La violencia sigue imparable

Guatemala, 23 de Marzo del 2010

El Gobierno siembra violencia; el pueblo pone la sangre

Ayer en horas de la tarde, en la aldea Las Brisas, Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, fue muerto, por balas del ejército, el compañero Santiago Gamboa Paz, de 65 años de edad, dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica de la comunidad de Santo Domingo 1.

Se registraron, además, 6 compañeros heridos de bala, a quienes fue preciso sacar del Hospital Nacional de Malacatán, en donde estaban recibiendo atención médica, por cuanto se supo que los iban a poner bajo custodia, acusándolos de quién sabe cuántas falsedades. Efectivamente, pocos minutos después de que abandonaron el Hospital, efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército llegaron allí con órdenes de captura, pero no dieron con ellos.

También fueron detenidos por lo menos 7 compañeros, quienes guardan prisión en las cárceles de la cabecera departamental de San Marcos. Hasta el momento, la PNC se ha negado a dar los nombres de las personas detenidas, lo que ha obligado a la Procuraduría de los Derechos Humanos a interponer recursos de exhibición personal para garantizar la vida y la integridad de los prisioneros.

El asesinato de nuestro compañero y los hechos mencionados se dieron en el marco de una clara provocación gestada desde fuerzas oscuras y poderosas que buscan generar un entorno de aún mayor violencia. A estos grupos desestabilizadores no les preocupa, en absoluto, llevar al país hasta un punto de ingobernabilidad, desde el cual pueden derivarse situaciones de gravísimas consecuencias. Se suma a ello la codicia sin límites de la transnacional Unión FENOSA, empresa a la que no le preocupa llenarse las manos con sangre del pueblo con tal de asegurar sus exorbitantes e ilícitas ganancias.

Ayer, en horas de la mañana, un equipo de 10 trabajadores de la empresa Cobra, contratada al servicio de Unión FENOSA, se hizo presente en la Aldea Las Brisas, en compañía de 13 efectivos de la fuerza pública, quienes les brindaban protección. Procedieron a desconectar, bajar y esconder dos transformadores, con lo cual dejaron sin fluido eléctrico a un vasto sector de la población no sólo de Las Brisas sino de caseríos vecinos.

Ante esa agresión, los vecinos, de manera masiva y organizada, procedieron a detener a los empleados de Unión FENOSA y a los elementos de la policía, en una suerte de arresto civil, puesto que ello les permitía demostrar fehacientemente quiénes son los que sabotean el tendido eléctrico. De inmediato, los vecinos hicieron denuncia formal ante el Ministerio Público y dieron parte tanto al Ministerio de Gobernación como a la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre lo que estaba ocurriendo. Pedían que el Estado hiciera constar la fuente generadora de los sabotajes y que les reinstalaran el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue el envío de cerca de 250 efectivos del ejército, armados hasta los dientes, con la orden de “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. La presencia de las fuerzas armadas para cumplir con semejante orden, naturalmente contribuyó a elevar la tensión en la zona del conflicto.

Tanto la PDH como el Arzobispado instalaron una mesa de negociación, la cual, tras un diálogo que tomó cerca de ocho horas, llegó a varios compromisos. Sobre todo, a que los empleados a la orden de Unión FENOSA repararían los daños que habían causado y que los vecinos los dejarían, entonces, en libertad. Así se hizo.

Pero, apenas se habían puesto a buen recaudo los empleados de la transnacional y los elementos de la policía que estaban detenidos, el ejército rompió fuego contra los vecinos y lanzó a sus fuerzas a realizar capturas entre los pobladores, acogiéndose a lo que establece el Estado de Sitio impuesto allí por el Gobierno desde el 22 de Diciembre, que permite la realización de arrestos sin que medie orden de juez competente.

En medio del caos generado por la intervención armada, se habla de un número mayor de personas detenidas, de personas heridas y de muertos. Los datos mencionados al inicio de este documento son solamente los que están confirmados. Nuestro mayor deseo es no tener que ampliarlos.

