Guatemala, 20 de Diciembre del 2008
Con mucho más pena que gloria
Diez aspectos iniciales para evaluar el quehacer del Gobierno
Ha transcurrido ya prácticamente un año desde que el actual Gobierno asumió la conducción de las riendas del país el pasado 14 de Enero. En síntesis, la gestión gubernamental a lo largo de estos 12 meses puede calificarse como una mera continuidad de la aplicación de las políticas neoliberales iniciadas por sus predecesores, matizadas en este caso con onerosos e insustanciales parchecitos populistas, con los cuales las autoridades de Gobierno no pretenden otra cosa más que, infructuosamente, taparle el ojo al macho y, al mismo tiempo, granjearse una base social de apoyo para su partido político.
1.- Ha sido un año en el que al pueblo se le ha recetado más de lo mismo, pero con denodados esfuerzos desde el Gobierno por disfrazarlo o, cuando menos, por disimularlo. Un año más de políticas públicas a favor de los ricos y en contra de los intereses y derechos del pueblo, pero cargado de limosnas y caridades lanzadas con bombos y platillos, que no sirven sino como elementos distractores, los cuales no sólo no modifican, en absoluto, la estructura que siembra injusticia en perjuicio de los sectores populares, sino que la consolidan. Ninguno de los grandes problemas que aquejan a los sectores populares ha sido enfrentado “con inteligencia”, como lo prometieron durante el recién pasado circo electoral y, a causa de ello, el acceso de la gran mayoría de la población al disfrute de los bienes y servicios sociales se ha puesto cada vez más difícil. El país marcha por malos rumbos en prácticamente todos los campos de la vida nacional, y nada se hace desde el Estado para siquiera paliar un tanto la aguda crisis que pesa sobre los hombros de los sectores populares.
2.- Ha sido un año de discursos ambivalentes que siembran confusión en el seno del pueblo, pero discursos que no marchan, para nada, a tono con la esencia y los efectos derivados de las políticas que implementan desde el Gobierno. Por ejemplo, se afirma e incluso se publican Acuerdos para que el acceso a la salud sea gratuito pero, paralelamente, se reducen los presupuestos para asegurar su prestación desde el Estado, se desabastece aún más al sistema de salud y se entregan hospitales completos a manos de Fundaciones privadas para que los administren. El país se encuentra colocado ante una dualidad en la cual la práctica concreta resulta antípoda del discurso oficial, evidenciándolo como demagogo.
3.- Un año de desconcertantes, abruptos e impredecibles giros del timón, como el que aconteció, por ejemplo, con las Escuelas Normales, a las cuales el Ministerio de Educación invitó a un diálogo que se prolongó durante meses, del cual salieron acuerdos que fueron bien asumidos por ambas partes e incluso con entusiasmo por los docentes, estudiantes y padres de familia normalistas. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, las autoridades ministeriales dan marcha atrás, unilateralmente lanzan los acuerdos adoptados al cesto de la basura y retoman tranquila e impunemente la línea dictada por el grupo “Empresarios por la Educación”, contraria a lo convenido, dejándose a la Comunidad Normalista con un palmo de narices. Aplicaron la vieja trampa consistente en hacer uso de los diálogos y de las mesas de negociación como medios para desmovilizar a los gremios y tomarles el pelo.
4.- Un año caracterizado por el descarado traslado de considerables recursos financieros desde las instituciones públicas hacia una nueva instancia ilícita denominada “Cohesión Social”, que está a cargo de la Primera Dama quien, por esa vía, se ha convertido en la persona con más poder dentro del Gobierno, sin que nada la acredite para ocupar semejante posición. Estos fondos se manejan, además, bajo criterios de clientelismo político y, por esa razón, no se orientan hacia la solución real de problemas nacionales, sino, más bien, hacia la compra de conciencias y, con ello, de base social que favorezca a la UNE. Comedores solidarios que son negocio de unos cuantos; centros de salud ambulantes dotados con todos los recursos, mientras en los centros de salud del Ministerio no se consigue ni una aspirina; partidas de hasta 300 quetzales mensuales a unas familias sí y a otras no sobre la base de lealtad político-partidaria; bolsas escolares distribuidas con idénticos criterios; en fin, desde Cohesión Social se ha hecho todo lo necesario para contribuir a la destrucción del tejido social, para colocar al pueblo en calidad de limosnero y para quebrar la auto-estima en el seno de los sectores populares.
5.- Un año de incertidumbre en el rumbo de las políticas públicas, que parecieran ir de la seca a la meca, pero que en la práctica, son secas en términos de satisfacer derechos e intereses superiores del pueblo y, por ende, devienen en la Mecca del CACIF y de los grandes consorcios internacionales. Así ha ocurrido, como un claro ejemplo, en el campo de los recursos naturales. La verborrea oficial habla de la defensa de las áreas protegidas cuando se trata de criminalizar las luchas campesinas e indígenas, pero no duda en emplear la fuerza pública con lujo de violencia contra el pueblo cuando se trata de proteger los intereses de los grandes empresarios nacionales o extranjeros.
