Guatemala, 7 de Agosto del 2009
El Ministerio de Salud está gravemente enfermo
Los costos de esa dolencia, claro, termina pagándolos el pueblo
El acceso a la salud es un derecho irrenunciable del pueblo. Satisfacer esa necesidad, por su parte, es obligación indelegable del Estado. No sólo porque así lo ordenen la Constitución Política de la República, la legislatura vigente e incluso los Tratados y Convenios internacionales ratificados por Guatemala sino, sobre todo, porque el más elemental sentido común así lo indica.
Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le corresponde, por definición, asegurar el ejercicio de ese derecho. Es decir, tiene el deber de garantizar, en beneficio de toda la población guatemalteca, servicios de salud oportunos, de calidad y gratuitos. Sin embargo, la posibilidad real de que la institución cumpla con esta misión cada vez se aleja más y más.
Para nadie, a lo largo y ancho del país, es un secreto el severo e inaceptable desabastecimiento existente en el sistema hospitalario, en los Centros y Puestos de Salud. No se trata, tampoco, de un fenómeno nuevo. Todos los últimos Gobiernos, sin excepción, se han venido confabulando para deteriorar al Ministerio de Salud y, con ello, ir progresivamente privatizando los servicios de salud. Así, un mordisco tras otro, de manera lenta pero incesante, la medicina privada se ha venido tragando a los servicios públicos.
Este proceso de privatización implica, ni más ni menos, colocar el acceso a la salud como privilegio exclusivo para las pocas familias que pueden pagar por ello, al tiempo que se condena a muerte a una creciente cantidad de ciudadanos y ciudadanas quienes, como producto de la pobreza, carecen de presupuesto suficiente para sufragar los costos que les impone curarse y seguir vivos.
Cuando una persona se enferma y se ve obligada a acudir al sistema de salud pública, su derecho al entrar es que personal médico calificado le haga de inmediato el diagnóstico completo, que le realicen los exámenes que sean del caso, que le determinen el tratamiento necesario, que le hagan entrega de los medicamentos que necesita y, así, curarse. Aspira, con todo derecho, a recibir una atención completa y humana. Pero eso dejó ya de ocurrir.
Hoy, miles de personas que acuden al sistema de salud pública lo que reciben son sólo recetas para que se vaya a hacer exámenes en tal o cual laboratorio privado. Lo que les dan son citas lejanas para que sean atendidas por cualquier especialidad, a la par de la recomendación de que vayan a esta o aquella clínica privada, en donde la atención es inmediata. Lo que les entregan son recetas para que vayan a cualquier farmacia privada a comprar cada uno de sus medicamentos.
El sistema, en síntesis, anda mal y empeora día con día, como resultado de una política de Estado que, en materia de salud, no muestra interés alguno por cumplir con sus mandatos, sino que, por el contrario, apunta en esencia hacia la reducción del gasto público y hacia la privatización de los servicios.
Los grandes perdedores en todo este proceso han venido siendo los sectores populares, a quienes se les obliga a destinar, de sus menguados presupuestos familiares, cada vez más recursos para la atención de sus problemas de salud. Millones de personas que se enferman se ven, así, forzadas a dejar de comprar la comida que necesita la familia, para poder cubrir los costos de su tratamiento y curarse. Esta política de Estado obliga a los pobres a mal atenderse, a auto-diagnosticarse, a auto-recetarse, a consultar no con el médico sino con la vecina que tuvo algo parecido.
Esa lamentable realidad, sin embargo, está a punto de agudizarse y de manera alarmante.
En fechas recientes las autoridades que administran las finanzas públicas le quitaron al presupuesto del Ministerio de Salud la enorme cifra de 387 millones de quetzales, del rubro de "Servicios de Salud a las Personas". Q285.4 millones corresponden al primero y segundo nivel y Q102.4 millones a la atención hospitalaria.
Este recorte presupuestario significa quitarle al pueblo más de un millón de quetzales al día. Sólo en consultas, (suponiendo un costo promedio de Q80 por consulta), implica negarle a la población 12.500 consultas diarias. Es decir, dejar de atender diariamente a 12.500 personas que lo necesitan.
