¿Por qué el clamor popular exige “Fuera Unión FENOSA”?

Guatemala, 1 de Marzo del 2009

¿Por qué el clamor popular exige “Fuera Unión FENOSA”?

En los dos meses pasados, la lucha por la nacionalización de los servicios de energía eléctrica ha cobrado fuerza a lo largo y ancho del país. Esto no es producto de la casualidad ni obedece a razones antojadizas. Las organizaciones populares, al demandar la expulsión de Unión FENOSA, sintetizan en esa consigna generalizada el malestar acumulado tras una década de atropellos, de abusos y de ilegalidades cometidos siempre en perjuicio exclusivo del pueblo.

Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo. Varios hechos concretos se bastan para constatar, de manera incuestionable, que la razón asiste al pueblo y a sus legítimas organizaciones y que, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas que han elevado sus voces tienen pleno derecho de hacerlo:

A.- Primero, fue la venta de la distribución de la energía eléctrica o, si queremos ser más precisos, de la privatización de la distribución de la electricidad. Ya desde ese punto se inicia el saqueo de la riqueza nacional.

En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, hace ya diez años, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos empresarios españoles. Lo que el INDE les vendió (que es patrimonio del pueblo), tenía un valor de US$ 250 millones y se los vendió en sólo US$ 101 millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas. Es decir, regalamos, sin ser nunca consultados, la suma de Q101 por persona. Una familia de 5 miembros les regaló, de manera inconsulta y sin saberlo siquiera, ni más ni menos que Q 505,00.

Con esa venta, el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE, con lo cual el país hace entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales, los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel.

B.- Luego, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, se inventan el VAD, Valor Agregado de Distribución, concepto que antes no existía en las tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas españolas, codo a codo con los integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje técnico que les permite tirar la piedra y esconder la mano.

A efectos de justificar el VAD, en la Ley General de Electricidad se agregan artículos del todo incomprensibles, como el 71, el 72 y el 73, todavía vigentes a esta fecha, en los que se afirma lo siguiente:

“Artículo 71.- …El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada.

Artículo 72.- El VAD deberá contemplar al menos las siguientes componentes básicas:
a.- Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;
b.- Pérdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;
c.- Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por unidad de potencia suministrada.

Artículo 73.- El costo de capital por unidad de potencia se calculará como la anualidad constante de costo de capital correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo de una red de distribución dimensionada económicamente. La anualidad será calculada con la vida útil típica de instalaciones de distribución y la tasa de actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas. El costo de operación y mantenimiento corresponderá al de una gestión eficiente de la red de distribución de referencia”.

Con semejante galimatías tecnocrático o cantinflesco, (que si no fuera trágico en sus efectos, hasta risa daría), tanto las empresas extranjeras como la propia CNEE procuran darle sustento técnico a las ganancias y buscan que nadie comprenda que este VAD no es otra cosa más que un bien diseñado instrumento para esquilmar al pueblo. En otras palabras ni más ni menos que su “GANACIA”. (VAD podría entenderse como iniciales de “Vamos A Despojarolos”)

La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas le esquilman al pueblo US$ 400 millones, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año.

C.- En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que el VAD es ilegal y ordenó, de manera clara y concreta, tres cosas:
• la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
• la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y;
• la suspensión inmediata de los cobros ilegales.

De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrando el VAD. Hasta la fecha han cobrado, pues, diez años de facturas ilegales. 120 meses de facturas ilegales. Esto supone alrededor de Q 2,470 robados a cada habitante del país, incluidos los menores de edad. A una familia de 5 miembros le habrían robado, en este período, cerca de Q12,350.

En síntesis, estas empresas extranjeras, con tal de continuar robando sin límites, se toman la libertad de desatender mandatos judiciales emitidos por la propia Corte de Constitucionalidad, es decir, de colocarse en desacato y desafiar abiertamente el orden jurídico vigente.

Entre tanto, las autoridades de cuatro Gobiernos consecutivos (Arzú, Portillo, Berger y Colom), testigos mudos de este multimillonario latrocinio, hacen lo de los monitos de la famosa caricatura: no ven, no escuchan y no hablan.

¿Qué le pasaría a cualquier ciudadano o grupo proveniente de los sectores populares si se declara en desacato de la Ley? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los hechos recientes: les cae sobre sus hombros el peso de la represión, como aconteció en Malacatán el pasado 25 de Diciembre y, si fuera preciso, desde el Estado se les suspenden sus garantías constitucionales, como ha ocurrido en San Juan Sacatepéquez, en Izabal y en Coatepeque.

Pero a las empresas extranjeras y a sus socios locales no les pasa nada, absolutamente nada. Operan, roban, esquilman, estafan rodeadas de absoluta impunidad.

