hellen Sandoval, por delitos de prepotencia y abuso de autoridad.

Además, el alcalde de Jalapa, Alfredo Sandoval Cabrera, recibió el documento y aseguró que lo estudiará con el Concejo, y durante la semana dará una respuesta.


Jefe edil Alfredo Sandoval recibe documento.

jueves, 4 de septiembre de 2008

Dos disparates del Gobierno‏

Guatemala, 1 de Septiembre del 2008

Dos nuevos desatinos

Los medios de prensa escrita informan a la opinión pública que el actual Gobierno ha dado ya pasos concretos en dirección a poner en marcha y consolidar dos de sus políticas erradas y antipopulares. Se trata de un par de disparates monumentales anunciados desde hace meses por el Gobierno:


1.- Más fondos para aumentar el tamaño del Ejército:


El primer absurdo consiste en la disposición de duplicar el número de efectivos del Ejército, acción que inicialmente anunció el Vicepresidente Espada desde el pasado 28 de Febrero, durante una conferencia de prensa a la que compareció rodeado por oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. (en febrero se publicó un comunicado al respecto: http://estamosdefrente.blogspot.com/2008_02_01_archive.html)

Posteriormente en Junio, durante los actos del Día del Ejército, el propio Presidente, Álvaro Colom hace pública su voluntad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa de Q1 mil 265 millones hasta Q2 mil 200 millones, lo que implica, en números redondos, un aumento de un mil millones de quetzales, casi una duplicación de su presupuesto total actual.

Y en un tercer acto de esta tragedia nacional, hoy ratifican que, antes de que termine el año, el Gobierno pretende incrementar el número de la tropa, para lo cual cuentan ya con un incremento presupuestario de Q26 millones.

Conviene analizar algunas de las incoherentes declaraciones hechas públicas por el Primer Mandatario, citadas por Prensa Libre:

“En visitas realizadas a la provincia, el presidente Álvaro Colom ha argumentado la necesidad de elevar el número de miembros del Ejército, porque requieren de mayor presencia en las fronteras.
También justifica tal incremento, porque los alcaldes le han pedido más presencia militar en sus comunidades. No obstante, aseguró que en cuanto sea fortalecida la Policía Nacional Civil (PNC) se reducirá el Ejército”


Según reza en la Constitución Política de la República, el Ejército existe para salvaguardar las fronteras ante cualquier intento de invasión extranjera. Es decir, protege las fronteras desde adentro y hacia fuera, y no al revés. Se deduce entonces, de las declaraciones presidenciales, que algún país amenaza la integridad territorial o se dispone a invadirnos, razón por la cual debe incrementarse el número de efectivos militares destacados en las fronteras.

¿Quién ha oído hablar de que Belice, México, Honduras o El Salvador hayan dado muestras de pretender adentrar sus ejércitos en suelo guatemalteco? ¿Quién nos amenaza desde afuera? ¿O será, quizás, que el Estado se dispone a emplear tropas guardafronteras para impedir el ingreso de millares de gringos indocumentados que buscan colarse en Guatemala ante la ausencia de oportunidades de construir una vida digna en su propio país?

Colom agrega que incrementará el número de efectivos militares a solicitud de varios alcaldes, que han pedido la presencia del Ejército en sus municipios. No dice, claro está, cuáles son los que le formulan tal demanda. En todo caso, de inmediato agrega que, una vez que se fortalezca la PNC, se reducirá el Ejército. Es decir, que contratará tropas temporales, a las que despedirá una vez que la PNC pueda sustituirlas. No aclara, sin embargo, de cuánto tiempo serán esos contratos. Ya el Estado ha tenido que enfrentar constantes problemas por la creación de los maestros y los salubristas por contrato. ¿Habrá entonces que agregar una nueva categoría denominada “soldados por contrato? En todo caso, el más elemental sentido común llama a preguntarse ¿cuándo se va a fortalecer y depurar la PNC si en lo que se invierte es en aumentar el tamaño y presupuesto del Ejército? Es igual a decir “le doy de comer a mi mula para que engorde mi caballo”.

