¡Los 22 Departamentos se hicieron presentes!

En el marco la Jornada Continental de Lucha contra la Crisis: “Los Trabajadores no pagaremos el costo de la crisis”, convocada por la Confederación Sindical de las Américas y como inicio de la Campaña a nivel Nacional de Lucha contra La Impunidad y la Violencia, respaldada por el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, el Frente Nacional de Lucha, junto con las otras organizaciones miembros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, MSICG, realizó ayer una multitudinaria marcha nacional, en la cual se enarbolaron cuatro demandas concretas, referidas a los temas que más afectan al país en la actual coyuntura:

1.- Alto a la violencia y la impunidad

2.- Alto a los abusos de las transnacionales y por la expulsión de UNIÓN FENOSA

3.- No a la ratificación del Convenio 175 de la OIT

3.- El cumplimiento de la ley en las tarifas del transporte público

En nuestro país, la crisis tiene muchas expresiones, pero estos cuatro aspectos son los más sentidos por la población en este momento y por ello, se han asumido como temas prioritarios para las organizaciones populares.

VIOLENCIA E IMPUNIDAD

Guatemala se desangra día a día en las calles. De 15 a 20 personas son asesinadas diariamente. Es el pueblo pobre el que está siendo asesinado, como resultado de la violencia generalizada producto de la crisis, y es el pueblo organizado el que paga con la vida y libertad de sus dirigentes el atreverse a levantar la voz por los indefensos y por la justicia.

Mientras, como en tantos otros casos, la muerte de Mario Caal a manos de fuerzas policiales permanece impune y se dicta sentencia de ocho años en contra del dirigente campesino Ramiro Choc, Alfonso Portillo es dejado en libertad y el hijo del General Ríos Montt, quien robó cantidades millonarias mientras fue funcionario público, es privilegiado con un arresto domiciliar. Así funciona el sistema de justicia en el país. Por eso, ayer la marcha recorrió los tres poderes del Estado y, en cada uno, hizo entrega de sus demandas concretas.

Ante la Corte Suprema de Justicia, justo en su salida, el pueblo demandó precisamente justicia y un ¡hasta aquí! a la impunidad que permite que el círculo de la violencia siga creciendo.

UNION FENOSA: ¡FUERA!

La crisis no tiene por qué pagarla el pueblo pobre y trabajador. El lucro, la ambición y la codicia desmedida de las empresas transnacionales por seguir ganando cada vez más y más, no tenemos porqué pagarla los más pobres.

Desde el pasado 13 de marzo, en todos los departamentos del país se vienen realizando protestas y manifestaciones que exigen la expulsión de Unión FENOSA del suelo nacional, por cuanto se ha convertido en una empresa lesiva para los intereses nacionales. La marcha que realizamos ayer, en la cual se hicieron presentes dirigentes de todos los departamentos, es un eslabón más en esta demanda y este grito que se escucha cada vez más fuerte aunque los medios de comunicación masivos hagan hasta lo imposible por ocultarlo. Ya el pueblo está harto de los cobros ilegales, de las multas inventadas, de las artimañas de estas empresas que quitan los contadores de luz para luego cobrar hasta seis mil quetzales por la reinstalción del contador.

Urge la nacionalización de la energía, por eso ayer también se presentó ante la Presidencia del Congreso de la República, con intermediación del Diputado Héctor Nuila, de URNG-MAIZ, la carta con las demandas del pueblo en este y los otros temas.