6.- Un año de evidente incremento en los niveles de violencia. Y no nos referimos solamente a la violencia delincuencial, que ha escalado a niveles intolerables, extendiéndose como un cáncer que corroe a casi todos los rincones del país. El crimen organizado, en sus distintas expresiones, ha devenido en uno de los principales actores de poder real a lo largo y ancho del país. Las bandas de secuestradores, las maras, el narcotráfico y muchas otras expresiones criminales se han multiplicado y su presencia se ha hecho más fuerte y más evidente. Los efectos negativos de esta descomposición se dejan sentir en todos los campos de la vida nacional. El Estado, en su conjunto, ha demostrado una absoluta ausencia de voluntad política para combatir de manera efectiva este flagelo. Se ha limitado a medidas cosméticas, como el nombramiento de una mujer al frente de la PNC, pero no ha apuntado (y es claro que no quiere apuntar), hacia el corazón de la bestia.
7.- Un año de consagración de la impunidad como manto bajo el cual se abrigan toda suerte de atropellos contra el pueblo. La violencia en contra del pueblo, de sus organizaciones y de sus dirigentes ha cobrado preocupantes bríos en estos doce meses. Las fuerzas combinadas del ejército y de la policía se han empleado como instrumentos de represión abierta y brutal. Los casos de Puntarenas, en donde estas fuerzas asesinaron al campesino Mario Caal, o de San Juan Sacatepéquez, en donde 2 mil efectivos incursionaron en busca de 12 dirigentes de organizaciones comunitarias, son sólo la punta del iceberg. Al Presidente Álvaro Colom no le ha temblado el pulso para desplegar fuerzas represivas e, incluso, llenarse sus manos con sangre del pueblo, cuando así se lo han requerido sus amos del CACIF y del Imperio. Durante su gestión han sido asesinados numerosos dirigentes sindicales, campesinos y comunitarios, en casos que, sin excepción, son rápidamente atribuidos por el Ministerio Público a la delincuencia común. Este Gobierno, junto con el anterior, ha abierto de par en par las puertas al retorno de la represión y de la violencia contra el pueblo. Paradójicamente, ha sido un año de “mano dura” contra las legítimas organizaciones del pueblo.
8.- Un año que, sin dudas ha sido destacado por la suspensión de las garantías constitucionales, que se ha dictado ya en cuatro ocasiones:
(i) en todo el país, como respuesta a las demandas de los transportistas;
(ii) en Izabal, para desalojar al pueblo q’eqchí de sus tierras;
(iii) en San Juan Sacatepéquez, para defender los intereses de la familia Novella y;
(iv) en Coatepeque, para forzar a los trabajadores por cuenta propia al desempleo.
Cada supresión de las garantías ha implicado la entronización del terror como práctica contraria al pueblo y aplicada desde el Estado. Esa violencia institucional, absurda, es la negación misma del espíritu de la paz que fuera firmado 12 años atrás. El Gobierno, al desencadenarla, retrocede décadas en el proceso de construcción del modelo social que se dibuja en los Acuerdos de Paz y, con ello, deviene en el principal enemigo de la letra y del espíritu de estos Acuerdos.
9.- Un año destinado a la re-militarización del Estado. Bajo la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo se han reabierto bases militares en lugares en donde las luchas populares y los Acuerdos de Paz habían logrado su cierre. El propio Vicepresidente Espada anunció en Febrero que, como política del Gobierno, se duplicará el tamaño del Ejército. El presupuesto del Ministerio de Defensa se ha visto beneficiado por traslado de partidas y por un sensible incremento en el monto asignado para el 2009. Guatemala se ha convertido en un paraíso del tráfico de armas y de municiones. La privatización de la seguridad pública ha llegado a un punto tal en el que hoy los efectivos de las empresas privadas de seguridad se convierten en la fuerza armada más grande en términos de su número. Se ha sacado al Ejército a las calles cada vez que la población ha luchado por alguno de sus derechos sustantivos. En resumen, este Gobierno, siguiendo instrucciones emitidas desde Washington, afila sus uñas y prepara sus garras en el marco de los Planes Maya-Jaguar y Mérida, ninguno de los cuales responde, para nada, a las necesidades propias de Guatemala. Ambos fueron diseñados exclusivamente en función de satisfacer necesidades propias de la estrategia militar del Imperio.
10.- Un año de entrega sumisa de nuestra soberanía. Este Gobierno no ha sido sumiso sólo ante la voluntad del Gobierno de Bush, sino, además, ante la codicia desmedida de los grandes consorcios transnacionales. Destaca, en ello, la absurda medida de entregar la producción energética a empresas como la Duke Energy, sancionada incluso por el propio Gobierno de los Estados Unidos como empresa altamente contaminadora del medio ambiente. A partir de compromisos asumidos por el Gobierno con empresas extranjeras, se concedieron permisos para la construcción y puesta en operaciones de cinco plantas carboneras en Escuintla, con lo cual los precios de la electricidad quedan condenados a depender, durante décadas, de la importación de carbón mineral. Las afectaciones ambientales negativas que se derivarán de la operación de estas plantas causarán daño no sólo en el Departamento de Escuintla, sino en todo el país e incluso en países vecinos, que se verán afectados por la lluvia ácida. Por otra parte, ello condena al INDE a su pronta desaparición.
Naturalmente, el análisis de cada uno de estos diez aspectos puede y debe ampliarse, a efectos de profundizarlo y encontrar, desde las organizaciones populares, cuál debe ser la posición y, por ende, la lucha que debe darse al respecto. En estas páginas sólo presentamos, para cada aspecto, los elementos más visibles, con la esperanza de que sirvan para invitar al debate y a la adopción de posiciones consecuentes.
