Dos documentos de importancia

Guatemala, 24 de julio del 2009

Jornada de firmes protestas y sólidas propuestas

Hoy fue un intenso día de acción por parte de las organizaciones populares a lo largo y ancho de todo el país. A éstas nos estaremos refiriendo, con detalle, en nuestro próximo comunicado. En este comunicado, por lo pronto, hacemos entrega de dos documentos, vinculados ambos de manera estrecha a la jornada de protestas y propuestas:

1.- Aunque extenso, optamos por incluir el texto completo de la propuesta de “Acuerdo Nacional para enfrentar la Crisis”, que hoy fuera entregado a la Presidencia del Congreso y a la Presidencia de la República, y;

2.- El documento formal que contiene la pregunta que, en el seno del Parlamento Europeo, fuera presentada por el eurodiputado Raúl Romeva, sobre la vulneración de los Derechos Humanos y laborales por parte de la empresa Unión Fenosa en Guatemala.

La coincidencia en fechas y contenidos entre los planteamientos expresados en ambos documentos no es obra de la casualidad, sino, por el contrario, una sólida expresión de solidaridad activa, que se basta para demostrarle al luchador pueblo guatemalteco que no está solo en sus gestas. Que desde otros países, voces hermanas nos acompañan y levantan también nuestras banderas.

Reciba el eurodiputado Raúl Romeva nuestra gratitud, no sólo por su solidaridad evidente, con la cual contribuye enormemente a darle solidez a las luchas que por estos lares hemos emprendido, sino, también, porque con sus hechos concretos pone en claro que el espíritu del internacionalismo sigue existiendo y que la globalización de la solidaridad también puede constituirse en una poderosa arma para la construcción de un mundo más digno, más justo y más humano.

Guatemala, 24 de Julio del 2009

ACUERDO NACIONAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

1.- Un sistema que sólo favorece a minorías:

El año 2,009, que aún no concluye, se ha caracterizado por la presencia y agudización de múltiples y recurrentes situaciones de crisis, que abarcan prácticamente todos los teatros sustantivos de la vida nacional. Destaca la crisis financiera, pero igualmente graves son la crisis sanitaria, la alimentaria, la energética, la de seguridad, la laboral y política.

La aguda crisis que hoy padece Guatemala es parte de la crisis del sistema capitalista internacional que se está agotando en su funcionamiento, así como de la manera en que funcionan los grupos de poder nacionales. El peso de esta crisis recae sobre los hombros de los sectores populares, no la crea ningún video ni es producto de maniobras políticas.

Sin duda alguna la crisis nacional existe y es profunda, con el agravante de que el sector económico poderoso debilita la gobernabilidad y pone en riesgo la posibilidad de desarrollar un sistema auténticamente democrático.

La crisis tiene orígenes estructurales. Entre otros factores que determinan esta crisis pueden mencionarse los siguientes:

· La injusta distribución de la riqueza;

· La marginación de la mayorías al disfrute de los bienes y servicios sociales;

· La deshumanización de las relaciones entre las personas al hacer prevalecer el bien material y del capital sobre el bien común y de las personas;

· El predominio del racismo y la discriminación como reglas rectoras del comportamiento social y de las políticas públicas;

· El férreo control ideológico por parte del sector económico;

· El limitar la participación popular en la toma de decisiones;

· La depredación indiscriminada de la madre naturaleza;

· La entrega de la soberanía, territorio y riquezas ante voluntades y codicias foráneas;

· El fomento de la impunidad como manto bajo el cual se cobijan todo tipo de atropellos contra los derechos del pueblo, incluido el derecho superior a la vida;

· La violación permanente de la libertad sindical, de la negociación colectiva, de los derechos humanos y laborales;

· El no reconocer la voluntad popular con tal de no contravenir a los grupos de poder económico.

· La consolidación de nuestro sistema económico y político basado en la dependencia y sumisión.

Cada uno de los factores antedichos se constituye en uno de los cimientos sobre los cuales está construido el sistema social, político y económico que predomina en Guatemala, cuando menos a partir de 1954, año en el que las derechas locales, con el pleno respaldo del Gobierno de los Estados Unidos, lograron abortar la naciente Revolución de Octubre y, con ello, sumergir a los sectores populares del país en rumbo hacia el despeñadero.

