TLC y Concesiones

Guatemala, 12 de Junio del 2007

El matutino Prensa Libre, en su edición de hoy, nos hace saber que el Estado guatemalteco ya está demandado por una empresa de capital extranjero llamada Railroad Development Corporation (RDC) y su concesionaria en el país, Ferrovías de Guatemala, y que, a partir de esa demanda, se corre el riesgo de que, con los dineros del pueblo, se le tengan que pagar US$65 millones a estas empresas. Es decir, que estamos a punto de perder, como país, aproximadamente Q487.500.000.00. (cuatrocientos ochenta y siete millones y medio de quetzales). Esta cifra es mayor que el presupuesto anual de muchos Ministerios.

La demanda la plantean en el marco del Tratado de Libre Comercio, amparándose en las cláusulas del TLC que dan auspicio a arbitraje internacional. Ya el pasado 14 de marzo del año en curso, en la prensa extranjera, concretamente en El Heraldo de Honduras, se anticiparon detalles sobre esta demanda, entre los cuales se esclarece lo siguiente:

“El presidente de Ferrovías de Guatemala, Henry Posner III, afirmó que la demanda procede debido a que el gobierno del presidente Oscar Berger declaró lesivo el contrato de usufructo en 2006 cuando el TLC estaba vigente.

La demanda se presentó en la oficina del TLC en el Ministerio de Economía de Guatemala, a fin de que se instaure un juicio de arbitraje internacional contra el Estado guatemalteco.

Posner precisó que el TLC contempla un capítulo de resolución de conflictos entre inversionista y el Estado, que se aplica en este caso debido al daño económico de la empresa Ferrovías por la declaración del gobierno de lesividad.

El presidente de RDC, Robert Pietrandrea, explicó que la compañía tenía una expectativa de ganancias por 250 millones de dólares en los 50 años de la concesión ferrocarrilera.

Sin embargo, la expectativa no se ha cumplido y las pérdidas de RDC se derivan de la imposibilidad de ejercer operaciones de la ex empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).

La asesora legal de RDC, Regina Vargo, quien fue jefa de la misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del CAFTA (tratado comercial regional con Estados Unidos), señaló que la empresa estadounidense "tiene el derecho de llevar este caso a un juicio de arbitraje internacional".


Llama poderosamente la atención el hecho de que es la prensa de otros países quien primero informó sobre estos hechos que lesionan severamente la economía nacional. Los medios de prensa locales no es sino hasta ahora, meses después, que rompen su silencio cómplice y dan espacio a estas informaciones relevantes.

Destaca también el hecho de que la abogada por la parte acusadora, en este caso la RDC, fue la Jefa de la Misión de Estados Unidos en el proceso de negociación del TLC. Es decir, que mientras estaba negociando el TLC, al mismo tiempo velaba por los intereses de sus clientes y por los suyos personales, puesto que quién sabe cuántos millones le corresponden por concepto de honorarios profesionales. ¡Un caso claro de doble moral, de conflicto de intereses, en fin, de corrupción de altos vuelos!

Lo cierto es que, en este caso, se dan la mano dos aberraciones: el TLC y las concesiones. Porque todo este problema se origina a partir de la concesión por 50 años que el Gobierno de Álvaro Arzú, en nombre del Estado, hizo a favor de esta empresa extranjera para que operara los ferrocarriles nacionales. La concesión implicaba que la empresa RDC habilitaría cinco tramos ferroviarios, cosa que nunca hizo. Por esa razón, el actual Gobierno rescindió la concesión, y ahora debemos, como país, enfrentar esta onerosa y, a todas luces, injusta demanda.

Se trata, pues, de un robo legal, amparado en esa monstruosidad de Tratado. Se trata de una nueva agresión contra el pueblo guatemalteco que es, al final, quien termina pagando hasta el último de los dólares que se quieren robar los empresarios gringos, en complicidad con sus socios locales.

Ante semejantes efectos como los ya materializados, es hora de que las autoridades se pronuncien de manera clara y contundente en denuncia de ese Tratado. El Estado no tiene por qué pagar semejante cifra, ni ninguna cualquier otra, por pequeña que fuera.