En resumen, el actual Gobierno, que llegó al poder tras una costosa campaña electoral en la cual derramó promesas a diestra y siniestra, ha sabido en pocos meses destrozar cada una de las expectativas que generó con su discurso populista y demagógico.
Por ello, sostenemos una vez más nuestra consigna, a sabiendas de que sólo con la lucha consciente y decidida será posible defender los derechos del pueblo ante la voracidad sin límite de las derechas que siguen ejerciendo el poder.
¡La Lucha Sigue!
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viernes, 19 de diciembre de 2008
viernes, 12 de diciembre de 2008
Sobre la gratuidad en los servicios públicos
Guatemala, 10 de Diciembre del 2008
Sobre la gratuidad de los servicios públicos
¿Verdad, mentira o tomadura de pelo?
En los últimos meses del año en curso el actual Gobierno, con bombos y platillos, se ha lanzado a hacerse propaganda, a aplaudirse y a pedir que lo aplaudan, debido a un par de Acuerdos Gubernativos con los cuales mandata la gratuidad de servicios públicos esenciales, como educación y salud.
De cara a estas tan cacareadas políticas, conviene que las organizaciones que legítimamente representan los derechos e intereses superiores del pueblo, así como cada ciudadano o ciudadana consciente, compartan las siguientes reflexiones:
1.- La prestación de servicios públicos gratuitos, suficientes, oportunos y accesibles es una obligación irrenunciable e indelegable del Estado. Así lo ordena incluso la propia Constitución Política de la República. En consecuencia, el Gobierno, al decretar la gratuidad, no hace otra cosa más que cumplir con lo que la Ley le exige y con lo que el pueblo le ha venido reclamando. No hay razón, por lo tanto, para que, por hacerlo, se deban lanzar las campanas al vuelo. Simplemente han cumplido, y apenas de manera parcial, con la que es una de sus múltiples obligaciones.
2.- La lucha por la gratuidad y calidad de los servicios públicos ha sido una de las principales banderas que han enarbolado siempre, desde su constitución misma, las organizaciones que formamos parte del Frente Nacional de Lucha, codo a codo con cientos de otras organizaciones populares. Por lo tanto, los decretos de gratuidad que se han emitido no hacen otra cosa más que darle la razón al clamor, a la demanda proveniente de las voces que emanan desde el seno del pueblo.
Está bien que el Gobierno proceda a emitir los acuerdos que decretan la gratuidad, eso no se critica en absoluto. Lo que no es correcto es la actitud con la que tratan, por todas las vías, de convertir esas políticas en grandes logros de la actual administración, cuando no pasan de ser más que el mero e insuficiente cumplimiento de lo que ordenan las leyes vigentes, así como de lo que el pueblo que los eligió les demanda. Es decir, no se justifica que hagan tanto alboroto cuando lo que han hecho se limita a cumplir, apenas a medias, con aquello que les corresponde.
Ahora bien, debe tomarse en consideración que, de cara a la satisfacción de los derechos del pueblo, la gratuidad de los servicios públicos, aunque conveniente, no es suficiente si no se acompaña de otro conjunto de medidas estatales que garanticen su efectiva aplicación. ¿De qué le sirve al ciudadano un servicio gratuito pero ineficiente? ¿De qué sirve que se ofrezca de gratis aquello que no existe o que resulta insuficiente?
En materia de salud, por ejemplo, es claro que a la persona que se enferma lo que le interesa es acudir al sistema de salud para curarse. Es decir aspira, con todo derecho y razón a que, en caso de que se vea afectado en su salud, pueda entrar por la puerta del Hospital y salir de ahí curado o con su tratamiento completo bajo el brazo. Por el contrario, la realidad es terca al enseñarnos que, hoy, la persona enferma acude al Hospital pero no sale curada, sino apenas con la receta en sus manos, para que se haga unos exámenes de laboratorio o se compre las medicinas necesarias. Exámenes y medicinas, si los quiere, debe pagárselos al sector privado. No existe, entonces, gratuidad real, por cuanto buena parte del servicio no lo brinda el Estado, sino que el paciente está obligado a buscarlo en lo privado.
En educación, aunque se quiten los cobros de las inscripciones a principio de año, (lo cual es correcto hacerlo), lo cierto es que la familia del estudiante se ve bombardeada, a lo largo del año lectivo, por muchos otros cobros, pequeños unos pero grandes otros, que le afectan su presupuesto familiar. Deben comprar libros, pagar fotocopias sobrepreciadas de textos o de exámenes, costear “contribuciones voluntarias” para mantenimiento o para otro montón de cosas, comprar uniformes para uso diario o para fiestas o eventos especiales, aportar para la refacción escolar, en fin, una larga lista de cobros y de gastos que hacen que la gratuidad sea solamente una falacia.
¿De qué le sirve, entonces, a la población, que se decrete la gratuidad, si las instituciones públicas encargadas no le dan el servicio completo y si lo que recibe no sólo es insuficiente sino que, peor aún, es de pésima calidad?
Para nadie es un secreto que en los Hospitales, Centros y Puestos de salud el desabastecimiento está a la orden del día. Les falta de todo: camas, medicinas, personal, instrumental, insumos de todo tipo. El personal se ve obligado a realizar sus labores con equipos y materiales de ínfima calidad, viejos, o simplemente inexistentes. Pero lo peor, además de todas las carencias materiales, es evidente que desde el Gobierno falta voluntad política para invertir lo suficiente y garantizar la prestación de un servicio de calidad, al cual el pueblo tiene derecho.