En tanto el Estado, en su conjunto, continúe respondiendo a ese sistema, y, con ello, a los intereses de los sectores minoritarios pero poderosos a los que el modelo sirve, el país no saldrá de la crisis en la que nos han sumergido. Cambiar el sistema debe ser, pues, la meta superior de todas las personas y organizaciones que aspiren a la forja de una Guatemala diferente, justa, digna y humana.

2.- Un modelo en crisis:

Tomando en cuenta lo anterior, debemos entender que, más de seis décadas de construcción de ese sistema, han generado inevitables efectos, derivados de esos factores estructurales desde los que nace y crece la crisis. Esos efectos caracterizan la realidad actual que padece Guatemala. Entre estos destacan los siguientes:

· la creciente violencia;

· la agudización de la pobreza extrema;

· la masiva desnutrición crónica;

· el millonario déficit habitacional;

· el creciente desempleo y subempleo;

· la ausencia absoluta de políticas públicas a favor de los derechos e intereses del pueblo;

· el desconocimiento de las consultas comunitarias, declaradas no vinculantes;

· la presencia de una política de desarrollo rural que favorece sólo a los finqueros, a los agro-exportadores y a las transnacionales;

· los continuos y cada vez más violentos desalojos a campesinos;

· la criminalización de las luchas sociales;

· el predominio de programas de gobierno puntuales y clientelistas;

· la prevalencia de la impunidad en todos los ámbitos;

· la remilitarización;

· el retorno de la represión;

· el desmantelamiento del Estado por múltiples vías;

· la privatización de los servicios públicos esenciales;

· la entrega de nuestros recursos naturales y nuestra riqueza a manos de voraces consorcios extranjeros;

· el descrédito de los partidos políticos de derecha;

· la corrupción generalizada;

· la innegable presencia del crimen organizado y del narcotráfico en los espacios decisionales del país;

· los elevados niveles de ingobernabilidad;

De cara a la situación actual, hay que señalar que, a lo largo de las últimas décadas, el modelo neoliberal globalizado ha contribuido, de manera notable, a la agudización de la crisis. Ese modelo tiene por padre a un vasto conjunto de imposiciones foráneas y por madre al entreguismo servil de poderosos sectores locales. Les corresponde a ellos, en consecuencia, asumir la responsabilidad en la crisis y ser parte de la solución.

La crisis, entonces, no la deben de pagar los sectores populares, porque ellos no la generaron. Tanto los sectores más duros de la iniciativa privada, como los distintos gobiernos a partir del 54, se han confabulado para construir un modelo de Estado del que se han venido sirviendo a manos llenas. Ahora deben asumir los costos que se derivan de sus propias acciones.

3.- Un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis:

Ante esta realidad y en respuesta a la crisis actual, el Frente Nacional de Lucha hace un llamado a la adopción de un Acuerdo Nacional. Se trata de un conjunto de medidas urgentes que permitirán enfrentar con éxito los principales componentes de la actual crisis. Las desagregamos en dos rubros:

(i) Las medidas de carácter inmediato que deben adoptarse desde el Estado a efectos de detener el rumbo actual que amenaza con hacer colapsar al país, y

(ii) Las políticas públicas que, en el corto y mediano plazo, deben implementarse desde las instituciones estatales que correspondan en cada caso.

Para cada una de estas dos categorías contenidos planteamos las siguientes propuestas:

3.1.- Medidas urgentes e inmediatas:

Las medidas inmediatas las hemos desagregado en cinco campos específicos, que son los siguientes:

A.- En materia de energía.

B.- En el ámbito laboral.

C.- En el ámbito agrario.

D.- En materia de Servicios Públicos.

E.- En el campo de los Recursos Naturales:

A.- En materia de energía:

· Declarar ilegales los cortes de energía y sancionar a las subsidiarias que incurran en ello. Las empresas DEORSA, DEOCSA y EEGSA, subsidiarias locales de las transnacionales Unión FENOSA e IBERDROLA, han emprendido una alarmante política de agresión contra aquellas familias y comunidades que están a favor de la nacionalización de la energía, por la vía de cortarles el suministro de la misma. Esa práctica, calificable como represalia ilegal, debe cesar, por cuanto sólo contribuye a exacerbar la cólera social, que está llegando a puntos de tensión cada vez más difíciles de contener.