NO A LA RATIFICACION DEL CONVENIO 175 DE LA OIT

No hay nada más dañino para la clase trabajadora que esta puñalada que ya prometió Colom a los empresarios y exportadores. Es una vergüenza que ningún otro país en el continente ha ratificado este Convenio y que nuestro gobernante quiera ser el indigno primer servil de las empresas nacionales y de las corporaciones transnacionales. Rechazamos rotundamente esta ratificación por cuanto el Convenio 175 es violatorio del Código Laboral, de la Constitución y de los derechos laborales y sindicales. Si esto se ratifica, se perderán todas las prestaciones laborales, y un empleo no alcanzará ni siquiera para la mitad de la canasta básica; se incrementará la pobreza y la violencia será mayor. Habrá más migración hacia el Norte. Los jóvenes, al no tener esperanza de un empleo digno y honrado, se verán cada vez más en la tentación de caer en las garras de la delincuencia y del narcotráfico.

QUE SE CUMPLA LA LEY EN LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Miles de personas utilizan el transporte público para viajar desde los municipios cercanos a la capital para ir y venir diariamente a sus trabajos y centros de estudio. Los transportistas han venido cobrando la tarifa que les da la gana desobedeciendo y amenazando con paros. Ellos aducen que esto se debe a que los pandilleros los extorsionan. Sin embargo, no son los dueños de los buses los que asumen el costo de la extorsión, esto lo afrontan los choferes y ayudantes, con el riesgo de pagar con sus vidas si no cumplen, y por lo tanto, el pueblo usuario termina siendo de manera indirecta extorsionado también al ser amenazado de no contar con el servicio si no pagan la tarifa que cobran. Mientras tanto, los dueños de los buses, cobran el subsidio al Estado y no invierten ni en salarios, ni prestaciones para los conductores ni en reparaciones de las unidades. Esto también es impunidad y deber parar.

Al final de este comunicado, reproducimos la carta entregada a los tres poderes del Estado y a continuación, algunas de las imágenes de la marcha de ayer que muestran lo numeroso, lo representativo, pues vinieron delegaciones de todo el país y lo alegre. Es verdad, así como lo leen, el pueblo organizado que lucha no se amedrenta, y le imprime alegría y entusiasmo a la lucha en medio de la crisis porque sabemos que la justicia y la verdad está de nuestro lado. Con la frente en alto…

¡La Lucha Sigue!

Salida de la marcha, frente a la Municipalidad capitalina, en donde se le recordó al Alcalde Arzú que él fue quien privatizó la energía eléctrica, vendiéndosela a Unión FENOSA e IBERDROLA.

El pueblo pide ALTO A LA IMPUNIDAD

 

 

 

Jóvenes estudiantes de la Gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, vuelve a marchar junto a su Pueblo, como no ocurría desde hace muchos años.

En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, el pueblo pide Justicia y que la Corte cumpla su papel.

El pueblo expresa en dibujos la impunidad en el país.

 

 

 

 

¿Quién puede defendernos? ¡Solo la lucha del Pueblo organizado!

 

 

No permitamos la ratificación del Convenio 175 de la OIT.

 

 

En el Congreso, el diputado del pueblo Héctor Nuila, de URNG-MAIZ, recibe a los y las manifestantes y gestiona para que la Presidencia del Legislativo los atienda.

La marcha fue ENORME, aunque los medios de prensa no quieran publicarlo.

 

 

 

 

 

 

 

Desde todos los rincones del país, el grito fue el mismo ¡Fuera Unión Fenosa!

A nadie se le pagó pasaje para venir a la marcha, y desde lugares tan lejanos como Ixcán, San Marcos y Petén entre otros, el pueblo se hizo presente. El Pueblo sabe que cuando la lucha es justa, el sacrificio es necesario.

Alguien no pudo resistir el impulso de expresar lo que piensa del Ministerio Público en medio de tanta injusticia e impunidad.

Los sindicatos con el pueblo en la lucha.

 

 

En la Plaza Central

 

 

 

 

 

Carta Entregada

a los tres poderes del Estado:

Señor:

Presidente del Congreso de la República,

Presidente del Organismo Ejecutivo,

Presidente del Organismo Legislativo,

Guatemala, C.A.

Presente.