Por otra parte, el Acuerdo Gubernativo 295-2008, con el cual las actuales autoridades establecen la gratuidad en los servicios de salud pública, tiene trampas. En su primer artículo reza lo siguiente:
“…es prohibido que el personal médico, paramédico y administrativo de los hospitales nacionales, hospitales generales, hospitales regionales, centros de salud y puestos de salud requieran, soliciten, sugieran, acepten, autoricen o reciban cualquier pago o contribución proveniente de los pacientes, familiares o encargados, sin excepción”
El artículo, redactado en esos términos, insinúa que los cobros que se han venido practicando durante décadas fueron realizados por voluntad o conveniencia del personal médico, paramédico o administrativo. De acuerdo a ello, entonces, los trabajadores y trabajadoras de salud, en cualquiera de sus ramas, son los malos de la película. En la práctica, salvo contadas excepciones que deben calificarse como corrupción y deben denunciarse, no ha sido así. Los cobros formaron parte de una política gubernamental a la que dieron el nombre de “recuperación de costos”, la cual está debidamente documentada en los archivos del propio Ministerio de Salud. No fue, pues, ocurrencia ni capricho del personal salubrista, sino la aplicación de una política pública anti-popular emanada desde el Estado mismo.
Pero, además de lo anterior, el texto del artículo le deja las manos libres a un actor que sí se ha prestado al juego de la privatización, es decir, a un actor que sí se ha encargado de cobrar y, en muchos casos, de cobrar a manos llenas, para su exclusivo beneficio. Nos referimos a las ONGs prestadoras, instancias contratadas por el Ministerio para que hagan ellas lo que al Ministerio le corresponde.
En Guatemala, para nadie es un secreto que muchísimas ONGs se han dedicado al muy lucrativo negocio de vender sus servicios al Estado. Al Ministerio de Educación bajo la figura de las ISES, al de Salud en calidad de prestadoras de servicios. Tienen la ventaja de que pueden cobrar a su gusto, sin que nadie les fiscalice la calidad ni la cantidad de los servicios que en verdad prestan. Es un negocio redondo cuyo costo real termina pagándolo el propio pueblo, no solamente por cuanto los fondos que cobran al Gobierno estas ONGs salen desde los impuestos que todo ciudadano o ciudadana paga, sino, además, porque en muchos casos luego tendrá que hacer un doble pago al cubrir el costo directo que la ONG le traslada. Pero, además, porque en la mayoría de los casos tendrá que cargar sobre sus hombros con el servicio de pésima calidad que las ONGs les otorgan.
Por esa vía, muchas de las Organizaciones No Gubernamentales existentes en el país han pasado a ser, más bien, Organizaciones Para Gubernamentales, dado que se han dedicado básicamente a la ejecución bajo contrato de fondos públicos, sin que ni siquiera la Contraloría General de Cuentas tenga acceso a ejercer la auditoría financiera que le corresponde.
Es evidente que el artículo del Acuerdo Gubernativo 295-2008 al que hemos hecho referencia deja las manos libres a las ONGs prestadoras para que sigan cobrando a su gusto y placer. Hoy incluso hay ONGs que administran Hospitales completos, como es el caso del de Escuintla.
En varios departamentos del país la comunidad se ha opuesto, con energía, a que los servicios de salud pasen a manos de las ONGs. Destacan en esa lucha los departamentos de Totonicapán y del Quiché, en donde trabajadores salubristas y organizaciones populares se dieron la mano en una fuerte y victoriosa lucha por evitar que se “oenegizara” la prestación de los servicios públicos de salud. Pero allí donde esa alianza no se ha desarrollado, este proceso privatizador sigue su marcha, a tono con la propuesta política de las derechas en este campo.
Ya desde el 18 de Agosto del 2007 quedó claro cuál era el planteamiento de las derechas en materia de salud. En esa fecha, la periodista Claudia Palma, del matutino El Periódico, publicó los resultados de una investigación respecto a qué proponían los partidos políticos en materia de salud. Los resultados son alarmantes, sobre todo porque alrededor de los mismos coinciden la UNE, la GANA y el Patriota, las tres expresiones de derecha que contaron con más votos en la última contienda electoral. Destacan las siguientes afirmaciones:
• “Entregar hospitales a empresas privadas…”;
• “Convertir al Ministerio en una Secretaría…”;
• “Impulsar la Ley Marco de Salud…” (la que nace desde el Plan Visión de País);
• “…dejar la administración y equipamiento de hospitales a consorcios privados…”;
En la investigación realizada y publicada por El Periódico, (medio al cual nadie que esté en sus cabales puede calificar como ni remotamente vinculado a la izquierda), deben destacarse los ejemplos que, todavía en su condición de vicepresidenciable, hizo públicos Rafael Espada, y que dejan muy en claro hacia dónde se dirigen sus intenciones:
• “Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios”.
Es decir, que el actual Vicepresidente tiene claros sus propósitos. Conviene a cada ciudadano y ciudadana valorar si la privatización de la salud es buena o mala de cara a los intereses del pueblo. En el FNL sostenemos el criterio de que, si los servicios de salud se entregan a manos de consorcios privados, como se proponen hacerlo las derechas, el gran perdedor no será otro más que el pueblo.
