Guatemala, 24 de Junio del 2010
¡Por fin, una medida que debemos aplaudir!
Ojalá que no se retracte ante las presiones de los poderosos
El Gobierno de la República, en respeto a las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bajo fuertes presiones provenientes tanto desde la Organización de Naciones Unidas como desde legítimas organizaciones populares del país, ordenó el cierre temporal de la Mina Marlin.
Esta exigencia la planteó la CIDH desde el 20 de Mayo del año en curso. Debe decirse, además, que la demandaron infructuosamente las comunidades desde años atrás, cuando esta explotación minera era todavía un proyecto en el papel, sin que su voz llegara a ser escuchada. Pero aquí aplica, como lo afirma el conocido refrán, aquello de que “más vale tarde que nunca”.
En todo caso, adoptar esta decisión, de contenido eminentemente político, no debe haber sido nada fácil para el Presidente Colom, sabedor de que los sectores más atrasados, pero poderosos, no dudarían en saltar en su contra, y con saña. Su propio Ministro de Energía y Minas le renunció de inmediato, bajo argumentos falaces relativos a su estado de salud. Para todo el país es obvio que la renuncia obedece a que el ahora exministro prefiere darle la espalda al Gobierno del que fue parte.
Es importante destacar que, justo al momento de hacer pública la medida, ratificando la ambigüedad que lo ha caracterizado a lo largo de su gestión, el propio Presidente Colom negó que la mina estuviera generando contaminación alguna.
Ahora bien, debe tenerse presente que el cierre anunciado es temporal. Es decir, que está sujeto a que se demuestre la lesividad de la operación minera. Es decir, que en un corto o mediano plazo, podría revertirse.
Se trata, en definitiva, de un triunfo popular que habrá que consolidar y defender ante cualquier intento de dar marcha atrás. No se debe, por ende, bajar la guardia.
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