Llama la atención el reiterado empleo de la palabra “provincias”, para referirse a los Departamentos. En Guatemala no existen las provincias. El solo empleo de este vocablo exógeno pone en evidencia el origen externo de estas políticas adoptadas por el Estado, pero probablemente concebidas más allá de nuestras fronteras.

En el mismo artículo de Prensa Libre Jorge Ortega, vocero del Ministerio de la Defensa, para justificar este disparate agrega elementos que resaltan por absurdos:
“…explicó que la medida se debe a que el número de integrantes de la institución es insuficiente para resguardar las zonas fronterizas, pues el país tiene amenazas emergentes y regionales, que son el narcotráfico y el crimen organizado.
“Este es un trabajo de sumar esfuerzos. El Estado hace su mejor esfuerzo para evitar el incremento del crimen organizado y la violencia”
, manifestó.

¿Desde cuándo el narcotráfico o el crimen organizado se combaten con tropas guardafronteras o son amenazas emergentes localizadas en los bordes fronterizos? Si en realidad las autoridades militares tuvieran la mínima intención de combatir estos flagelos, es fácil orientarlos para que sepan dónde y a quienes buscar dentro del territorio nacional. Ellos mismos deben saberlo muy bien. En la historia reciente del país hemos tenido diputados narcotraficantes, alcaldes vinculados a redes delincuenciales, ministros líderes de grupos criminales, empresarios privados responsables de escandalosas estafas, incluso dos Presidentes de la República dados en vergonzosa fuga.

En todo caso si, como con terca insistencia decían hace algunos meses, “la violencia se combate con inteligencia”, pues ya va siendo hora de que las actuales autoridades den siquiera una muestra de tenerla. Estas medidas más bien apuntan en la dirección contraria.

Para mejor proveer, al final de este comunicado hemos adjuntado los artículos de prensa en los que se hacen del dominio del público las informaciones a las que hemos hecho referencia.




PLAN MÉRIDA, MAYA JAGUAR

2.- Energía a partir de carbón mineral:

Tanto el matutino El Periódico como su colega Prensa Libre nos hace saber que el Presidente de la República colocó la primera piedra de la planta generadora de energía eléctrica que construye una empresa extranjera, la Duke Energy. ¿Desde cuándo al Presidente de la República le corresponde dar por iniciadas las obras de ninguna empresa privada, nacional o extranjera? Menos aún cuando se trata de una empresa que muestra el siguiente palmarés:

En 1999, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos inició una acción legal contra la empresa Duke Energy, por cuanto esta violaba el cumplimiento del “Acta de Aire Limpio". Tras un prolongado e intenso juicio, el caso llegó hasta la instancia superior y, finalmente, el 2 de Abril del 2007, la Corte Suprema falló de manera unánime contra la Duke Energy y a favor de los grupos ambientalistas. (Enviromental Defense vs. Duke Energy Corp., case 05-848).

En el año 2002, investigadores de la Universidad de Massachusetts identificaron a la empresa Duke Energy como la 46ava corporación productora de contaminación ambiental en los Estados Unidos, puesto que anualmente liberaba cerca de 36 millones de químicos tóxicos en el aire. Los mayores contaminantes señalados en el estudio incluyen ácido sulfúrico, ácido hidroclorídrico, componentes de cromo, CO2 y otras sustancias nocivas para la vida humana y para la sobrevivencia del planeta. En el 2008, la empresa Duke Energy subió a la posición 13 de esa lista negra, al haber más que duplicado su liberación de químicos tóxicos en la atmósfera, llegando a 80 millones de libras por año.

Y es a semejante monstruo al que el presidente de la República le destina su tiempo para colocarle una primera piedra de su inversión de 150 millones de dólares. Es a ese tipo de sádicos depredadores a quienes el Gobierno les ha abierto de par en par las puertas del país y les recibe con alfombra roja. ¡Triste papel de lacayos serviles el que hacemos ante los ojos del mundo!