Se sabe que ya el Gobierno ha enviado al Congreso de la República una nueva versión de la nefasta Ley de Concesiones, en la cual la entrega de los bienes del Estado al sector privado la procuran disimular bajo la figura que han dado a llamar “asociación público-privada”. Una Ley como esa simplemente les permitiría al CACIF y a las derechas desmantelar el Estado y quedarse ellos con la tajada del león.
Por ello, los Acuerdos Gubernativos que ordenan la gratuidad son insuficientes. Casi que estarían sirviendo como cortina de humo para que, mientras suenan las trompetas por los Acuerdos estos, por detrás y en silencio apuñalan al pueblo con la aprobación de una Ley privatizadora.
Es urgente que, desde las auténticas organizaciones populares, se realicen las acciones y procesos necesarios para impedir que los servicios públicos se privaticen. La privatización sólo contribuirá a generar ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres.
Es urgente que el pueblo sepa que, una vez más, desde el Estado y desde los sectores de poder le quieren tomar el pelo, con miras a despojarlo de derechos sustantivos. Esos derechos deben defenderse porque, si se pierden, la lucha por recuperarlos será dura y difícil, y los costos los pagarán los hijos, hijas, nietos y nietas de las familias que forman parte de los sectores populares.
Es urgente que, en cada rincón del país, se pongan al desnudo estas prácticas deshonestas, consistentes en darle un confite al niño para tenerlo distraído, mientras que, de manera traicionera, se le quita su derecho a una vida digna, justa y humana.
¡La Lucha Sigue!
- Para mejor proveer, se agrega el artículo de prensa al que se ha hecho mención en las páginas anteriores
Una idea que no es esbozada por los demás partidos es la de aumentar el número de hospitales escuela en el interior del país para aumentar la cantidad de galenos que quieran trabajar ahí.
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El Periódico, 18 de Agosto del 2007
Actualidad: Nacionales (diagnóstico de país)
Para rescatar la Salud Curativa
Entregar hospitales a empresas privadas a cambio de deducción de impuestos, convertir el Ministerio en una Secretaría son algunas de las apuestas.
Claudia Palma /elPeriódico
redaccion@elperiodico.com.gt
Tres partidos que puntean las encuestas -UNE, Patriota y Gana- impulsarán la Ley Marco de Salud lo que significa que coinciden en la integración del Sistema Nacional de Salud con la participación del Consejo de Hospitales Privados y de las Aseguradoras. Aunque la URNG y Encuentro por Guatemala concuerdan en la necesidad de integrar el SINASAl excluyen la participación de la iniciativa privada.
Todas las agrupaciones políticas coinciden en integrar y fortalecer al Seguro Social y descentralizar las funciones del Ministerio.
El vicepresidenciable de la UNE, Rafael Espada, asegura que construirán cuatro hospitales nuevos, remozarán 250 puestos de salud en aldeas y diez hospitales regionales entre ellos: Amatitlán, El Progreso, Malacatán,
Coatepeque, Jutiapa, Salamá, Escuintla y el de Salud Mental. Como una propuesta única sugiere dejar la administración y equipamiento de los hospitales a consorcios privados.
Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios.
Sin embargo, al ser cuestionado acerca del costo, escueto responde que podrían ser financiados a través de un sistema de deducción de impuestos. “Se trata de planes pilotos que siguen el modelo de Unicar”, agrega.
Estima que es factible un aumento para el presupuesto de salud de 2.7 por ciento en cuatro años.
Los recursos económicos
Impulsar una reforma tributaria es indispensable para obtener recursos que permitan financiar el sistema de salud. Aproximadamente Q4 millardos podrían obtenerse de las reformas a la Ley de Maquilas, opina Miguel Ángel Sandoval de la URNG. Debe ”replantearse” un impuesto que sea equivalente al IETTAP, agrega.
En tanto que Zury Ríos del FRG se inclina por asignar los recursos a los comités municipales para que sean estos los que monitoreen los servicios de salud. Es el partido que más insiste en la atención de enfermos de VIH, discapacitados y se muestra a favor de impulsar una campaña de educación sexual.
Incluye en su plan de salud la atención de los programas de salud mental al igual que la UNE y Encuentro por Guatemala.
El Gobierno de Rigoberta Menchú pretende concentrar la mayoría de sus esfuerzos en el área rural en donde el 60 por ciento de las comunidades no cuenta con una clínica.
La Gana también tiene sus propios planes para descentralizar. Su reforma se basa en tres modelos: el departamental basado en el desarrollo de planes prioritarios de salud de la mujer, de los niños y de ampliación de cobertura. El segundo es el metropolitano que descansa en el diseño de redes coordinadas que dependerán de la cantidad de la población a la que cubran los servicios de salud. El tercero es el rural que contempla la participación de las comunidades.
Si de descentralizar se trata, los galenos Víctor Marroquín y Elmer Marcelo Núñez, quienes forman parte del equipo que diseña el Plan de Salud para el Partido Patriota, hablan de un nuevo ordenamiento del Ministerio de Salud. El primero es el Viceministerio administrativo financiero al que se incorpora la unidad de transparencia. El técnico normativo regulará y vigilará el funcionamiento de los programas de salud preventiva y curativa, y un tercero de prestación de servicios ejercería las funciones de vigilancia, control de enfermedades y de este dependería la red de centros de salud y hospitales con una nueva unidad de monitoreo. Desaparece la Dirección General de Servicios de Salud.