Reciba un respetuoso saludo del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- al tiempo que le deseamos éxitos en sus labores diarias; las cuales, confiamos, se realicen interpretando de manera adecuada las necesidades y mandatos del pueblo de Guatemala.

Mucho se ha dicho sobre la crisis y sus efectos en nuestro país; no obstante, esa crisis no es de ahora ni el producto directo de la crisis internacional sino el efecto de políticas gobierno-empresariales que atentan contra el desarrollo, polarizan la sociedad y recrudecen las condiciones de pobreza, exclusión y desprotección social sobre cuya base se garantizado un bienestar reducido a determinadas elites económicas a cuyo servicio se ha puesto el actual gobierno.

Nuestro movimiento, representativo de miles de trabajadoras y trabajadores a nivel nacional, debemos manifestarle nuestra preocupación en algunos problemas básicos cuyos efectos impactan de manera directa a la población y debilitan el estado de derecho y que podemos resumir de la siguiente forma:

1. La existencia de un clima de absoluta impunidad que golpea esencialmente a las trabajadoras y trabajadores mediante el asesinato, persecución y acoso de sus dirigentes y miembros de base así como a través de la pérdida de eficacia de las garantías laborales a través de las cuales el Estado debiese garantizar el acceso de la persona al goce de los derechos humanos económico-sociales derivados del trabajo.

2. La problemática del transporte que ha sido abordada durante años a priori sin atacar el problema de fondo constituido por el manejo del mismo a través de empresarios privados que no se han conformado con mantener un servicio caro, inseguro e ineficiente sino que también han generado las condiciones para desproteger social y laboralmente a los pilotos sino que también para que los subsidios otorgados con recursos de las guatemaltecas y guatemaltecos nunca lleguen a la población. Esta situación ha colocado también a los compañeros pilotos en una situación de vulnerabilidad que día con día enluta más a la sociedad guatemalteca.

3. Las intenciones del actual gobierno de paliar la crisis resguardando los intereses de las elites económicas eliminando las protecciones económicas y sociales que establece nuestra legislación laboral, especialmente a través de la ratificación del Convenio 175 de la OIT que, en las condiciones de Guatemala, solamente traerá más desempleo, discriminación, desprotección social y precarización de las condiciones de trabajo.

4. La falta de garantía de la soberanía energética que ha conducido al país a una dependencia por parte de las comunidades al mal servicio prestado por compañías privadas que se han hecho de los recursos energéticos del Estado en condiciones por demás lesivas para la nación y que representan perdidas constantes para Guatemala y una constante afección a los derechos fundamentales de la población.

Cada uno de estos cuatro temas, en sí mismo, requiere la pronta intervención del Estado, por cuanto se han convertido en fuentes generadoras de constantes atropellos en contra de la población y, de no atenderse a favor de los derechos del pueblo, pueden llegar a devenir en situaciones de malestar social y de anarquía que no convienen a la gobernabilidad del país.

1.- En cuanto a la energía eléctrica:

A.- Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo.

B.- En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos empresarios españoles. Los activos que el INDE les vendió (que son patrimonio del pueblo), tenían en ese entonces un valor de US$ 250 millones y les fueron vendidos en sólo US$ 101 millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas. Es decir, como pueblo regalamos, la suma de Q101 por persona. Una familia de 5 miembros les regaló, de manera inconsulta y sin saberlo siquiera, ni más ni menos que Q 505,00.

Con esa venta, el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE, con lo cual el país hace entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales, los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel.

C.- Luego, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, se inventan el VAD, Valor Agregado de Distribución, concepto que antes no existía en las tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas españolas, en contubernio con los integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje técnico que esconde la realidad de lo que ocurre y, finalmente, afecta al pueblo de Guatemala.

La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas obtienen del pueblo US$ 400 millones anuales, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año.

D.- En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad, tras un prolongado proceso judicial, determinó que el VAD es ilegal y ordenó, de manera clara y concreta, tres cosas:

· la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;

· la devolución a todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y;

· la suspensión inmediata de los cobros ilegales.