Es obvio que a esa empresa lo que menos le importa es el bienestar del país. Lo que pretenden es invertir su dinero y sacar la mayor ganancia en el menor plazo posible, sobre todo porque saben que se trata de invertir en un país en el que las regulaciones ambientales son mínimas y en el que, además, pueden comprar autoridades con sólo arrojarles un par de maníes.

Los datos que hemos aportado sobre esta nefasta empresa extranjera los obtuvimos tras una breve investigación en fuentes públicas. Por lo tanto, es evidente que las autoridades del Gobierno los conocen perfectamente. ¿Por qué, entonces, los ocultan?

El propio Presidente de la empresa, Richard McGee, quien estuvo en los actos de colocación de esa vergonzosa primera piedra, “anunció que de manera voluntaria la compañía Duke Energy aportará Q2 millones anuales para un programa de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que causará la planta, que utilizará la tecnología más avanzada para reducir la contaminación”. Con ello, lo único que hace es reconocer que la planta será generadora de emisiones tóxicas que deberán ser mitigadas, es decir, cuyo efecto nocivo deberá reducirse. Pero se refiere solamente a uno de los tóxicos que estarán produciendo a partir del momento en que inicien operaciones. ¿Y qué pensarán hacer con todos los otros químicos tóxicos que estarán esparciendo sobre todo el territorio nacional?

Debe tenerse presente, en todo caso, que “mitigar” no es sinónimo de eliminar. Apenas significa moderar, aplacar parcialmente, disminuir un tanto o suavizar algo que causa problemas. ¿Para qué necesita Guatemala que se mitigue el efecto de una planta que todavía no existe? Lo que debe hacerse es impedir que la fuente generadora de problemas llegue a existir, así no habrá necesidad de mitigar nada en absoluto.

Por otra parte, y dado que son cinco las autorizaciones para la construcción y puesta en servicio de plantas generadoras de energía a partir de carbón mineral, debe denunciarse el hecho de que, con esa política, se condena al país a depender de la importación de una materia prima que aquí no existe y, por ende, de los precios internacionales que les de la gana fijar a los países productores de carbón mineral, entre los que destaca Estados Unidos.

En el mismo artículo de prensa “Romeo Rodríguez, viceministro de Energía, informó que en el mes de noviembre se prevé que inicien los trabajos de construcción de la planta de carbón de Jaguar Energy de 300 MV y una inversión de US$650 millones”. Es decir, que las otras cuatro plantas ya vienen y vienen cerca.

De esta política, a la población del país, con especial peso sobre la de Escuintla, le quedará la carga contaminante y sus múltiples efectos nocivos. Nuestros paisajes dejarán de ser atractivo turístico debido a la presencia creciente de la lluvia ácida. Nuestras áreas de cultivos se verán severamente afectadas. Nuestra tierra se envenenará debido a los tóxicos que le agregará la lluvia. Incluso los productos agrícolas correrán el riesgo de resultar portadores de sustancias tóxicas. Todo ello a cambio de que Duke Energy incremente su capital y acumule más ganancias.

La política energética que se ha puesto en marcha conduce, inexorablemente, hacia la privatización de lo que queda del INDE. De esa manera, una empresa estatal, es decir, propiedad del pueblo, que existe para asegurar la prestación de un servicio básico, se verá sustituida por empresas privadas, que existen para hacer de ese servicio básico una fuente de lucro.

Colom debería ir, con todo su gabinete ministerial y su flamante Ministro de Energía a la cabeza, a quitar esa primera piedra que ya puso. Debería, además, revertir de inmediato esa insensata política energética que ha consagrado con su firma, a no ser que inconfesables compromisos adquiridos se lo impidan.

El pueblo guatemalteco tiene la obligación ética de expresar, a una sola voz, su firme repudio ante estos disparates que se impulsan desde el Estado y que solamente convienen a intereses de pequeños pero poderosos grupos, cuya codicia amenaza con llevar al país hasta un punto de ingobernabilidad y de descontento del cual pueden desprenderse situaciones incontrolables.

