Guatemala, 22 de Marzo del 2010
La ola de crímenes contra el pueblo no se detiene
Ayer nos asesinaron a tres dirigentes del Municipio de Ocós,
San Marcos
Los compañeros Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y la compañera Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años, fueron salvajemente asesinados a bala y machete ayer en horas de la tarde. En esa bestial acción resultó herido de gravedad el compañero Saúl Hernández Aceituno, de 45 años de edad.
Las tres personas fallecidas, así como el compañero herido, eran dirigentes de la Comunidad de Limoncitos, Municipio de Ocós, Departamento de San Marcos. Estaban al frente de dos luchas relevantes: 1.- La lucha por la nacionalización de la energía y la consecuente expulsión de Unión FENOSA del país y; 2.- La lucha alrededor del derecho de su comunidad al agua para el consumo humano. Eran miembros del Comité Comunitario de Desarrollo y de la asociación de Vecinos pro Mejoramiento del Agua.
Los compañeros y la compañera fueron asesinados por los hermanos Matusael Ovando Grijalba y Carmelo Ovando Grijalba, quienes los atacaron a machetazos y luego, tras dejarlos heridos de gravedad, los ultimaron a balazos. Los hechores de este horrendo crimen se dieron a la fuga internándose en territorio mexicano. El llamado Matusael tenía juicio por malversación de fondos y corrupción.
Estas muertes deben atribuirse, además, a la impunidad imperante en el Departamento de San Marcos, así como a la violencia contra el pueblo que el propio Gobierno ha desatado al decretar, ya por seis veces consecutivas, el Estado de Sitio. Esta política gubernamental da claramente el mensaje de que, contra el pueblo y sus legítimas organizaciones, es válido el empleo de la violencia.
En consecuencia, señalamos al propio Gobierno de la República y al Presidente Álvaro Colom como responsables de estos hechos de muerte, no sólo porque con su inoperancia e incapacidad consagran la impunidad, sino porque, con su ejemplo, instalan la violencia en calidad de recurso legítimo contra el pueblo.
Igualmente co-responsables son el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, porque ante esta innegable oleada represiva han caído en un silencio cómplice y, además, porque no han movido un dedo para ponerle un alto a la violencia y a la impunidad.
La empresa Unión FENOSA debe colocarse también entre las responsables de estos hechos, porque ha contribuido, desde años atrás, a sembrar violencia en contra de la población del Departamento. Es un hecho que, en defensa de sus intereses, no le tiembla el pulso para acudir al uso de la fuerza bruta.
La lista de asesinatos de dirigentes que se han producido en el país sigue engrosándose. Sólo en San Marcos, en lo que va del año, suman ya siete, todos vinculados a la lucha por la expulsión de Unión FENOSA. Es evidente que a esta empresa no le preocupa, en absoluto, mancharse las manos de sangre con tal de salvaguardar sus ganancias.
Una vez más demandamos de la CICIG su pronta intervención, a efectos de llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de esta ola de crímenes. Es la forma más directa y efectiva de poner fin al baño de sañgre al que se somete al pueblo.
De todas formas, precisamente porque esa sangre no será vertida en vano, reiteramos nuestra consigna: ¡Unión FENOSA, FUERA!
Por otra parte, en el Municipio de San Pablo, San Marcos, justo mientras se escribe esta nota, se producen hechos que, esperamos, no conduzcan a nuevas muertes. Ocurrió que hoy, en horas de la mañana, los vecinos de este Municipio detectaron a un equipo de empleados de la Empresa COBRA, contratada por Unión FENOSA, quienes procedían a levantar los transformadores que alimentan de energía a un vasto sector del Municipio.
Los vecinos, molestos ante tanto abuso, procedieron a detenerlos para ponerlos a las órdenes de los Tribunales de Justicia. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la de proteger a Unión FENOSA y lanzar a sus perros de la guerra contra el pueblo. En estos momentos, escuadrones antimotines disparan gases lacrimógenos contra la población, a la que hipócritamente acusan de haber violentado el Estado de Sitio. Informaremos qué desenlace tienen estos hechos.
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