Profundo irrespeto contra el pueblo y la comunidad internacional

Guatemala, 9 de Julio del 2010

El Gobierno se retracta sobre el cierre de la Mina Marlin

Pocos días después, ordena medidas insignificantes y que la mina siga operando

El Gobierno presidido por Álvaro Colom simplemente no le atina. No dan una. Pero, en este caso, se pasa de la raya: Resulta que el pasado 23 de Junio, en una medida que resultó digna de aplauso, ordenó el cierre de la Mina Marlin, tal y como desde hace meses lo demandaba la presión popular y como lo pidieron diversos organismos internacionales. Sin embargo, el 6 de Julio funcionarios de alto nivel de su administración descartaron el cierre y, por el contrario, mandataron tres medidas ridículas, las cuales, por lo demás, obligan a que la mina siga operando.

Entre las medidas con las que debe cumplir la empresa minera se mencionaron las siguientes:

1.- Que la minera instale una estación permanente de medición de vibraciones originadas por sismos y explosivos, en la aldea Agel. Esa planta se colocará de común acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.

2.- La empresa deberá diseñar un estudio de limitación de vibraciones para la futura explotación en el lugar denominado Los Coches, a escasos 300 metros de viviendas de esa aldea.

3.- Que la minera lleve un inventario del estado de las casas de la aldea, “para evaluar posteriormente a la exploración de oro en ese sector”.

En cuanto a la primera, consistente en la instalación de una especie de sismógrafo en Agel, significa, ni más ni menos, que la minera deberá continuar realizando explosiones en su zona de operaciones, es decir, que seguirá trabajando. Es decir, que para que ese equipo demuestre algo, la mina debe seguir realizando sus operaciones de destrucción de la naturaleza. Si la mina cierra, ¿qué va a registrar el medidor de vibraciones?

La segunda medida que mandata el Gobierno es un estudio para “la futura explotación”, en sus propias palabras. Si la orden del Gobierno fue cerrar la mina, entonces, ¿de qué futura explotación están hablando? Por otra parte, hacer un estudio no implica, tampoco, suspender operaciones.

La tercera medida consiste en que la minera debe llevar un inventario del estado de las casas. Es decir, que lleve una lista del daño que ella misma va produciendo. Obviamente, ese inventario lo realizarán los empleados que la misma empresa contrate para ello. ¿Será fiable en sus datos?

En esa tercera medida, el Gobierno afirma que ese inventario será utilizado “para evaluar luego de la explotación de oro en el sector”. Es decir, que primero van los intereses de la empresa minera y, una vez satisfechos estos, se evaluará lo que sea del caso. Bien cierto es el refrán que sostiene que “a golpe dado, no hay quite”. Si ya la empresa ha hecho de las suyas, ¿a qué propósito van a servir esas evaluaciones?

De cualquier manera, estas medidas, hechas públicas por un Viceministro, es decir, por una voz del Gobierno debidamente autorizada, tiran por el suelo la disposición original, que ordenaba el cierre de la mina. ¿Dónde queda, entonces, la palabra de Álvaro Colom?

Desde el FNL exigimos, como cuestión urgente, que el Gobierno aclare este oscuro panorama. Colom, en persona, deberá decir cuál es la posición oficial, sin ambages ni medias tintas.

En todo caso, por lo pronto todo parece indicar que la mina seguirá trabajando y que, en consecuencia, las declaraciones anteriores de Colom ordenando su cierre no pasan de ser más que una inaceptable tomadura para el pueblo guatemalteco y para la comunidad internacional.

Además, en Prensa Libre se hace mención a un informe elaborado por tres Ministerios del Estado, (Comunicaciones, Ambiente y Energía y Minas), en el cual se exculpa a la empresa minera por los daños ocasionados a 51 viviendas, dos de las cuales fueron declaradas inhabitables. Este informe oficial indica que los daños no son consecuencia de las explosiones cercanas, sino que se derivan de la actividad sísmica. ¡Qué descaro!

Al pueblo no se le debe engañar como, evidentemente, lo han hecho. Al pueblo no se le puede irrespetar como, a todas luces, lo han hecho. Ya es hora de que el Gobierno cese en su política cotidiana de darle al pueblo atol con el dedo.

Las organizaciones populares no han pedido que la Marlin haga estudios o mitigue los daños que acarrea con sus operaciones. Lo que se exige es que se vaya, que cierre. A eso es a lo que debe dar respuesta el Presidente y su Gobierno.

Colom, aunque sea por esta vez, debe honrar su propia palabra. Debe ratificar el cierre de la mina y respetar así la voluntad del pueblo.

No hacerlo generará un sinfín de dudas y un inmenso (y justificado) malestar en el seno del pueblo y de sus legítimas organizaciones.

¡La Lucha Sigue!

Adjuntamos el artículo que, sobre este particular, se publicó en el matutino Prensa Libre.

06/07/10 - 01:10 Nacionales

Gobierno pide tres medidas a Marlin

El Gobierno solicitó a la mina Marlin, en San Marcos, tres medidas de mitigación por posibles daños en el área de explotación. Una de ellas es instalar una oficina de monitoreo de vibraciones, y otra contempla redactar un informe de la situación de esa comunidad, por la ampliación de la exploración de oro en ese sector.

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POR LEONARDO CERESER

Las solicitudes fueron planteadas al darse a conocer ayer el informe de los ministerios de Comunicaciones, de Energía y Minas y de Ambiente sobre las causas de los daños a viviendas ubicadas en tres aldeas aledañas a la mina Marlin.

Entre las recomendaciones leídas por Jesús Insua, viceministro de Comunicaciones, se solicitó: “Que la minera instale una estación permanente de medición de vibraciones originadas por sismos y explosivos, en la aldea Agel. Esa planta se colocará de común acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas”.

Además, la empresa deberá diseñar un estudio de limitación de vibraciones para la futura explotación en el lugar denominado Los Coches, a escasos 300 metros de viviendas de esa aldea.

Ese documento deberá ser aprobado por la Dirección General de Minería.

El Gobierno solicita, además, que en esa área la minera lleve un inventario del estado de las casas de la aldea, para evaluar posteriormente a la exploración de oro en ese sector.

“Estudiaremos con detenimiento el informe, y daremos a conocer posturas en los próximos días”, comentó Mario Marroquín, director ejecutivo de la minera Marlin.

Exculpa a minera

El informe sobre los daños a viviendas en tres aldeas aledañas a la mina Marlin revelaron que las rajaduras en las casas no tienen relación con la explotación de oro en esa área.

El informe determinó que en 51 viviendas dañadas, las causas son la mala calidad de la construcción —98 por ciento son de adobe— y producto de la actividad sísmica.

También se solicitó el desalojo de dos familias que habitan en vivi