D.- En Febrero del 2008, el actual Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cobertura lo reducen de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores populares.

Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de 762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores. Quienes cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA e IBERDROLA, que resultan así las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.

Esta reducción en el techo de la Tarifa Social al final se traduce en mayores penas para las familias consumidoras de energía eléctrica. Las obliga, sobre todo, a reducir sus gastos en alimentación con tal de que no les corten la luz. Con ello, esta política contribuye a la multiplicación de la desnutrición crónica entre los niños y niñas del país y, paralelamente, agudiza la crisis que afecta a los sectores populares.

F.- El colmo ocurre el pasado mes de Enero del 2009, hace apenas un mes, cuando estas empresas extranjeras tienen el descaro de acusar a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el TLC, bajo el argumento de que el Gobierno no las deja ganar lo que les da la gana. Esta acusación puede obligar al Gobierno a pagarles una fuerte indemnización y, peor aún, a dejarlas subir el VAD hasta donde su ilimitada codicia les mandate.

Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA, tras que deben, cobran. Semejante desfachatez resulta realmente inaudita. Tratándose de empresas cuya sede reside en España, acuden al TLC con Estados Unidos para demandar al país. Y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese nefasto Tratado. Es decir, se las agencian para manipular incluso el ámbito jurídico internacional y acomodarlo a sus codicias.

G.- A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, etc.

No es la primera vez, ni la única, en que el pueblo ha denunciado esto o ha hecho sus reclamos, siempre en el marco de la ley. Desde hace años existen numerosas denuncias a las cuales las autoridades han dicho que resolverán pero no se ha concretado en nada. Promesa tras promesa, mesa de diálogo va y viene y el abuso sigue a toda velocidad.

Las empresas españolas se ríen en nuestras caras, mientras las autoridades que debieran defender nuestros derechos miran hacia otro lado y algunas quizá hasta recibiendo sobornos. Pues hemos dicho basta ya, la paciencia tiene un límite; nuestra dignidad y nuestro bolsillo no aguanta más.

H.- Por si lo anterior fuera poco, el actual Gobierno anuncia su política de incrementar la producción de energía eléctrica mediante la autorización para la construcción de cinco plantas generadoras privadas que operarán a partir de carbón mineral. Ya dos de estas se están construyendo en Escuintla, con un costo, entre ambas, de US$ 800 millones, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminaremos pagándolos las familias consumidoras, mas la ganancia que las empresas extranjeras quieran sacarle.

Considérese, además, que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto, supeditar la generación energética a la disponibilidad de este producto implica subordinar al país al precio internacional del carbón. Si éste sube, sube el recibo de cada familia en el país.

Autorizar desde el Gobierno la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente, la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más reducida.

Pero lo peor de producir electricidad a partir de la quema del carbón reside en el hecho de que este proceso es altamente contaminante. Los deshechos inyectan a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensan en las nubes y bajan sobre las personas y sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Eso implica envenenar los suelos de cultivo y el aire que respiramos.

En vista de todo lo anterior, demandamos de las autoridades del Estado lo siguiente:

1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe y para cuyo cumplimiento fue creado.

2.- La declaratoria de que Unión FENOSA e IBERDROLA son lesivas para el interés nacional y, por lo tanto, se les debe expulsar del país, por cuanto:
• Estafaron al pueblo al momento de la compra de los activos del INDE.
• Han incumplido con lo que la Ley les mandata, incluidos los fallos de la propia Corte de Constitucionalidad.
• Han robado al pueblo de manera continua durante 10 años.
• Han abusado de las facultades que les confiere la Ley.
• Han acusado penalmente al país que les abrió las puertas y que los recibió en su suelo.

3.- Que antes de irse del país estas empresas paguen a Guatemala los montos que se han robado a lo largo de 10 años de latrocinio indiscriminado.

4.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución de este servicio público, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la verdadera participación ciudadana.

5.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado el espíritu de cada una de estas demandas anteriores.

Por otra parte, la nacionalización de la energía debe concebirse y aplicarse de manera tal que, como país, no sustituyamos un ladrón extranjero por otro nacional. De ser así, poco se avanzaría en términos del respeto a los derechos del pueblo. Es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde la obligación de suministrar a la población servicios eléctricos suficientes, de calidad y de bajo costo. Y estas tareas, además, deben realizarse sometidas a control social.

En la Ley General de Electricidad que se proponga, por lo tanto, deben concebirse y plasmarse mecanismos ágiles y permanentes que le permitan a la población y a sus legítimas organizaciones el ejercicio pleno tanto de la incidencia política como de la auditoría social.