De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrando el VAD. Hasta la fecha han cobrado, pues, diez años de facturas ilegales. 120 meses de facturas ilegales. Esto supone alrededor de Q 2,470 robados a cada habitante del país, incluidos los menores de edad. A una familia de 5 miembros le habrían robado, en este período, cerca de Q12,350.

E.- En Febrero del 2008, hace apenas un año, el actual Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cobertura lo reducen en un 66%. Lo bajan de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores populares.

Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de 762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores desde sus propios bolsillos. Quienes cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA e IBERDROLA, que resultan así las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.

F.- En el mes de enero de 2009, estas empresas extranjeras acusan a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el CAFTA, bajo el argumento de que las escazas protecciones sociales que brinda el gobierno en cuanto al acceso a la energía eléctrica, afecta sus posibilidades de obtener utilidades. Esta acción no tiene más objeto que cobrarle al erario guatemalteco una fuerte indemnización y evitar la intervención del gobierno en el precio del VAD dejando el mismo a la voluntad de estas empresas extranjeras. Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA.

Tratándose de empresas cuya sede se encuentra en España, acuden al TLC con Estados Unidos para afectar al país y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese Tratado cuyos efectos de pérdida, sin que los poderes del Estado, en esa ocasión, prestaran atención a la voz de pueblo.

G.- A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, adoptar represalias en contra de la población que adversa su presencia, etc., todo ello cubierto por la nefasta sombra de la total impunidad.

En vista de lo anterior, demandamos de las autoridades del Estado lo siguiente:

1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe.

2.- La declaratoria de que Unión FENOSA e IBERDROLA son lesivas para el interés nacional y, por lo tanto, se les debe expulsar del país

3.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución de la misma, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la incidencia política y de la auditoría social desde las organizaciones populares.

4.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado que este servicio público no puede ser privatizado.

2.- En cuanto a la violencia y la impunidad:

En Guatemala, la represión y la violencia en contra de las organizaciones sindicales y populares se han ido reinstalando, de manera creciente, amparadas bajo un manto de impunidad que abriga todo tipo de atropellos.

Desde costosas, constantes y bien orquestadas campañas difamatorias, pasando por amenazas e intimidaciones, hasta llegar a los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los crímenes contra quienes se colocan al lado de su pueblo. Y lo más peligroso no es sólo que se den, sino que guatemaltecos y guatemaltecas terminen aceptando esa situación como parte de lo normal.

En la Guatemala de hoy, la impunidad, además, se expresa de múltiples formas:

Son impunes los empresarios privados del transporte que violan la ley, se declaran en desacato y se niegan a cobrar las tarifas que impone la legislación vigente, sin que nadie los llame a cuentas.

Es impune la empresa Unión FENOSA, que decide, fuera del marco de la ley, agredir a la población y le corta durante 15 días la energía eléctrica a las comunidades de San Marcos, en represalia porque no la quieren en el país.

Es impune el Estado al pretender aprobar el Convenio 175 y, con ello, violentar los derechos laborales consagrados en la legislatura actual, y que son heredados de luchas abonadas con sangre obrera. La crisis que existe en Guatemala es producto del esquema de redistribución de la riqueza, de políticas que apuestan a una salida que lejos de generalizar el bienestar universalizan la pobreza precarizando las condiciones laborales de las guatemaltecas y guatemaltecos.

Son impunes los malos sindicalistas que al amparo de la política del actual gobierno de penetrar las organizaciones sindicales y prestarse a la legitimación de una política económica y social contraria a los principios de la social democracia y a las ideas expresadas en su momento por el compañero Manuel Colom Argueta, se están prestando al juego del gobierno, subastando la autonomía y en esencia, el sentido de la propia libertad sindical.