¡LA LUCHA SIGUE!

Adjuntamos, también, los artículos de prensa que conducen a estas reflexiones.
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Prensa Libre, 28 de Febrero del 2008
Esperan llegar a los 30 mil efectivos
Duplicarán número de efectivos del Ejército



El vicepresidente Rafael Espada, junto a la comitiva oficial de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa.

Visita
Preocupados por inseguridad


Quince oficiales del Ejército de Estados Unidos visitaron ayer al vicepresidente Espada, para discutir sobre los problemas de seguridad y migración y acerca del fortalecimiento de las fuerzas armadas.
“Fue una visita de cortesía. Hablamos de la seguridad del país. Ellos plantearon sus preocupaciones por el tema”, explicó Espada. La reunión duró aproximadamente una hora.
James Derham, embajador de Estados Unidos en el país, habló en nombre de la comitiva y declaró que apoyarán al Gobierno en el fortalecimiento del Ejército. Anunció que el próximo mes arribarán cuatro helicópteros destinados al combate del crimen organizado.

Especiales
Por hugo alvarado


El vicepresidente Rafael Espada informó ayer que dentro del plan de modernización del Ejército se incluye duplicar el número de efectivos militares, con el objetivo de combatir al crimen organizado.
La visión del Gobierno es aumentar gradualmente el número de efectivos castrenses, por lo que el plan empezará a funcionar a partir del próximo año, y consiste en el entrenamiento de nuevos integrantes y del personal actual.
El vicemandatario manifestó que de 15 mil miembros, la institución castrense pasaría a 30 mil, en los próximos años.
Para poner en marcha el plan, que fue presentado por el Ministerio de la Defensa, Espada explicó que recibirán ayuda de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Chile, México y Brasil.
Daniel Domínguez, vocero de la referida cartera, confirmó que existe la propuesta y que ya le fue presentada al presidente Álvaro Colom. “Nosotros solo esperamos órdenes para iniciar con la ejecución del plan”, expuso.
Al inicio de la conferencia, Espada dijo que el objetivo es que al final de esta administración exista avance en el aumento de efectivos, pero, ante las constantes preguntas de los periodistas, aseguró que no habría por qué preocuparse en este momento por la cantidad y el presupuesto que la medida representaría para el Ministerio, ya que “lo ideal” es que en los próximos 25 años el Ejército tenga 30 mil miembros.
Justificó que en gobiernos anteriores se ha reducido exageradamente a la institución castrense, y no como lo estipulan los acuerdos de paz, por lo que retomarán el compromiso, que es del 33 por ciento.
Domínguez refirió que la modernización del Ejército no consiste solo en la capacitación técnica y tecnológica, sino también se requiere incrementar el recurso humano.
El vocero militar comentó que antes de la firma de los acuerdos de paz, en 1996, la fuerza militar era de 45 mil efectivos, y actualmente es de 15 mil 500.
De 1996 a la fecha, la reducción ha sido del 66 por ciento. La primera se efectuó en el 2002, y la otra, en el 2004.

En las fronteras

El vicegobernante detalló que los nuevos castrenses serían asignados para resguardar las fronteras y las aduanas, a fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
“Como estamos en tiempos de paz, los militares tendrán asignaciones en áreas sociales, como parte de su especialización”, afirmó.