Hoy el pueblo está en lucha por expulsar del país a los émulos de Pedro de Alvarado quienes, al igual que hace 500 años, vienen a Guatemala con el único propósito de robarnos nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio. Y, en esa lucha, venceremos.

Debemos sacar del país a esa gavilla de desalmados que, durante diez años, no han hecho otra cosa más que violar las leyes para saquear impunemente los bolsillos del pueblo.

¡Fuera Unión Fenosa e IBERDROLA!
¡Por la nacionalización de la energía!

¡LA LUCHA SIGUE!

IBERDROLA y sus empresas asociadas demandan al Estado Guatemalteco amparadas en el TLC.‏

Guatemala, 22 de Enero del 2009

¡TRAS QUE DEBEN, COBRAN!

Valiente descaro el de IBERDROLA, corporación transnacional que ha procedido a demandar al Estado guatemalteco amparada en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta empresa española, que ha sido declarada como violadora de la ley incluso por la Corte de Constitucionalidad, ahora se refugia en un TLC dentro del cual España nada tiene que ver en absoluto. Y demandan, entonces, a Guatemala, bajo el triste argumento de que no le permiten sacar la ganancia que a su codicia le apetece.

En esta demanda se dan la mano dos grandes políticas enemigas del pueblo, a las cuales el FNL ha denunciado reiteradamente: (i) la de privatización de los servicios públicos y (ii) el Tratado de Libre Comercio. Aquí se hace verdad el refrán popular que afirma que “Dios los hace pero el Diablo los junta”. En todo caso, pedimos excusas por el hecho de que el refrán atribuya a Dios la paternidad de tan horrendas criaturas.

Para nadie es un secreto que, durante el Gobierno de Arzú, se privatizó la distribución de la energía eléctrica, que pasó a ser negocio de IBERDROLA y de Unión FENOSA, ambas empresas radicadas en España. Pero ahora resulta que, con capital de IBERDROLA, participa también como socia una empresa llamada Teco Energy Inc., cuya sede se localiza en Miami, y que es dueña del 24% de las acciones de la EEGSA. A partir de ello, es que proceden a invocar el TLC y a demandar, entonces, a Guatemala.

Esta empresa tiene una subsidiaria denominada Teco Guatemala, la cual, según sus propias palabras , “opera dos plantas generadoras de energía en el país con acuerdos de venta de largo plazo y, además, es copropietaria de la empresa de distribución de electricidad más grande en Guatemala” En su página web afirman que son dueños de la planta San José, una carbonera localizada cerca de Masagua y de la planta La Alborada, cercana a Escuintla, que funciona a base de petróleo.

Allí mismo, en su propia página web, nos enteramos que durante el proceso de privatización de instalaciones de distribución de energía, en 1998, IBERDROLA de España, Teco Energy de Miami y el consorcio Electricidade de Portugal adquirieron el 81% de EEGSA y, desde entonces, la controlan, dejándole al Estado un 14% de participación.

Con respecto a esta empresa acusadora, en la página de Wikipedia se encuentra lo siguiente:

Researchers at the University of Massachusetts Amherst have identified TECO Energy as the 37th-largest corporate producer of air pollution in the United States, with roughly 11 million pounds of toxic chemicals released annually into the air. Major pollutants indicated by the study include hydrochloric acid, sulfuric acid, nitrogen oxide, sulfur dioxide, chromium compounds, arsenic compounds, and nickel compounds. In 2000, TECO Energy was fined $3.5 million by the US EPA.

Traducción libre: “Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst han identificado a TECO Energy como la 37ava corporación más grande productora de contaminación del aire en Estados Unidos, con aproximadamente 11 millones de químicos tóxicos liberados anualmente en el aire. Los mayores contaminantes indicados en el estudio incluyen ácido hidroclorídrico, ácido sulfúrico, óxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, componentes de cromo, componentes de arsénico y componentes de níquel. En el 2000, Teco Energy fue multada con 3.5 millones de dólares por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos”
En otra página de internet, que describe los métodos de trabajo que emplea esta transnacional, encontramos lo siguiente :

WASHINGTON - Florida electric and natural gas utility owner Teco Energy Inc. spent $310,000 lobbying on energy and environmental issues in the first quarter, according to a recent disclosure form.

The power industry would likely face heightened costs should Congress pass legislation designed to curb emissions of carbon dioxide and other greenhouse gas linked to climate change…

Teco Energy spent $1.3 million lobbying last year.

Traducción libre: WASHINGTON – La empresa Teco Energy Inc., concesionaria del servicio público de energía, ubicada en Florida, gastó 310,000 dólares en cabildeo sobre temas de energía y ambiente en el primer trimestre, de acuerdo con una declaración reciente.