Propuesta radical
Esa es la de Eduardo Suger de Casa. El Ministerio de Salud, como tal, desaparecería y sería sustituido por la Secretaría de Salud adscrita al Ministerio de Desarrollo Humano. Suger propone un sistema de inventario en línea para garantizar el abastecimiento.
Sobre la gratuidad de los servicios públicos
¿Verdad, mentira o tomadura de pelo?
En los últimos meses del año en curso el actual Gobierno, con bombos y platillos, se ha lanzado a hacerse propaganda, a aplaudirse y a pedir que lo aplaudan, debido a un par de Acuerdos Gubernativos con los cuales mandata la gratuidad de servicios públicos esenciales, como educación y salud.
De cara a estas tan cacareadas políticas, conviene que las organizaciones que legítimamente representan los derechos e intereses superiores del pueblo, así como cada ciudadano o ciudadana consciente, compartan las siguientes reflexiones:
1.- La prestación de servicios públicos gratuitos, suficientes, oportunos y accesibles es una obligación irrenunciable e indelegable del Estado. Así lo ordena incluso la propia Constitución Política de la República. En consecuencia, el Gobierno, al decretar la gratuidad, no hace otra cosa más que cumplir con lo que la Ley le exige y con lo que el pueblo le ha venido reclamando. No hay razón, por lo tanto, para que, por hacerlo, se deban lanzar las campanas al vuelo. Simplemente han cumplido, y apenas de manera parcial, con la que es una de sus múltiples obligaciones.
2.- La lucha por la gratuidad y calidad de los servicios públicos ha sido una de las principales banderas que han enarbolado siempre, desde su constitución misma, las organizaciones que formamos parte del Frente Nacional de Lucha, codo a codo con cientos de otras organizaciones populares. Por lo tanto, los decretos de gratuidad que se han emitido no hacen otra cosa más que darle la razón al clamor, a la demanda proveniente de las voces que emanan desde el seno del pueblo.
Está bien que el Gobierno proceda a emitir los acuerdos que decretan la gratuidad, eso no se critica en absoluto. Lo que no es correcto es la actitud con la que tratan, por todas las vías, de convertir esas políticas en grandes logros de la actual administración, cuando no pasan de ser más que el mero e insuficiente cumplimiento de lo que ordenan las leyes vigentes, así como de lo que el pueblo que los eligió les demanda. Es decir, no se justifica que hagan tanto alboroto cuando lo que han hecho se limita a cumplir, apenas a medias, con aquello que les corresponde.
Ahora bien, debe tomarse en consideración que, de cara a la satisfacción de los derechos del pueblo, la gratuidad de los servicios públicos, aunque conveniente, no es suficiente si no se acompaña de otro conjunto de medidas estatales que garanticen su efectiva aplicación. ¿De qué le sirve al ciudadano un servicio gratuito pero ineficiente? ¿De qué sirve que se ofrezca de gratis aquello que no existe o que resulta insuficiente?
En materia de salud, por ejemplo, es claro que a la persona que se enferma lo que le interesa es acudir al sistema de salud para curarse. Es decir aspira, con todo derecho y razón a que, en caso de que se vea afectado en su salud, pueda entrar por la puerta del Hospital y salir de ahí curado o con su tratamiento completo bajo el brazo. Por el contrario, la realidad es terca al enseñarnos que, hoy, la persona enferma acude al Hospital pero no sale curada, sino apenas con la receta en sus manos, para que se haga unos exámenes de laboratorio o se compre las medicinas necesarias. Exámenes y medicinas, si los quiere, debe pagárselos al sector privado. No existe, entonces, gratuidad real, por cuanto buena parte del servicio no lo brinda el Estado, sino que el paciente está obligado a buscarlo en lo privado.
En educación, aunque se quiten los cobros de las inscripciones a principio de año, (lo cual es correcto hacerlo), lo cierto es que la familia del estudiante se ve bombardeada, a lo largo del año lectivo, por muchos otros cobros, pequeños unos pero grandes otros, que le afectan su presupuesto familiar. Deben comprar libros, pagar fotocopias sobrepreciadas de textos o de exámenes, costear “contribuciones voluntarias” para mantenimiento o para otro montón de cosas, comprar uniformes para uso diario o para fiestas o eventos especiales, aportar para la refacción escolar, en fin, una larga lista de cobros y de gastos que hacen que la gratuidad sea solamente una falacia.
¿De qué le sirve, entonces, a la población, que se decrete la gratuidad, si las instituciones públicas encargadas no le dan el servicio completo y si lo que recibe no sólo es insuficiente sino que, peor aún, es de pésima calidad?
Para nadie es un secreto que en los Hospitales, Centros y Puestos de salud el desabastecimiento está a la orden del día. Les falta de todo: camas, medicinas, personal, instrumental, insumos de todo tipo. El personal se ve obligado a realizar sus labores con equipos y materiales de ínfima calidad, viejos, o simplemente inexistentes. Pero lo peor, además de todas las carencias materiales, es evidente que desde el Gobierno falta voluntad política para invertir lo suficiente y garantizar la prestación de un servicio de calidad, al cual el pueblo tiene derecho.