· Reforma consensuada a la Ley General de Electricidad. Es urgente que ese marco legal sea reformado, de manera que su letra y su espíritu responda tanto a lo que la población requiere como a lo que demanda en el campo de la energía eléctrica. Para ese propósito, deben abrirse procesos de consulta, en los que la voz de los sectores populares esté legítimamente representada y sea debidamente escuchada.

· Creación de Empresas Municipales de Electricidad, de manera que en las mismas se establezcan con claridad espacios para la incidencia política y para la auditoría social desde las organizaciones populares que correspondan en cada caso. Empresas que operen en constante consulta con la voz del pueblo, de manera que respondan con eficiencia y eficacia a sus demandas, y que operen, además, con un nivel de transparencia que impida la presencia de cualquier forma de corrupción.

· Reconocimiento real a la voluntad del pueblo expresada en las consultas comunitarias. Al igual que con el tema de las represas, de la exploración y explotación petrolera y de la minería a cielo abierto, las comunidades han sido claras respecto a que no quieren que Unión FENOSA e IBERDROLA sigan operando la energía eléctrica en sus Municipios. Esa voz del pueblo debe ser escuchada por el Estado y sus instituciones, respetándose, así, el Convenio 169 de la OIT, el código municipal, la ley de descentralización y la de Consejos de Desarrollo.

· Suspensión de la construcción y operación de plantas carboneras. Las autorizaciones ya dadas por el Ejecutivo para que se construyan y pongan en operación plantas generadoras de energía a base de la quema de carbón mineral deben revocarse, por cuanto esta modalidad agrede de manera severa el medio ambiente. Envenena el aire que respiramos, contamina las aguas y daña los campos de cultivo, agregándoles químicos tóxicos que se trasladan a los alimentos que se produzcan.

B.- En el ámbito laboral:

· No al Convenio 175 de la OIT. No podemos permitir que se le arranquen al pueblo derechos sustantivos, como los derechos laborales, que hoy pretenden desaparecer por la vía de ratificar el Convenio 175 de la OIT.

· Cumplimiento de los pactos colectivos. Los Pactos Colectivos firmados por el Estado con el Sindicato de Salud, con el de Educación y con otras instancias sindicales representativas de los trabajadores del sector público y privado tienen rango de Ley. El Estado no debe, bajo ninguna circunstancia, convertirse en violador de lo que establece la Ley. Debe honrar a cabalidad los compromisos que suscribe.

· Sobre la Seguridad Social. Iniciar las negociaciones con el IGSS para crear un esquema de protección social a los y las trabajadoras del sector por cuenta propia, para que no se amplíe la edad para obtener la jubilación ni se amplíen los años de servicio necesarios para jubilarse.

· Sobre el trabajo por cuenta propia. La persecución contra millones de compatriotas que, en los teatros urbanos y rurales, ante la nula oferta de empleo optan por ganarse la vida con el sudor de sus frentes trabajando por cuenta propia debe cesar. En su condición de ciudadanos y ciudadanas, son portadores de derechos que el Estado debe respetar. Es urgente proponer y aprobar un entorno legal que asegure el ejercicio pleno de sus derechos laborales.

C.- En el ámbito agrario:

· Asignar 60 millones de quetzales para otorgar un subsidio de 3 mil quetzales a la familia campesina para la producción de maíz y 6 quintales de fertilizantes de buena calidad, a efectos de garantizar la seguridad alimentaria.

· Proponemos la pronta aprobación e implementación de las leyes de Desarrollo Rural Integral y de Regulación de la Tenencia y Uso de la Tierra y de la Ley de Tribunales Agrarios.

· Exigimos al MAGA que verifique la calidad de los fertilizantes que se encuentran a la venta para los campesinos, pues es de conocimiento popular que se sigue comercializando fertilizante de baja calidad, que da como resultado malas cosechas y altos costos de producción. No podemos permitir que la codicia de unos pocos mercaderes, ausentes de ética, de al traste con los esfuerzos productivos de la familia campesina.

· Nos oponemos a los desalojos de comunidades campesinas, a la inadecuada aplicación del catastro, así como a cualquier intento de regularizar la tierra que vaya en contra de los derechos del sector indígena y campesino.