La industria de la energía muy probablemente enfrentará un incremento en sus costos si el Congreso aprueba la legislación destinada a reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero vinculados al cambio climático…

El año pasado Teco Energy gastó 1.3 millones de dólares en cabildeo.

Se trata, pues, de una empresa que agrede la vida en donde quiera que se instala y que, además, destina millones en gastos de cabildeo, es decir, para comprar a su favor voluntades políticas. No tenemos información alguna respecto a cuánto ha destinado al cabildeo en Guatemala ni, tampoco, respecto a cuánta contaminación ambiental genera, sobre todo sabiéndose que en el país no se aplican regulaciones ambientales como las que operan en Estados Unidos. Los pobladores de Masagua y de Escuintla serán, en este caso, los principales patos de la fiesta.

Los antecedentes públicos de esta monstruosa empresa hablan suficiente de quién es la persona jurídica que tiene el descaro de acusar a Guatemala en el marco del TLC. Se trata de modernos piratas a quienes el desarrollo o el bienestar les viene a menos.

La plana mayor que en Guatemala representa a esta empresa la conforman Gordon L. Gillett, de los Estados Unidos, quien se respalda en dos cipayos locales: Víctor F. Urrutia, Vicepresidente de Operaciones de Teco Guatemala, quien durante 16 años trabajó para la Empresa Eléctrica de Guatemala y fue uno de los responsables de su privatización y Juan C. Villa, Director de Desarrollo Empresarial de Teco Guatemala, y activo promotor de la privatización del INDE.

Hay que señalar que, desde el momento en que se privatiza la distribución de la energía, han venido surgiendo una sarta de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que tienen participación en la producción y generación energética. Entre estas se mencionan: Unión FENOSA, IBERDROLA, Teco Energy Inc., DECAII, Electricidade de Portugal, INVELCA, IDEAMSA, AMESA y NAVEGA.

Aunque parezca mentira, el Ingeniero Villa, mencionado en un párrafo anterior, aparece vinculado de manera directa a todas ellas . Es triste descubrir cómo hay ciudadanos a quienes el poder del dinero convierte en enemigos de su propio pueblo y aliados de quienes lo explotan.

De manera, pues, que estos piratas de Teco Energy Inc., socios menores de IBERDROLA, tienen la desvergüenza de convertirse en acusadores. Demandan a Guatemala acudiendo al TLC para hacerlo.

Pues bien, dado que son ellos quienes acusan y asumen el papel de víctimas, pues sus empresas deben irse del país que afirman que los agrede. Pobrecitos. Nada puede obligarlos a seguir aquí, en donde, según los cargos que lanzan contra el Estado, no los dejan ganar lo que les ronca en gana.

Pero, además, tomando como punto de partida la demanda planteada por estas empresas, si nuestros gobernantes tuvieran la dignidad requerida, con todo derecho deberían suspender sus operaciones, rescindir sus contratos, declararlas lesivas para el interés nacional, obligarlas a reembolsar a cada usuario lo que han cobrado de más e invitarlas a salir del país apenas paguen la última de sus deudas. Nada explica que el país se permita vivir con un alacrán dentro de la camisa.

IBERDROLA, Unión FENOSA, Teco Energy Inc. y toda esa retahíla de empresas extranjeras que ahora aparecen concatenadas con el tema de la producción y distribución de la energía eléctrica deben ser expulsadas de suelo guatemalteco.

La producción y la distribución de energía debe retornar, de manera urgente, a manos del INDE, como corresponde.

En el país debe prohibirse la instalación y el funcionamiento de plantas carboneras.

Las organizaciones populares debemos exigir, con firmeza, que el Gobierno asuma el papel que le corresponde y que, en lugar de continuar entregando nuestras riquezas a estos y otros piratas, revierta las privatizaciones y proceda a restituir al Estado, es decir, al área de propiedad del pueblo, todo lo que le han despojado.

¡LA LUCHA SIGUE!

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Prensa Libre, 22 de Enero del 2009

Económicas
EEGSA inicia proceso para arbitraje contra Guatemala




Segundo caso, luego de Ferrovías, que se anuncia bajo normas del TLC
Por leonel díaz , Rosa m. Bolaños y E. Godoy

Teco Energy Inc., una de las tres compañías accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), inició un proceso para alcanzar un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala, por el cambio en el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado en el 2008.

El 13 de enero recién pasado, Teco Energy Inc. anunció al Gobierno de Guatemala su intención de iniciar un proceso de arbitraje contra el Estado, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.

En tanto, el 20 de enero último, Teco informó de esa decisión a la Comisión Estadounidense de Intercambio y Valores.