El recorte presupuestario en el programa de "Servicios de Salud a las Personas" sin la menor duda agudiza la crisis en salud, ya que promoción, prevención, y atención al daño se redujo en el 66% de su presupuesto anual, en salud reproductiva el 55%, en hospitalización el 52% y en emergencias el 31%. Es decir, afecta de manera directa las áreas sustantivas de salud que requieren los sectores populares.
El pato de la fiesta, en este como en otros casos, viene siendo el propio pueblo. Ese severo recorte presupuestario obligará a que, en centenas de miles de casos, las familias de los sectores sociales pobres tengan que dejar de invertir en cosas que también son necesarias, (alimentación, estudio, vestuario, techo, etc.), con tal de poder pagar desde los bolsillos familiares los costos que les impone la ausencia de servicios públicos de salud.
¿Dónde queda, entonces, el discurso demagógico y vacío del actual Gobierno, quien con bombos y platillos anunció que habrá gratuidad en los servicios de salud para el pueblo? Es evidente que, en el campo de la salud, al igual que en otras áreas relevantes de la vida nacional, una cosa es lo que dicen y otra distinta, muy distinta, es lo que hacen.
A estas fechas, cuando apenas estamos a mediados del año, la situación financiera de los 21 hospitales públicos es sumamente grave. De éstos, 10 tienen ejecutado más del 80% de su presupuesto de consulta externa y emergencia, y 11 ya ejecutaron más del 80% en emergencia, consulta externa y servicios de apoyo. Seis hospitales ejecutaron ya el 100% del presupuesto de Consulta Externa. Es decir, carecen de fondos para seguir funcionando el resto del año. ¿Qué va a pasar, entonces?
La respuesta a esta pregunta emana desde la propia realidad: en el Departamento de Izabal se ha desatado una seria epidemia de dengue hemorrágico, que cobra ya la vida de 8 personas, incluidos 4 menores de edad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud dio una conferencia de prensa hace una semana denunciando esta situación y llamando con firmeza a que el Ministerio tome cartas en el asunto, pero su alerta cayó en oídos sordos. Tanto así que, a pesar de las muertes ya ocurridas, el propio Ministro se dejó decir ayer, 6 de Agosto, (una semana después de que el Sindicato diera la voz de alarma al respecto), que él no tenía información sobre ese particular y que, por ende, nada sabía del asunto.
El dengue hemorrágico es una enfermedad fácilmente curable. Nadie debería de morir a causa del dengue. La primera medida para su combate consiste en prevenirlo. Las muertes ya ocurridas se derivan, entonces, de las políticas públicas en salud, las cuales incrementan la vulnerabilidad de la población ante ese y otro tipo de brotes epidémicos. En especial, de los sectores más pobres de la estructura social guatemalteca.
Esta epidemia, así como las vidas que ya ha cobrado, tiene por madre al recorte presupuestario, que ha limitado las capacidades institucionales de realizar programas preventivos, y por padre a las propias autoridades del Ministerio, que se dejan ganar por una irresponsable indiferencia. Y esta es apenas una muestra de lo que puede esperarse de costa a costa y de frontera a frontera en un futuro cercano. Con el recorte presupuestario han colocado al país al borde mismo de un profundo abismo.
Pero el colmo se produce en estos días recién pasados, cuando las derechas del país, representadas mayoritariamente en el Congreso de la República, se ponen de acuerdo para aprobar el paquete de Bonos del Tesoro, valorado en 3 mil millones de quetzales, se lo reparten entre sí como botín y, de paso, le niegan un solo centavo a los servicios de salud.
Semejantes niveles de irresponsabilidad son del todo inaceptables.
Desde el FNL exhortamos al Estado a cumplir con las funciones para las cuales existe.
Llamamos fehacientemente a los diputados a asignar fondos suficientes para que la salud pública, ya en crisis, no termine por desplomarse.
Instamos al Ministerio de Salud a reclamar del Ejecutivo la asignación de los recursos presupuestarios que son indispensables para que el pueblo pueda ejercer su derecho a la salud.
Demandamos la inmediata restitución de los 387 millones que le fueron cercenados a las arcas del Ministerio.
Exigimos, desde los 3 mil millones de los Bonos del Tesoro o desde otra fuente, la asignación inmediata de un presupuesto adicional de 500 millones de quetzales, monto que apenas alcanza para cubrir las obligaciones básicas.
Este pueblo tiene derechos y está dispuesto a defenderlos.
¡La Lucha Sigue!
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