Condena a Muerte para el INDE

Guatemala, 9 de Febrero del 2009

¿Estará el INDE condenado a muerte?
Mientras el Estado lo ataca, el INDE la emprende contra pobladores

Uno de los graves problemas que afecta al país es el de la violencia incontrolable en contra de la vida de las personas. La actuación criminal de bandas de sicarios y del crimen organizado, a la que debe sumarse la represión contra dirigentes populares, ha llevado al país a un callejón oscuro y tenebroso al cual urge encontrarle una salida.

Pero debe agregarse que en el país también hay instituciones a las cuales las políticas públicas que se aplican desde el Estado, mano a mano con imposiciones internacionales, condenan a muerte. Y, en esos procesos, el pato de la fiesta termina, siempre, siendo el propio pueblo. Es sobre los hombros de los sectores populares que, al final, caen los costos de esas muertes anunciadas.

Tal es el caso del INDE, institución a la cual la han sometido a una lenta y dolorosa agonía, como los hechos lo ponen en clara evidencia:

• En 1998 le cercenaron la distribución de la energía eléctrica, la cual se privatizó a favor de Unión FENOSA y de IBERDROLA, ambas empresas españolas. Esta primera agresión significó para el INDE el entregar a estos consorcios una de las áreas sustantivas en la prestación de los servicios eléctricos. También implicó, en perjuicio del pueblo, que lo que era un servicio público pasara a ser un servicio privado, es decir, con fines de lucro.

• En la década transcurrida entre el 98 y el 2008, otra área, la de la generación de energía, fue siendo progresivamente copada por empresas privadas nacionales y extranjeras, con lo cual la participación del INDE en el campo de los servicios eléctricos se fue viendo cada vez más reducida.

• Para colmo de males, la actual administración Colom autoriza la construcción y puesta en funcionamiento de cinco plantas generadoras que operarán a partir del empleo del carbón mineral como combustible. Los operadores de estas plantas altamente contaminantes serán, claro está, empresas extranjeras. Con ello, en materia energética al INDE y al país le irán quedando nada más que las migajas.
De hecho, la planta Chixoy es la única generadora significativa que maneja el INDE, a pesar de que fue construida hace más de un cuarto de siglo, con lo cual se pone en evidencia el desinterés que durante décadas ha tenido el Estado por generar, a partir de un esfuerzo propio, la energía que el país requiere, dejándole esa iniciativa como negocio exclusivo a corporaciones privadas.

Y resulta que hoy Chixoy se encuentra colocada en alto riesgo, debido a la construcción, por parte del propio Estado, de una carretera cuyo trazado amenaza con hacer colapsar el túnel por el que corren las tuberías de alta presión que hacen la planta operable. Si ese túnel se desploma, Chixoy simple y sencillamente se verá obligada a cerrar operaciones y su capacidad productiva, sin duda alguna, sería sustituida por generadoras privadas. Es decir, una crisis de semejante magnitud colocaría al INDE en un estado de postración tal que, como institución, se vería colocada al borde mismo de la desaparición.

Esta denuncia la han venido planteando los trabajadores y trabajadoras de la institución, pero su clamor ha caído en oídos sordos. Las altas autoridades del INDE y del Estado no han querido hacer absolutamente nada al respecto. El Sindicato de Trabajadores del INDE, miembro del FNL, hondamente preocupado por el alto riesgo que corre su institución, (y, con ello, la estabilidad laboral de sus afiliados y afiliadas), conscientes además de lo que el cierre de Chixoy implicaría en perjuicio de los sectores populares de todo el país, han llegado incluso a colocar mantas de denuncia dentro de la propia sede del INDE, pero resulta evidente que, de la Gerencia para abajo, a los mandos ello no les preocupa para nada.

En todo el país las organizaciones populares claman con firmeza y razón contra la privatización de la electricidad y, en consecuencia, por la nacionalización de ese servicio básico. Con ello, el INDE se vería enormemente fortalecido. Es decir, las comunidades se constituyen hoy en las primeras defensoras del INDE.

Sin embargo, (como Guatemala es un país de absurdos), el día de ayer el INDE la emprendió contra pobladores de Malacatán, a quienes acusa penalmente de atentar contra servicios de utilidad pública, basándose en los hechos ocurridos el 25 de Diciembre, cuando la población del Municipio de Malacatán se fue a las calles para reclamar por los continuos cortes de los que los han hecho víctimas. Respecto a estos hechos nos hemos referido en varios comunicados anteriores, los cuales se pueden obtener en el blog del FNL, cuya dirección electrónica que se indica en el pie de página.