La compañía se queja de la decisión de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de rebajar la tarifa del VAD que la EEGSA tiene derecho a cobrar a los usuarios, y que causó una baja en sus ganancias.

El 31 de julio del 2008, el órgano regulador fijó las nuevas tarifas, de los próximos cinco años, para clientes residenciales y pequeñas y medianas empresas.
Con anterioridad, la EEGSA cobraba US$9.19 por kilovatio (Kw) para el sector residencial, y con la decisión de la CNEE, el cobro se fijó en US$8.22.
Para las pequeñas empresas, la tarifa era de US$11.37 y se estableció en US$4.24 por Kw al mes.

“Esta acción ha causado una reducción significativa de las ganancias”, refiere la queja de Teco Energy ante la SEC.
En el último trimestre del 2008, los ingresos de la subsidiaria guatemalteca fueron de US$11.7 millones, mientras que el trimestre anterior registraron US$37.1 millones.

Teco Energy, una compañía basada en Tampa, Florida, es dueña del 24 por ciento de la EEGSA a través de una inversión con la española Iberdrola de Energía, S.A., y Electricidad de Portugal, S.A.

Iberdrola también inició un proceso, amparada en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre España y Guatemala. En este caso, las reuniones conciliatorias se llevaron a cabo en noviembre del año pasado, en México.
Rubén Morales, viceministro de Economía y Comercio Exterior, afirmó que dicho ministerio recibió la semana recién pasada el aviso por parte de la compañía, aunque evitó opinar al respecto, al comentar que los abogados revisan el caso. Agregó que desconoce qué ha pedido y argumentado la empresa.

A partir de la fecha del aviso, ambas partes tienen 90 días para buscar un acuerdo; de no lograrse en ese lapso, la empresa podrá solicitar el arbitraje a una organización de manejo de controversias, que ellos elijan, y entablar allí su demanda contra el Estado de Guatemala.

Jorge Alonso, gerente comercial de la EEGSA, informó que la EEGSA continúa con los procesos que ya inició en los juzgados nacionales y la Corte de Constitucionalidad.
Prensa Libre contactó ayer vía electrónica a Teco Energy; sin embargo, ésta no respondió la solicitud de información.

Informe
Teco Energy informó en la Comisión Estadounidense de Intercambios y Valores que el 13 de enero del 2009 avisó al Gobierno de Guatemala de su intención de un arbitraje. Argumenta que, por la baja en las tarifas del VAD, sus ganancias disminuyeron.

Litigios
Primer caso
El primer caso de arbitraje internacional contra el país dentro del marco del TLC lo presentó Railroad Development Corporation, accionista mayoritaria de Ferrovías.
Esa compañía, desde 1998, tiene adjudicada la operación del tren por 50 años. El gobierno de Óscar Berger declaró lesivos los contratos por el equipo, y se quejó de incumplimiento.

La empresa, con base en el capítulo 10 de inversiones del TLC, alegó expropiación indirecta, y exige al Estado US$65 millones en la demanda presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington.

Obama y el TLC

Guatemala, 1 de Diciembre del 2008

Alrededor del TLC puede y debe abrirse un nuevo capítulo

Como es bien conocido, uno de los componentes principales del modelo neoliberal globalizante y que mayor polémica ha generado en la vida económica, social y política de la región centroamericana, ha sido la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.

El Presidente Electo de Estados Unidos, Barak Obama, primero en su condición de Senador y luego como Candidato del Partido Demócrata, expresó reiteradamente, y con toda claridad, su firme oposición al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América. De hecho, el 27 de Julio del 2005 su voto en la Cámara de Representantes fue uno de los 215 que se emitieron en contra de esa propuesta.

El tiempo, en corto plazo, se ha encargado de demostrar que al entonces Senador Obama y a los 214 senadores quienes también votaron “NO”, los asistía la razón. De igual manera, ha quedado puesto en claro que no se equivocaban las centenas de miles de personas que, por múltiples vías y a lo largo y ancho de toda América Central expresaron su rechazo a esta imposición foránea.

En cuanto concierne a los países centroamericanos, los efectos negativos derivados de la entrada en vigencia de este Tratado ya son evidentes y dolorosos en la mayoría de los países. Esto, con el agravante de que el costo de esos efectos recae, con especial énfasis, en los hombros y espaldas de los sectores sociales más débiles y vulnerables de nuestra estructura social. Sobran ejemplos para demostrarlo.

El hoy Presidente Electo de los Estados Unidos en múltiples ocasiones expresó su oposición a este Tratado fundamentado en dos factores principales:

1.- El TLC-CA “hace menos por proteger el trabajo que los acuerdos comerciales anteriores”, y,

2.- “Hace poco por atender los estándares ambientales en los países centroamericanos”.