Por ello, las organizaciones sindicales y populares hemos optado por reafirmar hoy, en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha contra la Crisis, nuestro rechazo a la prevalencia de todas las formas de impunidad que atentan contra el libre ejercicio de los derechos del pueblo.

El Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco hace un llamado a todos los sectores del país a establecer una mesa de diálogo en donde la sociedad pueda generar soluciones para la actual situación del país y exigirle a los poderes del Estado su implementación.

3.- En cuanto al Convenio 175:

Reunido con la crema y la nata de los exportadores, es decir, con la Agexport, el Presidente Álvaro Colom se comprometió, en fechas recién pasadas, a dar impulso a la ratificación del Convenio 175 de la OIT, en el cual se establece el trabajo por hora y, además, se comprometió a flexibilizar la contratación laboral. Obviamente, se trata de flexibilizarla a favor de los intereses exclusivos de los exportadores.

En ocasiones anteriores hemos expresado nuestro firme rechazo a la ratificación del nefasto Convenio 175. En síntesis, porque atenta, de manera directa y flagrante, contra conquistas fundamentales de la clase trabajadora, cada una de las cuales se alcanzó con la lucha, y muchas de las cuales costaron incluso la sangre de valiosos dirigentes.

La legalización de contratos laborales por hora genera, entre otros, los siguientes efectos:

· Coloca al borde de la desaparición al bono 14 y al aguinaldo.

· Conduce a la extinción del derecho a vacaciones.

· Acaba con el IGSS.

· Pone fin al derecho a jubilación.

· Desprotege a la mujer embarazada y a la madre en período de lactancia.

· Desconoce el derecho al séptimo día.

· Elimina el derecho a la sindicalización y pone fin a los Pactos Coilectivos.

Es obvio que cada una de esas líneas, de materializarse, viene a precarizar aún más las relaciones laborales. Es decir, coloca en condiciones más difíciles a cada una de las personas que, para vivir, dependen de la venta de su fuerza de trabajo.

Pero, además, conviene preguntarse ¿qué implica la ratificación del Convenio 175 en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras del país?

· Significa que la existencia de cada uno y cada una se sumerge en una creciente angustia e incertidumbre. No habrá trabajo fijo. Y pocas cosas resultan tan angustiantes para cualquier ser humano como el no saber si mañana tendrá o no cómo ganarse la vida decentemente. Porque las obligaciones si están ahí, muy presentes. Los hijos piden comida, techo, ropa, salud, educación, pero ningún trabajador sabrá cómo podrán cubrirse esas necesidades o si se podrán atender siquiera.

· Implicará el crecimiento de la pobreza y de su expresión superior: la extrema pobreza. Los salarios serán por hora y, por ende, menores, con lo cual se deteriorarán las condiciones materiales y espirituales de vida de cada familia de la clase trabajadora.

· Conducirá a la ampliación de la desnutrición crónica que hoy ya azota a la niñez a lo largo y ancho del país. Cada familia tendrá menos recursos para invertir en la alimentación de los suyos. Con ello, sobrevendrán hambrunas, crecerá el retardo mental derivado de la desnutrición, se comprometerá el futuro de la niñez hija de la clase trabajadora.

· Profundizará la brecha, el abismo que ya existe entre unos pocos a quienes todo les sobra, y millones a quienes todo les falta. Más y más seres humanos serán excluidos del acceso al disfrute de los bienes y servicios sociales.

· Aumentarán los ya insufribles niveles de inseguridad, de violencia y se fortalecerá el crimen organizado. Si el trabajo honrado no permite alcanzar una vida digna, se expulsará a los trabajadores y trabajadoras a los brazos de la delincuencia.

· Crecerán la migración y, con ello, las deportaciones. Aquí pagarán por hora en quetzales y sobre el sueldo mínimo. Pero allá pagarán por hora en dólares y con mejores tasas salariales.

· Se incrementará el trabajo infantil porque las familias necesitarán del aporte económico de todos los que puedan generarlo.