Por otra parte, el Acuerdo Gubernativo 295-2008, con el cual las actuales autoridades establecen la gratuidad en los servicios de salud pública, tiene trampas. En su primer artículo reza lo siguiente:
“…es prohibido que el personal médico, paramédico y administrativo de los hospitales nacionales, hospitales generales, hospitales regionales, centros de salud y puestos de salud requieran, soliciten, sugieran, acepten, autoricen o reciban cualquier pago o contribución proveniente de los pacientes, familiares o encargados, sin excepción”
El artículo, redactado en esos términos, insinúa que los cobros que se han venido practicando durante décadas fueron realizados por voluntad o conveniencia del personal médico, paramédico o administrativo. De acuerdo a ello, entonces, los trabajadores y trabajadoras de salud, en cualquiera de sus ramas, son los malos de la película. En la práctica, salvo contadas excepciones que deben calificarse como corrupción y deben denunciarse, no ha sido así. Los cobros formaron parte de una política gubernamental a la que dieron el nombre de “recuperación de costos”, la cual está debidamente documentada en los archivos del propio Ministerio de Salud. No fue, pues, ocurrencia ni capricho del personal salubrista, sino la aplicación de una política pública anti-popular emanada desde el Estado mismo.
Pero, además de lo anterior, el texto del artículo le deja las manos libres a un actor que sí se ha prestado al juego de la privatización, es decir, a un actor que sí se ha encargado de cobrar y, en muchos casos, de cobrar a manos llenas, para su exclusivo beneficio. Nos referimos a las ONGs prestadoras, instancias contratadas por el Ministerio para que hagan ellas lo que al Ministerio le corresponde.
En Guatemala, para nadie es un secreto que muchísimas ONGs se han dedicado al muy lucrativo negocio de vender sus servicios al Estado. Al Ministerio de Educación bajo la figura de las ISES, al de Salud en calidad de prestadoras de servicios. Tienen la ventaja de que pueden cobrar a su gusto, sin que nadie les fiscalice la calidad ni la cantidad de los servicios que en verdad prestan. Es un negocio redondo cuyo costo real termina pagándolo el propio pueblo, no solamente por cuanto los fondos que cobran al Gobierno estas ONGs salen desde los impuestos que todo ciudadano o ciudadana paga, sino, además, porque en muchos casos luego tendrá que hacer un doble pago al cubrir el costo directo que la ONG le traslada. Pero, además, porque en la mayoría de los casos tendrá que cargar sobre sus hombros con el servicio de pésima calidad que las ONGs les otorgan.
Por esa vía, muchas de las Organizaciones No Gubernamentales existentes en el país han pasado a ser, más bien, Organizaciones Para Gubernamentales, dado que se han dedicado básicamente a la ejecución bajo contrato de fondos públicos, sin que ni siquiera la Contraloría General de Cuentas tenga acceso a ejercer la auditoría financiera que le corresponde.
Es evidente que el artículo del Acuerdo Gubernativo 295-2008 al que hemos hecho referencia deja las manos libres a las ONGs prestadoras para que sigan cobrando a su gusto y placer. Hoy incluso hay ONGs que administran Hospitales completos, como es el caso del de Escuintla.
En varios departamentos del país la comunidad se ha opuesto, con energía, a que los servicios de salud pasen a manos de las ONGs. Destacan en esa lucha los departamentos de Totonicapán y del Quiché, en donde trabajadores salubristas y organizaciones populares se dieron la mano en una fuerte y victoriosa lucha por evitar que se “oenegizara” la prestación de los servicios públicos de salud. Pero allí donde esa alianza no se ha desarrollado, este proceso privatizador sigue su marcha, a tono con la propuesta política de las derechas en este campo.
Ya desde el 18 de Agosto del 2007 quedó claro cuál era el planteamiento de las derechas en materia de salud. En esa fecha, la periodista Claudia Palma, del matutino El Periódico, publicó los resultados de una investigación respecto a qué proponían los partidos políticos en materia de salud. Los resultados son alarmantes, sobre todo porque alrededor de los mismos coinciden la UNE, la GANA y el Patriota, las tres expresiones de derecha que contaron con más votos en la última contienda electoral. Destacan las siguientes afirmaciones:
• “Entregar hospitales a empresas privadas…”;
• “Convertir al Ministerio en una Secretaría…”;
• “Impulsar la Ley Marco de Salud…” (la que nace desde el Plan Visión de País);
• “…dejar la administración y equipamiento de hospitales a consorcios privados…”;
En la investigación realizada y publicada por El Periódico, (medio al cual nadie que esté en sus cabales puede calificar como ni remotamente vinculado a la izquierda), deben destacarse los ejemplos que, todavía en su condición de vicepresidenciable, hizo públicos Rafael Espada, y que dejan muy en claro hacia dónde se dirigen sus intenciones:
• “Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios”.
Es decir, que el actual Vicepresidente tiene claros sus propósitos. Conviene a cada ciudadano y ciudadana valorar si la privatización de la salud es buena o mala de cara a los intereses del pueblo. En el FNL sostenemos el criterio de que, si los servicios de salud se entregan a manos de consorcios privados, como se proponen hacerlo las derechas, el gran perdedor no será otro más que el pueblo.
Se sabe que ya el Gobierno ha enviado al Congreso de la República una nueva versión de la nefasta Ley de Concesiones, en la cual la entrega de los bienes del Estado al sector privado la procuran disimular bajo la figura que han dado a llamar “asociación público-privada”. Una Ley como esa simplemente les permitiría al CACIF y a las derechas desmantelar el Estado y quedarse ellos con la tajada del león.
Por ello, los Acuerdos Gubernativos que ordenan la gratuidad son insuficientes. Casi que estarían sirviendo como cortina de humo para que, mientras suenan las trompetas por los Acuerdos estos, por detrás y en silencio apuñalan al pueblo con la aprobación de una Ley privatizadora.