Estos dos argumentos no solamente han mostrado su validez, sino que, peor aún, se han convertido en severas y activas amenazas contra la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras tanto en Centroamérica como en los propios Estados Unidos.

Desde las organizaciones populares que formamos parte del FNL, llamamos a la futura administración estadounidense y al Partido Demócrata a abrir espacio a un nuevo proceso de negociación, en la cual la voz de los pueblos pueda expresarse libremente y sea escuchada. De esa manera podrá crearse la opción de generar otras formas de relación comercial o de intercambio, fundamentadas en valores como el apoyo mutuo, el respeto recíproco y otros afines que también deben ser considerados en las relaciones comerciales.

El comercio no debe regirse nada más que por la ley de la oferta y la demanda, la cual, en el caso de nuestros países centroamericanos, deben entenderse simplemente como la vía que abre el paso a la codicia desmedida propia de los sectores más poderosos. La ética, la voluntad de contribuir a la construcción de un modelo de sociedad justo, digno y humano, también deben estar presentes en las relaciones comerciales, más allá del mero discurso retórico pero vacío.

Es importante recordar, además, que en el proceso de negociación, (que más tuvo la forma de imposición), no sólo se firmó el texto del Tratado, sino que, de manera paralela, se forzó la modificación de un amplio conjunto de leyes locales en cada uno de los países centroamericanos. En muchos casos, las reformas impuestas en el marco de las llamadas “Leyes Complementarias” resultan tanto o más lesivas que el texto mismo del Tratado.

Como regla de oro para la forja de relaciones internacionales armoniosas, coherentes y de mutuo beneficio, el intercambio desigual debe cesar. Para que ello sea posible, el actual Tratado de Libre Comercio debe ser denunciado y deben re-discutirse las Leyes Complementarias que, por imposición, se reformaron.

Para que entre los Estados la concordia se imponga sobre las animadversiones, es preciso renunciar a imposiciones de cualquier tipo. En consecuencia, el Tratado de Libre Comercio debe revocarse con urgencia y, entonces, sobre la base de una mesa limpia, dar inicio a un nuevo y auténtico proceso de negociación, respetuoso y sin exclusiones. Un proceso que tenga, como voluntad política por ambas partes, la de aproximar el desarrollo, contribuir al bienestar de los pueblos y facilitar la armonía entre los Estados.

Solicitamos, pues, a la nueva administración estadounidense que, a tono con su discurso, contribuya a crear los mecanismos necesarios para que se detenga la agresión contra los derechos e intereses de los pueblos centroamericanos que nace desde la letra y el espíritu del TLC.

Instamos al Gobierno de Álvaro Colom y a los otros Presidentes centroamericanos, a que pidan al nuevo Gobierno estadounidense la urgente renegociación del TLC y del paquete de leyes complementarias, como vía para edificar relaciones comerciales basadas en la justicia y que apunten hacia el auténtico desarrollo de los pueblos.

Y, mientras se renegocian las reglas de un nuevo intercambio comercial, el actual Tratado debe derogarse. Ya es muy alto el costo que, hasta el momento, les ha impuesto a los sectores populares.

¡La Lucha Sigue!

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Para conocer con detalle la posición del Presidente Electo de los Estados Unidos con respecto al TLC-CA, adjuntamos el artículo, escrito de su puño y letra, publicado por La Tribuna de Chicago el Jueves 30 de Junio del 2005, titulado “Por qué me opongo al TLC-CA”. En el texto del artículo se recogen las razones que lo llevaron, con acierto, a votar en contra de este nefasto Tratado. Lo adjuntamos tanto en su versión original, en inglés, como traducido al español.

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Why I oppose CAFTA

Thursday, June 30, 2005
CHICAGO TRIBUNE

By Barack Obama

The proposed accord does less to protect U.S. labor than previous trade agreements, and does little to address environmental standards in the Central American countries.

By Barack Obama.

This week Congress will debate the Central American Free Trade Agreement.

I wish I could vote in favor of CAFTA. In the end, I believe that expanding trade and breaking down barriers between countries is good for our economy and for our security, for American consumers and American workers. CAFTA would benefit farmers here in Illinois as well as agricultural and manufacturing interests across the country.

We also shouldn't kid ourselves into believing that voting against trade agreements will stop globalization--especially ones like CAFTA, where the countries involved have combined economies one-sixth the size of Illinois'.