Debe denunciarse que la agresión directa del Gobierno contra el pueblo no termina allí. Hoy, desde tempranas horas de la mañana, elementos de la fuerza pública se han lanzado a realizar un fuerte operativo en el Municipio de Ocós, San Marcos, amparados bajo el Estado de Sitio. Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión FENOSA, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población.

Ello ocurre justo un día después de que fueron vil y cobardemente asesinadas tres personas, miembros del COCODE de la Aldea Limoncitos, Ocós, como ya fue denunciado en un comunicado hecho público el día de ayer.

No se requieren estudios militares para saber que la realización de un operativo de la magnitud del que están ahora mismo desarrollando en Ocós requiere de una minuciosa planificación previa. Resulta, por lo tanto, altamente sospechoso que, justo antes, se hayan producido los crímenes a los que nos hemos referido.

Es un hecho indiscutible que el nivel de tensión en el Departamento de San Marcos, tras los dolorosos sucesos acontecidos, se eleva.

Desde el Frente Nacional de Lucha señalamos la irresponsabilidad que, en ello, es atribuible al Gobierno. No solamente por decretar seis veces consecutivas un injustificado Estado de Sitio sino, sobre todo, por colocarse al servicio de Unión FENOSA y poner todos sus recursos a disposición de esta transnacional. El Gobierno se ha negado a escuchar la voz que nace desde el seno del pueblo y, con sus actos, se convierte en sembrador de violencia y descontento.

Pero el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia no son ajenos a la gravedad de lo que ocurre. Bien sabio es el refrán popular que afirma que “el que calla, otorga”. El prolongado silencio de ambas instancias las convierte en cómplices de lo que acontece y, por ende, en co-responsables del desenlace previsible si no se enmienda el rumbo, y cuanto antes. Instamos a ambos poderes del Estado, en consecuencia, a pronunciarse al respecto y a intervenir para evitar que el agua llegue al cuello. ¿Cuánta más sangre del pueblo debe verterse para que su voz sea escuchada?

San Marcos puede convertirse en el detonante de estallidos sociales incontrolables y de consecuencias impredecibles y no deseadas. Está claro que la mecha está encendida. Sólo la ceguera del Gobierno, o quizás los compromisos adquiridos, explican la posición política por la que han optado las autoridades.

Llamamos, pues, a que prevalezca la cordura. A que la inteligencia y la razón se impongan sobre la intransigencia y la fuerza bruta.

¡La Lucha Sigue!

Adjuntamos, para mejor proveer, el artículo publicado por el matutino Prensa Libre en su edición electrónica del 22 de Marzo.

Prensa Libre, 22 de Marzo del 2010

22/03/10 - 19:14 Comunitario

Pobladores retuvieron a policías y trabajadores de Deocsa

Unas 23 personas, entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y empleados de Deocsa, fueron retenidos por una turba en el caserío Las Brisas, San Pablo, San Marcos, y liberados ocho horas después.

Un total de 23 personas, entre ellos 13 policías, fueron retenidos por pobladores de un caserío en San Marcos. (Foto Prensa Libre: Aroldo Marroquín)

POR AROLDO MARROQUÍN Guatemala

Trece agentes policiales y dos soldados brindaban seguridad a ocho empleados de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente (Deocsa) en los trabajos que realizaban por el mantenimiento de transformadores.

Los pobladores de Las Brisas se organizaron y retuvieron a los agentes de seguridad y los trabajadores de la empresa distribuidora de energía bajo el argumento que estos intentaban suspender el servicio en la zona.

Después de seis horas, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) instaló una mesa de negociación que incluía a vecinos y el Arzobispado; ocho horas después, y tras varios momentos de tensión, fueron liberados.

Los empleados de Deocsa realizaban mantenimiento en el tendido eléctrico, aunque algunos pobladores indicaron que estos estaban en el lugar para remover los transformadores.

Los empleados acudieron custodiados por las fuerzas de seguridad debido a la tensa relación entre la empresa que distribuye la energía y los pobladores.

Como parte de las negociaciones se acuerda que los empleados de Deocsa no se lleven los transformadores, y eso permitiría que los liberaran.

La situación conflictiva en San Marcos entre los pobladores y Deocsa originó que a finales de diciembre del 2009 se declarara el Estado de Prevención en ese departamento.