Decisión lamentable

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, lamentó la intención del Ejecutivo de elevar la cantidad de militares. “Con esa disposición van a debilitar el papel de la Policía Nacional Civil. Estaríamos retrocediendo”, opinó.
Eleonora Muralles, activista de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, dijo que no le encuentra lógica a la propuesta del Gobierno. Destacó que en lugar de aumentar el número de militares, se debe de incrementar el de agentes policiales.
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Prensa Libre, 1 de Julio del 2008
Nacional
Buscarán aumentar presupuesto militar
Por césar león


En la conmemoración del Día del Ejército, el presidente Álvaro Colom anunció que para el 2009 propondrá que el presupuesto para el Ministerio de la Defensa aumente a Q2 mil 200 millones, para financiar el equipamiento y la modernización de las unidades castrenses.
Luego de los actos en la Brigada Mariscal Zavala, por el 137 aniversario de la Revolución de 1871, Colom explicó que este incremento sería para “la modernización de las unidades del Ejército, que no se han atendido desde 1996. Esto da debilidad a la capacidad de reacción de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, el cual estamos combatiendo”, expresó.
Para este año el presupuesto aprobado para Defensa fue de Q1 mil 265 millones, que no incluye fondos para adquirir equipos, vehículos y naves para la Infantería y las fuerzas Aérea y Naval.
Apenas el viernes último, el ministro de la Defensa, Marco Tulio García, dijo que necesitan aumentar el Ejército.

Desfiles militares

La marcha castrense por el Día del Ejército no recorrió ayer las calles capitalinas, como ha ocurrido en años anteriores.
Organizaciones pro derechos humanos, algunas de las cuales causaron disturbios en el desfile del año recién pasado, habían pedido su cancelación.
Sin embargo, la decisión de marchar solo dentro de las bases militares obedeció, según el Ministerio de la Defensa, a razones de austeridad.
Durante la ceremonia en Mariscal Zavala, el presidente pasó revista a la tropa. En los actos fue ascendido a general de brigada el comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Juan José Ruiz Morales, y a vicealmirante, el comandante de la Marina, Roberto Campos Sánchez. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, James Derham, recibió la Cruz de Oro de Primer Grado.

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Prensa Libre, 1 de Septiembre del 2008
Nacional
En marcha plan para subir número de tropa


A. Colom, presidente.

Por conié reynoso
El aumento de las filas castrenses empieza a tomar forma. Mientras la Comisión de Finanzas del Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q26 millones al Ejército para finalizar este año, el Gobierno pretende incrementar el número de la tropa.
En visitas realizadas a la provincia, el presidente Álvaro Colom ha argumentado la necesidad de elevar el número de miembros del Ejército, porque requieren de mayor presencia en las fronteras.
También justifica tal incremento, porque los alcaldes le han pedido más presencia militar en sus comunidades. No obstante, aseguró que en cuanto sea fortalecida la Policía Nacional Civil (PNC) se reducirá el Ejército.
En principio, se prevé que llegue a 25 mil efectivos en forma gradual, según un proyecto de seguridad del Ejecutivo.
A la fecha, 15 mil 500 integrantes militan en las fuerzas de Aire, Mar y Tierra, el aumento significativo será para el último grupo.
El plan del Ejecutivo no es nuevo, desde el inicio de esta administración, el vicepresidente Rafael Espada anunció que, como parte del programa de modernización del Ejército, se elevaría la tropa hasta 30 mil miembros, en forma gradual.
Tal disposición no es aceptada por grupos civiles; Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viuda de Guatemala, califica de incoherente el plan, porque si se está trabajando en fortalecer el poder civil no tienen ninguna justificación una ampliación del contingente ni de presupuesto para la institución armada.