Globalization is not someone's political agenda. It is a technological revolution that is fundamentally changing the world's economy, producing winners and losers along the way. The question is not whether we can stop it, but how we respond to it. It's not whether we should protect our workers from competition, but what we can do to fully enable them to compete against workers all over the world.

So far, America has not effectively answered these questions and American workers are suffering as a result. I meet these workers all across Illinois, workers whose jobs moved to Mexico or China and are now competing with their own children for jobs that pay 7 bucks an hour. In town meetings and union halls, I've tried to tell these workers the truth--that these jobs aren't coming back, that globalization is here to stay and that they will have to train more and learn more to get the new jobs of tomorrow.

But when they wonder how they will get this training and this education, when they ask what they will do about their health-care bills and their lower wages and the general sense of financial insecurity that seems to grow with each passing day, I cannot look them in the eyes and tell them that their government is doing a single thing about these problems.

That is why I won't vote for CAFTA.

There are real problems in the agreement itself. It does less to protect labor than previous trade agreements, and does little to address enforcement of basic environmental standards in the Central American countries and the Dominican Republic. Moreover, there has been talk that, in order to get votes from legislators from sugar-producing states, the Bush administration may be preserving indefensible sugar subsidies that benefit a handful of wealthy growers and cripple Illinois candy manufacturers.

But the larger problem is what's missing from our prevailing policy on trade and globalization--namely, meaningful assistance for those who are not reaping its benefits and a plan to equip American workers with the skills and support they need to succeed in a 21st Century economy.

So far, almost all of our energy and almost all of these trade agreements are about making life easier for the winners of globalization, while we do nothing as life gets harder for American workers. In 2004, nearly 150,000 workers were certified as having lost their jobs due to trade and were thus eligible for Trade Adjustment Assistance--and this number doesn't even count service workers like janitors and cafeteria employees.

But this is about more than displaced workers. Our failure to respond to globalization is causing a race to the bottom that means lower wages and stingier health and retiree benefits for all Americans. It's causing a squeeze on middle-class families who are working harder but making even less and struggling to stay afloat in this new economy. As one Downstate worker told me during a recent visit, "It doesn't do me much good if I'm saving a dollar on a T-shirt at Wal-Mart, but don't have a job."

And so now we must choose. We must decide whether we will sit idly by and do nothing while American workers continue to lose out in this new world, or if we will act to build a community where, at the very least, everyone has a chance to work hard, get ahead and reach their dreams.

If we are to promote free and fair trade--and we should--then we must make a national commitment to prepare every child in America with the education they need to compete in the new economy; to provide retraining and wage insurance so even if you lose your job you can train for another; to make sure worker retraining helps people without getting them caught in bureaucracy; that it helps service workers as well as manufacturing workers and encourages people to re-enter the workforce as soon as possible.

We also need to figure out a way to tell workers that no matter where you work or how many times you switch jobs, you can take your health care and pension with you always, so you have the flexibility to move to a better job or start a new business.
We cannot expect to insulate ourselves from all the dislocations brought about by free trade, and most of the workers I meet don't expect Washington to do so. But we need a national commitment.

In America, we have always furthered the idea that everybody has a stake in this country and that everyone deserves a shot at opportunity.
The imbalance in this administration's policies, as reflected in the CAFTA debate, fails to provide American workers with their shot at opportunity. It's time we gave them that shot.

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Traducción (no jurada)
Porqué me opongo al TLC-CA

Jueves, 30 de junio, 2005
CHICAGO TRIBUNE

Por Barack Obama

El acuerdo propuesto hace menos para proteger el trabajo en Estados Unidos que los acuerdos anteriores, y hace poco para alcanzar los estándares ambientales en los países Centroamericanos.
Por Barack Obama.

Esta semana, en el Congreso se discutirá el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.

Desearía poder votar a favor del CAFTA. Al final, creo que ampliar el comercio y derribar barreras entre los países es bueno para nuestra economía y para nuestra seguridad, para los consumidores norteamericanos y para los trabajadores norteamericanos. El CAFTA beneficiaría a los agricultores aquí en Illinois así como los intereses agrícolas y manufactureros en todo el país.

Tampoco debemos engañarnos al creer que el votar en contra de tratados de comercio detendrá la globalización, particularmente, tratados como el CAFTA, en donde los países involucrados tienen economías mixtas del tamaño de una sexta parte de la de Illinois.