· Prohibir el uso de transgénicos. Los transgénicos son lesivos para la salud de quien los consume, además que traen consigo una serie de trampas legales que generan, como consecuencia, aumentar aún más la dependencia del campesino al suministro de materiales básicos para la siembra desde las transnacionales, además de la contaminación de las especies naturales y del daño a la tierra misma.

D.- En materia de Servicios Públicos:

· Devolución inmediata de los 375 millones de quetzales que le fueron cercenados al presupuesto del Ministerio de Salud, que equivalen a más de un millón de quetzales al día, los cuales se le niegan a la población y se traducen, por lo tanto, en un atentado contra el derecho del pueblo a la salud. Si se traduce a consultas, por ejemplo, implica que, cada día, se dejarán de prestar más de diez mil consultas. Con ese recorte, los actuales indicadores de salud, que son pésimos, pasarían a ser infames.

· Suspender, mediante Decreto Ejecutivo, cualquier tipo de transferencia presupuestaria que afecte de manera negativa a los Ministerios prestatarios de servicios básicos esenciales.

· Garantizar el pago a tiempo de los salarios devengados por los empleados públicos, en particular del magisterio por contrato, sector al que ya es norma que le retengan sus salarios, con lo cual se violentan sus derechos laborales.

· Debe aprobarse una Ley Reguladora de las Empresas Privadas de Seguridad, cuyos contenidos obedezcan a un consenso construido en consulta con las organizaciones populares.

· El Congreso de la República debe rechazar la propuesta de reformas constitucionales emanada desde el grupo Pro-Reforma, por cuanto ello significaría un retroceso de décadas.

· De igual manera, el Congreso de la República debe rechazar la propuesta de Ley de Participación Público-Privada, por cuanto la misma fomenta la acelerada privatización de servicios cuya prestación debe corresponder al Estado.

· El Estado debe, con carácter de urgencia, hacer valederos los derechos de las personas de la tercera edad, así como consultar con sus organizaciones respecto a sus demandas inmediatas y responder favorablemente ante las mismas.

· Iniciar una investigación hacia los jefes de la policía y jefes militares sobre su vinculación con el crimen organizado, con el apoyo de la CICIG y, en el ámbito de la seguridad ciudadana, que se reestructure la PNC con jefes capaces y honrados y se reduzca el presupuesto del Ministerio de Defensa, como lo establecen los Acuerdos de Paz.

· Reintegrar los 50 millones que le redujeron al programa de resarcimiento y atender el memorial entregado a la presidencia por las organizaciones, entre las cuales se encuentra CODECA.

E.- En el campo de los Recursos Naturales:

· Ante el saqueo y explotación de nuestros recursos naturales, exigimos la inmediata moratoria del otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera o petrolera.

· Promulgar una ley de minería, cuyos contenidos se formulen en consulta con las organizaciones populares, la cual otorgue mayores beneficios económicos al país y se destinen al desarrollo de las comunidades en donde se encuentren las unidades de explotación.

· Impedir la privatización del agua, así como la aprobación de concesiones para la prestación privada de servicios de agua potable.

· Respetar el resultado de las consultas comunitarias que se han realizado o se realicen, por cuanto en las mismas se refleja la voluntad popular sobre el tema que se consulta en cada caso.

· Suspender de inmediato la concesión de territorios comunales, municipales y nacionales a empresas privadas, nacionales y extranjeras.

3.2.- Políticas públicas:

A.- Contra la inestabilidad, la precarización y la flexibilización laboral.

Proponemos proteger y crear empleo y trabajo digno para salir de la crisis, con una política pública y privada de empleo bajo los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en pleno respeto al Código de Trabajo vigente en el país y en acatamiento de las recomendaciones que ha venido reiteradamente planteando la OIT.

En el caso del empleo público el gobierno central y municipal debe de brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en renglones permanentes. De igual forma debemos congelar por un periodo prudencial los procesos de despidos o por reestructuración institucional.

B.- Contra el hambre generada por la pobreza y la pobreza extrema

Es necesaria la implementación de un nuevo diseño de fomento a la producción alimentaria del país, que garantice la seguridad alimentaria.

Ante la problemática agraria y la crisis alimentaria, exigimos la restructuración del Sector Público Agrícola, implementando un nuevo diseño que represente un fuerte y claro apoyo técnico a los pequeños productores y que el MAGA sea el principal ejecutor de una política de desarrollo agrario.