Insuficiente para cobertura

Jorge Ortega, vocero del Ministerio de la Defensa, explicó que la medida se debe a que el número de integrantes de la institución es insuficiente para resguardar las zonas fronterizas, pues el país tiene amenazas emergentes y regionales, que son el narcotráfico y el crimen organizado.
“Este es un trabajo de sumar esfuerzos. El Estado hace su mejor esfuerzo para evitar el incremento del crimen organizado y la violencia”, manifestó.
En el país existen 45 destacamentos militares, además, 352 soldados resguardan 19 cárceles, mil 800 en áreas estratégicas y 242 en misiones de paz en el extranjero.
Aparte está el grupo de los tres mil efectivos destinados para los patrullajes combinados de seguridad ciudadana, quienes salieron de las reservas del Ejército, y el pago para este contingente se obtiene de un rubro de Q120 millones anuales que el Estado designa solo para ese fin.
La ampliación de las fuerzas militares también supone un incremento del presupuesto, por lo que el presidente Colom también explicó que junto a la estrategia territorial de cobertura del Ejército analizará de dónde sacará los fondos.
En julio recién pasado, el presidente también anunció la intención de multiplicar el presupuesto de Defensa para el próximo año a Q2 mil 200 millones, para financiar el equipamiento y modernización de la institución. El presupuesto de este año es de Q1 mil 265 millones.
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo que “las fuerzas militares están aprovechando la situación dramática de violencia y criminalidad que vive el país, para asegurarse más presupuesto y fortalecer la institución”.
“Hemos tenido patrullajes combinados, y colaboración del Ejército a la Policía, pero está probado que no ha habido un cambio positivo, porque la tendencia es que la violencia y criminalidad van en incremento”, enfatizó.
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Prensa Libre, 29 de Agosto del 2008
Últimas noticias
Colom coloca primera piedra de planta carbonera
El presidente Álvaro Colom asistió hoy a la colocación de la primera piedra de la construcción de una planta generadora de energía, en Escuintla.
La planta de la empresa Duke Energy estará ubicada en el kilómetro 63 de la antigua carretera que conduce al Puerto de San José.
Esta instalación generará 85 megavatios y para la misma se hará una inversión de US$150 millones. Se espera que la planta esté lista en 2010.
Los personeros de Duke Energy dijeron estar complacidos de ampliar su presencia en Guatemala y afirmaron están seguros de que esta planta va a ayudar a tener disponibilidad de suministro eléctrico en el país.
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El Periódico, 30 de Agosto del 2008
Economía:
Duke Energy invierte US$150 millones en planta eléctrica


El presidente Colom conversa con su ministro de Energía durante la inauguración de la planta.
Foto: Johan Ordóñez


Inaugura construcción de la planta ubicada en Escuintla, que generará inicialmente 20 megavatios a partir de noviembre y 85 al concluirse en 2010.
La compañía estadounidense Duke Energy inauguró ayer los trabajos de construcción de Las Palmas II, su nueva central de generación a base de carbón, la cual generará 85 megavatios de energía.

La inversión de US$150 millones en Las Palmas II es un voto de confianza en el país y sus autoridades, señaló Richard McGee, presidente de Duke Energy Internacional; al acto asistió el presidente Álvaro Colom, el ministro de Energía, Carlos Meany, y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Carlos Colom Bickford, quienes inauguraron los trabajos de construcción de la planta que generará 2 mil empleos entre directos e indirectos.

La planta localizada en Escuintla generará inicialmente 20 megavatios a partir de noviembre y 85 MV al estar concluida en el primer semestre de 2010.

El presidente Álvaro Colom resaltó que la construcción de la planta marca el inicio de la transformación de la matriz energética del país, que actualmente se basa en un 65 por ciento en derivados del petróleo, y recordó que en un plazo de 20 meses se concretarán otros proyectos como la hidroeléctrica Xacbal, que aportará 90 MV y la interconexión con México, que garantizará el abastecimiento eléctrico del país y reducirá su costo para los usuarios.

Romeo Rodríguez, viceministro de Energía, informó que en el mes de noviembre se prevé que inicien los trabajos de construcción de la planta de carbón de Jaguar Energy de 300 MV y una inversión de US$650 millones.

Responsabilidad ambiental

Richard McGee anunció que de manera voluntaria la compañía Duke Energy aportará Q2 millones anuales para un programa de mitigación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que causará la planta, que utilizará la tecnología más avanzada para reducir la contaminación.

Marco Cerezo Blandón, director de Fundaeco, sostiene que la utilización de carbón genera además de CO2, dióxido de azufre que produce la lluvia ácida. Sin embargo, el ministro Carlos Meany, señaló que la emisión de CO2 por parte de la planta de Duke no será significativa.