La Globalización no es la agenda política de alguien en particular. Es una revolución tecnológica que fundamentalmente está cambiando la economía mundial, generando ganadores y perdedores a su paso. La cuestión no es si podemos detenerla, sino cómo respondemos a ella. No se trata de si debemos proteger a nuestros trabajadores de la competencia, sino de lo que podemos hacer para capacitarlos plenamente para competir en contra de trabajadores en todo el mundo.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha dado una respuesta efectiva a estas preguntas y los trabajadores norteamericanos están padeciendo como resultado de ello. Me encuentro con estos trabajadores en todo Illinois, trabajadores cuyos trabajos se han desplazado hacia México o hacia China y ahora están compitiendo contra sus propios hijos por empleos que pagan 7 dólares la hora. En reuniones comunitarias y sedes sindicales, he tratado de decirles a estos trabajadores la verdad, de que estos trabajos no regresarán, que la globalización está aquí para quedarse y que ellos tendrán que capacitarse más y aprender más para obtener los nuevos empleos del mañana.

Pero cuando ellos se preguntan cómo obtendrán esta capacitación y ésta educación, cuando preguntan qué harán con sus facturas médicas y sus salarios más bajos, así como sentido general de inseguridad financiera que pareciera incrementar día a día, no puedo verles a los ojos y decirles que su gobierno está haciendo por lo menos una cosa para enfrentar estos problemas.

Por eso, es que no votaré por el CAFTA.

Hay problemas dentro del acuerdo mismo. El acuerdo hace menos para proteger el trabajo que los acuerdos anteriores, y hace poco para alcanzar los estándares ambientales en los países Centroamericanos. Más aún, se ha dicho que para lograr los votos de legisladores de los Estados productores de azúcar, la administración Bush pudiera estar preservando subsidios azucareros indefendibles que beneficiarían a un puñado de productores ricos y lesionaría a productores de dulce en Illinois.
Pero el problema mayor es lo que falta de nuestra actual política sobre comercio y globalización, específicamente, apoyo significativo para aquellos que no están cosechando ganancias así como un plan para equipar a los trabajadores norteamericanos con las destrezas y el apoyo que necesitan para tener éxito en una economía del siglo veintiuno.

Hasta el momento, casi todos nuestros acuerdos sobre energía y comercio tienen que ver con facilitar la vida de los ganadores de la globalización, pero que no hacemos nada mientras que la vida de los trabajadores norteamericanos se endurece. En el 2004, se registró que casi 150,000 trabajadores perdieron sus empleos debido al comercio y por lo tanto eran elegibles para la Asistencia de Ajuste de Comercio, y esta cantidad ni siquiera incluye a trabajadores del sector servicios como conserjes y empleados de cafeterías.

Pero esto va más allá de trabajadores desplazados. Nuestro fracaso en responder a la globalización está causando una carrera hacia el fondo que significa salarios más bajos, prestaciones de salud y de jubilación más raquíticas para todos los norteamericanos. Está provocando un apretón sobre las familias de clase media quienes están trabajando más duro pero generando menos y luchando por mantenerse a flote en esta nueva economía. Como me lo dijo un trabajador al sur del Estado durante una visita reciente, “No me beneficia en nada si ahorro un dólar en una playera en Wal-Mart, si no tengo un empleo”.

Entonces, ahora, debemos elegir. Debemos decidir si nos sentaremos sin hacer nada mientras los trabajadores norteamericanos siguen perdiendo en este nuevo mundo, o si actuaremos para construir una comunidad en donde, por lo menos, todos tienen una oportunidad de trabajar duro, progresar y alcanzar sus sueños.

Si vamos a promover un comercio libre y justo, lo cual deberíamos, entonces, debemos asumir un compromiso nacional de preparar a cada niño en los Estados Unidos con la educación que necesitan para competir en la nueva economía; de brindar re-capacitación y seguro de salario para que aún cuando pierdan su trabajo, puedan capacitarse para otro, asegurarse que la recapacitación realmente ayude a las personas sin que se les enrede en la burocracia, que ayude a los trabajadores del sector servicios tanto como del sector manufacturero, y que estimula a la gente a reingresar a la fuerza laboral lo más pronto posible.

También debemos encontrar la forma de decirles a los trabajadores que no importa dónde trabajen o cuántas veces cambien de trabajo, pueden llevar consigo su sistema de salud y pensión siempre, de manera que tengan la flexibilidad para mudarse a un mejor trabajo o iniciar un negocio nuevo.

No podemos esperar aislarnos de las desubicaciones que trae consigo el libre comercio, y la mayoría de los trabajadores con los que me he encontrado, no esperan que Washington lo haga. Pero necesitamos un compromiso nacional.

En Estados Unidos, siempre hemos divulgado la idea de que todos estamos involucrados en este país y que todos merecemos una oportunidad.

El desbalance en las políticas de esta administración, como se reflejan en el debate sobre el CAFTA, fracasa en brindarles a los trabajadores norteamericanos su oportunidad. Es hora ya que les demos esa oportunidad.