Los cargos levantados por el INDE condujeron al arresto de los compañeros Jorge López V., Jorge López P., Patrocinio Pérez, Daniel Chun López, Lorenzo Rocael R., Francisco Rodas y Neftalí Otoniel Pérez. Los siete guardan prisión por el delito de haberse colocado al lado del pueblo. En el acta de acusación, la abogada que en este caso actúa como representante legal del INDE, (Lic. Esmeralda López, acreditada en esa calidad por Salomón Román Álvarez, a solicitud del Ing. Jorge Alberto Juárez Pedroza, quien se presenta como Gerente General del INDE), expresa que los acusados “forzaron al empleado del INDE a subir la palanca y restablecer el servicio”, con lo cual la propia abogada pone en claro que en Malacatán el servicio eléctrico había sido suspendido por voluntad unilateral de la institución. Simplemente porque les dio la gana dar la orden para que se bajara esa palanca.

Es a todas luces absurdo que una institución la emprenda contra quienes son los únicos que la defienden y luchan tanto por su fortalecimiento como para evitar su pronta muerte y desaparición.

Es simplemente ridículo que en esta acusación el acusador reconozca explícitamente su culpa como causante principal de los hechos acaecidos aquel 25 de Diciembre del año pasado y que, a pesar de ello, se envíe a prisión a quienes actúan en defensa de sus derechos ciudadanos.

¿Cómo puede explicarse que una persona que hace ya más de cuatro años dejó la Gerencia General del INDE hoy, en una clara usurpación de funciones, acredite a una abogada ajena al INDE como representante legal de la institución? ¿Qué tiene que decir el actual Gerente, Fernando Castro, al respecto?

En todo caso, si fuera necesario meter a la cárcel a quienes atentan contra servicios de utilidad pública, la lista habría de encabezarla Álvaro Arzú, quien dio inicio a la privatización de este servicio esencial y, con ello, a la muerte del INDE, sometiéndolo a una lenta agonía. A esta misma lista deberían de sumarse, en calidad de cómplices de idéntico delito, los nombres de Portillo, de Berger, de Colom, cuyos gobiernos dieron continuidad a políticas energéticas que fueron restándole participación al INDE y trasladando sus funciones al sector privado, sobre todo a consorcios transnacionales. Ellos atentan, todos, contra un servicio de utilidad pública. Y todos, sin excepción, contribuyen a abonar el camino que conduce a la actual crisis en el campo de los servicios eléctricos, así como al malestar existente entre la población a lo largo y ancho del país.

Además, en la lista deberían colocarse también los nombres de Cohen y de los miembros de la actual Junta Directiva, (con la excepción de los que, mediante voto razonado y registrado en actas, se hayan expresado en contra de esta absurda medida represiva), quienes emprenden acciones jurídicas contra aquellos cuyo delito ha sido proteger tanto al INDE como los derechos del pueblo y desatienden, (intencionadamente por cuanto se han hecho las advertencias del caso), la seguridad física de la planta Chixoy, principal fuente generadora que controla la institución.

En días recientes, un medio de prensa escrita hizo pública la denuncia de que el padre del actual Gerente del INDE, por lo demás financista de la campaña electoral de la UNE, estaba licitando para la concesión de la construcción y operación privada de una hidroeléctrica, en un claro conflicto de intereses.

Sumando este hecho a las actuaciones recientes del INDE cabe preguntarse: ¿Será que prefieren que la planta Chixoy y el INDE colapsen, con miras a fortalecer al sector privado generador de energía?

¿Será que las actuales autoridades de esa institución, estratégica para la vida nacional, actúan con el secreto e inconfesable propósito de llevarla a la quiebra y a su desaparición?

¿Será que el INDE quiere convertirse en fuente generadora ya no de energía eléctrica, sino de desestabilización y de desorden público, con el riesgo de que ello aproxime niveles colindantes con la ingobernabilidad?

Lo cierto es que, míresele por el ángulo que sea, el tema eléctrico se ha convertido en parte muy importante de la agenda nacional, y la posición desde las organizaciones populares es diametralmente opuesta a las políticas públicas y privadas que hoy se imponen desde los espacios de poder.

Exigimos al INDE que deponga sus acusaciones contra los compañeros a los que han puesto en prisión. No debería ser el INDE quien contribuya a multiplicar el número de presos y de perseguidos políticos. NO debería ser el INDE quien contribuya al retorno de la represión y del terror desde el Estado.

Los compañeros presos deben ser dejados en libertad en términos inmediatos.

Y seguiremos en la lucha por la expulsión del país de Unión Fenosa y de toda esa retahíla de empresas extranjeras, que han hecho de los servicios eléctricos una fuente indiscriminada de lucro, que extraen desde los bolsillos del pueblo.

Si estas empresas tienen ya cómplices nacionales que, desde el Estado y sus instituciones, las protegen, pues habrá que declararlos traidores a la Patria y señalarlos como enemigos declarados del pueblo.

¡La Lucha Sigue!