· No habrá para el trabajador o la trabajadora un trabajo decente. Cada uno o cada una tendrá que buscar dos o tres trabajos mal pagados si es que los encuentra.

La ratificación del Convenio 175 de la OIT significa el retroceso de un siglo. Las luchas por la jornada de ocho horas quedan tiradas en la basura. Se trata, simple y sencillamente, de una aberración monstruosa que no debe aprobarse bajo ninguna circunstancia.

Por todo lo anterior, el compromiso que asume Colom con sus colegas exportadores puede calificarse como criminal. Condena al país a una situación que colinda con el borde de lo intolerable.

Por ello, las organizaciones sindicales y populares que nos hemos hecho hoy presentes exigimos del Estado lo siguiente:

1.- Del Poder Ejecutivo el retiro del Convenio 175 de la OIT, por las razones antes expuestas.

2.- Del Poder Legislativo la no ratificación de ese instrumento jurídico. El pueblo espera de Congreso de la República, la aprobación de leyes que, lejos de cercenar sus derechos, más bien los consoliden y profundicen.

4.- En cuanto a la problemática del transporte:

El tema del transporte de pasajeros, que en esencia debiese ser público por tratarse de un servicio esencial, ha sido abordado con absoluta irresponsabilidad durante años y ello ha generado que las soluciones impulsadas desde las diversas expresiones del poder público, lejos de solucionar el problema, alimenten condiciones que favorecen a los empresarios del transporte, colocan en una situación vulnerable a los pilotos, y someten a la población a un servicio caro, deficiente e inseguro.

Es un hecho que durante años, el gobierno no ha tenido ni la capacidad ni la voluntad de solucionar el problema; por el contrario, solamente ha generado medidas que favorecen a los dueños de las unidades pero que, en ningún momento protegen a los pilotos ni llegan a la población.

Es más, el Gobierno no ha tenido siquiera la capacidad de controlar las tarifas que se cobran que fueron incrementadas en su momento debido a la crisis de precios del petróleo que desde hace meses han recuperado sus niveles normales y no justifican tales incrementos ilegales que se siguen cobrando aún a pesar de existir tarifas legalmente establecidas.

El transporte de público de pasajeros ha sido históricamente en Guatemala un transporte privado y en el cual, durante décadas, ha quedado demostrado que la administración privada del mismo ha sido ineficiente en todos los sentidos.

Este problema actual tiene una única solución definitiva: El transporte de personas debe nacionalizarse. Es decir, debe dejar de ser una fuente de lucro para unos pocos y convertirse en servicio de calidad y a bajo costo para las mayorías populares, administrado desde el Estado. Sólo así lo que hoy existe como transporte privado podrá llamarse transporte público.

En consecuencia, las organizaciones del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco que participamos en esta “Primera Jornada Nacional de Lucha contra la Crisis”, demandamos del Estado y sus instituciones lo siguiente:

1.- Que en términos de lo inmediato se proceda de manera tal que los empresarios privados del transporte se sometan a lo que establece la Ley.

2.- Que se adopten las medidas necesarias para la nacionalización del transporte público de pasajeros, de manera que sea el Estado quien brinde este servicio esencial, de manera eficiente y accesible al pueblo.

Finalmente, queremos denunciar enfáticamente que el gobierno de Guatemala actualmente se vale de algunos malos dirigentes sindicales, bajo la asesoría del Hermano de la Primera Dama, que mediante una política de división, penetración y paralelismo sindical pretenden crear una central sindical pro-gobiernista que se convierta en un ente que encubra ante la comunidad internacional el divorcio del actual gobierno con los principios de la social democracia y se constituya en una fuerza de choque, invisibilización e inutilización de las luchas que libran desde el sindicalismo auténtico, autónomo, comprometido e identificado con las necesidades de la clase trabajadora.

Sin más por el momento,

Respetuosamente;

Por el Consejo Político del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-