Es urgente que, desde las auténticas organizaciones populares, se realicen las acciones y procesos necesarios para impedir que los servicios públicos se privaticen. La privatización sólo contribuirá a generar ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres.
Es urgente que el pueblo sepa que, una vez más, desde el Estado y desde los sectores de poder le quieren tomar el pelo, con miras a despojarlo de derechos sustantivos. Esos derechos deben defenderse porque, si se pierden, la lucha por recuperarlos será dura y difícil, y los costos los pagarán los hijos, hijas, nietos y nietas de las familias que forman parte de los sectores populares.
Es urgente que, en cada rincón del país, se pongan al desnudo estas prácticas deshonestas, consistentes en darle un confite al niño para tenerlo distraído, mientras que, de manera traicionera, se le quita su derecho a una vida digna, justa y humana.
¡La Lucha Sigue!
- Para mejor proveer, se agrega el artículo de prensa al que se ha hecho mención en las páginas anteriores
Una idea que no es esbozada por los demás partidos es la de aumentar el número de hospitales escuela en el interior del país para aumentar la cantidad de galenos que quieran trabajar ahí.
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El Periódico, 18 de Agosto del 2007
Actualidad: Nacionales (diagnóstico de país)
Para rescatar la Salud Curativa
Entregar hospitales a empresas privadas a cambio de deducción de impuestos, convertir el Ministerio en una Secretaría son algunas de las apuestas.
Claudia Palma /elPeriódico
redaccion@elperiodico.com.gt
Tres partidos que puntean las encuestas -UNE, Patriota y Gana- impulsarán la Ley Marco de Salud lo que significa que coinciden en la integración del Sistema Nacional de Salud con la participación del Consejo de Hospitales Privados y de las Aseguradoras. Aunque la URNG y Encuentro por Guatemala concuerdan en la necesidad de integrar el SINASAl excluyen la participación de la iniciativa privada.
Todas las agrupaciones políticas coinciden en integrar y fortalecer al Seguro Social y descentralizar las funciones del Ministerio.
El vicepresidenciable de la UNE, Rafael Espada, asegura que construirán cuatro hospitales nuevos, remozarán 250 puestos de salud en aldeas y diez hospitales regionales entre ellos: Amatitlán, El Progreso, Malacatán,
Coatepeque, Jutiapa, Salamá, Escuintla y el de Salud Mental. Como una propuesta única sugiere dejar la administración y equipamiento de los hospitales a consorcios privados.
Espada ejemplifica que los nosocomios de Escuintla podrían ser administrados por los azucareros, Quetzaltenango y Antigua Guatemala por la Licorera. La supervisión siempre estaría a cargo del Ministerio de Salud dice, sin dejar de ofrecer la gratuidad de los servicios.
Sin embargo, al ser cuestionado acerca del costo, escueto responde que podrían ser financiados a través de un sistema de deducción de impuestos. “Se trata de planes pilotos que siguen el modelo de Unicar”, agrega.
Estima que es factible un aumento para el presupuesto de salud de 2.7 por ciento en cuatro años.
Los recursos económicos
Impulsar una reforma tributaria es indispensable para obtener recursos que permitan financiar el sistema de salud. Aproximadamente Q4 millardos podrían obtenerse de las reformas a la Ley de Maquilas, opina Miguel Ángel Sandoval de la URNG. Debe ”replantearse” un impuesto que sea equivalente al IETTAP, agrega.
En tanto que Zury Ríos del FRG se inclina por asignar los recursos a los comités municipales para que sean estos los que monitoreen los servicios de salud. Es el partido que más insiste en la atención de enfermos de VIH, discapacitados y se muestra a favor de impulsar una campaña de educación sexual.
Incluye en su plan de salud la atención de los programas de salud mental al igual que la UNE y Encuentro por Guatemala.
El Gobierno de Rigoberta Menchú pretende concentrar la mayoría de sus esfuerzos en el área rural en donde el 60 por ciento de las comunidades no cuenta con una clínica.
La Gana también tiene sus propios planes para descentralizar. Su reforma se basa en tres modelos: el departamental basado en el desarrollo de planes prioritarios de salud de la mujer, de los niños y de ampliación de cobertura. El segundo es el metropolitano que descansa en el diseño de redes coordinadas que dependerán de la cantidad de la población a la que cubran los servicios de salud. El tercero es el rural que contempla la participación de las comunidades.
Si de descentralizar se trata, los galenos Víctor Marroquín y Elmer Marcelo Núñez, quienes forman parte del equipo que diseña el Plan de Salud para el Partido Patriota, hablan de un nuevo ordenamiento del Ministerio de Salud. El primero es el Viceministerio administrativo financiero al que se incorpora la unidad de transparencia. El técnico normativo regulará y vigilará el funcionamiento de los programas de salud preventiva y curativa, y un tercero de prestación de servicios ejercería las funciones de vigilancia, control de enfermedades y de este dependería la red de centros de salud y hospitales con una nueva unidad de monitoreo. Desaparece la Dirección General de Servicios de Salud.
Propuesta radical
Esa es la de Eduardo Suger de Casa. El Ministerio de Salud, como tal, desaparecería y sería sustituido por la Secretaría de Salud adscrita al Ministerio de Desarrollo Humano. Suger propone un sistema de inventario en línea para garantizar el abastecimiento.
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