Creación de un instituto de servicios agrícolas dentro del MAGA, no vinculado a Pro-Rural, que de soporte técnico y asistencia crediticia al pequeño productor campesino.

Asegurar que el Ministerio de Trabajo obligue al pago de los salarios mínimos establecidos por el propio Gobierno.

No deben dársele más espacios a una política de desarrollo rural que privilegia los intereses de los terratenientes. La política agraria que plantea convertir al agro en fuente productora de bio-combustibles para lucro de las familias agro-exportadoras conduce, entre otros efectos nocivos, al incremento de la desnutrición, a la aún mayor concentración de la tierra en pocas manos, a la pauperización de la familia campesina y, con ello, incrementa la problemática nacional en su conjunto y aproxima la ingobernabilidad en el país. En consecuencia, el desarrollo rural debe concebir la tierra, en primer lugar, como generadora de alimentos. Debe emplearse para llenar millones de estómagos vacíos y no para llenar unos cuantos tanques de combustible y los bolsillos de los terratenientes.

Desde el Estado debe velarse por la garantía de la seguridad alimentaria, como tarea irrenunciable e impostergable, dados los niveles de desnutrición crónica que afectan a la infancia y que las propias autoridades del Estado establecen en un alarmante 49.3% como media nacional, indicador que se incrementa en las áreas rurales. Estaremos siempre a favor de un modelo de desarrollo rural que beneficie al sector campesino y respete su cultura.

Deben asignarse, vía MAGA, 500 millones de quetzales para subsidio y fertilizantes a las familias campesinas y crearse una ley de rentas forzosas por lo menos del 20% de las fincas para que los campesinos puedan producir.

Debe procederse a la implementación de una Reforma Agraria integral y consensuada, a través de la justa distribución de la tierra, la cual debe contemplar, además, adecuado y oportuno apoyo técnico y financiero para los campesinos.

C.- Contra los recortes presupuestarios de las políticas sociales.

No basta con la devolución de los 375 millones que le fueron restados al Ministerio de Salud. Habrá que crear mecanismos que permitan a las organizaciones populares revisar la distribución y ejecución de los fondos del Estado y ser parte, además, en la definición de los presupuestos. Desde el pueblo, no podemos permitir que se destruyan las instituciones públicas prestadoras de servicios mediante la reducción abrupta de sus presupuestos y su desabastecimiento acelerado.

El MAGA también está siendo desmantelado y sus recursos presupuestarios se trasladan a Cohesión Social y a ProRural. Ese proceso de des-institucionalización debe cesar.

D.- Ante la baja recaudación tributaria y la incapacidad del Estado en el mantenimiento de las instituciones públicas, demandamos:

La implementación de una política fiscal que represente suficiente recaudación que permita cubrir ampliamente las necesidades presentes y futuras de nuestro pueblo, que fomente la pequeña y la mediana empresa y fortalezca las garantías sociales, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución Política.

Saludamos la firma del Acuerdo de Petrocaribe entre los gobiernos de Guatemala y Venezuela. Y exigimos que los beneficios económicos generados por este acuerdo, se inviertan en salud, educación y subsidios directos a las organizaciones campesinas de bajos recursos, con la participación de las legítimas organizaciones populares en la definición y fiscalización de estas políticas.

Demandamos del Gobierno adherirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas, por ser un acuerdo justo que respeta la asimetrías de los países y contribuye para un verdadero desarrollo integral de nuestros pueblos. Por el contrario, rechazamos el Acuerdos de Asociación –ADA- con la Unión Europea, por ser un nuevo Tratado basado en el libre comercio, cuyos efectos implicarán mayor deterioro en las capacidades de las finanzas públicas.

Exigimos al Congreso de la República que retome la propuesta de Pacto Fiscal que fuera presentada por organizaciones sociales y populares y que se fundamenta en la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz.

E.- Ante la problemática generalizada alrededor del tema de la energía eléctrica proponemos:

La nacionalización de la generación y distribución de la energía eléctrica y el fortalecimiento del INDE. No podemos ser indiferentes ante la entrega de nuestras riquezas a los grandes consorcios transnacionales y el servilismo local. Deben renacionalizarse los bienes del Estado que han sido entregados a empresas privadas, ya que las privatizaciones de la energía eléctrica y las comunicaciones aceleraron la pobreza de nuestros ciudadanos.