Ese dinero, al final, saldría de los bolsillos de cada ciudadano y ciudadana, de cada contribuyente, y serviría de excusa adicional para que el Gobierno continúe incumpliendo con su obligación irrenunciable de brindar servicios públicos de calidad en áreas sustantivas como salud y educación, para mencionar dos campos relevantes.

Lo cierto es que los capos del crimen organizado en Guatemala, con todo y lo corruptos, ladrones, asesinos y criminales que son, parecen inocentes niños de pecho a la par de estos sinvergüenzas gringos que quieren saquear al país en nombre del libre comercio.

Para mejor proveer, adjuntamos íntegro el artículo que publica hoy mismo Prensa Libre, en cuyo texto se complementan detalles sobre este nuevo atropello contra la dignidad nacional y contra los recursos del Estado que son, al final, los recursos del pueblo.
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Luz verde para iniciar demanda al Estado
Justicia: Ferrovías exigirá US$65 millones a través de arbitraje internacional
Por: Rosa Maria Bolaños

El Estado cedió a Ferrovías el manejo y mantenimiento del sistema por 50 años en 1997.

Ferrovías puede a partir de hoy confirmar su demanda de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala por US$65 millones, además de solicitar que derogue la lesividad contra el contrato de concesión del equipo ferroviario.

Hoy se vence el plazo de 90 días que fija el proceso para buscar la conciliación entre El Estado y Ferrovías, sin que ésta se haya materializado.

Ferrovías notificó al Gobierno, el pasado 13 de marzo, de su intención de interponer una demanda de arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La Railroad Development Corporation (RDC) y su concesionaria en el país, Ferrovías de Guatemala, argumentan que, por medio de la “expropiación indirecta”, se violaron sus derechos de operar en el país, pues en agosto de 2006 el Gobierno resolvió que el contrato de usufructo oneroso para operar por 50 años el sistema ferroviario es lesivo.

Por ello la compañía tiene la posibilidad para confirmar dicha demanda, explicó el abogado Juan Pablo Carrasco de Díaz-Durán y Asociados, firma que representa a la citada empresa.

“El Gobierno no ha entendido cómo es el proceso que se va iniciar esta semana en Washington”, expresó Carrasco, al indicar que están preparados para confirmar la demanda ante el Centro Internacional de Resolucion de Disputas en Materia de Inversión.

Jorge Senn, gerente general de Ferrovías, confirmó que tienen la intención de continuar con la demanda, porque hasta el momento no han tenido ningún acercamiento del Gobierno.

Tanto Carrasco como Senn indica que le corresponde al Estado emprender el proceso de negociación.

“Por ahí de repente dan mensajes que sí, pero no han ofrecido nada ni han convocado a una reunión oficialmente”, expuso Carrasco.

El abogado afirmó que propondrán para la terna de árbitros a Stuart E. Eizenstat, reconocido árbitro internacional en el tema ferroviario.

Gobierno buscaría acuerdo

Fuentes del Ministerio de Economía manifestaron que hay acercamientos con ejecutivos de la empresa.

Al ser consultado el ministro de esa dependencia, Luis Óscar Estrada, en escuetas declaraciones, confirmó la versión y dijo que consideran que se logrará una conciliación.

Saúl Oliva, jefe de la Unidad de lo Contencioso Administrativo de la Procuraduría General de la Nación, dijo que en este caso no han asistido al Mineco como defensores del Estado, servicios que les brindarían durante las audiencias y las diferentes fases si se llega a confirmar la demanda.

Camino complicado

En 1997 el Gobierno adjudicó a Ferrovías las líneas férreas.

La figura legal utilizada es un usufructo oneroso por 50 años.

Los contratos establecen la habilitación de cinco tramos. A la fecha sólo uno funciona.

En agosto de 2006, el presidente Óscar Berger declaró lesivos dos contratos por el equipo ferroviario por considerarlo patrimonio cultural del país.
El caso de lesividad pende de una resolución de la Corte de Constitucionalidad y de Tribunales.