Exigimos que se rechace la pretensión de generar energía eléctrica a partir de la quema de carbón mineral por los daños al medio ambiente y sus repercusiones sociales y económicas. Esto implicaría revisar y revertir el acuerdo firmado por el Gobierno con las empresas transnacionales que ya están ejecutando obras en este sentido, para declarar esos contratos lesivos a los intereses económicos, de salud y ambientales del la Nación.

Como un primer paso en dirección hacia la nacionalización, el Congreso de la República debe aprobar la propuesta de reformas a la Ley General de Electricidad presentada por la Bancada URNG-MAIZ.

Como segundo paso, se debe emitir y poner en marcha una política que de soporte técnico y de infraestructura de parte del INDE para la creación de empresas municipales de generación de energía eléctrica y que estas sean fiscalizadas por representantes de las organizaciones sociales, nacionales y locales.

F.- Ante la ola de violencia, impunidad, asesinatos, secuestros de ciudadanos y ciudadanas:

Exigimos a la Corte Suprema de Justicia garantizar mecanismos y procedimientos que permitan aplicar justicia pronta y cumplida y a no permitir ninguna ingerencia política en la aplicación de justicia.

Debe revertirse el actual proceso de re-militarización de la seguridad pública y construirse una nueva policía civil, sobre la base de los conceptos de seguridad democrática.

Deben separarse, de manera clara, las funciones del Ejército de las de la Policía, por cuanto al primero no le compete la ejecución de labores propias del Ministerio de Gobernación y, al hacerlo, se violenta la Constitución Política.

Es urgente revertir el actual proceso de privatización de la seguridad pública, que se reduce y cede espacios ante el avance de las empresas privadas de seguridad. Para ello, uno de los pasos necesarios consiste en la aprobación de una Ley Reguladora de las Empresas Privadas de Seguridad, formulada en consenso con las organizaciones populares.

La suspensión de garantías consagradas en la Constitución no será aceptada, ni lo será tampoco ningún intento por romper con los preceptos establecidos en la Constitución Política de la República y sustituir esta por una que refleje principios neoliberales. Por el contrario, respaldaremos las reformas consensuadas al entorno legal vigente en la medida en que en las mismas se promuevan y defiendan, de manera clara, los derechos e intereses del pueblo.

G.- Sobre la población migrante:

Ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes, demandamos del Gobierno de Guatemala la adopción de una posición firme y decidida, que exija al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica un trato humano y digno a nuestros hermanos y plantee la inmediata regularización de su estatus migratorio.

Debe asignarse presupuesto suficiente a la CONAMIGUA, para que pueda ejecutar su plan de acción y que las organizaciones de migrantes cuenten con esa instancia ante la cual puedan presentar sus demandas y velar por su cumplimiento.

H.- Sobre el derecho a la información:

Ante la censura y las violaciones a la libertad de prensa en el país, exigimos que cese la persecución y represión en contra de los medios de comunicación alternativos tales como las radios comunitarias, que son conquista de los Acuerdos de Paz, porque el pueblo tiene el derecho de ser informado en forma veraz e independiente así como a transmitir sus ideas y ser escuchados. La comunicación debe ser de doble vía.

Se requiere una difusión más amplia, extensa y en lenguaje accesible, así como en los diferentes idiomas, de la nueva Ley de Libre Acceso a la Información.

I.- En materia educativa:

Deben ponerse en marcha cada uno de los componentes propios de la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz, y que se diseñó tras dos vastos y legítimos procesos nacionales de consulta y de diálogo.

Debe, entonces, detenerse la contra-reforma educativa de corte neoliberal que se impulsa desde el Gobierno, a través del Ministerio de Educación.

En el pensum de estudios de básico y diversificado, es urgente que se incluyan contenidos que permitan a la población estudiantil conocer sus derechos y el marco jurídico que los ampara.

Es preciso abrir el acceso a educación superior para miles de estudiantes que la USAC ha venido rechazando año tras año.

Garantizar que la USAC reciba del Estado el presupuesto que por ley le corresponde.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del país a sumarse en la construcción de una Guatemala digna, justa, humana y solidaria.

¡La Lucha Sigue!

Por su innegable valor y peso político, adjuntamos, además, la copia exacta del cuestionamiento a Unión FENOSA que fue planteado en el Parlamento Europeo: